El caos entre INM y Segob por el oficio que impide a ONG visitar centros de detención de migrantes
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El caos entre INM y Segob por el oficio que impide a ONG visitar centros de detención de migrantes

Gobernación dice no reconocer el oficio que “suspende temporalmente” el acceso de organizaciones. Las ONG denuncian que el documento oficializó un veto que se extiende desde hace semanas.
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El anuncio del Instituto Nacional de Migración (INM) de que suspendería temporalmente el acceso de las organizaciones sociales a los centros de detención abrió una nueva crisis para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Menos de tres horas después del anuncio, la Secretaría de Gobernación, de la que depende directamente el INM, se desvinculaba del oficio INM/DGCVM/0118/2020. A través de un tuit, Segob dijo “desconocer” el documento, que elaborado por Antonio Molina Díaz, director general de Verificación Migratoria, “sin contar con la autorización de las autoridades superiores”.

Fuentes del INM aseguraron a Animal Político que el miércoles habrá nuevos oficios para “reprogramar” las visitas de las ONG. Es decir, que se notificarán nuevas fechas para el acceso a los centros de detención. Estas fuentes no aclararon cuándo se fijarán estas citas, si serán esta semana o tendrán que esperar hasta la próxima. El argumento esgrimido en el oficio era que “debido a la contingencia (presumiblemente se refiere a la caravana), resulta necesario que el personal migratorio enfoque todos sus esfuerzos en atender a la población migrante, respetando en todo momento sus derechos humanos”. 

Ni en el INM ni en Segob explican qué significa “desconocer” el oficio. Es decir, si se anula por completo y el miércoles los activistas que tienen permiso podrán acceder a los centros de detención o si, por el contrario, se entregarán nuevas fechas que sustituyan a la “suspensión temporal” que se comunicó el martes. 

Lee: México, el otro muro de Trump que acabó con la caravana y la esperanza de migrantes

Desde el INM insisten en que no existe una prohibición de acceso a los centros de detención, sino que es una “reprogramación” de las visitas. Sin embargo, como publicó Animal Político hace una semana, diversas organizaciones llevan dos semanas encontrándose con las puertas de las estaciones migratorias cerradas. 

Ocurrió, al menos, en las estaciones de Villahermosa y Tenosique, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Palenque, Chiapas; y Ciudad de México y han sufrido el veto asociaciones como Asylum Access, Voces Mesoamericanas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías (a quien se ha negado los permisos para ingresar a Siglo XXI), Formación y Capacitación o Colectivo Kaltsilaltik.

 “Ningún gobierno lo había hecho antes. Ni (Felipe) Calderón ni (Enrique) Peña Nieto. No se está garantizando representación legal y además el INM no está haciendo identificación a personas que necesitan protección. Las están deportando de manera masiva, de cualquier aeropuerto, antes no se había visto esto”, dijo Alejandra Macías Delgadillo, miembro de Asylum Access. 

Después de ser vetada en Palenque, Villahermosa y Ciudad de México, su organización presentó un amparo el martes. Se trata de una acción contra los vetos directos a Asylum Access y no contra el oficio general. 

Macías Delgadillo denunció que con esta decisión se está vulnerando la Ley de Migración. Además, censuró que se impide que las personas que están encerradas tengan acceso a la representación legal o comuniquen con alguien independiente que no sea funcionario del INM. 

Salva Cruz, de Fray Matías, explicó que las asociaciones tienen previsto varias alegaciones contra la orden de cerrar los centros de detención. Por un lado, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Por otro, la vía judicial. Por último, apelar a los organismos internacionales como los relatores de la ONU sobre migración o contra la tortura. 

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“Van contra el derecho a defender derechos, contra el derecho a tener contacto con el exterior o a tener asesoría jurídica”, dijo. 

“Esto no había pasado nunca. Nos parece una señal muy fuerte de opacidad, de falta de transparencia”, afirmó Ana Saiz, directora de Sin Fronteras.

Todas las organizaciones consultadas coinciden en una idea: la decisión no tenía precedentes. Desde 2011, cuando comenzaron a funcionar las estaciones migratorias con la Ley de Migración, ningún presidente se había atrevido a cerrar la puerta de todos los centros a todas las organizaciones y en todo el país. Lo hizo la actual administración, que arrancó su mandato con la promesa de un “trato humanitario” para los migrantes y en un contexto excepcional: la llegada de la caravana. 

El 15 de enero, cientos de personas partieron desde San Pedro Sula, Honduras, con destino a Estados Unidos. Se trataba del primer éxodo masivo después del acuerdo del 7 de junio de 2018, por el que México se comprometió a reducir el flujo migrante a cambio de que no se impusieran aranceles a las exportaciones. 

