8 claves para tener un nuevo modelo policial y reducir la impunidad en México
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Cuartoscuro Archivo

8 claves para tener un nuevo modelo policial y reducir la impunidad en México

La estrategia, que ya ha funcionado en algunos municipios, requiere un presupuesto de 40 mil millones de pesos.
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6 de diciembre, 2019
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México tiene un plan para abatir la impunidad y mejorar las condiciones de seguridad y de justicia cotidiana en el país. Se trata del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, estrategia surgida a partir de la experiencia exitosa de ciudades que han conseguido que la gente vuelva a confiar en los policías, y que se reduzcan los conflictos e incluso los delitos.

Pero su implementación a nivel nacional requiere de un presupuesto de más de 40 mil millones de pesos, con el que aún no se cuenta. La opción principal, que era recabar el dinero elevando el porcentaje que se destina para seguridad de los fondos municipales, no fue incluida en el presupuesto de 2020, pese a ser aprobada en el Consejo Nacional de Seguridad.

Por ello, se estudian ahora alternativas como un nuevo impuesto, o hasta gestionar recursos con Estados Unidos para sacarlo adelante.

La secretaria Adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Bertha Alcalde Luján, dijo que el plan parte de una premisa base reconocida por el Estado: no es posible revertir la situación de inseguridad e impunidad en el país si no se atacan los problemas más cercanos, y que afectan a la gente. Si no se mejora la justicia cotidiana.

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“Ni la Guardia Nacional ni ninguna fuerza federal nos dan para atender el problema de seguridad en el país. Mejorar la justicia penal y las fiscalías ayuda, pero la puerta de entrada de todo son las policías locales. Son ellos los que realmente saben qué pasa en la comunidad y es a quienes hay que fortalecer. Y junto con ello un modelo de justicia cívica que solucione problemas”, dice la funcionaria.

Hay pruebas de que esta estrategia funciona. En Morelia, Michoacán, por ejemplo, durante la implementación de una estrategia similar la tasa de homicidios disminuyó hasta 15% y la ciudad dejó de encabezar el primer lugar en conflictos vecinales en las estadísticas de INEGI.

En Escobedo, Nuevo León, donde se comenzó con un trabajo similar desde hace 10 años, el índice de confianza ciudadano en la policía estatal es de casi 80%, la mas alta de todo el país, mientras que la confianza en la policía municipal llega a 68%, muy arriba del promedio nacional que es inferior a 50%.

La puesta en marcha del modelo ya se formalizó. El pasado 8 de julio el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó su diseño e hizo un exhorto a los poderes legislativo y ejecutivo para arrancar su implementación. 

¿En que consiste este modelo que promete revertir la crisis de impunidad y violencia que azota al país desde hace más de una década? ¿Qué alternativas hay ante la falta de recursos?  A partir de lo revelado por funcionario federales y de un documento interno donde se describe el modelo, Animal Político detalla a continuación los puntos clave de la estrategia.

Depuración real de las policías:

El éxito en Morelia y Escobedo partió de la depuración de más del 50% de la policía municipal. Fue uno de los pasos iniciales para revertir el problema.

Los lineamientos del modelo nacional ya aprobado retoman dicha experiencia y fijan un plazo de 18 meses, que vence en marzo de 2021, para cumplir al 100% con la depuración de las fuerzas de seguridad. Se trata de una obligación que, de hecho, debió cumplirse desde hace una década.

Se plantea que esta depuración no sea solo de elementos que no superen control de confianza, sino además de casos en donde existan datos de inteligencia sobre el vínculo del policía con grupos delictivos o corrupción. Se está diseñando un protocolo para ello.

Homologación salarial y reclutamiento:

Las autoridades calculan que México requiere de 250 a 300 mil policías municipales. Es decir: el doble de los que hay ahora. Por este motivo se plantea un intenso reclutamiento para los próximos meses.

No obstante, con el fin de que ser policía resulte atractivo y haya personas interesadas, el modelo plantea el diseño y aprobación de un salario homologado para todas las policías municipales del país, ya sea a nivel nacional o al menos por regiones. Ello junto con el rediseño del servicio profesional de carrera, el establecimiento de una base mínima de prestaciones, entre otros.

Proximidad e investigación, las nuevas misiones:

Replantear la función de la policía local es uno de los puntos centrales del modelo. Se busca sustituir la idea clásica de “prevención” (que se traduce solo en patrullajes aleatorios) por dos pilares en los que se sustentará el funcionamiento de las corporaciones:

1) Proximidad: Los policías estarán asignados a sectores en específico y una de las tareas primordiales serán las reuniones y contacto con los vecinos, con el objetivo de atender sus problemas cotidianos. Ello permitirá recuperar confianza de los ciudadanos y a su vez obtener datos y generar inteligencia para conocer, con precisión, lo que ocurre en cada cuadra y colonia.

