FGR y AMLO van por arraigo para todos los delitos, eliminación de jueces de control y más espionaje
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FGR y AMLO van por arraigo para todos los delitos, eliminación de jueces de control y más espionaje

El borrador de paquete de reformas también propone desaparecer cláusula que considera nula de forma automática las pruebas ilícitas en un proceso, y plantea la expedición del primer Código Penal Nacional y de la Ley Nacional de Justicia Cívica.
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15 de enero, 2020
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La Fiscalía General de la República y el gobierno federal presentarán hoy miércoles un paquete de nueve iniciativas y reformas que, según los borradores que trascendieron ayer, buscan ampliar el arraigo a todos los delitos, eliminar a los jueces que hoy se encargan de valorar la legalidad de una detención y de las pruebas, así como quitar la prohibición que existe para intervenir comunicaciones en temas electorales y fiscales.

También se busca, entre otros muchos cambios, modificar la cláusula constitucional que considera como nulas de forma automática las pruebas que hayan sido obtenidas ilícitamente.

Las iniciativas plantean la mayor transformación del sistema de justicia en México desde la reforma penal aprobada en 2008 y, de hecho, modifican varias de las disposiciones que se habían aprobado desde entonces.

Lee: Crearán padrón de familiares de jueces para evitar nepotismo en el Consejo de la Judicatura

Lo que se busca, según las exposiciones de motivos planteadas en las iniciativas, es mantener los aspectos positivos del actual sistema penal acusatorio, pero a su vez corregir la presunta falta de equilibrio entre los derechos de víctimas e imputados; procurar una justicia mas efectiva; y reducir la impunidad.

Para ello se plantean múltiples cambios a la Constitución Política, a la Ley de Amparo, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

También se propone la derogación del actual Código Nacional de Procedimientos Penales y la formulación de uno nuevo, la formulación del primer Código Penal Nacional del país, y la expedición de Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y de una nueva Ley Orgánica de la FGR.

Algunos especialistas como los del colectivo #FiscalíqueSirva adelantaron desde ayer el riesgo de retroceso de estas iniciativas, que significarían incluso una “contrarreforma” para lo avanzado en los últimos años con el sistema penal acusatorio.

Lee: Fiscalías de los estados manipulan datos sobre delitos y fallan en su registro

El líder de la bancada de Morena en el Senado y presidente de la junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pidió en su cuenta de Twitter esperar a conocer a detalle las iniciativas que se presentarán y no especular. Garantizó que actuarán “con responsabilidad y apertura, sin regresión ni afectación a derechos fundamentales”.

Endureciendo al sistema

Los cambios propuestos, de acuerdo con borradores que ayer trascendieron, plantean por una parte fortalecer las capacidades de las autoridades al investigar delitos a través de medidas como la ampliación del arraigo para todos los delitos, y no solo para los de delincuencia organizada como es actualmente.

La única limitante es que dicho periodo de arraigo no podrá exceder de 40 días en ninguna circunstancia.

Se mantiene la facultad del Ministerio Público y de la policía de ordenar detenciones en flagrancia y en casos que se consideren “urgentes” con la condición de que las personas queden de inmediato a disposición de un juez. Estas detenciones sin orden judicial serán procedentes para todos los nuevos delitos que ya ameritan prisión preventiva oficiosa.

Se incorpora un nuevo concepto denominado “presunción de responsabilidad” que aplicará para toda persona que se niegue a que se le practiquen peritajes, lo que significaría que con ello acepta los posibles hechos que se le imputan.

Una modificación al artículo 16 constitucional busca eliminar la restricción que existe actualmente para poder solicitar a un juez la intervención de comunicaciones privadas en temas fiscales y electorales. La prohibición solo se mantendría para las materias civil, mercantil, laboral y administrativa.

Por otra parte se plantea una modificación a la fracción IX del artículo 20 constitucional el cual considera como nulas las pruebas obtenidas mediante la violación de derechos fundamentales. En su lugar se plantea que puedan ser consideradas válidas si hay “atenuantes” sobre su carácter de ilegalidad.

También se plantea restituir a las autoridades penitenciarias las facultades para determinar los traslados de reos sin necesidad de requerir para ello de la autorización de un juez, como ocurre actualmente. 

De la misma forma se plantea como un requisito obligatorio el trabajo penitenciario para acceder a cualquier tipo de beneficio de preliberación.

El borrador de la iniciativa también propone que la Fiscalía General de la República cuente con un presupuesto propio e independiente, que se calculará a partir de una fórmula preestablecida en vez de que sea una propuesta discrecional de Hacienda. Se faculta al fiscal para pedir recursos extra si lo considera necesario.

Por otro lado, se plantea la creación de cárceles especiales para policías, elementos de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional que sean detenidos o procesados por la comisión de algún delito.

Eliminar jueces de control; Senado responsable de nombrarlos

Uno de los aspectos mas relevantes de las iniciativas planteadas, según los borradores, es la eliminación de la figura de los jueces de control quienes actualmente se encargan exclusivamente de valorar la legalidad de una detención en las audiencias iniciales, así como de estudiar la legalidad o no de las pruebas en una audiencia intermedia, todo ello previo al juicio.

