De la cooperación al desencuentro: la historia del distanciamiento entre AMLO y Sicilia
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De la cooperación al desencuentro: la historia del distanciamiento entre AMLO y Sicilia

La relación pasó del trabajo en común a través de varias mesas a la desconfianza y la sensación, por parte de los colectivos, de ser abandonados.
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Cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió el miércoles 15 de enero un documento sobre justicia transicional de manos del poeta Javier Sicilia, estaba llegando un año tarde. El informe, elaborado entre colectivos de la sociedad civil, víctimas y académicos, se concluyó a finales de enero de 2019 y fue entregado al equipo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. No se volvió a discutir sobre el texto en todo este tiempo.

En teoría, era la base para una nueva política pública sobre violencia y víctimas tras la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, que el propio equipo del presidente pidió antes de tomar el poder. Entre las propuestas: una comisión de la verdad que abordase toda la violencia que ha sacudido México, y no solo el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y un mecanismo contra la impunidad que contase con el apoyo internacional. En la práctica, el documento quedó como un documento de 121 páginas con muchas propuestas. “Daba la sensación de que no se lo había leído”, dijo Marie Claire Acosta tras entregarle el documento el pasado 15 de enero.

Entérate: Javier Sicilia acusa a López Obrador de traicionar a las víctimas de violencia

La historia del informe “Propuesta ciudadana para la construcción de una política de verdad, justicia y reparación” es también el relato de un desencuentro: el del presidente, López Obrador, y sus colaboradores, como Alejandro Encinas, con un grupo de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Es la historia de cómo la relación pasó del trabajo en común a través de varias mesas a la desconfianza y la sensación, por parte de los colectivos, de ser abandonados. También, de las divisiones de la propia sociedad civil, entre los partidarios de salir públicamente a denunciar al Ejecutivo y quienes preferían dar un margen de confianza.

La convocatoria por parte de Sicilia de la marcha por la paz para el próximo 23 de enero, desde Cuernavaca, ha servido para resucitar un informe construido por decenas de personas y que fue pensado para ser la hoja de ruta para otro modo de entender la justicia en el México, ante los más de 250 mil muertos y los 61 mil desaparecidos. La caminata tiene previsto terminar tres días después en Ciudad de México, donde se dirigirá a Palacio Nacional. Ahí, Sicilia espera ser recibido por López Obrador. El presidente, sin embargo, tiene una gira de trabajo en Tamaulipas. Así que no parece probable que mantenga el encuentro con el poeta, cuyo hijo fue asesinado en 2011.

“Hemos perdido un año”, dijo Sicilia al concluir la reunión con Sánchez Cordero, en la que le entregó el documento. A pesar de ello, confió en la disposición de Gobernación para retomar un plan de políticas públicas sobre justicia transicional.

“Tengo una sensación desagradable. Hubo un cambio de estrategia y nunca hubo claridad por parte de quienes pidieron el informe”, aseguró Marie Claire Acosta, participante en el proceso de elaboración del texto y presente, junto a Sicilia, en el encuentro con Gobernación del pasado 15 de enero.

Al menos, según aseguró, “se ha abierto una vía de comunicación” con la administración. “Veo muy buena disposición en Gobernación”, afirmó. El problema, en opinión del poeta y activista, es que la reclamación de un plan de justicia transicional se queda corta si se limita a un solo departamento. “Debe ser una política de Estado, que parta directamente del presidente”, dijo Marie Claire Acosta.

El documento, que se terminó de elaborar en enero, fue una petición por parte del equipo de transición de López Obrador, que luego apenas dio acuse de recibo al texto. Esa es la explicación que ofrece Jacobo Dayán, activista y participante en el proceso. Según recuerda, antes incluso de que el presidente ganase las elecciones se celebró un encuentro con candidatos, y él se comprometió con la justicia transicional. Pero una cosa eran las palabras y otra, dotar de contenido a un término que se ha empleado en conflictos abiertos como el de Colombia.

Animal Político solicitó una entrevista con Encinas para conocer su versión, pero esta nunca se realizó. También pidió comentarios a la Secretaría de Gobernación, que al cierre de la nota no se había pronunciado.