La caravana trató de cruzar por Chiapas y Tabasco, pero sus integrantes chocaron con la barrera formada por la Guardia Nacional. Algunos aceptaron las normas del INM y se entregaron. Otros trataron de pasar irregularmente. La marcha fue definitivamente disuelta el jueves 23 de enero. Aquel día, al menos 800 personas, entre los que había hombres, mujeres y niños, fueron detenidos en Frontera Hidalgo, a medio camino entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, Chiapas. 

Desde la llegada de la caravana a la frontera sur mexicana, más de 2 mil personas han sido deportadas a Honduras en diez días. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que no tuvieron acceso a estas personas, por lo que no pudieron informarles sobre la posibilidad de pedir asilo o sobre opciones de regularización. Animal Político quiso saber cuántas personas iniciaron en este período el trámite de regularización, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta. 

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Con la llegada de la caravana se restringió el acceso a las estaciones migratorias del sur. Este oficio hacía extensibles las puertas cerradas a centros como el de Tijuana, donde no hay un solo migrante detenido que tenga que ver con la marcha de la semana pasada. 

¿Qué ocurrió para que Segob se desvincule?

La publicación del oficio que suspendía el acceso a las estaciones migratorias provocó una reacción en cadena que evidencia descoordinación al interior del INM y la secretaría de Gobernación. 

A primera hora de la tarde el documento comenzó a moverse por redes sociales. A las 18:45, en el chat de comunicación de la Segob, un oficial de prensa del departamento que dirige Olga Sánchez Cordero compartía una tarjeta informativa del INM. En ella se reconocía la autenticidad del oficio y se anunciaba que un día después se notificarían nuevas fechas para las visitas. Menos de tres horas más tarde, a las 21:36, Segob lanzaba un el tuit en el que se desvinculaba de lo que ellos mismos habían comunicado y aseguraba que el oficio no contaba con autorización.

¿Qué ocurrió en esas tres horas? Ni INM ni Segob ofrecen datos. Aunque los posicionamientos internacionales ya habían comenzado a aparecer. 

Especialmente significativo es un tuit conjunto de la ONU México, la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Unicef, Acnur y la OIM en el que “reconocen y valoran el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil” y señalan que “el trabajo de la sociedad civil en beneficio de migrantes y refugiados es fundamental para garantizar los derechos, ofrecer asistencia y orientación a la población dentro de las estaciones migratorias”.

Este posicionamiento tiene especial relevancia porque estas organizaciones participaron el viernes en una visita organizada por el INM a la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. Este tour ha sido presentado por Migración como una muestra de su voluntad de “transparencia”. Según fuentes presentes en la visita, esta tuvo una duración de dos horas y apenas en los últimos 20 minutos hubo acceso a los migrantes encerrados en el centro de detención. 

“El gobierno quiso instrumentalizarlo, tratando de sustituir el monitoreo permanente de las organizaciones con una visita guiada a una sola estación migratoria”, explica Salva Cruz. 

En México funcionan actualmente 53 estaciones migratorias y un número indeterminado de estancias temporales. Todos ellos son recintos cerrados en los que se encierra a los migrantes indocumentados hasta su regularización (en el menor de los casos) o su deportación. 

“Deportaciones exprés, falta de opción de refugio”

“Es inaudito. En el Servicio Jesuita al Refugiado no habíamos visto esto nunca. Incluso están violentado la propia ley de migración”, dice Claudia León, del Servicio Jesuita al Refugiado. El lunes, explica, ingresó en la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula. Dos días después, en principio, no podrá acceder.

La última visita de León al centro de detención sirve para explicar la importancia de estos monitoreos. Según relata, a través de los testimonios de algunos de los extranjeros encerrados, tuvo constancia de “deportaciones exprés, ausencia de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), imposibilidad de acceder al refugio”. 

“Es inaudito. En el Servicio Jesuita al Refugiado no habíamos visto esto nunca. Incluso están violentado la propia ley de migración”, dice León. 

Una de las grandes sospechas de las ONG: que el gobierno está aprovechando los espacios de opacidad para deportar a los migrante sin ofrecer oportunidad de asilo. Una estrategia que estaría pensada para desincentivar el flujo procedente de Centroamérica.

Animal Político desveló que en la primera semana desde la llegada de la caravana, la Comar no tuvo acceso a los centros de detención. De este modo, mientras el presidente López Obrador aseguraba en la conferencia mañanera que se había ofrecido refugio a los integrantes de la marcha, estos jamás pudieron hablar con la institución que regula el asilo.

Fuentes de Comar confirmaron a Animal Político que el martes lograron acceder a Villahermosa, Tabasco, donde 90 personas solicitaron iniciar su trámite de asilo, lo que impide que sean deportados hasta que se determine si merecen protección. 

