Los mexicanos que huyen de la violencia y que Trump quiere enviar a Guatemala
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Alberto Pradilla

Los mexicanos que huyen de la violencia y que Trump quiere enviar a Guatemala

Estados Unidos plantea enviar a Guatemala a los mexicanos que pidan asilo en la frontera. Cientos de personas que huyen de la violencia en Guerrero, Michoacán o Veracruz llegan a esperar seis meses en Tijuana hasta que son llamados para su primera cita con el juez.
Alberto Pradilla
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Lilian tiene 26 años, es de Tecpan de Galeano, Guerrero, y solo permitirá que le tomen una fotografía. 

Tendrá que ser de espaldas, en el acceso de El Chaparral, una de las fronteras terrestres de Tijuana, Baja California, con Estados Unidos. Será con sus dos hijos de la mano, mochila en la espalda, en el momento en el que los encargados de la fila de solicitantes de asilo les llamen para cruzar al norte y comience su pelea para que la reconozcan como merecedora de protección. 

“La gente mala, la maña, querían que trabajase para ellos. Y si uno no acepta, le matan a los hijos”, explica, desde el albergue Misión Evangélica Roca de Salvación, en Tijuana. Ahí pasó los últimos seis meses, desde que el 30 de mayo decidiese hacer las maletas y escapar de Guerrero.

Lee: En 2019, detenciones de menores migrantes y de niños no acompañados batieron todos los récords en México

“Querían que fuera una delincuente igual que ellos. Que cobrara cuota, que entrara a bares, gasolinerías y restaurantes, a checar. Si no obedeces, te agarran y te matan con toda tu familia”, dice. 

Sabe bien de lo que habla. Su amiga Rosita, de 22 años, fue asesinada hace un mes. Llevaba tiempo recibiendo amenazas, pero no siguió los consejos de Lilian, que le suplicó para que le siguiese. Terminó tiroteada. 

Lilian tiene miedo de que la maten. También teme por su familia, su padre, su madre, su hermana, que se quedaron en Guerrero. Por eso solo acepta una única foto. Una foto de espaldas justo antes de entrar en lo que considera territorio seguro. 

“Está muy feo Guerrero. Están matando a gente sin piedad, se llevan a niños… esta es la triste realidad que estamos viviendo. Por eso pedimos el asilo. Por mi situación, no puedo regresar”, dice. 

Lilian es una mexicana a la que México no es capaz de garantizar que un día no llegarán tipos armados a matarla como hicieron con Rosita. 

Familias enteras huyen de sus estados por los niveles de violencia. Foto: Alberto Pradilla.

Entre enero y noviembre fueron asesinadas 31 mil 688 personas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por eso la mujer quiere pedir asilo en Estados Unidos. No quiere convertirse en otra víctima. 

Como ella, cientos de mexicanos esperan en Tijuana su cita con las autoridades estadounidenses. Son de Guerrero, de Michoacán, de Veracruz. Huyen de la violencia y no quieren regresar a casa. México no lleva un registro de cuántos de sus ciudadanos solicitan asilo en Estados Unidos, según fuentes del INM. La organización Families Belong Together, que trabaja con migrantes y solicitantes de asilo, estima que en la lista hay unas 8 mil personas, y que de ellas la mitad son mexicanas. 

La mayoría de ellos ni siquiera tendrá éxito. Según datos de la Universidad de Syracusa, en el ejercicio fiscal de 2018 únicamente 5 mil 379 recibieron una respuesta positiva. Se trata del 14,5% de los mexicanos que pidieron asilo. Es decir, que al menos ocho de cada diez mexicanos que recurrieron a Estados Unidos para pedir protección fueron rechazados. 

Las autoridades norteamericanas quieren ahora ponerles las cosas cada vez más difíciles. 

El Gobierno de Donald Trump negocia con Guatemala enviar allí a los solicitantes de asilo, incluidos los mexicanos. Así lo aseguró en Twitter subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), Ken Cuccinelli. El funcionario incluyó esta opción dentro del diálogo abierto con el gobierno de Jimmy Morales para la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo, que es como se llama el plan para convertir a Guatemala en un “tercer país seguro”. Por ahora, a cuentagotas, han llegado hondureños y salvadoreños, aunque ni siquiera se ha hecho público el documento firmado por las autoridades guatemaltecas.

