Atacan a hija de la activista Irinea Buendía, principal testigo del feminicidio de su hermana
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Atacan a hija de la activista Irinea Buendía, principal testigo del feminicidio de su hermana

Guadalupe Lima fue atacada a balazos en la alcaldía Iztapalapa, en CDMX, el mismo día en que se celebró una audiencia por el feminicidio de su hermana, caso del que es testigo principal.
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22 de enero, 2020
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Guadalupe Michel Lima, familiar de una víctima de feminicidio e hija de la activista Irinea Buendía, fue atacada a balazos el mismo día en que se realizó una audiencia por el asesinato de su hermana.

A través de un comunicado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunció que el pasado 20 de enero, alrededor de las 21:15 horas, Guadalupe fue víctima de un intento de homicidio, luego de que una persona detonara un arma de fuego en al menos seis ocasiones contra el automóvil en el que se transportaba, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el OCNF, dos de los disparos impactaron directamente en el automóvil, “lo que evidencia que el ataque era directo”.

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En el momento del ataque, Guadalupe se encontraba con un escolta, que la acompaña como parte de las medidas de protección con las que cuenta al ser una de las testigos principales del feminicidio de su hermana Mariana Lima Buendía, asesinada presuntamente por un comandante de policía.

“Guadalupe Michel escuchó decir a la persona que la acompañaba: ‘agáchese maestra’, por lo que, de acuerdo a su testimonio, se puso de cuclillas y posición fetal, mientras era protegida por la escolta que se encontraba con ella”, detalló el Observatorio.

Los hechos ocurrieron en la avenida Congreso de Chilpancingo, en la colonia Unidad Habitacional Ermita Iztapalapa, de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

El mismo día del ataque se realizó una de las audiencias del caso del feminicidio de Mariana, quien fue asesinada el 28 de junio de 2010, presuntamente a manos de Julio César “N”, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México.

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“A casi 10 años de sucedidos los hechos, la búsqueda de justicia para la familia se encuentra en la etapa final del proceso jurídico, a la espera del cierre de la etapa de desahogo de pruebas, para la posterior sentencia condenatoria contra el feminicida de la joven”, expresó la organización.

En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a las autoridades que reabrieran el caso de la muerte de Mariana, que inicialmente había sido calificado como suicidio, para ser investigado como feminicidio, y señaló que este tenía ser tratado con perspectiva de género.

Asimismo, en la sentencia 554/2013, la SCJN estableció que “todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos”.

La nueva investigación encontró al entonces esposo de Mariana como presunto responsable del feminicidio, por lo que fue aprehendido el 23 de junio de 2016m fecha desde la que se encuentra en prisión preventiva por dicho delito, en espera de recibir sentencia.

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El OCNF denunció que la familia Lima Buendía ha sido objeto de diversas agresiones a partir de la investigación del caso, por lo que hicieron un llamado a las autoridades del Estado de México y del gobierno federal para que implementen medidas de protección para salvaguardar la vida e integridad de las víctimas.

Asimismo, exigieron que se identifique y sancione a los autores intelectuales y materiales de las recientes agresiones contra la familia de la defensora Irinea Buendía, así como de los ataques anteriores, que “hasta la fecha se mantienen impunes”.

De igual forma, pidieron garantías de seguridad para las y los defensores integrantes del OCNF acompañantes del caso.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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