En 4 años se duplican ataques con armas en México; leyes y controles son viejos o inexistentes
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Cuartoscuro Archivo

En 4 años se duplican ataques con armas en México; leyes y controles son viejos o inexistentes

Hasta las lesiones accidentales con armas de fuego crecieron casi 100%. La ley en México que regula las armas data de hace casi medio siglo.
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14 de enero, 2020
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La agresión que un niño protagonizó el viernes pasado en un colegio en Torreón, Coahuila, donde disparó a su maestra y compañeros con dos pistolas ilegales, es uno de los últimos botones de muestra de un fenómeno cada vez más grave en México: el aumentos de los ataques con armas de fuego y la falta de controles adecuados.

Las cifras oficiales muestran la dimensión del problema. En un periodo de tan solo cuatro años se han duplicado los homicidios con arma de fuego, las lesiones intencionales causadas con ellas e incluso las heridas por disparos accidentales. De la misma forma ha crecido el número de personas que dicen haber escuchado disparos cerca de su casa. Pero al mismo tiempo los decomisos se han desplomado.

Entérate: Cómo es el “tráfico hormiga” de armas de Estados Unidos a México

Entre enero y noviembre de 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 22 mil 413 personas fueron asesinadas con un arma de fuego. Es un promedio de al menos 67 personas asesinadas a balazos todos los días en México.

En esos mismos meses, pero de 2015, la cifra de personas asesinadas con armas de fuego fue de menos de la mitad: 9 mil 570. Aun tomando en cuenta factores como el crecimiento de la población, se trata de un alza de la tasa de homicidios dolosos con armas de fuego superior al 100%.

Lo mismo ocurre con la cifra de casos de personas atacadas (sin que hayan muerto) con armas de fuego. La cifra se elevó mas del 100% al pasar de 5 mil 218 personas lesionadas de enero a noviembre de 2015, a 11 mil 310 víctimas en el mismo lapso, pero de 2019.

Hasta las lesiones accidentales con armas de fuego se han duplicado en este periodo en el país, al pasar de 229 víctimas e 2015 a 447 en 2019, según los casos registrados por el SESNSP.

Hay otras cifras que muestran la gravedad de la proliferación de las armas de fuego. Por ejemplo, la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de INEGI revela que se ha duplicado la proporción de personas que reportan haber escuchado disparos cerca de su domicilio: pasó de 23% en septiembre de 2015 a 41.4% en septiembre de 2019.

Por su parte la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 de INEGI arrojó que en el 32.2% de los delitos los delincuentes portaban armas de fuego, un nivel superior al de 2016, que fue de 28.4%.

Esto significa que, en promedio, 1 de cada 3 delitos se cometen con un arma de fuego en México.

Proliferación ilegal

El informe de la organización no gubernamental “México Evalúa” denominado “Prisión Preventiva Oficiosa: Insuficiente para el control de Armas de Fuego”, arroja a partir de diversas fuentes oficiales y estimaciones de especialistas más datos sobre la proliferación de las armas, y la respuesta insuficiente de la autoridad.

De acuerdo con el documento, la cifra de hogares que reportan haber adquirido un arma de fuego creció de 203 mil 117 en 2013 a 220 mil 178 en 2018. Y añade que, según cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), habría 3 millones 118 mil armas de fuego debidamente registradas en el país.

El problema, destaca el informe, es que estimaciones internacionales apuntan a que en México hay una cifra mucho mayor de armas ilegales: hasta 13.6 millones de pistolas y rifles con presencia en el país, cuatro veces mas que las legales.

México Evalúa advierte que al cierre de 2018 la Sedena reportó apenas 3 mil 156 licencias de portación de armas expedidas, una cifra muy lejana incluso respecto al número de armas oficiales registradas.

Peor aun es que hasta las armas que ingresan oficialmente al país para las fuerzas de seguridad llegan a convertirse en un problema. Datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señalan que entre 2006 y 2017 se registraron 20 mil 66 armas de fuego “perdidas” por las corporaciones policiales, entre robadas, extraviadas, o desaparecidas. Es prácticamente el 4% de todo el armamento vendido a las fuerzas de seguridad en ese periodo.

Pese a todo lo anterior, los decomisos de armamento se han reducido drásticamente. La cifra pasó de 40 mil 996 armas decomisadas en 2011 a solo 4 mil 976 aseguradas en 2018, según los datos referidos en el informe. Una cifra casi 10 veces menor.

“Es obvio que el número de armas en circulación supera por mucho a las legalmente registradas por la autoridad. Esto preocupa y mucho, pues evidencia que el país tiene un grave problema de circulación de armas a través del mercado negro. Lo más alarmante es que el Estado no cuenta con las herramientas necesarias para combatir este problema”, advierte el análisis de México Evalúa.