Lee: ONG ayudan a niñas migrantes que llegan a México y sufrieron violencia, abusos, pobreza

Si este proyecto sale adelante se dará una paradoja: México, el país que ha acogido a 57 mil solicitantes de asilo en 2018, ejerciendo de facto como “tercer país seguro”, se verá afectado también por la política de Estados Unidos de obligar a esperar a las víctimas de la violencia en países igualmente violentos y expulsores de compatriotas.  

Si este proyecto sale adelante, Lilian podría terminar en Guatemala: un país que no conoce, en el que no tiene red familiar y que ni siquiera tiene recursos para soportar la llegada de solicitantes de asilo. Según datos del Banco Mundial, seis de cada diez guatemaltecos son pobres. 

Animal Político consultó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre estos planes, pero declinaron hacer declaraciones. 

El 25 de noviembre, a las 9 en punto de la mañana, tocó el turno de Lilian en el paso de El Chaparral. Atrás quedaban seis meses en los que no pudo trabajar ni sus hijos fueron escolarizados. Seis meses viviendo de la caridad del albergue evangélico que le dio refugio, sin ningún tipo de apoyo de su gobierno. 

Cuando la mujer encargada de los turnos voceó su nombre con un megáfono, Lilian se puso nerviosa. Sabía que sería encerrada con sus hijos. Que estaría en ese lugar conocido como “la hielera”, las celdas en las que el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) encierran a migrantes irregulares y solicitantes de asilo.

“No te voy a negar que tengo miedo, claro que tengo miedo, pero esto lo hago por los niños”, dijo, justo antes de atravesar la barrera metálica y entrar en el paso fronterizo.

El día den el que Lilian entró a Estados Unidos, otro medio centenar de personas aguardaba en El Chaparral. En este pequeño espacio bajo un puente se concentran víctimas de cualquier tipo de grupo criminal, mexicano o extranjero. 

Un tipo de Michoacán que se queja de la extorsión de 50 mil pesos que le exigieron hombres encapuchados y armados en nombre de la Familia Michoacana. Un empresario de Veracruz acompañado por toda su familia que maldice el día en el que un grupo del crimen organizado (no da nombres) le exigió el pago de renta para seguir vivo. Mirando más al sur, una mujer salvadoreña temerosa de que las pandillas, el Barrio 18 o la Mara Salvatrucha, pudiesen captar a alguno de sus seis hijos. Mucho más lejos, un camerunés explica que en su país hay una guerra entre la mayoría francófona y la minoría anglófona y que los jóvenes como él son objetivos del gobierno.

Cada mañana, decenas de personas se concentran desde las seis de la mañana confiando que llegue su turno. El sistema de la lista permite que no se agolpen todos los solicitantes en la frontera y no se genere el caos. Cada vez que llega una persona, se inscribe en este documento y recibe un número. En cada número van diez personas. Puede checarse por dónde va la lista en una página web. Mientras tanto, toca esperar. Quienes tienen recursos, pueden pagarse un hotel. Los que no, recurren a albergues o a la caridad. 

 “Estamos en una situación difícil. Pero vengo a pedir asilo porque peligra mi vida y tengo una hija, mi esposa… Es difícil. Uno tiene una vida realizada, estás cumpliendo tus metas, tu casa, trabajo estable, una vida hecha. Y ocurre esto”. Ricardo tiene 35 años y viene de Acapulco, Guerrero. En su mochila, una carpeta con todas las razones que tiene para huir. La principal: la desaparición de su hermana Laura el pasado 23 de mayo. Salió de casa hacia el trabajo en un restaurante de Acapulco, pero nunca llegó. Al día siguiente encontraron su coche, pero no había rastro de ella. 

“Espero que al menos entreguen el cuerpo a mi mamá, por eso ella se queda”, explica Ricardo. 

La historia de esta familia es trágicamente habitual. Malas compañías de la hermana, que trata de rehacer su vida hasta que un día la desaparecen. Su familia comienza a buscarla, hace ruido y recurre a la policía. Y entonces comienzan las amenazas en su contra. 

