Amparos para conseguir medicamentos: el salvavidas de pacientes sin recursos para combatir el cáncer
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Amparos para conseguir medicamentos: el salvavidas de pacientes sin recursos para combatir el cáncer

Derechohabientes están recurriendo a la vía del juicio de amparo para que la Seguridad Social les brinde los medicamentos necesarios para sobrevivir a enfermedades como el cáncer o el VIH-Sida.
Cuartoscuro
17 de enero, 2020
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Cuando en marzo de 2015 le diagnosticaron que tenía leucemia, Ricardo Villalobos, de 40 años, se derrumbó.

O para ser más exactos: se volvió a derrumbar.

Esa era ya la tercera vez que le daban la noticia de que su vida corría peligro. La primera fue un par de años antes, cuando le dijeron que tenía cáncer de testículo. Y la segunda, cuando le anunciaron que ese cáncer se había extendido hacia el estómago, donde apareció un tumor del tamaño de una pelota de tenis.

“Después de dos cánceres, cuando me diagnosticaron la leucemia colapsé”, dice Ricardo en entrevista.

Pero Luz, su pareja, le prohibió rendirse. Y juntos iniciaron la lucha, otra vez.

Aunque ahora la batalla era más complicada tras el desgaste psicológico y económico que les dejaron los dos primeros diagnósticos.

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Ricardo es empleado en una empresa y Luz trabaja esporádicamente, según la temporada, ofreciendo perfumes en tiendas departamentales. Es decir, sus salarios son bajos e inciertos y los medicamentos para mantener a raya la leucemia, caros. Muy caros. Además, no tienen seguro del IMSS. Solo les protege el ya extinto Seguro Popular, hoy Insabi, que no la incluía en el catálogo de enfermedades catastróficas para adultos mayores de 18 años.

“En 2015, una simple caja de medicamento para 15 días costaba 17 mil 500 pesos. Luego, bajó a 11 mil 500. Y ahora, está en 4 mil pesos. Pero igualmente es un costo muy elevado porque mi empleo no es fijo y mi esposo, por los estragos de la enfermedad, a veces no puede trabajar”, explica Luz Almansa.

Ricardo no tuvo más remedio que recurrir a la caridad; a las donaciones de fármacos que familiares de pacientes que ya fallecieron le hacían al Hospital de Cancerología donde se atiende, y a la ayuda de fundaciones como la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer.

Solo así, Ricardo encontró salvavidas temporales. Parches que, sin embargo, no eran suficientes, puesto que las donaciones, que suelen ser de fármacos con meses ya caducados -pero aún útiles-, no llegaban a sus manos con regularidad. O, al menos, no con la regularidad que exige la leucemia.

Por eso, en los periodos de hasta un mes en los que no tomaba el medicamento, dándole una tremenda ventaja al avance de la enfermedad, Ricardo admite que buscó el fármaco desesperadamente, con los riesgos que eso implica.

“Hubo una vez que tuvimos que pedir prestado para poder comprar una caja de medicamento”, relata. “Y una persona nos contactó para ofrecernos tres cajas, que tendrían un costo de 12 mil pesos, a la mitad, en 6 mil. De inmediato, le dijimos que sí. Le pagamos, nos mandó las cajas, y cuando nos llegaron nos topamos con que era medicamento inservible. Ya tenía más de un año caducado”.

La situación era crítica. Pero en noviembre del pasado 2019, una luz se prendió.

Luz, la pareja de Ricardo, recibió una invitación de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer para que diera su testimonio en un conversatorio. Y en ese evento, le dijeron que había unas personas interesadas en ayudarles interponiendo un amparo ante la justicia federal.

A Luz le parecía que le hablaban en chino. Amparos, demandas, jueces… no sabía que existía esa posibilidad. Pero aceptó la ayuda del abogado José Mario De la Garza, quien puso a un equipo legal a su servicio de manera altruista y completamente gratuita.

El proceso fue rápido. Entregaron la documentación que les solicitaron los abogados, metieron el amparo un viernes y dos días después, el lunes, un juez federal ya estaba ordenando al Instituto Nacional de Cancerología que, de manera inmediata, le brindara los medicamentos y la atención que requiere Ricardo.

“El amparo nos cayó como caído del cielo. Es la única esperanza que tenemos para seguir combatiendo al cáncer con libre acceso a medicamentos”, dice Luz.

“Gracias a ese amparo -resume emocionado Ricardo-, yo he vuelto a nacer”.

Una solución rápida

El abogado José Mario De la Garza explica en entrevista que llegaron al caso de Ricardo y Luz tras una reflexión que hizo con su grupo de trabajo ante el panorama actual en México, donde ciudadanos de varios puntos de la República han protestado en el último año por la falta de medicamentos para combatir enfermedades graves, como el cáncer o el VIH-Sida.