2)Investigación: Los policías podrán recibir denuncias e investigar formalmente delitos. Inicialmente serán de bajo impacto como robos sin violencia. Ello para auxiliar a las fiscalías que no cuentan ni con el despliegue cotidiano ni con el material humano para hacerlo. En Escobedo esto ya funciona mediante convenios, pero se prevé que a nivel nacional se realice una reforma legal para dar a las policías municipales y estatales esta facultad.

Justicia cívica, una sola ley:

En México hay más de 2 mil 400 municipios y cada uno tiene su propio reglamento, bando o normativa para atender y sancionar faltas administrativas y conflictos cotidianos. Hay tremendas disparidades, desde normas que contemplan temas que otros no, hasta algunas que no incluyen fundamentos básicos como el derecho a un debido proceso.

Por ello se facultó desde 2017 al Congreso de la Unión para expedir una sola Ley General de Justicia Cívica que sirva de base para los ordenamientos municipales. Se dio un plazo de seis meses que no se cumplió. En ese escenario el SESNSP diseñó una nueva iniciativa de Ley (de la que Animal Político tiene copia) que espera aprobarse a mas tardar en la primera mitad de 2020.

Solución en vez de castigo, también en tránsito:

El nuevo modelo pretende que los juzgados cívicos se conviertan en una instancia que tenga como prioridad la atención y solución de conflictos, y no solo la imposición de sanciones.  Por ello se privilegiará el servicio comunitario, talleres de concientización y programas de rehabilitación (en casos de consumo de alcohol o drogas) como medidas a aplicar sobre multas o arrestos.

El modelo busca además que se traslade a los juzgados cívicos la atención de las infracciones de tránsito. Lo anterior para que el policía ya no sea juez y parte al detectar e imponer él mismo una sanción, y dar oportunidad de audiencia a los automovilistas. Un efecto secundario deseado con esta medida es disminuir la corrupción.

Audiencias públicas y transparentes:

Se buscará poner en marcha un modelo de audiencias públicas y videograbadas en los juzgados cívicos, similares a las que ocurren en el sistema penal oral, pero con mayor dinamismo y resolución en una sola sesión. Este modelo ya se ha implementado con éxito en al menos una decena de municipios.

Se pretende además que a través de audiencias públicas también se desahoguen las infracciones de tránsito. Un modelo para seguir es el de Escobedo, Nuevo León, donde al infractor se le presenta el video de su falta en la audiencia, y si reconoce su responsabilidad se le conmuta la multa inicial a cambio de asistir a un taller sobre normativa vial.

Información estadística de calidad:

Otro de los puntos clave del modelo es el poder generar estadística tanto de problemas cotidianos (faltas administrativas) así como de los reportes de delitos e infracciones que recibe la policía (directamente o a través del 911 e informes homologados) y los juzgados cívicos.

Lo anterior tiene como objetivo medir la problemática de cada zona en la ciudad para generar estrategias, pero también se busca contar con datos mucho más precisos sobre conflictividad e incidencia delictiva.

La falta de presupuesto y las alternativas:

Cuando el Consejo Nacional de Seguridad aprobó el diseño del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en julio pasado, se estableció que ante la imposibilidad de contar con un presupuesto exclusivo para el mismo, se utilizarían recursos provenientes de los llamados fondos municipales (Fortamun).

Ello se lograría incrementando de 20 a 50% el porcentaje que se contempla del Fortamun para seguridad, y estableciendo además candados para que el dinero solo se use en fortalecimiento de los policías.

Sin embargo, pese a las gestiones realizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ante el Congreso, esta modificación no fue incluida en Presupuesto de Egresos para 2020.

La organización México Evalúa señaló en un comunicado que esto es preocupante, pues se suma a una reducción de 3.6% en términos reales en el Fondo para el fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) y del 0.24% en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 

“Con los recursos actuales no se garantiza que los policías locales puedan cumplir con las atribuciones planteadas en el Modelo Nacional, por ejemplo, mediar conflictos entre ciudadanos, recibir denuncias y generar capacidades de inteligencia policial para investigar y prevenir delitos” indicó México Evalúa.

Funcionarios consultados sobre esta situación indicaron que ahora se analizan otras alternativas para recabar recursos, que permitan implementar el Modelo al menos en los municipios con mayor población e incidencia.

Entre las alternativas que se estudian se encuentra la obtención de recursos provenientes de los Estados Unidos a través de la llamada Iniciativa Mérida, o la imposición de un impuesto denominado “Derecho de policía” que se sumaría al predial que recaban los municipios. Ninguna ha sido confirmada todavía.