Lee: Morena impulsa reforma del Poder Judicial, estos son los cinco puntos clave de su iniciativa

Igualmente se plantea la eliminación de la figura de vinculación a proceso que actualmente dictan los jueces de control.

En su lugar de todo eso se propone un modelo similar al que existía en el sistema penal anterior, donde un solo el juez puede ser el responsable de todo el proceso: desde la investigación inicial, hasta la valoración de la detención y la fase de juicio. 

Por otra parte, la reforma dice que sea el Senado de la República el que asuma la facultad de designar a los jueces y magistrados, con lo que se buscaría eliminar “favoritismos” y “asignaciones privadas”. Actualmente la designación de los jueces es facultad del mismo Poder Judicial.

Código Penal y Ley de Justicia Cívica Nacional

Otro de los temas centrales en el borrador de la FGR y el Ejecutivo es facultar al Congreso para que expida el primer Código Penal Nacional del país.

En dicho código se establecerá un catálogo de delitos y sanciones homologadas para todo el país, eliminando así las discrepancias que existe como resultado de la existencia de 32 códigos penales estatales distintos. De igual forma se definirá en dicho código el catálogo de ilícitos que corresponderá atender exclusivamente a la Fiscalía federal.

El Código Nacional Penal no será un código único pues se mantendrá la facultad de los congresos locales para legislar sobre hechos y sanciones ilícitas que queden fuera del catálogo nacional. Un ejemplo de ello sería el aborto que quedaría fuera del Código Nacional, pero que podría ser considerado delito por los códigos de los estados que así lo estimen adecuado.

La existencia del Código Penal Nacional daría claridad a las definiciones de algunos ilícitos graves como los feminicidios, donde las cláusulas para tipificarlos varían hoy de entidad a entidad.

La reforma también plantea la expedición de la primera Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica que establecería como mínimo los principios, infracciones, procedimiento, estructura básica de los juzgados cívicos, autoridades participantes y bases a las que deberá estar sujeta la justicia cívica en todos los municipios de México.

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Cuánta gente se necesita que salga a protestar para derrocar a un gobierno (según la ciencia)

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20 de septiembre, 2020
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Protestas en Bielorrusia

Getty Images
Las protestas no violentas tienen más posibilidades de éxito.

La lucha de los sindicatos agrupados en Solidaridad en Polonia en la década de 1980; el movimiento anti-apartheid en Sudáfrica; el derrocamiento del presidente serbio Slobodan Milosevic; la Revolución del Jazmín que forzó la salida del presidente tunecino Zine al-Abidine Ben Ali y desencadenó la Primavera Árabe…

Todos estos son ejemplos de movimientos populares que culminaron con un cambio político sustancial.

Y el último en ser noticia está en Bielorrusia, donde decenas de miles de personas han salido a las calles en las últimas semanas tras unas polémicas elecciones en las que el presidente Alexander Lukashenko se adjudicó la victoria.

Las autoridades han reaccionado con brutalidad: muchos manifestantes han sido arrestados y hay numerosas denuncias de torturas a manos de la policía.

Protestas en Bielorrusia

Reuters
Las protestas en Bielorrusia han movilizado a mucha gente. ¿En cantidades suficientes?

A pesar de esto, sin embargo, el movimiento de momento se ha mantenido fundamentalmente pacífico.

Pero, ¿cuán probable es que tenga éxito?

Lecciones de la historia

Una buena forma de evaluarlo es mirando la historia.

Que es lo que ha hecho la politóloga de Harvard Erica Chenoweth.

La profesora Chenoweth ha centrado su trabajo sobre todo en protestas contra dictaduras, no democracias.

A diferencia de los demócratas, los dictadores no pueden ser destituidos mediante el voto popular. En una democracia, si una política es impopular, otros políticos pueden ser elegidos con la promesa de abolirla. No existe tal mecanismo en una dictadura.

Erica Chenoweth

Kris Snibbe / Harvard Gazette
La politóloga de Harvard Erica Chenoweth ha estudiado la efectividad de las protestas.

Estas definiciones, sin embargo, son a menudo cuestionadas. ¿Dónde está la frontera entre democracia y dictadura? A menudo, de hecho, hay todo un espectro: un sistema político puede ser más o menos democrático.

Y también está el problema de cómo se clasifica la violencia y la no violencia.

¿Los ataques a la propiedad deben considerarse “violentos”? ¿Qué pasa con las personas que gritan insultos racistas pero sin agresión física? ¿Qué pasa con los actos de autosacrificio, como la autoinmolación o las huelgas de hambre? ¿Son violentos?

Las ventajas de la no violencia

A pesar de estas dificultades de categorización, existen algunas formas de protesta que son claramente no violentas y otras que son claramente violentas.

El asesinato es claramente violento. Las manifestaciones pacíficas, las peticiones, los carteles, las huelgas y los boicots, las sentadas y las huelgas no son violentas.

De hecho, según una clasificación bien conocida, existen 198 formas de protesta no violenta.

