Una relación de 17 años con el narco, testimonios y sobornos: las claves del caso contra García Luna
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Una relación de 17 años con el narco, testimonios y sobornos: las claves del caso contra García Luna

La investigación se inició desde la década pasada y abarca presuntos hechos ilegales del exfuncionario en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Un trámite para buscar su ciudadanía fue clave en la indagatoria.
Cuartoscuro
11 de diciembre, 2019
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El gobierno de los Estados Unidos afirma tener pruebas que documentan la presunta colaboración y complicidad del exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna con actividades del crimen organizado, desde que ocupó cargos públicos en 2001 hasta el año pasado, cuando ya vivía en Florida donde intentó ocultar sus presuntas acciones delictivas.

Se trata de una investigación iniciada mucho antes de que se hicieran públicos los supuestos sobornos que habría recibido el exfuncionario en el publicitado juicio contra el Chapo en Nueva York. 

Lee: Estos son los 4 cargos por los que está acusado Genaro García Luna en EU

De comprobarse en un juicio, las acusaciones significarían que la colaboración de García Luna con el narcotráfico como funcionario público ocurrió en los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox y de Felipe Calderón, donde se desempeñó como Director de la desaparecida Policía Judicial Federal, Jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, y finalmente Secretario de Seguridad Pública Federal.

Fue un trámite para obtener una ciudadanía lo que permitió al Departamento de Justicia de ese país cerrar la pinza sobre el alto exfuncionario mexicano, quien fue detenido la noche de este 9 de diciembre por agentes federales en Texas.

A continuación, Animal Político presenta los puntos clave en torno al caso que ha llevado a prisión a quien fuera una de las principales figuras centrales del gobierno mexicano en el combate al crimen organizado en la década pasada. 

La acusación y las sospechas

El Gran Jurado acusó formalmente a García Luna ante la Corte de Brooklyn, en Nueva York, de haber participado activa y premeditadamente de 2001 a 2018 en presuntas actividades ligadas al narcotráfico.  Su rol no fue el de un actor aislado, sino como supuesto miembro de una conspiración para cometer los crímenes cuando era funcionario, a lo que siguió un periodo de encubrimiento y aprovechamiento de los recursos obtenidos ilícitamente tras dejar el servicio público.

Se trata de una imputación grave, similar a lo que en México se tipifica como delincuencia organizada, pues implica la colaboración con otras personas en una red delictiva.

Las fuentes consultadas indicaron que la agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre otras autoridades, cuentan con reportes que evidencian un nexo de García Luna con el crimen organizado desde que este fue jefe de la desaparecida Policía Judicial Federal a principios de siglo, la que luego se transformó en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

La función de García Luna —en su periodo como funcionario público— era la de un presunto facilitador para que grupos delictivos, primordialmente el Cártel de Sinaloa, pudieran desarrollar sus actividades ilícitas. Esta colaboración se habría mantenido en diversos momentos de la carrera en el servicio público del exfuncionario, que concluyó en 2012.

Esta aparente complicidad le habría significado a la organización criminal la obtención de un “salvoconducto” para realizar sus actividades ilícitas (mientras otros grupos eran perseguidos y desmantelados) y al mismo tiempo obtener información sensible de investigaciones de otras autoridades mexicanas y extranjeras que pudieran afectar sus operaciones.

Tras dejar el gobierno mexicano, el exfuncionario se trasladó al estado de Florida y puso en marcha diversos negocios. El gobierno estadounidense presume que la colaboración con el crimen continuó durante este tiempo de forma oculta, en posibles actividades de lavado de dinero o blanqueo de activos, entre otros.

Se presume, además, que su estancia en la ciudad de Miami fue presuntamente financiada con recursos provenientes de las actividades ilícitas.

Una investigación periodística de la cadena Univision evidenció que García Luna habitaba una mansión de cuatro baños, cuatro cuartos con embarcadero propio en Golden Beach, Florida, valuada en 3.3 millones de dólares. Además, contaba con otro pent-house de lujo valuado en 2.3 millones de dólares, en Aventura, Florida. Dichos inmuebles son propiedad de una empresa israelí a la que García Luna habría facilitado información confidencial.

