FGR investiga 656 casos de presunta corrupción en 11 dependencias, Veracruz y Poder Judicial
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FGR investiga 656 casos de presunta corrupción en 11 dependencias, Veracruz y Poder Judicial

Entre los delitos que la Fiscalía anticorrupción investiga están enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho de diversos funcionarios y exfuncionarios.
Cuartoscuro
24 de enero, 2020
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La Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en curso 656 carpetas de investigación relacionadas con posibles hechos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios pertenecientes a 11 dependencias de gobierno, al Poder Judicial Federal y al gobierno de Veracruz.

Se trata de casos en donde se indagan posibles delitos como enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, cohecho, peculado, abuso de autoridad, coalición, uso ilícito de atribuciones y facultades, y lo que resulte.

Así lo revela un informe anual de la referida fiscalía especializada, encabezada por María de la Luz Mijangos, que fue enviado al Congreso de la Unión como parte de los informes de actividades que la FGR está obligada a remitir al Poder Legislativo.

El documento detalla que de marzo a diciembre de 2019 inició un total de 773 carpetas de investigación a partir de las denuncias recibidas.

El 37.6% de las denuncias provinieron de particulares, mientras que 10.4% las interpuso la Secretaría de la Función Pública, el 8.9% las presentó FONACOT, el 4.2% la Auditoría Superior de la Federación, el 3.2% la Unidad de Inteligencia Financiera, el 2.1% la Secretaría de Economía, y el resto otras dependencias.

De las carpetas de investigación iniciadas originalmente la Fiscalía reportó el cierre de 117 casos. De ellos, cinco fueron enviados ante un juez para proceder en contra de las personas que resulten responsables.

No se proporcionó mayor detalle sobre los casos judicializados, aunque públicamente se conoce que uno de ellos fue el del magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, presuntamente ligado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que a quien la Fiscalía de Mijangos le imputó el delito de enriquecimiento ilícito. Dicho magistrado se encuentra actualmente en prisión preventiva.

En tanto, los otros 112 casos fueron desestimados, ya sea porque no se encontró delito alguno, porque se consideró que no era competencia de la fiscalía especializada, o porque fueron acumulados con otros casos.

Las indagatorias en curso

La Fiscalía anticorrupción continua con el análisis e integración de 656 carpetas de investigación, que oficialmente están abiertas. Como se dijo al principio de esta nota, dichos casos están relacionados con funcionarios o exfuncionarios de 13 entidades distintas, además de particulares.

El informe detalla que la dependencia con el mayor número de funcionarios o exfuncionarios bajo investigación es Pemex, con 5.6% de los casos, seguida de Policía Federal con 5.3% de los casos, el ISSSTE con 4.5%, y SEDATU con 3.4%.

También se indagan casos relacionados con el IMSS, el Poder Judicial Federal, la anterior PGR, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la Secretaría de Educación Pública.

A su vez hay carpetas de investigación relacionadas con funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Veracruz, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Quintana Roo.

En el informe no se dan mayores detalles sobre los casos en curso, pero en meses anteriores ha trascendido que ante la referida fiscalía se han presentado denuncias en contra de Manuel Bartlett, director de CFE, de Gerardo Ruiz Esparza, extitular de la SCT, así como asuntos relacionados con el esquema fraudulento de La Estafa Maestra en diversas dependencias.

Para hacer frente a esta carga de trabajo, la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción reportó que cuenta con un equipo de trabajo integrado por 33 agentes del Ministerio Público. No obstante, se subrayó que se requiere incrementar el equipo de trabajo para poder resolver con mayor celeridad los casos.

“Esperemos que durante el año en curso pueda triplicarse el nivel de carpetas de investigación determinadas para evitar un rezago inmanejable. De ello depende la viabilidad de esta fiscalía y su funcionamiento en márgenes de credibilidad y sustento de las expectativas generadas por la presente administración y la ciudadanía”, señala el informe

La corrupción interna

La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, responsable de indagar los posibles delitos en que pudiera incurrir el personal que labora en la FGR, también envió su balance anual al Congreso.

Entre los datos que dicha instancia reportó destaca que se lograron promover exitosamente 30 nuevos casos ante jueces federales, de los cuales 19 fueron averiguaciones con autos de formal prisión correspondientes al sistema penal anterior, mientras que 11 corresponden a carpetas de investigación judicializadas bajo las reglas del sistema acusatorio actual.

En el mismo periodo se cumplimentaron 32 órdenes de aprehensión giradas a petición de Asuntos Internos. A su vez se consiguieron 21 sentencias condenatorias.

En total, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos reportó la apertura de 1 mil 476 carpetas de investigación.

Otro informe entregado al Congreso por el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General informó que durante el año pasado inició 1 mil 355 procedimientos por denuncias relacionadas con posibles omisiones o irregularidades administrativas en que habrían incurrido funcionarios de la Fiscalía, así como 134 procedimientos por la posible actuación ilegal de agentes del Ministerio Público Federal.