“No se está garantizando representación legal y además el INM no está haciendo identificación a personas que necesitan protección. Las están deportando de manera masiva, de cualquier aeropuerto, antes no se había visto esto”, aseguró Alejandra Macías, de Asylum Access. 

“Esto es parte del doble discurso de Migración. En los comunicados informa que los está llevando a albergues, pero no, los encierra en centros de detención. Tampoco los rescata, porque no garantiza sus derechos. Si los rescatase les daría acceso al asilo o garantía a documentos de estancia por razones humanitarias”, dijo. 

Para explicar el alcance del veto a las organizaciones, Ana Saiz, de Sin Fronteras, utilizó el símil penitenciario: “¿Se imaginan que una cárcel impida a los presos comunicar con sus abogados?”, explicó. 

En realidad, las personas que están encerradas en los centros de detención de extranjeros no son presos, no han cometido ningún delito, pero están en un régimen cerrado como el penitenciario y a merced absoluta del INM. Organizaciones sociales han documentado cómo los funcionarios de Migración tienden a desinformar y desincentivar los intentos de los extranjeros para solicitar asilo. Si los migrantes no pueden hablar con los activistas, quedan sin información, vulnerables. Por primera vez en la historia, el INM intentó que la opacidad alcanzara a todos los centros de detención en el país.

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Por qué en México están apareciendo “antimonumentos” (y cómo reflejan los episodios más oscuros de su historia reciente)

Instalados por movimientos sociales en las calles de la capital mexicana, los "antimonumentos" intentan que las víctimas de casos de violencia emblemáticos y a la espera de justicia no se olviden.
8 de diciembre, 2020
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En México, un país donde nueve de cada diez delitos denunciados quedan impunes, los familiares de las víctimas luchan por conseguir que sus casos no caigan en el olvido.

Con ese objetivo afloraron en los últimos años en el país los llamados “antimonumentos”, unos memoriales que simbolizan historias muy distintas pero que comparten una finalidad: el recordar que sus casos continúan a la espera de justicia.

Todos fueron colocados en espacios de la vía pública por ciudadanos y movimientos sociales al margen de las autoridades, ya que precisamente lo que persiguen es “denunciar la inacción o poca empatía del Estado”, le dice a BBC Mundo el doctor en Antropología Alfonso Díaz Tovar.

Autor de la investigación “Antimonumentos. Espacio público, memoria y duelo social en México”, el experto destaca cómo los monumentos “tradicionales” son instalados por el Estado para que perduren en el tiempo y representen “discursos oficiales y verdades históricas”.

“Pero los antimonumentos surgen para deconstruir esas posturas oficiales mediante una apropiación del espacio público, digamos ‘caótica’, y que sí tienen una temporalidad”, apunta.

Así, según Díaz Tovar, mientras los monumentos representan ideas generales sobre la historia de una nación, los antimonumentos simbolizan historias que aún no han terminado, que actúan como una memoria que no está cerrada sobre algo pendiente y que no ha podido acceder a la justicia.

Varios de estos conjuntos están distribuidos por buena parte de México, como la imponente cruz de clavos en Chihuahua (y su réplica en Ciudad Juárez) que fue uno de los primeros que se instaló para representar a cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde los años 90.

Sin embargo, probablemente son los antimonumentos de la capital del país los que logran mayor atención, al haberse levantado en puntos emblemáticos y muy transitados de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Esta es la historia -y la reivindicación- de los siete antimonumentos de Ciudad de México.

1. Los 43 de Ayotzinapa

Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Marcos González

El primer antimonumento fue levantado en 2015 en memoria de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y reconocidos internacionalmente en la historia reciente de México.

Un año antes, 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio de Iguala.

Seis años después, el caso sigue sin resolver y está considerado como uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en el país.

El Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital mexicana, se convirtió en escenario de habituales protestas por este caso y fue el lugar donde sus padres inauguraron un gran “+ 43” en rojo, en alusión a las otras miles de personas desaparecidas en México.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se lee en la base del antimonumento.

2. La desaparición de David y Miguel

Antimonumento a la desaparición de Miguel y David

Marcos González

A pocos metros, se encuentra otro antimonumento que recuerda precisamente otro caso de desaparición que tampoco fue resuelto.

Se trata de David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano cuando se dirigían al estado de Guerrero para festejar el 20º cumpleaños de uno de ellos.

Los captores se comunicaron con la familia, que llegó a pagar un rescate. Las autoridades iniciaron una investigación pero, en todo este tiempo, ni los jóvenes fueron liberados ni se logró detener a los responsables.

Sus familiares, sin embargo, denunciaron en numerosas ocasiones “inacción” por parte de la policía, y aseguraron que fueron ellos mismos quienes investigaron el paradero de sus hijos rastreando por ejemplo la señal de sus teléfonos, que los secuestradores siguieron utilizando.

