Madres de niños enfermos le dicen a AMLO: “Sin medicamentos, el cáncer se está comiendo a nuestros hijos”
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Archivo Cuartoscuro

Madres de niños enfermos le dicen a AMLO: “Sin medicamentos, el cáncer se está comiendo a nuestros hijos”

Un grupo de 60 madres de niños y niñas con cáncer de Nuevo León, Coahuila, y Tamaulipas, interpusieron un amparo ante la justicia federal para obligar al IMSS a que les proporcione los medicamentos y el tratamiento necesario.
Archivo Cuartoscuro
16 de enero, 2020
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Severa Hernández dice que un día sin medicamentos, es un día en el que el cáncer se apunta una victoria en la lucha a contrarreloj por salvar la vida de su hijo, un niño de 11 años de nombre David Eduardo. 

Severa es de Monterrey, Nuevo León. Allí, en la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el año pasado le informaron que su hijo padecía una enfermedad de nombre raro, la Leucemia Linfocítica Aguda; un tipo de cáncer de crecimiento rápido que ataca principalmente a niños. 

La noticia le cayó como una bomba que hizo añicos su vida. Pero aún así, se recompuso como pudo. Le trató de explicar a su hijo qué era la enfermedad que avanzaba en su organismo y le hizo la firme promesa de que haría todo cuanto fuera posible para ganarle la partida a la enfermedad. 

Severa cuenta en entrevista que sabe del reto titánico que implica cumplir esa promesa. Pero, con lo que no contaba, es que tendría que pasar por un calvario -otro más- para lograr las armas con las que hacer la lucha: los medicamentos. 

Lee: Al final de 2020 habrá gratuidad total en los tres niveles de atención en salud, promete subsecretario

Desde mayo del pasado 2019, la regiomontana explica que empezaron los problemas para conseguir los fármacos y las quimioterapias para salvar a David Eduardo. Al principio empezaron a escasear algunos medicamentos, que ella misma compraba de su bolsillo. Unos, como la Vincristina, cuesta 900 pesos la dosis para dos semanas. Y otros, como el Cardioxane, que se emplea para proteger el corazón del paciente durante el tratamiento médico agresivo, se dispara a más de 7 mil pesos. 

Demasiado dinero, lamenta Severa, que explica que, con su trabajo de auxiliar de limpieza, más algún plus vendiendo comida, apenas junta mil pesos a la semana para hacer frente a semejante gasto. 

“Yo vendo empanadas, tamales, boteo en la calle, y hago lo que sea por obtener los medicamentos de mi hijo”, enfatiza la mujer. 

“Pero aún así no alcanza -agrega a colación-. Si no fuera porque hay organizaciones que nos apoyan, y amigos que nos apoyan, no sé de dónde sacaría el dinero. Gracias a ellos he podido solventar la última quimio de mi hijo”. 

Por eso, cuando otras madres que están en su misma situación decidieron hacer en noviembre pasado una marcha y un plantón enfrente del Palacio de Gobierno de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, para protestar por la falta de medicamentos para los niños con cáncer, no lo dudó y se sumó a la protesta. 

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Van 60 pacientes amparados

Y fue en ese momento cuando una puerta se les abrió: al ver la manifestación por televisión, los abogados Andrea Rocha Ramírez y Marco Antonio Vargas contactaron al grupo de mamás y les ofrecieron, de manera gratuita interponer un amparo colectivo ante la justicia federal para que un juez tomara cartas en el asunto.

Los abogados ya tenían experiencia en este asunto. En mayo pasado, un juez de distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México les otorgó una suspensión de plano en beneficio de cinco personas con VIH provenientes de Tamaulipas y Querétaro, tras la demanda que interpusieron contra la Secretaría de Salud y la Presidencia de la República, luego del desabasto de medicamentos antirretrovirales registrado en abril en varias entidades del país. 

Muchas de las madres no sabían qué era un amparo y para qué servía, pero funcionó. El juez ordenó a la dirección de la Clínica 25 del IMSS de Monterrey que, de manera inmediata, surtiera el medicamento para que los niños fueran atendidos a tiempo.  

