México no romperá la relación diplomática con Bolivia a pesar de que la embajadora María Teresa Mercado fue declarada como persona “non grata” por el gobierno boliviano, según informó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
“La postura del gobierno de México es la que ya dio la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha tomado nota de la declaratoria del gobierno boliviano y se le ha hecho a ella la recomendación para regresar a México por cuestiones de seguridad y comodidad”, refirió.
En conferencia de prensa, la titular de la Segob señaló que hasta el momento la Secretaría de Relaciones Exteriores “no tiene la intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia”, por lo que las funciones de la embajada mexicana en aquel país continuarán bajo la tutela de Ana Luisa Vallejo.
Sánchez Cordero señaló que Mercado aún permanece dentro de la embajada acompañada del personal que labora allí.
De acuerdo con la secretaria de Gobernación, los trabajadores bolivianos de la embajada mexicana ya solicitaron asilo político a México ante el temor de una posible detención, misma que ya fue aceptado por el gobierno de nuestro país.
Ante la hostilidad que se vive en Bolivia, la funcionaria dijo que en caso de que los miles mexicanos que residen allá también quieran retornar a nuestro país serán bienvenidos con una oportunidad laboral.
“Tenemos un plan para reclutarlos pero solo si desean regresar (…) si es así se tendrá un plan para darle oportunidades en México de trabajo en empresas o gobierno”, acotó.
🔴 #EnVivo: @M_OlgaSCordero, titular de la Secretaría de Gobernación, atiende a medios de comunicación.
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— Gobernación (@SEGOB_mx) December 30, 2019
Este lunes, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, declaró como persona “non grata” a la embajadora de México, María Teresa Mercado, así como a la encargada de Negocios y al cónsul de España, en una escalada del incidente en el que estuvieron involucrados diplomáticos españoles en la delegación mexicana en La Paz.
La mandataria acusó a los diplomáticos de haber “lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia” y ordenó que “abandonen el país en un plazo de 72 horas”.