La instalación representa una forma de letra T azul que simula dos siluetas dividas a la mitad y los transeúntes son llamados a colocar un candado en su base como muestra de apoyo.

3. Incendio de la guardería ABC

Antimonumento a los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.

Marcos González

En el mismo Paseo de la Reforma, un “ABC” de colores recuerda a los 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería que llevaba este nombre en Hermosillo, estado de Sonora. Más de un centenar resultaron heridos.

El fuego se originó en los archivos de un edificio del gobierno estatal contiguo a la guardería mientras los pequeños dormían la siesta. Parte del personal se encontraba en la hora de la comida, y otros ya habían concluido su turno.

Las labores de evacuación fueron caóticas y se prolongaron durante 30 minutos. Vecinos de la zona abrieron boquetes en las paredes incluso con vehículos ante la falta de salidas de emergencia y extintores suficientes.

Cerca de 20 personas, entre funcionarios y encargados del cuidado de los niños, fueron condenadas a prisión. Pero cuando el año pasado se cumplió una década de la tragedia, ninguna había ingresado en la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo.

Los familiares denuncian que no se ha hecho justicia y por eso colocaron el antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual la guardería prestaba sus servicios de manera subrogada.

4. La explosión en la mina de Pasta de Conchos

Antimonumento a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.

Marcos González

Un gran “+ 65” pide justicia para los 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Un año después, la compañía a cargo de la explotación de la mina suspendió las tareas de rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. Argumentó que se ponía en riesgo la vida de los equipos de emergencia.

Varias familias denunciaron que, de ser rescatados los cadáveres, podría evidenciarse que las condiciones de trabajo en la mina no eran adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, como concluyó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2021 se reanudará el rescate de los cuerpos atrapados. También confirmó que este año los familiares de los fallecidos recibirían sendas indemnizaciones.

Su antimonumento se encuentra desde 2018 en Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, los familiares colocaron junto a él decenas de cascos como símbolo de los mineros que quedaban por rescatar.

5. La masacre de Tlatelolco

Antimonumento a la masacre de Tlatelolco.

Marcos González

El simbólico Zócalo de Ciudad de México fue el lugar elegido para inaugurar un antimonumento cuando se cumplieron 50 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, convocadas por un movimiento de estudiantes cada vez más activo que protestaba contra el gobierno y la violencia de la policía.

Pero ese 2 de octubre la actuación fue aún más desmedida. Cientos de soldados y miembros de grupos paramilitares iniciaron una balacera contra la multitud que participaba en un mitin pacífico. No hay un balance oficial de víctimas, aunque se estima que mataron a cientos de personas.

No fue hasta 2006 que el expresidente Luis Echeverría -quien era secretario de Gobernación en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- quedó en arresto domiciliario acusado de genocidio, aunque fue exonerado tres años después. Ningún funcionario fue declarado nunca culpable.

La emblemática frase “2 de octubre no se olvida” y otra que reza “Fue el Ejército, fue el Estado” pueden leerse en el antimonumento dedicado a una masacre que dio un vuelco a la vida política y social de México para siempre.

6. “Antimonumenta” contra los feminicidios

Antimonumento a los feminicidios

Marcos González

Un antimonumento para denunciar la violencia contra las mujeres parece inevitable en México, un país donde diez mujeres son asesinadas cada día.

El conocido como “Antimonumenta” fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer del año pasado frente al Palacio de Bellas Artes.

Convertido en punto central de muchas de las marchas de mujeres organizadas en los últimos meses en la capital mexicana, junto a él suelen verse veladoras, flores, cruces rosas, fotografías de decenas de mujeres asesinadas o desaparecidas en el país y mensajes exigiendo justicia.

“Ni una más. No más feminicidios”, se lee en este antimonumento que fue saboteado durante una marcha de opositores al aborto el pasado año.

7. Masacre de migrantes de San Fernando

Antimonumento de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas.

AFP

El último en sumarse a la lista de antimonumentos de Ciudad de México fue un “+72” instalado el pasado agosto en Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para reclamar justicia por la masacre ocurrida en San Fernando diez años antes.

En agosto de 2010, 72 personas migrantes -la mayoría de origen centroamericano- fueron brutalmente asesinadas en esta localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México.

El grupo fue secuestrado mientras viajaba en autobús por el cartel de Los Zetas, que los acribilló después de negarse a pagar el dinero que les exigían por dejarlos libres.

Los captores los vendaron, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balearon. Solo dos personas lograron escapar. Ninguna persona llegó a ser condenada por este espeluznante hecho.

Con el mensaje “migrar es un derecho humano”, el antimonumento fue colocado como homenaje a las víctimas de esta masacre y a todos los migrantes muertos o desaparecidos en el peligroso viaje que emprenden cada año hacia territorio estadounidense.


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