Dos alcaldes del Nuevo León contrataron a funcionarios que han sido acusados de corrupción, y el gobierno del estado oculta información sobre procedimientos administrativos contra servidores públicos, de acuerdo con una investigación realizada por Redes Quinto Poder IDEA.
La investigación señala que los alcaldes de San Pedro Garza García y Monterrey han contratado a servidores públicos señalados por casos de corrupción, y que la Plataforma de la Contraloría del Estado de Nuevo León mantiene ocultos los nombres de los funcionarios castigados.
En el caso de San Pedro Garza García, Quinto Poder encontró que el alcalde Miguel Treviño de Hoyos contrató a Luis Rodolfo Zamorano como director general del Instituto Municipal de Planeación y Convivencia (Implang), aunque tenía abierta una investigación en la Ciudad de México por anomalías en la emisión de permisos de construcción durante su ejercicio en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
Al respecto, el edil señaló que tenía pleno conocimiento de la investigación en curso, y aseguró que al terminar el proceso de auditoría “quedará claro que no tiene ninguna responsabilidad”. Sin embargo, el pasado 12 de noviembre el funcionario Luis Zamorano dejó el cargo, sin que las autoridades hayan revelado sus motivos.
En el caso de Monterrey, Federico Vargas Rodríguez, quien fue inhabilitado por 10 años por el gobierno de Nuevo León por el otorgamiento de incentivos irregulares a una empresa, mientras se desempeñaba como secretario de Desarrollo Económico y de Desarrollo Social, fue contratado por el municipio, donde se inventó la Secretaría de Infraestructura Vial para darle un cargo, denunció Redes Quinto Poder IDEA.
Acerca de la opacidad de la información sobre servidores públicos sancionados, la diputada local Mariela Saldívar dijo a Redes Quinto Poder IDEA que “la Contraloría del Estado tiene casi dos años de no publicar esta información… Solamente si conoces el nombre completo del funcionario que fue sancionado aparecen los datos. Esto incumple con la ley porque debe ser un listado público”.
La legisladora indicó que “opacar y ocultar esta información indica dos cosas: una, que se puede estar ocultando la inacción de la Contraloría, porque claramente se puede ver si está actuando o no en sancionar a los funcionarios; y dos, también está protegiendo a quienes están siendo sancionados”.
Por ello, la plataforma QueSirvan.mx propuso al gobierno de Nuevo León que ponga en funcionamiento la plataforma del Registro Estatal de Servidores Públicos, misma que debe ser actualizada y de fácil acceso para los ciudadanos.
También recomendó que los entes públicos cumplan con la ley que señala que los aspirantes a cargos públicos no tengan antecedentes que les impidan trabajar con el gobierno.
Lee la investigación completa en el sitio web de QueSirvan.mx.