Por ahora la acusación ya consignada ante la Corte se ha concentrado en los cargos de narcotráfico, pero el Departamento de Justicia mantiene otras investigaciones en desarrollo por diversos delitos.

Las pruebas

De acuerdo con las fuentes que conocen de las investigaciones, el cargo de conspiración para cometer narcotráfico evidencia que el Departamento de Justicia cuenta con varias pistas importantes en contra del exfuncionario mexicano.

Una de ellas sería una declaración de —al menos— un oficial de la DEA ante un Gran Jurado para respaldar las investigaciones de dicha agencia y que confirmen con datos e información indicios creíbles de la aparente colaboración de García Luna con hechos de narcotráfico o con protección a los mismos.

A ello deben sumarse de dos a cuatro declaraciones de testigos colaboradores que documenten la participación de la persona implicada en estos hechos. En este caos se trata —según las fuentes consultadas— de por lo menos dos narcotraficantes mexicanos y un sudamericano que han rendido testimonio ante los fiscales estadounidenses en los últimos años.

También se contaría con diversos informes sobre las actividades del exfuncionario en los últimos años, así como una declaración que dio en 2018 donde señala no tener ligas con el crimen, lo que los fiscales consideraron un engaño premeditado.

Finalmente, los fiscales informaron al Gran Jurado que cuenta con registros bancarios que presuntamente evidencian que el exfuncionario mexicano acumuló ganancias inexplicables respecto a sus ingresos legales.

La declaración falsa

En enero de 2018, tras acumular cinco años viviendo en Florida, Genaro García Luna inició un trámite ante el gobierno de los Estados Unidos con la finalidad de obtener la ciudadanía de ese país. Como parte de dicho proceso realizó una declaración jurada ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en ingles) en la que rechazó haber colaborado de forma alguna en actividades criminales.

Para el Departamento de justicia dicha declaración es falsa, pues de acuerdo con sus investigaciones, García Luna sí había colaborado activamente con hechos criminales.

Los fiscales sostuvieron ante el Gran Jurado que se trata de hechos que ya estaban documentados al momento en que el hoy acusado realizo el trámite, lo que confirma que la indagatoria ya tenía un avance importante. Ello ocurrió ocho meses antes de que públicamente se hiciera referencia a los sobornos recibidos por García Luna en el juicio abierto contra Joaquín el Chapo Guzmán.

Los tres sobornos

Al hacer público el anuncio de la detención de Genaro García Luna en Texas, el fiscal Richard Donoghue detalló que existen acusaciones en las que se señala que, a cambio de la complicidad brindada al Cártel de Sinaloa, García Luna supuestamente recibió “millones de dólares” como pago de sobornos, lo que le permitió amasar una fortuna ilegal.

De acuerdo con los informes dados a conocer en los procesos que se conocen, hay antecedentes de al menos tres pagos.

El primero habría ocurrido en 2005. De acuerdo con las declaraciones del hermano de Ismael “el Mayo” Zambada, él junto con un abogado del cártel se reunieron un restaurante con el entonces titular de la AFI para entregarle en un maletín tres millones de dólares en efectivo. Ello a cambio de que se hiciera el nombramiento de un mando que era cómplice de grupo criminal.

El segundo pago se habría realizado con una mecánica similar, pero en 2007, cuando supuestamente se entregaron entre tres y cinco millones de dólares más en un portafolios a García Luna, quien para ese momento ya encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Finalmente, el último pago habría ocurrido entre 2005 y 2007 cuando se hicieron llegar 50 millones de dólares (en un método no especificado) al funcionario de parte de diversos líderes del grupo delictivo de los Beltrán Leyva.

Cabe señalar que García Luna rechazó en noviembre del año pasado estas acusaciones y dijo que se trataban de una difamación en su contra.

¿Qué sigue para García Luna?