Como resultado, la abogada Andrea Rocha señala en entrevista que otras madres que tienen hijos con cáncer, y que viven en otros estados como Coahuila, Tamaulipas, el Estado de México, y la Ciudad de México, también acudieron con ellos para promover más amparos colectivos. 

En total, la abogada dice que a la fecha llevan ya siete que representan a 60 quejosos por falta de medicinas. Y de esos amparos, que van contra el IMSS, la Secretaría de Salud, y la Presidencia de la República, el último lo interpusieron ayer miércoles ante el Poder Judicial de la Federación, en la sede ubicada al sur de la capital junto a Periférico, en representación de cinco menores de edad. 

“Ahora, cada vez que veo a una mamá que le dicen que no hay medicamento para su hijo, le digo que puede hacer como nosotras y poner un amparo, porque es su derecho. Pero muchas tienen miedo a que el IMSS, o el hospital, tome represalias en contra de ellas o de sus hijos”, expone Severa. 

“Pero el miedo hay que tenerlo a la enfermedad -añade rotunda y sentencia-. Porque cada día que pasa sin que nos den los medicamentos, es un día que el cáncer se come lentamente a nuestros hijos”. 

María Cristina Tinajero, madre de Víctor Efrén, de 18 años, es una de las madres que se sacudió el temor. Tras la última recaída a finales del año pasado de su hijo, también paciente de Leucemia, y de tener que buscarse la vida durante meses para encontrar y poder comprar una larga lista de medicamentos, decidió unirse al grupo de madres de la planta 9 de oncología infantil de la clínica 25 del IMSS de Monterrey. 

“A mi hijo lo diagnosticaron en mayo del año pasado. Inició el tratamiento en junio, pero para octubre comenzó a faltarle los medicamentos. Por eso, ya desesperada, busco ampararme ante la justicia. Para que nos escuchen y nos den la ayuda que necesitan nuestros hijos”, señala María Cristina. 

Aún así, no todo está siendo tan fácil. 

A pesar del mandato de los jueces, la abogada Andrea Rocha denuncia que en el Hospital 25 del IMSS de Monterrey no están brindando todos los medicamentos a las mamás que ya recibieron el amparo favorable.

De ahí que mamás como Severa Hernández tengan que seguir acudiendo a los grupos de Whatsapp de las madres que están en su misma situación para averiguar en qué estados de la República si disponen de los fármacos que necesita su hijo, y pedir a alguien que se los mande, con el riesgo que ello implica: que le vendan medicinas caducadas, o que, simplemente, nunca llegue a sus manos y pierda el dinero invertido y un tiempo valioso que su hijo no puede permitirse.

“Es una gran impotencia cuando llegas al hospital y te dicen: no te puedo dar el medicamento porque no hay. ¿De dónde quieres que lo saque? Por eso, mi hijo ya me dice: ¿para qué me traes aquí, si ya sabes que no me dan el medicamento?”.

“Necesitamos ayuda -subraya la madre de David Eduardo-. Necesitamos que el presidente López Obrador se ponga en los zapatos de nuestros niños, que nos ayude. La próxima semana tengo que volver con mi hijo a la planta 9 de la Clínica del IMSS de Monterrey. Lo invito a él y a su equipo a que vengan y chequen las condiciones en que están nuestros hijos, y para que vean cómo nos dicen una y otra vez que no hay medicamentos para salvarlos”. 

Problemas de producción y de proveedores

Por su parte, el IMSS en Nuevo León aseguró que la falta de medicamentos para las quimioterapias de los niños y niñas en la Clínica 25 no es por falta de recursos, sino por problemas de producción y de proveedores. 

“La falta de medicamentos oncológicos utilizados para el tratamiento en menores no es un problema de falta de recursos en el IMSS. La UMAE Nº 25 cuenta con presupuesto suficiente y actualmente aplica más de 25 mil dosis de medicamentos al mes”, informó la institución en un comunicado que publicó el 25 de octubre pasado, tras la protesta de las madres de niños con cáncer en Monterrey. 

