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México reconoce como derecho constitucional la movilidad segura en las calles; ahora falta la ley

Una vez que los diputados y congresos locales ratifiquen la reforma constitucional aprobada por el Senado, la ley se deberá expedir la ley en 180 días.
Cuartoscuro
13 de diciembre, 2019
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El Senado aprobó esta semana una reforma constitucional para que se considere como un derecho fundamental, el que los ciudadanos puedan moverse de forma segura en las calles y espacios públicos, en condiciones de equidad, igualdad y accesibilidad para todos. Un derecho que, hasta ahora, no existe en la Constitución.

Se trata a su vez del primer paso para contar con una ley nacional en materia de movilidad y seguridad vial que, entre otras cosas, fije las bases para el diseño o modificación de calles y carreteras en el país, con la finalidad de que esas sean seguras para todo tipo de usuarios y disminuyan así las muertes y lesiones por hechos de tránsito.

“Vivimos en una masacre cotidiana, invisibilizada y normalizada que es la primera causa de muerte de niños y de jóvenes en México. Son entre 16 mil y 23 mil personas que mueren cada año en calles y carreteras porque no hay ni un instrumento legal que obligue a hacer esas calles y carreteras seguras” dice en entrevista Areli Carreón, alcaldesa de la Bicicleta y una de las promotoras de estas iniciativas.

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Pero para que esta la ley sea posible primero es necesario que la reforma, que el Senado aprobó de forma unánime con 87 votos a favor y cero en contra, sea ratificada por la Cámara de Diputados y por los congresos locales, lo que a su vez dará pie a un plazo de 180 días para que la norma sea formulada.

A continuación, Animal Político detalla puntos clave de estas modificaciones y del procedimiento que tendrá que seguirse.

*¿Por qué es necesario cambiar la Constitución?

De acuerdo con los promotores de la iniciativa, la modificación constitucional es importante en dos vertientes: una simbólica y otra práctica.

Por el lado simbólico, lo que se busca es que México reconozca a la movilidad como un derecho humano, tal como ocurre en otros países, y que con ello se establezca la obligación del Estado mexicano de construir el aparato legal e institucional que garantice que ese derecho se pueda ejercer de forma segura, igualitaria y permanente.

“La reforma no es otra cosa que el que se reconozca el derecho que todos tenemos a no morir de manera violenta en los pavimentos de nuestro país.  Es un primer paso que visibiliza a las víctimas y la lucha que han tenido contra el propio Estado mexicano para que se reconozca el problema y para que se les acompañe en el proceso de reparación del daño” señaló Laura Ballesteros, senadora suplente y activista en la materia.

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Hasta ahora solo son algunas entidades como Ciudad de México, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Quintana Roo reconocían a la movilidad como un derecho para sus ciudadanos.

En ese contexto la modificación aprobada por el Senado añade al artículo 4 de la Constitución Política el siguiente párrafo:

“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

Por otro lado, la reforma constitucional también es necesaria para que la ley de seguridad vial que se expida se aplique en la práctica y no se vuelva letra muerta. Los especialistas indicaron que este riesgo existe ya que al no ser la movilidad un derecho reconocido, hasta ahora, por nuestra Carta Magna, tampoco se facultaba al Congreso para legislar en esa materia.

Por ello se aprobó modificar el artículo 73 constitucional para añadir a las facultades del Congreso de la Unión el expedir normas en materia de seguridad y movilidad vial.

“Era muy claro que si legislábamos sin esta modificación constitucional y sin que quedara explícita esta facultad se podría amparar cualquier actor social, ya sea empresas o alguna autoridad para decir que no había atribución legal. Entonces era necesario este paso previo. Para que los intereses privados no la hicieran inoperante” dice Areli Carreón.

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*¿Para qué servirá la ley?

La futura Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial definirá el conjunto de lineamientos que deberán seguir los estados y los municipios del país, para organizar y gestionar sus reglas de movilidad con la finalidad de cumplir con el nuevo derecho constitucional de los ciudadanos de poder desplazarse de forma segura en las calles.

Areli Carreón explicó que la expedición de esta ley es una lucha de cinco años de especialistas, activistas y organizaciones con un objetivo central: terminar con miles de muertes que dejan a diario los percances de tránsito y que, según Laura Ballesteros, se equiparan con las que ocasione el crimen organizado.

