El Senado aprobó esta semana una reforma constitucional para que se considere como un derecho fundamental, el que los ciudadanos puedan moverse de forma segura en las calles y espacios públicos, en condiciones de equidad, igualdad y accesibilidad para todos. Un derecho que, hasta ahora, no existe en la Constitución.
Se trata a su vez del primer paso para contar con una ley nacional en materia de movilidad y seguridad vial que, entre otras cosas, fije las bases para el diseño o modificación de calles y carreteras en el país, con la finalidad de que esas sean seguras para todo tipo de usuarios y disminuyan así las muertes y lesiones por hechos de tránsito.
“Vivimos en una masacre cotidiana, invisibilizada y normalizada que es la primera causa de muerte de niños y de jóvenes en México. Son entre 16 mil y 23 mil personas que mueren cada año en calles y carreteras porque no hay ni un instrumento legal que obligue a hacer esas calles y carreteras seguras” dice en entrevista Areli Carreón, alcaldesa de la Bicicleta y una de las promotoras de estas iniciativas.
Pero para que esta la ley sea posible primero es necesario que la reforma, que el Senado aprobó de forma unánime con 87 votos a favor y cero en contra, sea ratificada por la Cámara de Diputados y por los congresos locales, lo que a su vez dará pie a un plazo de 180 días para que la norma sea formulada.
A continuación, Animal Político detalla puntos clave de estas modificaciones y del procedimiento que tendrá que seguirse.
*¿Por qué es necesario cambiar la Constitución?
De acuerdo con los promotores de la iniciativa, la modificación constitucional es importante en dos vertientes: una simbólica y otra práctica.
Por el lado simbólico, lo que se busca es que México reconozca a la movilidad como un derecho humano, tal como ocurre en otros países, y que con ello se establezca la obligación del Estado mexicano de construir el aparato legal e institucional que garantice que ese derecho se pueda ejercer de forma segura, igualitaria y permanente.
“La reforma no es otra cosa que el que se reconozca el derecho que todos tenemos a no morir de manera violenta en los pavimentos de nuestro país. Es un primer paso que visibiliza a las víctimas y la lucha que han tenido contra el propio Estado mexicano para que se reconozca el problema y para que se les acompañe en el proceso de reparación del daño” señaló Laura Ballesteros, senadora suplente y activista en la materia.
Hasta ahora solo son algunas entidades como Ciudad de México, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Quintana Roo reconocían a la movilidad como un derecho para sus ciudadanos.
En ese contexto la modificación aprobada por el Senado añade al artículo 4 de la Constitución Política el siguiente párrafo:
“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.
Por otro lado, la reforma constitucional también es necesaria para que la ley de seguridad vial que se expida se aplique en la práctica y no se vuelva letra muerta. Los especialistas indicaron que este riesgo existe ya que al no ser la movilidad un derecho reconocido, hasta ahora, por nuestra Carta Magna, tampoco se facultaba al Congreso para legislar en esa materia.
Por ello se aprobó modificar el artículo 73 constitucional para añadir a las facultades del Congreso de la Unión el expedir normas en materia de seguridad y movilidad vial.
“Era muy claro que si legislábamos sin esta modificación constitucional y sin que quedara explícita esta facultad se podría amparar cualquier actor social, ya sea empresas o alguna autoridad para decir que no había atribución legal. Entonces era necesario este paso previo. Para que los intereses privados no la hicieran inoperante” dice Areli Carreón.
*¿Para qué servirá la ley?
La futura Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial definirá el conjunto de lineamientos que deberán seguir los estados y los municipios del país, para organizar y gestionar sus reglas de movilidad con la finalidad de cumplir con el nuevo derecho constitucional de los ciudadanos de poder desplazarse de forma segura en las calles.
Areli Carreón explicó que la expedición de esta ley es una lucha de cinco años de especialistas, activistas y organizaciones con un objetivo central: terminar con miles de muertes que dejan a diario los percances de tránsito y que, según Laura Ballesteros, se equiparan con las que ocasione el crimen organizado.
Las especialistas explicaron que es un hecho medido y estudiado que 9 de cada 10 hechos de tránsito que tienen consecuencias fatales son incidentes que se podían prevenir, si hubiera existido el conjunto de reglas que garantizaran una infraestructura y organización vial adecuada.
“Los hechos de tránsito están entre las primeras causas de orfandad de discapacidad, temporal y permanente, y tienen un impacto económico brutal: 1.7% del PIB cada año en hechos que pueden ser prevenidos Es absurdo que no lo hagamos y que tengamos que salir a las calles con miedo, y que tengamos estas pérdidas en vidas, en años de trabajo productivo, en familias rotas, en dolor y pérdidas económicas” añadió Carreón.
El hecho de que la ley vaya a ser general significa que las reglas que ahí se establezcan deberá ser acatadas por las entidades para la formulación o reformulación de sus normas viales, como por ejemplo sus reglamentos de tránsito.
En cuanto a los detalles en específicos que contendrá esta norma general aun no se definen pues el proyecto continúa en elaboración, pero Carreón adelantó que la ley abordará temas como el diseño de las vías de circulación, la gestión del tránsito y desplazamientos, a capacitación para los conductores, los controles y evaluación, entre otros.
La ley, añadió Carreón, se construirá en torno cinco pilares que definen una movilidad integral segura: Gestión segura (leyes y políticas públicas enfocadas en la seguridad), infraestructura segura, usuarios seguros, vehículos seguros y atención pre-hospitalaria.
*¿Qué falta para que sea una realidad?
Tras la aprobación que hizo el Senado, lo que sigue es que la reforma sea ratificada por la
Cámara revisora, en este caso la de Diputados. Si los diputados hacen cambios al texto se tendría que regresar a los senadores para ser nuevamente votada, pero si la aprueban sin modificaciones quedará lista para ser enviada a los 32 congresos estatales
Como se trata de una reforma que modifica artículos de la Constitución se requiere que la misma sea avalada al menos por 17 congresos locales para que entonces pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y se materialicen los cambios a la Carta Magna.
En cuanto quede publicada comenzará a correr un plazo de 180 días hábiles, contemplado en el artículo dos transitorio de la reforma, para que se expida la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.
Laura Ballesteros consideró que se trata de un proceso en el que ya se dio un primer paso con la aprobación que hizo el Senado pero que aún será largo.
“El gran reto es que las entidades voten a favor y que los estados realmente trabajen una vez que se emitan las normas generales. Sin duda será un proceso largo, pero hay que seguirlo, Ha sucedido antes que se aprueban leyes que luego no se aplican por lo que es necesario estar atentos a ello” añadió.
Ballesteros dijo que también hay una propuesta para que en el proceso se contemplen y expida leyes de coordinación metropolitana con la finalidad de buscar reglas comunes en ciudades y municipio contiguos. Por su densidad de población y por ende de desplazamientos, consideró que esto es vital al menos en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey.