Antes, a finales de agosto, el presidente López Obrador dijo que el tema de la falta de medicamentos para niños y niñas con cáncer lo atendería la Secretaría de Salud federal, y planteó la posibilidad de que, en caso de desabasto, los propios médicos y enfermeras podrían tomar la decisión de comprar los medicamentos. 

“Vamos a suponer que en un hospital, una niña, un niño, y -aceptando sin conceder- que no tiene el medicamento, ¿qué sociedad somos, si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño?”, declaró el mandatario en una de sus habituales conferencias mañaneras, el pasado 31 de agosto. 

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El país que tardó una década en darse cuenta de que le robaban cientos de miles de barriles de petróleo diarios

El descubrimiento de una tubería paralela de 4 km de largo construida por ladrones para robar el crudo de Nigeria deja muchas preguntas y sospechas de corrupción.
25 de octubre, 2022
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El descubrimiento de una red de oleoductos ilegales en la región del delta del Níger en Nigeria ha revelado el alcance del robo de petróleo, que es parte de una oscura pero enormemente lucrativa industria del crudo en el país.

En el estado de Delta, en el sur del país, los ladrones construyeron su propia tubería de 4 km de largo a través de los arroyos fuertemente custodiados hasta el océano Atlántico.

Allí, embarcaciones cargaron descaradamente el petróleo robado desde una plataforma de unos 7 metros visible desde kilómetros en mar abierto.

“Fue un trabajo profesional”, dijo el jefe de la empresa estatal de petróleo, la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC), Mele Kyari, mientras caminaba sobre un pantanoso y resbaladizo sendero durante una visita televisada al lugar.

Sospechas de corrupción

El petróleo crudo es la principal exportación de Nigeria, pero la producción y los ingresos han disminuido durante años debido a los robos, afirman las autoridades.

La producción de petróleo cayó de 2,5 millones de barriles por día en 2011 a poco más de un millón en julio de 2022, según el organismo regulador.

Las autoridades dicen que se perdieron más de US$3.300 millones por el robo de petróleo crudo desde el año pasado.

Hombres en overoles azules

NNPC
El jefe de la compañía petrolera estatal de Nigeria lidera a un equipo de seguridad a través de un rastro de petróleo dejado por ladrones.

Esto ocurre en un momento en que otros productores están derrochando petrodólares y Nigeria ni siquiera puede cumplir con su cuota de producción.

Y no es que el país pueda permitirse perder dinero con los ladrones, ya que está sumido en una pobreza generalizada y una gran deuda.

Muchos dicen que el reciente descubrimiento de los oleoductos ilegales confirma las viejas sospechas de corrupción masiva en el sector, donde hay poca transparencia.

La industria petrolera de Nigeria tiene un historial documentado de corrupción, desde un esquema interminable de subsidios de combustible en el que nadie sabe realmente cuánto se importa, hasta la oscura asignación de áreas de exploración petrolera.

Tompolo

Que el robo haya sido descubierto por una empresa de seguridad privada y no por las autoridades también aumentó el enojo y las sospechas.

Pero Government Ekpemupolo, conocido como Tompolo, no es un contratista de seguridad privada común.

Government Ekpemupolo

Jacob Abai
Tompolo ejerce una enorme influencia en la región del delta del Níger

El jefe de 51 años del reino de Gbaramatu en el estado de Delta rico en petróleo estuvo involucrado en el pasado en la voladura de los mismos oleoductos que ahora protege gracias a la concesión de un controvertido contrato de 48.000 millones de nairas (US$110 millones) del gobierno a finales de agosto.

Podría decirse que es el exmilitante petrolero más rico de Nigeria, que una vez fue el hombre más buscado del país y que, en un momento, incluso vendió al Estado una flota de buques de guerra.

También conoce la geografía del delta del Níger, los pozos de petróleo y los oleoductos oficiales, por lo que muchos creen sus comentarios sobre la identidad de los ladrones.

Muchas de las personas de seguridad están involucradas porque no hay forma de que puedas cargar un barco sin arreglar a las personas de seguridad en esa región”, le dijo Tompolo a Channels TV.

También sugirió que gran parte del petróleo fue robado precisamente de aquellas áreas donde había puestos de control del ejército y la marina.