Dicha Fiscalía indicó que en este mismo periodo declaró procedente cinco procesos de separación del cargo en contra de funcionarios ministeriales de la FGR, por actuaciones indebidas y procedió con las denuncias correspondientes.

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BolaWrap: la polémica arma estilo Batman que prueba la policía de Estados Unidos

Otra vez la realidad parece copiar a la ficción: el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), en Estados Unidos, anunció que comenzará a probar un nuevo dispositivo que parece sacado de una película de Batman.
8 de diciembre, 2019
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Otra vez la realidad parece copiar a la ficción: el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), en Estados Unidos, anunció que comenzará a probar un nuevo dispositivo que parece sacado de una película de Batman.

Se trata del BolaWrap, un mecanismo que dispara un cable que puede enredar el torso o las piernas de un individuo a una distancia de hasta 8 metros.

De acuerdo con las autoridades, el dispositivo, que unos 200 policías del LAPD comenzarán a probar a partir de enero, está destinado a restringir el movimiento de potenciales fugitivos, lo que permitiría a los agentes tomar medidas de control sin usar la fuerza.

“Si utilizas una herramienta de este tipo, les da tiempo a los agentes para desplegar una opción secundaria”, comentó el jefe de policía de la ciudad californiana de Bell, Carlos Islas, según el diario LA Times.

“Inevitablemente inmovilizarás a alguien. Es una herramienta que ha tardado mucho en llegar”, agregó.

Islas comentó que el dispositivo solo se usará en circunstancias específicas, incluidos los casos en que las personas padecen problemas de salud mental.

Imagen del dispositivo BolaWrap

Wrap Technologies
El BolaWrap limita el movimiento de la persona con una potente cuerda.

Sin embargo, agrupaciones de derechos civiles han expresado preocupación por su uso potencial en un país donde se han reportado frecuentes abusos de la fuerza policial contra individuos desarmados.

“Herramientas como estas crean la ilusión de que la aplicación policial será menos violenta. La realidad es que, como hemos visto con las armas de electrochoque y otras menos letales, se utilizarán para expandir la violencia policial”, comentó a la BBC John Raphling, investigador principal de la organización Human Rights Watch.

En lugar de dar más poder a la policía, deberíamos repensar cuál es el papel de la policía en nuestro país“, añadió.

Adam Smith, miembro de Black Lives Matter, un movimiento contra la violencia hacia los afroestadounidenses, expresó, por su parte, preocupación de que la nueva arma sea usada principalmente en comunidades donde habitan grupos minoritarios en la ciudad.

¿En qué consiste el dispositivo?

Wrap Technologies, la compañía que fabrica el arma, la describe como “un dispositivo de mano de retención remoto que descarga una correa de Kevlar estilo bola de 8 metros”.

En los extremos de la correa, disparada a 156 metros por segundo, hay dos pequeñas púas que se adhieren a una persona cuando hacen contacto.

Imagen del dispositivo BolaWrap en uso con una persona de fondo

Wrap Technologies
El BolaWrap cuenta con dos pequeñas púas en cada extremo de las correas que se adhieren a una persona cuando hacen contacto.

“Los sospechosos son retenidos con un dolor mínimo o nulo, al tiempo que se permite que los agentes investiguen la situación”, dice la compañía en su sitio web.

¿Quién ya usa el dispositivo?

Varias fuerzas policiales, incluidas las de Fresno en California y Hendersonville en Carolina del Norte, han estado entrenando a sus agentes para usar el BolaWrap en las calles.

En octubre, un policía de Fresno la usó para detener a un hombre que había apuñalado a dos personas con un cuchillo de cocina.

A promotional shot showing how the BolaWrap can constrict a person's legs with its cord

Wrap Technologies
La cuerda se enrolla de forma tal que limita el movimiento de las piernas.

El mes pasado, la Oficina del Sheriff de Santa Cruz dijo que había comprado 20 BolaWrap que esperaba que demostraran ser “otra opción de fuerza menos letal” entre las que usan sus agentes.

¿Qué otras nuevas tecnologías está utilizando la policía?

El dispositivo es uno de varios ejemplos recientes del uso de nuevas tecnologías con fines policiales en Estados Unidos.

El mes pasado, la policía estatal de Massachusetts dijo que estaba usando perros robot remotos para mantener a los agentes fuera de peligro en situaciones potencialmente peligrosas.

Un portavoz del departamento dijo que el robot, fabricado por Boston Dynamics, era “una herramienta valiosa para la aplicación de la ley debido a su capacidad para proporcionar conciencia situacional de entornos potencialmente peligrosos”.

La Unión Americana de Libertades Civiles, un grupo de derechos, pidió al organismo policial que explicara cómo se usaban los robots, lo que generó preocupación por la transparencia del dispositivo y la posible injusticia racial.


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