Controles viejos o inexistentes

David Ramírez de Garay, coordinador del programa en Seguridad de México Evalúa, dijo en entrevista que si bien es acertada la exigencia de nuestro país a Estados Unidos para que haya un mayor control del armamento (se calcula que mas de 213 mil armas ingresan cada año por la frontera norte), México tiene en sus manos varios pendientes en la materia que no ha solucionado.

Por ejemplo, el especialista subrayó que la única norma legal que regula en México la posesión y portación de armamento es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, norma que data de 1972, es decir de hace casi medio siglo. Y si bien se le han hecho algunos cambios se trata de una norma creada en un contexto de sociedad, controles y mercado que ya no existen.

A ello se suma la falta de controles adecuados, claros y homologados para el manejo y preservación del armamento que cada año se entrega a las múltiples corporaciones de seguridad que existen en nuestro país, lo que en alguna medida ha favorecido la desaparición de miles de dichas armas.

Además, Ramírez destaca que México carece totalmente de un sistema bien estructurado de alertas tempranas en relación con armas de fuego. Que defina, por ejemplo, cuál es el procedimiento claro que debe seguir obligatoriamente el personal médico para notificar a una autoridad cuando se atiende de una persona lesionada por herida de bala en un hospital.

También se carecen de medidas preventivas. Por ejemplo, en temas de violencia de género es necesario contar con un mecanismo que permita preguntar a las víctimas si los agresores cuentan con armas de fuego en su casa, lo que permitiría a las autoridades investigar a estas personas y de ser necesario confiscar esas armas.

“Está probado que este tipo de agresiones que en su momento se cometen a golpes o con armas blancas escalan luego a armas de fuego. Organizaciones como Equis justicia han documentado cómo se mata cada vez a más mujeres con armas de fuego. Pero hoy no hay forma de prevenir esos casos antes de que sucedan”, dijo.

El especialista también advirtió que hacen falta protocolos homologados en el país para el rastreo, identificación e intercambio de los datos que las distintas autoridades recopilan al atender o investigar un crimen. Se sabe que existen sistemas como el llamado “CODIS” para registrar la información, pero son una incógnita los protocolos, recursos e infraestructura con los que cuentan.

“En pocas palabras, no sabemos qué pasa con las armas que se decomisan o cómo se investigan”, indicó.

La responsabilidad no solo es federal. Los estados también carecen de programas reales de prevención como el llamado “Cease Fire” implementado en Baltimore (EU), que permite identificar y dar seguimiento a personas involucradas en hechos de violencia con armas de fuego.

Respecto a los programas de canje de armas que algunas entidades han implementado, Ramírez destacó que no se tiene una evaluación seria sobre su impacto y utilidad, aunque advirtió que la experiencia internacional ha documentado que se trata de acciones más simbólicas que efectivas. “Sirven para una bonita foto, pero nada mas allá”, indicó.

Lo que prepara el gobierno

Para enfrentar las deficiencias relacionadas con el manejo de armas en México, el gobierno federal prepara por lo menos tres iniciativas que Animal Político puede adelantar ahora. Ello confirmado por fuentes oficiales:

Iniciativa para actualizar la Ley Federal de Armas

Se trata de una iniciativa que prepara la Sedena y que pretende convertirse en una cirugía mayor a la vieja ley que proviene de 1972. Además de actualizar los catálogos de armamentos, restricciones y sanciones, esta incluiría lineamientos sobre transparencia de datos y de registros acordes a las normas nacionales e internacionales actuales.

La elaboración de esta iniciativa fue comentada en noviembre pasado por el Teniente Coronel Rafael Arriola Barrera, jefe de la Sección de Fabricación y Comercialización de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de Sedena. Aun no hay una fecha concreta para la presentación de dicha iniciativa.

Lineamientos para prevenir extravío de armas oficiales

Con el fin de prevenir el mal manejo y extravío del armamento que se entrega a las distintas corporaciones de seguridad en el país, el SESNSP a través del Centro Nacional de Información trabaja en la elaboración de una serie de lineamientos generales, que deberán seguir obligatoriamente las distintas instituciones.

Se trata de controles homologados que tendrían que aplicarse, por ejemplo, en las distintas armerías de policías municipales o estatales, o de perfiles que deben cumplir las personas responsables de los mismos.

Política de compras consolidadas

Se trata de otro mecanismo para ordenar la adquisición del armamento oficial. Lo que sucede actualmente es que cada estado o municipio decide por su cuenta cuándo y qué armamento comprar, lo que origina complicaciones logísticas de control para la Sedena, que es la encargada exclusiva de abastecer dichos pedidos,

La propuesta que se elabora busca estandarizar y unificar estos procedimientos para que exista un catálogo de armamento y fechas establecidas a las que deberán apegarse las autoridades que requieran el armamento. Se trataría de un ejercicio similar al que ya se hizo el año pasado para la adquisición de chalecos antibalas.