Las especialistas explicaron que es un hecho medido y estudiado que 9 de cada 10 hechos de tránsito que tienen consecuencias fatales son incidentes que se podían prevenir, si hubiera existido el conjunto de reglas que garantizaran una infraestructura y organización vial adecuada.

“Los hechos de tránsito están entre las primeras causas de orfandad de discapacidad, temporal y permanente, y tienen un impacto económico brutal: 1.7% del PIB cada año en hechos que pueden ser prevenidos Es absurdo que no lo hagamos y que tengamos que salir a las calles con miedo, y que tengamos estas pérdidas en vidas, en años de trabajo productivo, en familias rotas, en dolor y pérdidas económicas” añadió Carreón.

El hecho de que la ley vaya a ser general significa que las reglas que ahí se establezcan deberá ser acatadas por las entidades para la formulación o reformulación de sus normas viales, como por ejemplo sus reglamentos de tránsito.

En cuanto a los detalles en específicos que contendrá esta norma general aun no se definen pues el proyecto continúa en elaboración, pero Carreón adelantó que la ley abordará temas como el diseño de las vías de circulación, la gestión del tránsito y desplazamientos, a capacitación para los conductores, los controles y evaluación, entre otros.

La ley, añadió Carreón, se construirá en torno cinco pilares que definen una movilidad integral segura: Gestión segura (leyes y políticas públicas enfocadas en la seguridad), infraestructura segura, usuarios seguros, vehículos seguros y atención pre-hospitalaria.

*¿Qué falta para que sea una realidad?

Tras la aprobación que hizo el Senado, lo que sigue es que la reforma sea ratificada por la 

Cámara revisora, en este caso la de Diputados. Si los diputados hacen cambios al texto se tendría que regresar a los senadores para ser nuevamente votada, pero si la aprueban sin modificaciones quedará lista para ser enviada a los 32 congresos estatales

Como se trata de una reforma que modifica artículos de la Constitución se requiere que la misma sea avalada al menos por 17 congresos locales para que entonces pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y se materialicen los cambios a la Carta Magna.

En cuanto quede publicada comenzará a correr un plazo de 180 días hábiles, contemplado en el artículo dos transitorio de la reforma, para que se expida la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.

Laura Ballesteros consideró que se trata de un proceso en el que ya se dio un primer paso con la aprobación que hizo el Senado pero que aún será largo.

“El gran reto es que las entidades voten a favor y que los estados realmente trabajen una vez que se emitan las normas generales. Sin duda será un proceso largo, pero hay que seguirlo, Ha sucedido antes que se aprueban leyes que luego no se aplican por lo que es necesario estar atentos a ello” añadió.

Ballesteros dijo que también hay una propuesta para que en el proceso se contemplen y expida leyes de coordinación metropolitana con la finalidad de buscar reglas comunes en ciudades y municipio contiguos. Por su densidad de población y por ende de desplazamientos, consideró que esto es vital al menos en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey.

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Qué implica que García Luna se declarara 'no culpable' de narcotráfico en EU

El otrora hombre fuerte de la policía en México apareció en una corte de Nueva York acusado de conspiración para el narcotráfico y otros cargos que rechazó. Permanecerá detenido mientras se define si va a juicio.
5 de enero, 2020
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Genaro García Luna

Getty Images
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública de México.

Fue una escena con ribetes surrealistas: Genaro García Luna, arquitecto de la guerra contra el narco en México, entró a una corte de Nueva York este viernes acusado de conspiración para traficar cocaína.

En una audiencia que duró menos de media hora, García Luna se declaró “no culpable” de los cargos que enfrenta, que podrían costarle entre 10 años de prisión y cadena perpetua.

Vestía un jersey gris de algodón, pantalones beige y, tras casi un mes detenido, lucía algo demacrado respecto a su imagen de secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano de Felipe Calderón (2006-2012).

Al ingresar y retirarse de la sala custodiado por guardias, buscó con su mirada a su esposa e hijos presentes entre el público, que lo despidieron con gestos de fuerza con sus puños.

La audiencia transcurrió en la misma corte federal de Brooklyn donde el año pasado fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa que según la acusación entregó millones de dólares en sobornos a García Luna para “operar con impunidad” en México.