“Empecé a desencantarme en agosto”, reconoce José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que asegura que nunca vio “capacidad operativa” para realizar los cambios en la administración. Apenas había transcurrido algo más de un mes desde que López Obrador se impuso en las elecciones. En ese momento, el equipo de transición de Gobernación, con Encinas como principal interlocutor en el ámbito de los derechos humanos, iniciaba sus contactos con las organizaciones.

En realidad, la relación entre el entonces presidente en funciones y activistas como Sicilia venía de tiempo atrás. No en vano, el poeta, que en 2011 lideró el Movimiento por la Paz, siempre ha asegurado que López Obrador le pidió que le ayudase a trabajar con las víctimas al llegar al gobierno.

Si hablamos sobre el documento, el punto de inflexión llega el 14 de septiembre de 2018. Aquel día, en Tlatelolco, López Obrador mantuvo un encuentro con las víctimas. De ahí surgen dos compromisos: mantener reuniones periódicas y aceptar que una entidad internacional intervenga para aplicar una justicia transicional. Se trata de un modelo de justicia implementado en contextos de conflicto bélico, como el de Colombia. La idea, que luego será plasmada en el documento, es establecer un mecanismo contra la impunidad en México que tenga el apoyo, por ejemplo, de Naciones Unidas. Un ejemplo de este tipo existía en la vecina Guatemala, donde la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se había convertido en un pilar clave de su débil institucionalidad, logrando incluso encarcelar por corrupción al expresidente Otto Pérez Molina.

“Pidieron que se preparara un proceso con documentos y propuestas”, dice Marie Claire Acosta, que en aquel momento lideraba el Mecanismo contra la Corrupción.

Uno de los coordinadores de las mesas de trabajo fue Jacobo Dayán. Según explica, estas se dividieron en cinco ámbitos: una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, un nuevo modelo de reparaciones, y una unidad de protección a víctimas y testigos. Además, en paralelo, existían otras dos mesas de trabajo sobre reforma fiscal y mecanismo de búsqueda, con los colectivos de familiares de desaparecidos.

Entre las organizaciones que participaron en el proceso de las cinco mesas hay grupos de búsqueda de desaparecidos de distintos estados, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); México Unido contra la Delincuencia; Fundem, Idheas, Colectivo Colibrí; asesores internacionales de Open Society Justice Initiative (OSJI), del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); académicos de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Este proceso estuvo acompañado en todo momento por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Acosta describe el proceso como “muy serio”, en el que “se trabajó arduamente”.

En aquel momento se sucedían las reuniones con el equipo de Encinas, que se convirtió en principal interlocutor del Ejecutivo. Sin embargo, la mayor parte de encuentros fue con su equipo de asesores, liderado por Estefanía Hernández, actual directora general de Política Pública de Derechos Humanos de la Segob.

El primer desencuentro llegó con el anuncio de la creación de la Guardia Nacional. José Guevara recuerda que, poco después de su única reunión con Encinas, llegó el anuncio de la creación del cuerpo militar, que tuvo lugar a mediados de noviembre. “Le daban a la columna vertebral de nuestras propuestas. Estábamos solicitando el retiro de los militares”, explica.

En paralelo, las mesas seguían trabajando, según explica Marie Claire Acosta. En ellas, no obstante, no estaba representado el gobierno, que sí había pedido las conclusiones para incluirlas en su plan de Derechos Humanos.

“La idea era que este proceso se anunciaría en el discurso de toma de posesión del presidente”, dice Acosta.

Según explica Jacobo Dayán, el compromiso era que López Obrador anunciase una política de justicia transicional en su primera intervención como presidente. Esa mención nunca se produjo. Primera decepción. Ante los requerimientos de las organizaciones, desde la subsecretaría de Derechos Humanos aseguraron que la mención llegaría con la firma del primer decreto, que fue la creación de una comisión de la verdad para el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Tampoco hubo referencias, más allá del caso de Iguala. Segunda decepción. La última oportunidad era el 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos. Por tercera vez, López Obrador eludió hablar de justicia transicional.

“Se hizo un grupito para aportar a algo que no se dio”, afirma Acosta.

