"Venimos por necesidad": las historias de migrantes que hacen todo para llegar a EU
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Alberto Pradilla

"Venimos por necesidad": las historias de migrantes que hacen todo para llegar a EU

Buscaban un futuro mejor en Estados Unidos pero, en su mayoría, serán devueltos al lugar del que querían escapar.
Alberto Pradilla
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Edgar convirtió su pecho en un lienzo. Ahí aparecen dibujados un niño, un reloj y rejas, muchas rejas. 

“Representa los tres años que estuve preso”, dice.

Edgar es un hondureño de Comayagua de 28 años, chaparrito, que el domingo 19 de enero, en la orilla del río Suchiate, limpiaba sus zapatillas con un cepillo de dientes. 

Edgar no es un delincuente. No robó, ni mató, ni estafó a nadie. Pero pagó una pena de prisión que lo convierte en expresidiario. 

La historia de su pecho, de cómo permaneció tres años en la cárcel, es el reflejo de un sistema migratorio perverso.

Cuenta Edgar que cuando tenía 17 años estaba en Dallas, Estados Unidos. Había cruzado tiempo atrás pagando 4 mil 500 dólares a un pollero. Quiso la mala suerte que un día se saltase un stop y la policía le diese el alto cuando se dirigía a trabajar de lavaplatos en un restaurante. 

“Me halló la identificación falsa, que le llaman fake ID. Y me arrestaron por eso”, explica.

Pasó dos meses bajo arresto y le cayeron cinco años de “probation”, libertad condicional con la obligación de firmar semanalmente.

“Como estaba de ilegal me deportaron, así que no pude cumplir”, afirma.

Dos años después volvió a probar suerte. Lo logró, pero luego, en un descuido, fue arrestado nuevamente. Le cayeron tres años de cárcel por no cumplir con unas medidas que el mismo gobierno que se las impuso le impidió obedecer. Si estaba deportado no podía firmar, así que, a ojos de la justicia estadounidense, se convirtió en un prófugo y tuvo que expiar su culpa. 

Las injusticias padecidas en Estados Unidos no le quitaron las ganas de intentar regresar. 

Necesidad gana a orgullo.

“En Honduras no hay trabajo. Lo he intentado todo, pero nos morimos de hambre”, dice.

Edgar es uno de los cientos de centroamericanos que actualmente están encerrados en alguna de las estaciones migratorias del sur de México. Puede estar en Tuxtla Gutiérrez o en Tapachula, Chiapas. O en Acayucan, Veracruz.

Llegó a la frontera entre Guatemala y México junto a cientos de centroamericanos que se sumaron a la caravana que partió el 15 de enero de San Pedro Sula, Honduras. Su sueño era regresar a Estados Unidos, pero chocó con el muro mexicano.

No hay cifras exactas sobre cuántos migrantes fueron detenidos durante la última semana. Tampoco, sobre cuántos fueron devueltos a su país de origen. El cálculo aproximado es unos 4 mil arrestados entre Chiapas y Tabasco y al menos un millar devueltos por tierra y aire a Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

México se convirtió, por el momento, en una barrera infranqueable para los centroamericanos que huyen como Edgar. Muchos ya están planeando alternativas para lograr alcanzar el norte. 

Según datos del Banco Mundial, seis de cada diez hondureños son pobres. También seis de cada diez guatemaltecos, y tres de cada diez salvadoreños. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera “pandemia” de violencia una tasa de 10 asesinatos por cada 100 mil habitantes. En Guatemala (33), Honduras (42) y El Salvador (50) superaron con creces esta cifra. Para que estos países no estuviesen enfermos de violencia deberían matarse tres, cuatro y cinco veces menos de lo que hacen ahora.

Morir por 150 pesos

Buscar un trabajo y escapar de la violencia son los dos argumentos que explican el éxodo centroamericano. 

Sergio Bonilla, de 23 años y de Choloma, cerca de San Pedro Sula, une estas dos razones.

En Choloma la violencia está desatada hasta tal punto que las autoridades municipales decretaron un toque de queda en agosto de 2019. 

Bonilla, además, trabajaba como piloto de autobús de la empresa Emtruch. En Centroamérica, manejar transporte público tiene un plus de peligrosidad. Si tu patrón no paga la extorsión el muerto puedes ser tú. Así que son habituales los asesinatos de choferes y ayudantes.