La detención de Genaro García Luna es resultado de una orden de arresto emitida por un juez estadounidense, luego de que el pasado 4 de diciembre un Gran Jurado lo acusó formalmente de cuatro delitos distintos.

Un Gran Jurado es un grupo de ciudadanos previamente seleccionados que escuchan primero los señalamientos hechos por los fiscales y deciden si hay elementos para presumir que se cometió un delito y que la persona señalada es la culpable. Si consideran que es así, como fue el caso, ellos presentan la acusación formal ante la Corte a nombre del pueblo de los Estados Unidos.

Tras ser detenido, García Luna fue presentado ayer ante una corte de Dallas, Texas, para verificar su situación y su identidad. La audiencia se reanudará el próximo 17 de diciembre con la presentación de la acusación al exfuncionario, quien tendrá la posibilidad de declarase inocente o culpable.

En caso de que se declare inocente, el caso será remitido a la Corte de Brooklyn en Nueva York donde está radicado, y será allá donde se lleve el juicio en contra del mexicano. El juez decidirá cuál medida cautelar le impone al exfuncionario, que por la gravedad de los delitos se espera que sea la prisión preventiva.

Cabe señalar que los cargos que se le imputan al mexicano van desde los 10 años de prisión hasta la posibilidad de cadena perpetua. Su inocencia o culpabilidad será determinada por un nuevo jurado de 12 ciudadanos previamente seleccionados por los fiscales y la defensa.

Si García Luna se llegara a declarar culpable en la audiencia del 17 de diciembre, el beneficio podría ser el de una pena reducida. 

A la par de este proceso, la Fiscalía General de la República en México anunció que también integra una carpeta de investigación en contra de García Luna por los delitos de delincuencia organizada, cohecho, falsedad de declaraciones, delitos contra la salud, entre otros. Dijo que integrará a la misma las evidencias que han conjuntado por su parte las autoridades de los Estados Unidos.

La Fiscalía señaló que en cuanto concluya la integración de su indagatoria solicitará a un juez federal que emita una orden de aprehensión con fines de extradición para García Luna. Como parte de estas investigaciones, las autoridades mexicanas analizaban el posible congelamiento de cuentas del exfuncionario.

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Enmienda 25 o 'impeachment': ¿puede Trump ser destituido tras el violento asalto al Capitolio?

Demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están pidiendo que se destituyan los poderes del presidente. Hay dos vías para hacerlo.
7 de enero, 2021
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Apenas faltan 13 días para que Donald Trump abandone oficialmente la Casa Blanca y arranque la legislatura del demócrata Joe Biden, cuya victoria electoral fue ratificada por el Congreso de Estados Unidos este jueves.

Pero tras el violento asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, prolongado durante horas y que dejó cuatro muertos, los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están pidiendo que se destituyan los poderes del presidente.

Escribieron una carta al vicepresidente Mike Pence en la que le urgían a actuar y sacar a Trump de la presidencia, alegando que había cometido un acto de insurrección y “buscaba socavar” la democracia.

Para destituir al presidente de Estados Unidos hay dos mecanismos: el llamado juicio político –impeachment– o la enmienda número 25 de la Constitución, aseguran expertos.

Sin embargo, ambas vías pueden resultar difíciles e improbables de aplicar dado el poco margen de tiempo que le queda a Trump al mando.

“Creo que la mejor salida es que Trump renuncie, que los de su propio partido lo presionen para que renuncie. Él no lo hará, pero debería”, aseguró el politólogo de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, entrevistado por BBC Mundo.

El vicepresidente Mike Pence y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

Getty Images
Tras los episodios violentos y el desalojo de los seguidores de Trump, el Congreso ratificó este jueves la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Tras los violentos acontecimientos del miércoles, Trump ha asegurado que la transición de poder se ejecutará de forma “ordenada”, pero que está en desacuerdo con el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, las que califica como fraudulentas a pesar de que el Departamento de Justicia estadounidense lo haya descartado.

Pero, ¿en qué consisten las dos vías principales por las que Trump puede ser destituido antes del 20 de enero?