El ejército no respondió a estas acusaciones, pero es poco probable que contradigan abiertamente a un hombre con el que se han asociado para acabar con el robo de petróleo.

Lucky Irabor, jefe del Estado Mayor de Defensa de Nigeria, que formó parte de la comitiva que recorrió el rastro de los ladrones escoltada por los hombres de Tompolo, dijo que fue una “revelación” y prometió una investigación.

Antecedentes

No es la primera vez que las agencias de seguridad de Nigeria, especialmente los altos mandos del ejército y la marina, son acusados de robo de petróleo.

En enero, Nyesom Wike, gobernador del estado vecino de Rivers, dijo que un superintendente de policía estaba involucrado en el robo de petróleo en el área de Emuoha, en ese estado, y quería que lo echaran.

En 2019, Wike también acusó a un comandante militar de alto rango de participar en un robo masivo de petróleo en el estado, lo cual fue negado.

Efectivos de seguridad se paran alrededor de un oleoducto

Jacob Abai
Los contratistas de seguridad privada llevaron al personal de seguridad de Nigeria a la escena del enorme robo de petróleo.

Que la corrupción a esta escala sucediera directamente bajo el presidente Muhammadu Buhari, quien también ocupa el cargo de ministro de Petróleo de Nigeria,pone en entredicho su postura en la lucha contra la corrupción, dijo Salaudeen Hashim de la Fundación CLEEN, una ONG anticorrupción.

Buhari fue elegido en 2015 con la promesa de lucha contra la corrupción, pero muchos cuestionan cuán efectivo fue su gobierno.

“El alcance del robo de petróleo en curso podría no conocerse completamente hasta que esta administración deje el cargo en mayo”, le dijo un analista a la BBC.

Industria lucrativa

Desde su independencia en 1960, Nigeria ha sido gobernado intermitentemente por militares que tomaron el poder mediante golpes de Estado, dejando atrás una huella de corrupción financiada a través de la vasta industria del petróleo y el gas en el delta del Níger.

Los despliegues de oficiales a la región para proteger las instalaciones petroleras son considerados lucrativos tanto por altos funcionarios de seguridad como por la base, quienes hacen lobby y pagan sobornos para conseguirlos, dijo Hashim.

“Una vez allí, es una carrera para acumular riquezas ilegales”, agregó.

El reciente incendio de un buque incautado por acusaciones de transportar 650.000 litros de crudo robado en el estado de Delta también ha llamado la atención.

Un hombre con uniforme azul vierte un líquido en un bidón mientras otro observa

AFP
Los agentes de seguridad de Nigeria realizan redadas en los escondites de los ladrones de petróleo, pero fueron acusados de sustraer dichos productos.

Muchos cuestionaron por qué los agentes de seguridad fueron tan rápidos en destruir la evidencia -parte del éxito reciente de Tompolo-, pero el jefe de defensa de Nigeria dijo que como el barco incautado estaba contrabandeando petróleo robado, no era necesaria una investigación.

La motivación de Tompolo para tomar medidas enérgicas contra el robo de crudo ha dejado a muchos desconcertados.

A él le pagan por ello y ha hablado con entusiasmo de su amor por Nigeria y el medio ambiente del delta del Níger, pero este es el mismo Tompolo, dicen muchos, que hizo estallar oleoductos en el pasado.

Como señaló un experto, los oleoductos ilegales descubiertos por Tompolo han estado hasta ahora en el estado de Delta, donde ejerce un enorme poder.

Es poco probable que alguien haya operado pacíficamente tales instalaciones en su territorio durante años sin su conocimiento, dijeron.

En el pasado hubo enfrentamientos mortales entre las fuerzas de seguridad y los militantes armados que operan en la región, pero las cosas estuvieron relativamente tranquilas durante años, y muchos dicen que en el fondo hay un acuerdo de ambas partes para no interferir en los “negocios” del otro.

Los únicos perdedores, al parecer, son los nigerianos respetuosos de la ley y, tal vez, las empresas petroleras. Estas últimas tampoco ganan mucha simpatía en el país.


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