“Fuimos a los hospitales a buscar a personas que estén en esta situación grave, para explicarles que pueden hacer valer sus derechos a través de los juicios de amparo”, narra De la Garza, que asegura que en esas primeras visitas se encontraron con el desconocimiento de la gente, y, sobre todo, con mucha desconfianza. Especialmente, porque es un proceso legal que implica demandar al Estado, y hay pacientes que temen posibles represalias de los hospitales.

Pero, ante la falta de medicina, y movidos por la desesperación, José Mario plantea que los ciudadanos están empezando a optar más por esta vía legal.

Y explica el motivo: “Este juicio de amparo tiene una gran ventaja, como está en peligro la vida de una persona por falta de medicamentos, los jueces, al admitir la demanda, emiten las medidas que se deben tomar de inmediato para que el quejoso no quede en riesgo de morir”.

Es decir, por orden de un juez se obliga a los hospitales, o a los centros de salud donde se esté tratando el paciente, a entregar de inmediato los medicamentos. Y luego, el proceso legal sigue su curso. Pero, por lo pronto, el paciente debe recibir los fármacos.

“Es un amparo que prácticamente lo ganas al presentar la demanda”, subraya De la Garza. “Y como en las resoluciones de amparo las autoridades demandadas pueden ser destituidas, o incluso pueden ser objeto de una responsabilidad de carácter penal, las instancias de salud entregan los medicamentos para no verse involucradas en el no cumplimiento de la orden de un juez”.

Por ahora, además del caso de Ricardo y de Luz, José Mario dice que ya resolvieron otro similar por la misma vía rápida del amparo. Y van por más. La idea es que su despacho, en colaboración con otros abogados que quieran llevar este tipo de casos probono, es decir, de manera gratuita, ayuden a personas enfermas y sin acceso a medicamentos en al menos 10 estados: Oaxaca, Michoacán, Yucatán, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Durango, Nuevo León, y la Ciudad de México.

Y no son los únicos. Los abogados Andrea Rocha y Marco Vargas, por ejemplo, llevan desde el pasado 2019 ofreciendo sus servicios gratuitamente a pacientes de VIH-Sida y a madres de niños con cáncer de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, y de la Ciudad de México, que no pueden acceder a los medicamentos necesarios.

Hasta ayer, que interpusieron el último en la Ciudad de México, llevan 7 casos de amparos colectivos en representación de 60 quejosos.

Mientras que en Querétaro, México Igualitario y el Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos AC también presentaron en julio pasado siete amparos para conseguir medicamentos a personas con VIH.

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Lluvia de amparos

Ante la efectividad que han demostrado los amparos en casos como el de Ricardo, el abogado De la Garza responde que recurrir a esta vía legal va a ser algo cada vez más frecuente, más si persisten los problemas de desabasto.

“Ya se está probando que los amparos sirven. Es una medida drástica, pero es la que está funcionando. Y, ante la crisis de salud que tenemos ahora, creo que se va a generalizar más”, hace hincapié.

Pero, claro, no es tan sencillo. Los amparos también plantean numerosos retos.

Por ejemplo, si a partir de ahora la manera de hacer efectivo el derecho a la Salud de los mexicanos es a base de amparos, entonces los ejércitos de abogados no alcanzarían. Y, por otro lado, no todos los abogados querrán hacerlo gratis y de manera altruista. Principalmente, advierte De la Garza, en un sistema donde la abogacía privada está diseñada para cobrar por la gran mayoría de sus servicios, y no para trabajar probono en favor de la comunidad.

Además, el sistema de justicia en el país está saturado. Hacerlo el gestor, o el proveedor, para que se cumpla el derecho a la Salud le supondría una enorme carga extra.

Luis Adrián Quiroz, presidente de la organización civil Derechohabientes Viviendo con VIH/SIDA, prefiere mostrarse cauto y aconseja “no engolosinarse” con los amparos.

Primero, recalca, porque efectivamente no todos los abogados actúan de buena fe. Sin ir más lejos, Luis cuenta que hace un par de semanas, cuando de nuevo surgieron denuncias públicas por falta de antirretrovirales, un abogado lo contactó para “ayudarlo” a tramitar un amparo… a cambio de 20 mil pesos. Y en estos casos, donde la vulnerabilidad del paciente es máxima, no sería extraño que mucha gente acceda a pagar ese dinero, o a pagar chantajes.

“Al final, creo que acabaría siendo un gasto extra para el paciente”, considera el activista, que, además, dice que no hay que quitar el dedo del renglón sobre el tema de fondo, que es la exigencia al Estado para que garantice el derecho a la salud sin necesidad de recurrir a medidas extremas como acudir a la justicia federal.

¿Y el Estado, el gobierno, qué ha dicho? La mañana del pasado 15 de enero, el presidente López Obrador, rodeado de todo su gabinete de Salud, dijo en conferencia de prensa que la transición hacia un sistema sanitario gratuito y universal para todos los mexicanos requiere de tiempo y paciencia.

No obstante, puso de plazo a más tardar el 1 de diciembre de este año para garantizar que el 50% de la población que no tiene acceso a seguridad social contará con los servicios médicos y medicinas gratis, incluidas las de todos los niveles de especialidad.