Después que la fiscalía advirtiera que hay un “riesgo inaceptable de fuga” si fuera liberado, la jueza Peggy Kuo decidió que García Luna, de 51 años, permanezca preso mientras su defensa trabaja en un pedido de fianza.

La próxima audiencia quedó fijada para el 21 de enero y se abren distintos escenarios para el otrora hombre fuerte de la policía mexicana.

¿Habrá juicio?

Además de los cargos por conspiración para el narcotráfico, García Luna también está acusado de formular declaraciones falsas en 2018, al pedir su naturalización para obtener la ciudadanía de EE.UU.

El exfuncionario mexicano se mudó en 2012 a Florida, donde obtuvo estatus de residente y fundó una empresa de seguridad con sus iniciales.

García Luna y Felipe Calderón

Getty Images
García Luna fue pieza clave en la estrategia contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón (derecha).

Fue detenido el mes pasado en Dallas, Texas, después que la justicia de EE.UU. emitiera una orden de arresto en su contra, una noticia que causó asombro a ambos lados de la frontera.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló esta semana el arresto de García Luna como la “prueba” de que el narcotráfico convivía con el poder en su país.

“Nada más esa prueba o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha (de Calderón) está acusado de proteger a una organización delictiva”, sostuvo AMLO en el Palacio Nacional de México.

Además de su cargo como secretario de Seguridad Pública, desde el que trazó la estrategia de la guerra contra los carteles de la droga, García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la desaparecida Agencia Federal de Investigación, que combatía el crimen organizado y la corrupción en México.

Aunque se declaró “no culpable”, García Luna aún podría evitar ir a juicio si llegase a algún tipo de acuerdo con el gobierno estadounidense.

De hecho, la jueza y la fiscalía sugirieron esa posibilidad en la audiencia de este viernes.

“Una pregunta es si el gobierno estaría dispuesto a retirar esos cargos” para alcanzar un acuerdo, dice Rob Heroy, un abogado que ha defendido a acusados de narcotráfico en EE.UU. y antes fue asistente de fiscal de distrito en Carolina del Norte.

“Estoy seguro de que (García Luna) tiene mucha información que al gobierno le encantaría conocer”, añade Heroy en diálogo con BBC Mundo.

¿Habrá acuerdo?

Parte de las pruebas de la fiscalía de EE.UU. contra García Luna provienen del juicio a “El Chapo” Guzmán, y en particular del testimonio del hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, otro líder del cartel de Sinaloa.

Jesús Zambada aseguró en el juicio que se reunió personalmente en dos ocasiones con García Luna en un restaurante para entregarle carteras con entre tres y cinco millones de dólares en efectivo.

Y especificó que esos sobornos eran para asegurarle a su hermano que García Luna no iba a arrestarlo ni interferir con las operaciones del cartel.

En ese momento García Luna respondió en un largo comunicado que esas afirmaciones eran “mentira, difamación y perjurio” en su contra y negó haber tenido contacto “con personas vinculadas con actividad delictiva”.

Zambada

Reuters
Jesús Zambada acusó a Garcia Luna de recibir dinero del narco.

Pero la fiscalía de EE.UU. insiste ahora en que García Luna ha “amasado una fortuna personal” de millones de dólares inconsistente con el salario de un servidor público en México.

La propuesta de fianza que haría su defensa en los próximos días podría servir como indicación de su situación financiera, aunque no revele de dónde proviene el dinero.

Heroy advierte que aún faltan conocerse todas las pruebas con que contarían los fiscales y que García Luna podría evitar un acuerdo de cooperación por razones de seguridad.

Proporcionar información sería muy peligroso para su familia. Incluso si toma protección de testigos, tendrá familia en México, así que creo que es poco probable que coopere con el gobierno”, dice el abogado.

“Si negociara un trato, sería uno que no implique cooperación”, agrega. Es decir, aceptar pasar un tiempo en prisión sin proporcionar información al gobierno.

Esto podría comenzar a despejarse a partir de la próxima audiencia de García Luna en la corte de Brooklyn, que estará a cargo del juez Brian Cogan, el mismo que dirigió el juicio a “El Chapo” y limitó los testimonios sobre presunta corrupción en México.


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