Jessica Perales salió de su casa, en Tijuana, Baja California, alrededor de las 5 de la mañana del domingo 29 de diciembre para ir a atender el puesto de ropa que tiene en un mercado. Dejó a su hija, Dayana N, dormida. De acuerdo a reportes de medios locales, no habían pasado ni dos horas desde su salida, cuando los bomberos recibieron el reporte de un incendio en el domicilio. Encontraron a la menor, de 13 años, muerta.
Por la forma en que los servicios de emergencia encontraron el cuerpo de la adolescente, con signos de abuso y sin ropa, se presume que la asesinaron y quien o quienes cometieron el crimen provocaron el incendio para hacer pasar la muerte de Dayana como algo accidental.
El titular de la Dirección de Bomberos, José Luís Jiménez, declaró a los medios locales que la víctima no tenía quemaduras, pero sí un calcetín en la boca y una venda en el cuello, por lo que se presume que la asfixiaron.
Jiménez aseguró que ante la sospecha de que el incendio fue provocado para ocultar el homicidio, entregaron la escena del crimen a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California para que realizara las investigaciones correspondientes.
Consultada por Animal Político, la FGR, a través de su oficina de Comunicación, informó que el caso se turnó a la Fiscalía de Homicidios, pero declinaron proporcionar más información al respecto. “En el caso de la niña hay avances pero aún no se pueden dar a conocer”, aseguraron.
Hasta ahora del homicidio de Dayana solo se sabe que la menor estaba sola en casa, en una zona donde abunda la inseguridad y donde es difícil tener redes familiares o comunitarias de apoyo.
Dayana vivía en la colonia Mariano Matamoros, ubicada al Este de la ciudad de Tijuana. “Es una zona urbano marginada de la periferia, donde son frecuentes los pleitos, las balaceras por el narcotráfico”, explica una activista de la Coalición por los Derechos Humanos de Baja California, que por cuestiones de seguridad prefiere que no se dé a conocer su nombre.
Este es también un lugar donde hay viviendas abandonadas, como en todo Tijuana, incluido el centro. “Casas, muchas del Infonavit, que la gente compró y luego abandona y entonces se convierten en picaderos o donde se mete gente que no tiene donde vivir. Eso te rompe el tejido social, que ya de por sí es precario en todo Tijuana por la cuestión del crimen organizado, de la movilidad humana, de los numerosos bares”, señala la activista.
Casos como el de Dayana y su madre, dice, son frecuentes. “Mujeres solas con sus hijos, que quizá no tienen una red familiar de apoyo, a la mejor porque las deportaron de Estados Unidos y están solas aquí o porque vienen de otra entidad o de otro país, y tiene empleos precarios y toda una situación de vulnerabilidad que las coloca en riesgo”.
María Salguero, la activista que se ha dedicado por años a elaborar el mapa de los feminicidios en México y ha intentar darles contexto para que las mujeres asesinadas no sean un número más, asegura que en Tijuana la violencia contra las mujeres ya es también de tipo comunitaria. “Los mismos vecinos pueden ser agresores porque en realidad la gente ya no sabe quién vive al lado, el crimen, las casas solas han descompuesto el tejido social”.
De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tijuana hasta noviembre de 2019 ocupaba el sexto lugar entre los municipios del país con más feminicidios, con 11, mientras que el primer lugar es Monterrey, con 17, seguido de Culiacán (14) e Iztapalapa (13).
En cuanto al total de homicidios dolosos de mujeres, el estado de Baja California ocupa la cuarta posición nacional con 216. Aunque si la cifra de esos asesinatos se dimensiona por cada 100 mil habitantes mujeres, entonces la entidad queda en el segundo lugar, con 12.1 por cada 100 mil, sólo superado por Colima que tiene el primer lugar nacional con 19.6.
Laura Torres, directora del Instituto de la Mujer en Baja California, indicó, este 25 de noviembre en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que hasta esa fecha se habían registrado 570 violaciones , de los que 40 casos fueron estupro. De delitos sexuales, en todo el estado se reportaron 2 mil 200 casos.
Muchas mujeres están muriendo en Tijuana, dice Salguero, igual que en otros lugares del país como Colima o Guanajuato, por ser familiares o pareja sentimental de miembros del crimen organizado. “Su muerte es una venganza contra el contrario y a este tema hay que ponerle más atención”.
La activista de la Coalición por los Derechos Humanos de Baja California, concuerda con Salguero sobre que las mujeres están muriendo por esta relación con narcotraficantes. “A veces la policía llega y encuentra los cuerpos y asume que las mujeres pertenecían al crimen organizado, y sí sí hay las que pertenecen, pero también pasa que estaban acompañando al esposo, al novio, al hermano, al primo, y en un momento desafortunado las matan solo por eso”.
Respecto a los menores, la activista dice que en Tijuana se registraron al menos nueve muertes en 2019. “La mayoría son casos en los que sufrieron abuso por parte de alguien cercano, del padrastro, por ejemplo. Son niños que sufren abuso constante, de diverso tipo, y que cuando llegan al hospital ya solo llegan a morir”.
La falta de oportunidades para estudiar, para tener un buen trabajo frente a lo fácil que es conseguir una dosis de droga ha disparado el número de jóvenes con adicciones. “Aquí en Tijuana consigues un globito por 50 pesos. Los adolescentes están empezando a consumir drogas ya no con marihuana sino con cristal, una sustancia que causa un grave daño neuronal, que los vuelve agresivos, que los mete en el crimen organizado”.
Ese es el complejo escenario que vive esta ciudad fronteriza donde, como en todo el país, también se mata porque se puede. La impunidad en los homicidios, coinciden las dos activista, manda la señal de que es posible cometer estos crímenes sin tener un castigo.