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Coronavirus: los países de América Latina cuyas economías tardarán más en recuperarse de la pandemia

América Latina será la región más golpeada del mundo, pero algunos países están más preparados que otros. Los analistas apuntan a los más endeudados como los que más tardarán en reponerse del golpe del virus.
13 de octubre, 2020
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Mujer esperando

EPA
No todos los países tendrán que esperar lo mismo para recuperar su nivel de PIB.

Todos los informes económicos que publican los organismos internacionales repiten la advertencia: América Latina será la región más golpeada por la pandemia de coronavirus.

Para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal) se trata de la mayor crisis económica en un siglo para la región.

Pese a que empieza a detectar señales positivas inesperadas, el Banco Mundial calculó que el Producto Interno Bruto del área caerá un 7,9% en 2020, un desplome sin precedentes en la historia reciente.

Pero Abhijit Surya, analista especializado en América Latina de la Unidad de Inteligencia Económica de “The Economist” advierte: “Hay países que se van recuperar muy rápidamente, como Chile o Uruguay, y otros que tienen muchos problemas que no lograrán superar hasta probablemente 2023 ó 2024″.

En realidad, determinar cuándo un país se ha recuperado de una crisis no es sencillo y los economistas tienen diferentes ideas sobre cuáles son los indicadores que hay que observar para ello.

Uno de los que más a menudo se utilizan es el Producto Interno Bruto, el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado.

Pese a las dudas que genera sobre el comportamiento de la economía el virus, para el que aún no hay disponible una vacuna efectiva, se espera que el PIB de la mayoría de los países latinoamericanos vuelva a crecer ya en 2021.

Pero el PIB regional no recuperará los niveles previos a la pandemia al menos hasta 2023.

En algunos países esa ardua senda hacia la recuperación de la riqueza perdida podría ser aún más larga.

Surya indica que “a los países que puedan mantener por más tiempo los estímulos a la economía les irá mejor en la fase de recuperación”.

Deuda fiscal en América Latina. (como % del PIB). .

Como sucedió en otros lugares, cuando el coronavirus golpeó a los países de la región, los gobiernos que pudieron permitírselo comenzaron a adoptar medidas para apoyar a la economía, desde las ayudas directas a las familias puestas en marcha en Brasil por el presidente Jair Bolsonaro, hasta los programas de compra de deuda pública adoptados por los bancos centrales de Chile y Colombia.

El objetivo era apoyar el crecimiento y la actividad en un momento en el que el virus los deprimía sin piedad.

Pero la persistencia de la pandemia obligará a los países a mantener este esfuerzo extra y nadie sabe por cuánto tiempo.

En palabras de Martín Rama, economista jefe para la región del Banco Mundial: “Cuando empezó la pandemia se aplicaron estímulos como si se tratara de un esprint; ahora vemos que va a ser más bien una maratón”.

¿Quiénes son los peor equipados para una carrera de fondo de estas características?

Los economistas lo tienen claro. A mayor endeudamiento, mayor riesgo. Cuanto mayor sea la deuda de un país, menor margen tendrá para seguir apoyando a sus empresas y ciudadanos.

Estos son los países con el pronóstico más oscuro en la América Latina pandémica.

Argentina

Con una de las cuarentenas más largas y estrictas de la región, la de argentina es una de las economías que más ha sufrido y el Banco Mundial estima que el país cerrará 2020 con un 12,3% menos en su PIB y casi el doble de pobres que a comienzos de año.

El gobierno de Alberto Fernández aplicó medidas de estímulo por valor del 3,5% del PIB, pero Argentina, agobiada por problemas de solvencia desde hace décadas no puede mantener ese esfuerzo indefinidamente.

Buenos Aires.

Reuters
La economía argentina sigue lastrada por su alto endeudamiento.

Surya señala que “en algún momento las van a tener que retirar porque no es sostenible fiscalmente”.

Fernández logró un respiro a comienzos de año cuando acordó con los acreedores una reestructuración de más de US$66.000 millones de la deuda vencida.

William Jackson, analista de la consultora británica Capital Economics le dijo a BBC Mundo que “el gobierno actuó rápido en la reestructuración de la deuda, pero en realidad lo que hizo fue aplazar un problema que va volver a plantearse a mediados de la década”.

Alberto Ramos, investigador para América Latina de la firma Goldman Sachs tampoco es optimista. “Argentina tiene mucha dificultad e incertidumbre, pese a la reestructuración, porque tiene un gran déficit fiscal que se está monetizando y esto está generando mucha presión cambiaria”.