Enmienda 25

Dicha enmienda recogida por la Constitución permite la transferencia de poder desde la presidencia a la vicepresidencia ya sea de forma temporal o permanente.

Convierte al vicepresidente en presidente si este se muestra incapaz de continuar con sus responsabilidades, por ejemplo, si sufre una enfermedad física o mental.

Asaltantes del Congreso.

Getty Images
El asalto al Capitolio y la intervención de las fuerzas de seguridad han dejado al menos cuatro muertos.

La sección número 4 de dicha permite al vicepresidente y la mayoría del gabinete declarar al mandatario incapaz de desarrollar su deber en el cargo.

Para ello necesitarían firmar y remitir una carta a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado y declarar al presidente como no apto para gobernar o incapaz de desempeñar sus poderes y deberes.

De ser así, el vicepresidente Mike Pence asumiría automáticamente el poder hasta el próximo 20 de enero, cuando empezaría el mandato de Biden.

El presidente tiene la oportunidad de ofrecer una respuesta por escrito, y si impugna el hallazgo, entonces le corresponde al Congreso decidir. Cualquier voto en el Senado y la Cámara de Representantes que ordene la destitución del presidente requiere una mayoría de dos tercios.

Mientras se resuelve el caso, el vicepresidente actuaría como presidente.

Recientemente, cuando Trump fue diagnosticado con COVID-19 el pasado octubre, también hubo discusiones sobre invocar la enmienda 25 ante las preocupaciones de que pudiera estar demasiado enfermo para gobernar el país.

La enmienda 25 fue ratificada en 1967, cuatro años después del asesinato de John F. Kennedy, con el objetivo de resolver las disputas de sucesión presidencial en caso de incapacidad.

Funeral de John F. Kennedy.

Getty Images
La enmienda 25 fue ratificada en 1967, cuatro años después del asesinato de John F. Kennedy.

Por este motivo, varios presidentes han usado esta enmienda, específicamente la sección 3, porque les permite transferir temporalmente el poder a la vicepresidencia.

En 2002 y 2007, el presidente George W. Bush puso a su vicepresidente a cargo al ser sedado durante colonoscopias rutinarias.

El presidente Ronald Reagan hizo lo mismo en 1985, mientras estuvo ingresado en el hospital por una cirugía por cáncer.

Hasta la fecha, ningún presidente ha sido destituido del cargo usando la enmienda 25.

Juicio político o ‘impeachment’

El juicio político, también conocido como impeachment, tiene lugar en el Congreso de EU con el objetivo de llevar a cabo una posible destitución del presidente.

La Constitución estadounidense establece que el presidente “debe ser destituido de su cargo si es acusado de y condenado por traición, soborno, u otros crímenes o delitos graves”.

Es un proceso político, más que penal.

Seguidores de Trump alrededor del Capitolio.

Getty Images
Seguidores de Trump se congregaron e irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos este miércoles, reclamando fraude en las pasadas elecciones presidenciales.

Este proceso tiene lugar en dos etapas.

Tendría que ser iniciado por la Cámara de Representantes y solo necesita una mayoría simple para ser activado.

Luego, el juicio se celebra en el Senado, donde se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente, y este hito nunca se ha alcanzado en la historia de Estados Unidos.

“Es un proceso bastante largo, a menos que lo hagamos al estilo peruano, de vacar al presidente de la noche a la mañana. Es poco probable que eso pase”, explicó Levitsky a BBC Mundo.

Donald Trump ya ha sido cometido a un proceso de impeachment una vez, y ningún presidente lo fue dos veces durante su mandato.

En diciembre de 2019, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó dos artículos de impeachment tras acusar a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Los demócratas acusaron a Trump de retener US$391 millones en ayuda a Ucrania para presionar y forzar que el país europeo investigara al actual presidente electo, Joe Biden, y a su hijo.

En febrero de 2020, el Senado, de mayoría republicana, votó a favor de absolver a Donald Trump en el juicio político por dicho escándalo.

Si el presidente Trump fuera destituido a través de un juicio político, el vicepresidente Pence se haría cargo de la Oficina Oval.


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