Y al analizar cada movimiento de protesta sobre el que había datos suficientes, desde 1900 hasta 2006, Erica Chenoweth y Maria Stephan llegaron a la conclusión de que un movimiento tenía el doble de probabilidades de éxito si no era violento.

La siguiente pregunta entonces es: ¿por qué?

La respuesta parece ser que la violencia reduce la base de apoyo de un movimiento, mientras que mucha más gente se une activamente a las protestas no violentas.

Protestas en Bielorrusia

Getty Images
La no violencia atrae a mucha más gente a las manifestaciones.

La no violencia es generalmente de menor riesgo, requiere menos capacidad física y ningún entrenamiento avanzado.

Y, por lo general, también requiere menos tiempo.

Por todas estas razones, los movimientos no violentos tienen mayores tasas de participación de mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad.

Pero, ¿por qué importa esto?

Bueno, tomemos la llamada Revolución Bulldozer contra Slobodan Milosevic. Cuando los soldados fueron entrevistados sobre por qué nunca apuntaron con sus armas a los manifestantes, explicaron que conocían a algunos de ellos. Se mostraban reacios a disparar contra una multitud que contenía a sus primos, amigos o vecinos.

El 3,5%

Obviamente, cuanto mayor sea el movimiento, más probable es que los miembros de la policía y las fuerzas de seguridad conozcan a algunos de sus participantes.

Y Erica Chenoweth ha dado una cifra muy precisa de cuán grande debe ser una manifestación antes de que su éxito sea casi inevitable: esa cifra es el 3,5% de la población.

Puede parecer un número pequeño, pero no lo es.

La población de Bielorrusia, por ejemplo, es de poco más de nueve millones, por lo que el 3,5% supera los 300.000. Y se estima que en las grandes manifestaciones en la capital, Minsk, participaron decenas de miles, quizás hasta 100.000 (aunque la agencia Associated Press una vez las estimó en 200.000).

La regla del 3,5% tampoco es estricta.

Muchos movimientos tienen éxito con tasas de participación más bajas que esta, y uno o dos fracasan a pesar de contar con el apoyo de las masas: el levantamiento de Bahréin de 2011 es uno de esos ejemplos que cita Chenoweth.

Menos efectivas

Los datos originales de Chenoweth llegan hasta 2006, pero la académica acaba de completar un nuevo estudio que examina los movimientos de protesta más recientes.

Y aunque sus últimos hallazgos generalmente refuerzan la investigación inicial, que muestra que la no violencia es más efectiva que la violencia, también ha identificado dos nuevas tendencias interesantes.

La primera es que la resistencia no violenta se ha convertido, con mucho, en el método de lucha más común en todo el mundo, mucho más que la insurrección armada o la lucha armada.

De hecho, entre 2010 y 2019 hubo más levantamientos no violentos en el mundo que en cualquier otra década de la historia registrada.

Argelia

Getty Images
Las protestas de Argelia en 2019 obligaron a dimitir al presidente Bouteflika.

La segunda tendencia es que la tasa de éxito de las protestas ha disminuido.

Ha caído drásticamente en lo que se refiere movimientos violentos: actualmente alrededor de nueve de cada diez movimientos violentos fracasan, dice Chenoweth.

Pero la protesta no violenta también tiene menos éxito de lo que solía.

Antes, alrededor de una de cada dos campañas no violentas tenía éxito; ahora es alrededor de una de cada tres.

Aunque, por supuesto, también se han producido algunos éxitos desde 2006.

Por ejemplo, el presidente sudanés Omar al-Bashir fue depuesto en 2019. Y unas semanas más tarde, el malestar popular obligó a dimitir al presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika.

Pero estas salidas son cada vez más raras.

¿Por qué? Bueno, podría haber muchas explicaciones, pero una parecería ser el impacto de doble filo de las redes sociales y la revolución digital.

Durante unos años, parecía que Internet y el auge de las redes sociales habían proporcionado a los organizadores de protestas una nueva y poderosa herramienta, facilitando la transmisión de información de todo tipo: por ejemplo, dónde y cuándo reunirse para la próxima marcha.

Pero los regímenes despóticos ahora han encontrado formas de darle la vuelta a esa arma y de usarla contra sus oponentes.

Policía en Bielorrusia

Reuters
Los gobiernos despóticos también utilizan la tecnología.

“La organización digital es muy vulnerable a la vigilancia y la infiltración”, dice Erica Chenoweth.

Y los gobiernos también pueden utilizar las redes sociales para hacer propaganda y para difundir desinformación.

Lo que nos lleva de regreso a Bielorrusia, donde los teléfonos de los manifestantes detenidos son examinados de forma rutinaria para establecer si siguen los canales de la oposición en la aplicación de mensajería Telegram.

Cuando las personas que manejan estos canales han sido arrestadas, Telegram se ha apresurado a cerrar sus cuentas con la esperanza de hacerlo antes de que la policía haya podido verificar la lista de seguidores.

¿Podrá el presidente Alexander Lukashenko aferrarse al cargo? ¿Realmente conseguirá sobrevivir ahora que está tan claro que existe una oposición tan generalizada a su gobierno?

Tal vez no. Pero si la historia sirve de guía, es demasiado pronto para descartarlo.


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