“A partir de entonces, la justicia transicional desaparece de la agenda”, dice Jacobo Dayán.

Las relaciones, según el relato del activista, eran sólidas hasta que llegaron aquellas tres decepciones. Tanto que el equipo de López Obrador llegó a solicitar un plan de acción para los primeros 100 días de gobierno, y aportaciones para sus argumentarios.

Todo esto se vino abajo en los primeros días de diciembre de 2018 cuando se pasó de la promesa de anunciar nuevas políticas a ignorar a las organizaciones a las que se pidió ayuda.

Como los colectivos seguían reuniéndose, tomaron la decisión de terminar el documento. En ese momento, dice Marie Claire Acosta, se abren grietas entre la sociedad civil. Algunos se sienten estafados y quieren señalar públicamente al gobierno. Otros creen que todavía hay que dar un margen.

Finalmente, el 25 de enero, se celebra una conferencia de prensa en la que se entrega el documento al equipo de Encinas, presente en el acto. El mensaje: “sin justicia transicional no hay cuarta transformación”.

No fue el último encuentro mantenido por este sector con la subsecretaría de Derechos Humanos. Según recuerda Sicilia, a finales de marzo hubo una reunión que terminó sin ningún acuerdo. Entre los activistas se recuerda aquella plática con mala sensación. Encinas, sin embargo, niega haberse enemistado con nadie. “Yo no tengo problemas con nadie. Solo paz y amor”, dijo, preguntado por su relación con Sicilia y Jacobo Dayán, al concluir la conferencia en la que se presentó el informe con la actualización del número de desaparecidos.

Desde marzo no hubo relación entre Sicilia, sus colaboradores, y el gobierno.

Pero entonces llegó la masacre de Sonora en la que murieron 12 miembros de la familia LeBarón.

Y Sicilia retomó la idea de una caminata.

Y Sánchez Cordero llamó a Sicilia para encontrarse por primera vez en casi un año.

Falta por saber si, con la nueva marcha, el documento tendrá el recorrido del que careció en 2019.

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Cómo llegó a Líbano la carga de nitrato de amonio que causó la devastadora explosión

Antes de dejarse en un almacén del puerto de Beirut durante 6 años el nitrato de amonio que causó la explosión tenía un destino muy distinto.
6 de agosto, 2020
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El MV Rhosus llegó a Beirut en 2013 con las 2.750 toneladas de nitrato de amonio.

EPA
El MV Rhosus llegó a Beirut en 2013 con las 2.750 toneladas de nitrato de amonio.

¿Cómo llegaron al puerto de Beirut las 2,750 toneladas de nitrato de amonio?

Esa es la pregunta que muchos se hacen desde que el presidente de Líbano, Michel Aoun, señalara al nitrato de amonio que llevaba seis años en el puerto de la capital en la explosión que dejó al menos 137 muertes y más de 5,000 heridos.

Y las miradas se han puesto en un hecho acontecido en 2013, cuando un barco arrendado por un ruso y con bandera de Moldavia atracó de emergencia en Beirut por problemas técnicos.

El gobierno no ha dicho que ese sea el origen del nitrato de amonio de la explosión, pero el barco transportaba, precisamente, la cantidad de 2,750 toneladas que fueron confiscadas por las autoridades libanesas.

Imagen del puerto de Beirut tras la explosión.

Getty Images
2,750 toneladas de amonio estuvieron almacenadas en el puerto de Beirut durante seis años.
beirut

BBC

El nitrato de amonio es un compuesto que puede ser utilizado como fertilizante pero también en la fabricación de explosivos.

Si no se almacena en las condiciones adecuadas, como parece ser el caso de lo que había en la capital libanesa, puede resultar muy peligroso.

A pesar de que el director general de Aduanas, Badri Daher y el encargado del puerto, Hassan Koraytem, advirtieron en repetidas ocasiones sobre el peligro que suponía mantener el nitrato de amonio sin las medidas de seguridad requeridas, su llamamiento fue ignorado.

Mientras que la pregunta sobre por qué se descuidó el nitrato de amonio durante seis años parece ser la clave de la investigación, al menos comienza a dilucidarse de dónde pudo proceder el compuesto.