A la par de estas acciones hay organizaciones y especialistas que han emitido más recomendaciones. Por ejemplo, México Evalúa ha insistido en la importancia de crear una Agencia Mexicana de Control de Armas de Fuego, que no solo se asuma el control del registro y comercio de estas sino que también combata su tráfico ilegal, con todo lo que ello conlleva: políticas, investigación, estadística, etc.

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Foto: AFP

Ecuador: al menos 15 muertos y 21 heridos tras un nuevo motín carcelario

Con las víctimas de este lunes, el número de presos fallecidos en penales de Ecuador desde inicios de este año está próximo a alcanzar el centenar.
Foto: AFP
4 de octubre, 2022
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Al menos 15 personas murieron y otras 21 resultaron heridas este lunes durante un nuevo motín entre reos en una cárcel de Ecuador, en otro episodio de violencia dentro del sistema penitenciario del país sudamericano y que expone nuevamente el debate sobre la falta de control del Estado dentro de estas instituciones.

Según confirmó la Fiscalía en Twitter, las muertes ocurrieron en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, cerca de la ciudad de Latacunga, a unos 80 kilómetros de Quito.

La prisión alberga a unos 4.300 presos y es una de las más grandes del país.

Los incidentes comenzaron después de que este lunes los reclusos de la prisión participaran en el censo que realiza la institución para recabar los datos de la población penitenciaria del país, según dijo el subdirector del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Privadas de Libertad, Jorge Flores, en declaraciones a la prensa.

Los reclusos treparon a los techos mientras se escuchaban detonaciones, según imágenes de noticias de televisión, recoge la agencia AFP.

Lee: En 29 estados se dicta más prisión preventiva de forma automática que justificada; delitos como robo, los más procesados

El SNAI a Personas Privadas de Libertad, encargado del control de las prisiones de Ecuador, que en principio anunció seis heridos, elevó la cifra de víctimas tras las primeras acciones efectuadas después de retomar el control de la prisión.

Efectivos de la policía, bomberos, equipos de apoyo de las fuerzas armadas y personal sanitario acudieron a la zona durante el suceso, informó el SNAI, quien coordinó con las fuerzas de seguridad la activación de “todos los protocolos de seguridad, con la finalidad de precautelar (proteger) la seguridad del centro carcelario”.

La policía ingresó en las instalaciones penitenciaras mientras que equipos de militares resguadaron los alrededores.

Familiares de los presos esperaban a las afueras de Cotopaxi.

Reuters
Familiares de los presos esperaban a las afueras de Cotopaxi.

Flores dijo a los periodistas que Leandro Norero, acusado de dirigir una banda de narcotráfico, parecía estar “entre las víctimas”, recoge la agencia AFP. Al respecto, la Fiscalía dijo en Twitter que “luego de las pericias de identificación correspondientes se podrá confirmar o no su deceso”.

Conocido con el alias “El Patrón”, fue detenido en mayo pasado por denuncias de lavado de dinero, en un operativo en el que presuntamente se incautaron 6,4 millones de dólares, 24 lingotes de oro, armas de fuego y municiones.

Norero, sospechoso de vínculos con el narcotráfico, se convirtió en uno de los líderes de los reclusos, cuenta AFP.

El pasado 20 de septiembre, la policía informó de la detención de tres agentes de la cárcel de Cotopaxi por estar involucrados en un delito de tráfico de municiones.

Violencia vinculada al narcotráfico tras motín en Ecuador

En abril, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el estado de emergencia en tres provincias para frenar la violencia relacionada con pandillas vinculada al narcotráfico. Una emergencia similar fue declarada el año pasado.

Las guerras territoriales entre las bandas ecuatorianas que luchan por el control de las lucrativas redes de cocaína han ejercido una gran presión sobre el sistema penitenciario superpoblado y con escasos recursos.

El peor enfrentamiento carcelario fue en la ciudad portuaria de Guayaquil en septiembre del año pasado, cuando murieron más de 120 reos.

El año pasado, la policía de Ecuador incautó un récord de 190 toneladas de drogas, en su mayoría cocaína.

Con las víctimas registradas este lunes, el número de presos fallecidos en las cárceles de Ecuador desde inicios de 2022 está próximo a alcanzar el centenar, principalmente en cuatro masacres, ocurridas dos en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, otra en la cárcel de Cuenca y ahora esta en la prisión de Latacunga.

Ecuador tiene 36 prisiones que albergan a más de 32.000 reclusos. Desde 2020 han muerto más de 400 reos en diferentes enfrentamientos entre bandas criminales rivales que se disputan el control interno de los centros.

En las diferentes requisas policiales tras los enfrentamientos, se han encontrado distintos tipos de armas de fuego, inclusive fusiles, así como armas blancas y grandes cantidades de balas.


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