Incluso, el mandatario prometió que el nuevo sistema de Salud garantizará el abasto de medicamentos, insumos, doctores y enfermeras.

“Pueden decir algunos que no se va a lograr, que es una utopía, pero el sueño se va a convertir en realidad y la utopía es lo que nos hace caminar a los ideales”, subrayó.

Por ahora, para derechohabientes de bajos recursos como Severa Hernández y María Cristina Tinajero, que ayer viajaron desde Monterrey a la Ciudad de México para exigir que el IMSS les entregue los medicamentos para tratar a sus hijos con cáncer, la utopía del presidente aún está lejos de lograrse.

“Necesitamos ayuda -urgió Severa-. Porque cada día que pasa sin que nos den los medicamentos, es un día que el cáncer se come a nuestros hijos”.

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EPA

Qué dice el documento sobre la investigación del 11-S recién desclasificado por el FBI

El memorando enumera algunos contactos entre varios ciudadanos sauditas y los secuestradores de los aviones, pero no implica directamente al gobierno de Riad.
EPA
12 de septiembre, 2021
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En el vigésimo aniversario del atentado más mortífero en suelo estadounidense, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un documento que analiza las posibles conexiones entre varios ciudadanos sauditas en Estados Unidos y dos de los atacantes del 11 de septiembre de 2001.

Los familiares de las víctimas de los ataques de las Torres Gemelas llevaban años solicitando la divulgación de estos archivos clasificados, argumentando que los funcionarios sauditas habrían tenido conocimiento previo del atentado pero que no intentaron detenerlo.

15 de los 19 secuestradores de los aviones eran ciudadanos sauditas.

Sin embargo, el documento —el primero de varios que se espera que sean hechos públicos— no proporciona ninguna evidencia de que el gobierno saudita hubiera estado vinculado o tuviera conocimiento del complot contra las Torres Gemelas.

Antes de la desclasificación, la embajada saudita en Washington se mostró a favor de que los archivos se sacaran a la luz, y una vez más negó cualquier vínculo entre su país y los secuestradores, señalando que tales afirmaciones son “falsas y maliciosas”.

¿Qué dice el documento?

El documento del FBI de 16 páginas se basa en entrevistas con una fuente cuya identidad está clasificada (nombrada como PII) y describe los contactos entre varios ciudadanos sauditas y dos de los secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Midhar.

Ambos se hicieron pasar por estudiantes para ingresar a Estados Unidos en el año 2000.

El memorando del FBI dice que luego recibieron un apoyo logístico significativo de Omar al-Bayoumi, quien, según testigos, era un visitante frecuente del Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles a pesar de que su estatus oficial en ese momento era el de estudiante.

Según la fuente del FBI, Bayoumi tenía “un estatus muy alto” en el consulado.

“La asistencia de Bayoumi a Hamzi y Midhar incluyó traducción, viajes, alojamiento y financiación”, dice el documento.

Ataque torres gemelas

Getty Images

Por otra parte, el archivo del FBI también asegura que hubo vínculos entre los dos secuestradores y Fahad al-Thumairy, un imán (líder musulmán) de la mezquita del rey Fahad en Los Ángeles, a quien las fuentes citadas describen como “de creencias extremistas”.

Tanto Bayoumi como Thumairy abandonaron Estados Unidos semanas antes de los ataques del 11 de septiembre, según la agencia de noticias AP.

La agencia también citó a Jim Kreindler, un abogado de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, diciendo que el documento publicado “valida los argumentos que presentados en el litigio sobre la responsabilidad del gobierno saudí en los ataques del 11 de septiembre”.

El mes pasado, una demanda iniciada por familiares llevó a que varios altos exfuncionarios sauditas fueran interrogados bajo juramento.

Joe Biden en el Pentágono

EPA
Las familias de algunas víctimas llevaban tiempo presionando al presidente Joe Biden para que desclasificara los documentos.

Las administraciones precedentes, las de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump,se negaron a desclasificar los documentos, citando como argumento la seguridad nacional.

Pero el actual presidente Joe Biden ordenó la semana pasada una revisión de los documentos y les pidió a los funcionarios que publicaran lo que pudieran durante los próximos seis meses.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre vínculos oficiales sauditas con el atentado, dado el número de ciudadanos de ese país involucrados y los antecedentes del líder de al Qaeda, Osama bin Laden.

El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Getty Images
El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Estados Unidos y Arabia Saudita han sido aliados durante mucho tiempo, aunque a veces la relación ha sido compleja.

El anterior presidente estadounidense, Donald Trump, fortaleció los lazos entre su país y la monarquía absoluta.

Pero Biden calificó a Arabia Saudita de “paria” después de que en febrero de este año un informe de inteligencia de Estados Unidos implica al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018. Bin Salman niega haber ordenado el asesinato, que tuvo lugar en el consulado saudita en Estambul.

El corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, afirma que desde entonces Biden ha suavizado su postura hacia el que es el hombre más poderoso de Arabia Saudita, reflejando la importancia de la alianza entre ambos países.


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