Cómo acabó el nitrato de amonio en el puerto de Beirut

Las 2,750 toneladas de nitrato de amonio que investiga el gobierno libanés es la misma cantidad que las autoridades confiscaron a un buque de carga llamado MV Rhosus en 2013.

El MV Rhosus llevaba la bandera de Moldavia y transportaba el nitrato de amonio desde Georgia hasta Mozambique, pero sufrió problemas técnicos durante la travesía y tuvo que parar en Beirut.

rHOSUS

Reuters
En 2014, los tripulantes del Rhosus protestaron por haber sido retenidos en Beirut.
Rhosus

EPA
El Rhosus llegó a Beirut navegando con bandera de Moldavia.

Una vez allí, la nave fue inspeccionada por las autoridades libanesas y se le prohibió reemprender la ruta por no pagar las tarifas portuarias correspondientes, de acuerdo a un reporte de 2015 de Shiparrested, una red de abogados que gestiona asuntos legales de buques de carga.

El antiguo capitán de ese buque, el ruso Boris Prokoshev, fue entrevistado esta semana por la cadena rusa Radio Libertad de Siberia.

Según Prokoshev, la nave pertenecía al ciudadano ruso Igor Grechushkin, el cual se desentendió del asunto y no respondió al llamado de tripulantes y abogados para pagar las tarifas y continuar con la travesía.

Algunos de los tripulantes que iban en el barco fueron liberados, pero el capitán Prokoshev, otro ciudadano ruso y tres ucranianos fueron retenidos.

Ruta del Rhosus antes de llegar a Beirut.

BBC

Posteriormente, la carga de nitrato de amonio fue confiscada por las autoridades y trasladada a un contenedor del puerto por motivos de seguridad.

Shiparrested, que gestionó la liberación de los cuatro tripulantes retenidos, publicó que “la embarcación había sido abandonada por sus dueños”.

“Los esfuerzos por ponerse en contacto con los dueños y arrendatarios del barco así como con los compradores de la mercancía para pagar las tasas no fructificaron”, reportaron los abogados.

Prokoshev sostiene que Grechushkin aún le debe dinero a él y los tripulantes por los servicios prestados. Sin embargo, sus demandas no han tenido éxito porque este ya no reside en Rusia.

El antiguo capitán también aseguró en la entrevista con Radio Libertad que el barco estaba dañado por falta de mantenimiento y que se hundió después de haber sido liberados.

La BBC intentó ponerse en contacto con Grechushkin, pero no obtuvo respuesta.

Por qué nunca se movió el nitrato de amonio del puerto de Beirut

Desde el servicio árabe de la BBC, señalan que dar respuesta a esa pregunta es la clave a la hora de dirimir responsabilidades.

Según Nidale Abou Mrad, periodista de la BBC, muchos libaneses culpan a la corrupción y falta de liderazgo del país, un problema que llevan denunciando desde hace años.

Por su parte, el presidente Aoun prometió que se llevaría a cabo una investigación transparente.

El encargado general del puerto, Hassan Koraytem, y el director de aduanas libanesas, Badri Daher, insisten en que avisaron del peligro del nitrato de amonio almacenado pero que se les ignoró constantemente.

Bomberos buscan desaparecidos entre los escombros.

Getty Images
A la explosión siguió una frenética búsqueda de desaparecidos.
Barco destrozado en el puerto de Beirut.

Getty Images
El puerto de Beirut quedó devastado tras la explosión.

“Requerimos que fuera reexportado pero no ocurrió. Dejamos que los expertos e involucrados determinen por qué”, dijo Daher a la cadena libanesa LBCI.

De acuerdo a documentos oficiales, los funcionarios de aduanas enviaron cartas al sistema judicial buscando una solución hasta seis veces entre 2014 y 2017.

A causa de la investigación, el gobierno anunció este miércoles que se había puesto en arresto domiciliario a los encargados de vigilar el nitrato de amonio en el puerto.

Y el Consejo Superior de Defensa de Líbano ha prometido que los responsables se enfrentarán al “máximo castigo posible”.


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