Esta dinámica amenaza con agravar la espiral de la inflación, aumento de los precios, en la que la economía argentina lleva años atrapada, un lastre para el crecimiento.

A todo ello se suman los controles cambiarios y de precios que entorpecen la actividad económica y que, a juicio de los analistas, disuaden a potenciales inversores.

El Banco Mundial cree que el PIB de Argentina no recuperará su nivel anterior a la pandemia antes de 2023.

Ecuador

Ecuador también acordó recientemente una reestructuración de su deuda, que alcanza ya el 68,9% de su PIB. Un obstáculo demasiado grande para hacer el esfuerzo fiscal que requiere la situación actual.

Con un déficit fiscal que se ha disparado hasta el 8,9% este año, Ecuador se enfrenta al más difícil reto de aumentar sus ingresos fiscales sin ahogar aún más su ya golpeada economía.

“Podríamos ver un retorno a la austeridad cuando la economía aún está sufriendo”, indica Jackson.

Mujer en Ecuador.

Reuters
Ecuador ha sido muy afectado por el virus y su economía se resentirá.

Los analistas del Banco Mundial señalan que la economía ecuatoriana necesita “reformas estructurales”, pero cuando en octubre de 2019 el presidente Lenín Moreno intentó aumentar los impuestos al combustible para así incrementar los ingresos del Estado se encontró con masivas protestas que le obligaron a rectificar.

Ramos advierte que “el clima de tensión política se mantiene en el país y podría afectar al crecimiento”.

Ecuador es otro de los candidatos a no recuperar su PIB de 2019 al menos hasta 2023.

México

La recuperación será también probablemente mas lenta en México.

Al contrario que a Argentina o a Ecuador, su lastre no será la deuda.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con la promesa de sanear las cuentas públicas y reducir el déficit público, y la pandemia no parece haberlo desviado de su objetivo.

“En circunstancias normales eso está bien, pero en este momento necesitas más gasto público”, dice Surya.

AMLO

Reuters
El presidente de México prioriza frenar el déficit y muchos economistas que creen que no es el momento de eso.

El gobierno mexicano ha sido uno de los más reacios a aplicar medidas de apoyo a la economía, lo que probablemente explique en parte que el PIB mexicano vaya a reducirse en torno a un 10% en 2020.

La caída del turismo, clave para México, también ha golpeado la economía, y lo peor es que los expertos coinciden en que ese será uno de los últimos sectores en recuperarse.

El descenso de los precios del petróleo tampoco ayuda a México, que, paradójicamente, podría estar también ante su gran oportunidad.

Los problemas en el transporte y el peligro potencial de restricciones aduaneras han llevado a “una tendencia global a acercar las cadenas de suministro a los mercados, y México está muy cerca del gran mercado que es Estados Unidos”, afirma Surta.

Pero, según señala Ramos, de Goldman Sachs, el gobierno de López Obrador, “no ha creado el ambiente más favorable a los negocios”.

Venezuela

Sin cifras oficiales desde hace años, el Banco Mundial no incluye a Venezuela en sus análisis, pero según apunta Jackson, de Capital Economics, en un contexto de precios del petróleo bajos “las cosas no harán sino empeorar en un país que ya era una tragedia antes de la pandemia”.

La Unidad de Inteligencia Económica de The Economist” cree que el país perderá este año cerca de un 30% de su PIB en 2020, con lo que desde que Nicolás Maduro llegó al poder acumulará una caída cercana al 70%.

El gobierno venezolano culpa a las sanciones de Estados Unidos de sus problemas económicos, mientras que la mayoría de observadores los achacan a la mala política económica del gobierno y a graves problemas estructurales de la economía venezolana.

Ningún informe pronostica cuándo el PIB de Venezuela dejará de caer y tampoco cuándo recuperará su nivel de 2019.

Según la ONU, un tercio de los venezolanos no recibe comida suficiente y millones de ellos han abandonado su país en los últimos años.


Datos positivos inesperados

Pese al sombrío panorama general, el último informe del Banco Mundial detectó algunos datos positivos inesperados para América Latina.

El comercio mundial está volviendo a niveles prepandemia, lo que favorece a los países de la regiónque dependen de las exportaciones de materias primas, cuyo precio en los mercados internacionales se ha mantenido, quizá favorecido por la recuperación vigorosa de la demanda de China.

También se ha mantenido el volumen de remesas. Pese a un pronunciado descenso inicial, los migrantes latinoamericanos siguen enviando dinero que ha ayudado a sostenerse a muchos en sus países de origen.

También han sido más “robustos” de lo esperado las medidas de estímulo aplicadas por gobiernos y bancos centrales.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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