“Les enojó que empezásemos a denunciar la situación y nos dijeron que si seguíamos así nos iban a matar”, explica. “Han matado a familias completas”, dice, con miedo.

Cada mañana, decenas de Lilians o de Ricardos aguardan su turno en El Chaparral. La violencia no cesa así que no desaparecen las razones para huir. Abandonados por su gobierno, estos mexicanos enfrentan ahora el peligro de ser expulsados a un país que no conocen a 4 mil kilómetros de la frontera con Estados Unidos y sin recursos económicos. Otra vuelta de tuerca más en el proyecto de alejar a las víctimas de la protección.

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Qué es el kafala, el controvertido sistema de empleo por patrocinio que 'esclaviza' a los trabajadores

Miles de trabajadores viajan a los países del Golfo, Jordania y Líbano con el sueño de ahorrar dinero para ayudar a sus familias, pero acaban en un ciclo interminable de abuso.
6 de octubre, 2021
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Pensó que había encontrado el empleo de su vida, pero terminó cautivo y obligado a trabajar gratis.

Athenkosi Dyonta, un barista de 30 años, trabajaba en un café en la ciudad de George, un popular sitio de vacaciones en su país natal, Sudáfrica.

El joven solía compartir su “arte en latte“, los diseños que se hacen con leche sobre el café, con baristas de todo el mundo en un grupo de Facebook.

Fue allí donde una mujer lo contactó con una oferta de trabajo en Omán.

Además de un salario decente, le ofrecían alojamiento, comida y transporte gratuitos.

La mujer dijo que se ocuparía de su visa. Todo lo que Athenkosi tendría que hacer era pagar un boleto de avión, un chequeo médico y una prueba de covid-19.

Taza de latte con diseños hechos con el café sobre la leche

Getty Images
Athenkozi fue contactado en un grupo de Facebook donde compartía su “arte en latte”.

“Pensé que cuando él regresara después de un año más o menos nos compraríamos una casa y podríamos enviar a nuestros niños a mejores escuelas”, recordó su novia Pheliswa Feni, de 28 años, con quien tiene dos hijos.

La pareja pidió prestado dinero para el pasaje aéreo de Athenkosi, quien poco después viajó a Omán.

Al llegar al país árabe, el barista fue conducido desde la capital, Muscat, a una ciudad llamada Ibra, donde lo trasladaron a su nuevo hogar.

“Era un lugar sucio, una habitación pequeña, con apenas un colchón y cajas”, le dijo Athenkosi al podcast The Comb de la BBC.

La sorpresa fue solo el inicio de un período de enorme angustia para el joven, quien se enteró poco después de que el “empleo de sus sueños” no existía.

Athenkosi Dyonta lavando tazas en Omán

Athenkosi Dyonta
En Omán, cuando Athenkosi no estaba trabajando debía permanecer encerrado en su habitación.

Athenkozi pasó a trabajar de 12 a 14 horas al día en tareas de limpieza en cafés.

Cuando no tenía que trabajar lo obligaban a permanecer encerrado en su habitación. La comida era terrible y no le pagaban.

“Comía solo pan y leche, a veces un panecillo con un huevo. No recibía ningún salario, solo trabajaba”.

Lo que el joven no sabía era que había firmado un acuerdo de patrocinio utilizado en partes del Medio Oriente llamado “kafala”, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros.

A la merced del empleador

“El sistema de kafala o patrocinio ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores”, le señaló a BBC Mundo May Romanos, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos de migrantes en la región del Golfo .

Romanos es una de las autoras de un informe de AI de 2019 sobre el sistema de kafala en Líbano.

La palabra árabe kafala significa garantizar.

En este sistema “los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan ese patrocinio”.

“Y el empleador puede en cualquier momento cancelar el permiso de residencia y dejar al trabajador como un ilegal en riesgo de ser deportado”, explicó Romanos.

“El trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso de su empleador, así que acaba atrapado en un ciclo de abuso”.

El sistema fue creado para asegurar una oferta abundante de mano de obra barata durante una era de boom económico.

Sus defensores aseguran que beneficia a las empresas locales y es un factor que impulsa el desarrollo, aunque el sistema se ha vuelto cada vez más polémico por las denuncias de casos de abuso.

A pesar de la posible explotación, los trabajadores muchas veces aceptan trabajos en el sistema de kafala porque la paga que se ofrece es mejor que la que obtendrían en sus propios países, señala el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Nueva York.

Muchos trabajadores envían remesas a sus hogares, que según el Banco Mundial pueden ayudar a aliviar la pobreza en países de medianos y bajos ingresos. En 2019, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estuvieron entre los 10 países desde donde se enviaron más remesas.

Los valedores del sistema argumentan que facilitar la entrada legal de trabajadores a la región hace que éstos sean menos vulnerables al tráfico de personas.

Quienes se oponen, sin embargo, señalan que se requieren mayores garantías legales para proteger a los trabajadores, agrega el análisis de CFR.

Mujeres protestando en Líbano con un cartel que dice "abajo el kafala". 2019

Getty Images
“Abajo el kafala”. Trabajadores migrantes protestaron contra este sistema en Líbano.

El sistema de kafala se aplica con variaciones en todos los países del Golfo, además de en Jordania y Líbano.

“En Líbano, por ejemplo, los trabajadores migrantes no pueden cambiar de empleo sin el permiso del empleador pero sí pueden salir del país”, afirmó Romanos.

“Aunque en la práctica es muy difícil hacerlo si el empleador se niega a pagar el pasaje aéreo, ya que estos trabajadores ganan muy poco. En muchos casos además los empleadores confiscan sus pasaportes“.

“Historias desgarradoras”

El informe de 2019 de Amnistía Internacional se centra en el caso de las trabajadoras domésticas.

Uno de los testimonios que recoge el reporte es el de Mary, una trabajadora de Etiopía que viajó a Líbano, donde aseguró haber sufrido abuso físico y verbal.

“Estuve en la casa de mis empleadores sin salir durante un año, trabajaba 18 horas al día. Lloraba todos los días y traté de acabar con mi vida en tres ocasiones. Su casa era mi prisión”, relató Mary.

“La historia de las trabajadoras domésticas es tristemente muy similar en toda la región”, señaló Romanos.

Manos con guantes de limpieza

Getty Images
Algunas de las trabajadoras domésticas entrevistadas por Amnistía Internacional trabajaban hasta 18 horas al día.

“Como viven en la casa de sus empleadores tienden a estar aisladas, a muchas se les prohíbe salir de la casa. Creo que algunas de las historias más desgarradoras que escuchamos eran especialmente de trabajadoras domésticas”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas atrapadas en el sistema de kafala son mujeres y provienen de Filipinas, Sri Lanka, India, Bangladesh, y en muchos casos de África.

Muchas de ellas son madres que dejaron a sus hijos en sus países y viajaron con la idea de ganar dinero para la educación y alimentación de sus niños”.

Romano señaló que muchas trabajadoras domésticas migrantes trabajan, como Mary, hasta 18 horas al día sin ningún día libre a la semana.

La carga de trabajo es atroz y muchas relatan casos de abusos físicos por parte no solo de sus empleadores sino de los menores a su cargo”.

“Hemos hablando con muchas de estas mujeres que estaban en refugios en Líbano y Qatar. Estaban atrapadas, porque los empleadores aún tenían sus pasaportes y además no tenían dinero para regresar a su país y reunirse con sus hijos”.

Muchas de ellas ni siquiera habían recibido sus salarios así que trabajaron por nada”.

Un estudio de 2008 de Human Rights Watch denunció que las trabajadoras domésticas migrantes estaban muriendo en Líbano a una tasa de más de una por semana, debido a suicidios o intentos de escapes fallidos.

Bahréin, Qatar y Arabia Saudita

Bahréin anunció en 2009 que desmantelaría el sistema de kafala y estableció un organismo público, la Autoridad Reguladora del Mercado de Trabajo, con el fin de regular el estatus de los trabajadores migrantes en lugar de los empleadores.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señaló que esa Autoridad actúa luego del reclutamiento y “no ha asumido el rol de patrocinio, por lo que el sistema de kafala permaneció con algunas restricciones”.

Los trabajadores migrantes en Bahréin ahora tienen “un grado de mobilidad ya que pueden cambiar de empleo sin el consentimiento escrito de su empleador”.

Pero la OIT advirtió que esta libertad fue luego restringida por otra ley en 2011 “que impide a los trabajadores cambiar de empleo antes de un año”.

Qatar también introdujo reformas recientemente al sistema de kafala “ante la presión internacional y por ser foco de atención antes del Mundial de fútbol de 2022”, señaló Romanos.

El país tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que representan el 95% de su fuerza laboral, según AI.

“Qatar permite ahora que los trabajadores migrantes cambien de trabajo y salgan del país sin permiso de sus empleadores, pero en la práctica esto sigue siendo difícil”.

“Y además el empleador aún tiene el poder de cancelar en cualquier momento el permiso de residencia. Si el trabajador abandona el empleo por abuso puede ser acusado de huir y enfrentar un posible arresto y deportación”.

La OIT, por su parte, describió la reforma al sistema de kafala en Qatar como “un cambio histórico”.

“Qatar ha introducido grandes modificaciones a su sistema laboral, poniendo fin al requisito de que los trabajadores migrantes obtengan el permiso de su empleador para cambiar de trabajo. El país convirtió al mismo tiempo en el primero de la región en adoptar un salario mínimo no discriminatorio”, señaló la OIT.

“Tras la adopción de la ley 19 de 2020, el 30 de agosto de ese año, los trabjaadores migrantes pueden cambiar de empleo antes del fin de su contrato sin obtener primero un Certificado de No Objeción de su empleador.

Esta nueva ley, unida a la eliminación previa del requisito de un permiso del empleador para abandonar el país, efectivamente desmantela el sistema de patrocinio de kafala y marca el comienzo de una era en el mercado laboral de Qatar”.

“Mediante legislación adicional se estableció un salario mínimo de 1.000 riyales de Qatar (unos US$275) que se aplica a todos los trabajadores, de todos los sectores, incluyendo las empleadas domésticas”, agregó la OIT.

Trabajadores migrantes en Doha, Qatar, haciendo fila para usar un cajero automático

Getty Images
Qatar tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que conforman el 95% de la fuerza laboral del país.

Arabia Saudita, por su parte, “tiene más de 10 millones de trabajadores migrantes“, afirmó Romanos.

Este país también introdujo algunas reformas, “pero son más en papel que en la práctica”, según la investigadora de AI.

“Por otra parte, es un país cerrado a las organizaciones de derechos humanos por lo que es muy difícil documentar los abusos y ofrecer apoyo a los trabajadores”.

“Una forma de esclavitud moderna”

Al igual que Mary, la trabajadora doméstica en Líbano, Athenkosi intentó quitarse la vida.

El joven barista logró finalmente volver a Sudáfrica, luego de que su novia organizara una campaña para recaudar fondos. El empleador sólo lo dejó ir tras recibir unos US$1.500 por “incumplimiento de contrato y gastos de comida y alojamiento”.

Otras personas atrapadas en el sistema de kafala no han sido tan afortunadas y siguen a la merced de sus empleadores.

Protesta de trabajadores migrantes en Líbano en 2019

Getty Images
Estos trabajadores migrantes en Líbano piden a sus empleadores: “Entreguen nuestros pasaportes, concédannos un día libre, paguen salarios, hablen en forma amable”.

Para Romanos, el kafala es un sistema complejo que no se cambia solo aboliendo un par de leyes.

“Debe haber un cambio de cultura en estos países, y debe acabarse con la cultura de impunidad”.

Los empleadores no enfrentan ninguna consecuencia por sus abusos, ni en Qatar ni en el resto de la región”.

Romanos asegura que los gobiernos deben no solo reformar las leyes sino implementar esos cambios y castigar a los abusadores.

“Definitivamente el sistema de kafala es una forma de esclavitud moderna y creemos que debe ser abolido“.

“Ése es el llamado que hicimos ya hace más de diez años cuando comenzamos a informar sobre el kafala”.

“Es un sistema que debe ser reemplazado por otro que proteja a los trabajadores migrantes de los abusos y garantice sus derechos humanos”.


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