Explica el joven que pagaban 200 lempiras diarias (152 pesos) a la Mara Salvatrucha, una de las dos grandes pandillas que operan en Guatemala, Honduras, El Salvador, sur de México y Estados Unidos. El Barrio 18, sus grandes rivales, decidió entrar en el negocio. Así que los 200 se convirtieron en 400.

“La empresa no pudo pagar y empezaron a matarnos”, dice.

Asegura el joven, a las puertas del paso fronterizo con México, que seis de sus 30 compañeros de trabajo fueron asesinados a tiros. Ante estas perspectivas, la mitad de los trabajadores dejaron la empresa. Y él no volvió a conseguir un empleo.

“Estoy aquí porque ocupamos trabajo, no venimos a hacer daño a nadie, nuestra misión es llegar a Estados Unidos. Ahí de donde venimos la vida está complicada, la extorsión, la luz está cara, la violencia, por eso nos venimos”, dice.

Bonilla tiene 21 años y tres hijos. Con 15 años se casó con una niña de 14 y al año ya eran padres. Luego vinieron otros dos. 

“Lo único que quiero es trabajar. Si me ofrecieran trabajo aquí me quedaría. Nunca había migrado para estos lados porque tenía, la necesidad me hizo perder el miedo”; dice. 

Todavía no sabía Bonilla que a sus compañeros que siguieron las órdenes del gobierno de México les iban a dar la vuelta. Pero ya lo sospechaba.

“Nos dijeron de entrar de 20 en 20 pero lo que están haciendo es agarrarlos y deportarlos”, dijo.

“Venimos por necesidad, no a jugar”, afirma.

La caducidad de la regularización de AMLO

No todos los que se sumaron a la caravana tienen como destino Estados Unidos. Los hay como Jason Martínez, de 22 años, que ya se había establecido en México, pero al que el INM le obligó a sumarse a la caravana.

Relata que llegó al país un año antes, en la primera marcha de 2019. Aquel éxodo se encontró con el único intento de Andrés Manuel López Obrador de hacer una política diferente. Entre el 18 y el 28 de enero se entregaron más de 13 mil tarjetas de visitante por motivos humanitarios que permitían trabajar y entrar y salir del país sin restricciones por el plazo de un año. “Podrán ser renovadas”, dijo entonces el INM.

Martínez decidió aprovechar las circunstancias y se instaló en Monterrey, donde era vendedor ambulante de semillas. Su problema: se venció la tarjeta y el INM no quiso renovarla. Bajó a Chiapas para realizar el trámite, pero le dijeron que no podría regularizar su situación. Así que se volvió a convertir en ilegal. 

Después de un año viviendo legalmente en Monterrey terminó encerrado en la estación migratoria Siglo XXI.  

Regresar a Tijuana para buscar trabajo

“Mi propósito es estar con mi mamá en Tijuana, no necesariamente es Estados Unidos. Ahí hay trabajo”, dice Kevin Josué Rivera Ríos, de Tegucigalpa, de 23 años, y que carga con su hija de ocho meses. Es también domingo y el joven se encuentra en la orilla del río Suchiate junto a su esposa. Tienen todavía esperanza. No saben que, una semana después, no habrá caravana y todos estarán detenidos o deportados. 

“Todo el mundo aspira a ir a Estados Unidos, ahí hay más dinero, pero el dinero no compra la felicidad”, dice el joven. Explica que él ya estuvo en Tijuana y afirma, convencido, que ahí hay trabajo. Asegura que estuvo empleado en maquilas de Baja California pero no explica por qué se regresó a Honduras. Dice que buscó un modo de ganarse la vida en Honduras pero que terminó desesperado.

Por eso huye con una niña en brazos.

Su gran preocupación, dice, es la respuesta de México.

“Me da temor ir con mi hija porque dicen que lanzan bombas de gas, pero pongo la vida de mi hija, mi esposa y todos los que estamos aquí en manos de dios”, afirma.

Un día después de la entrevista, la Guardia Nacional repelerá con gases lacrimógenos a los cientos de centroamericanos que trataron de cruzar el Suchiate. Rivera Ríos estaba entre ellos.

 Algo muy poderoso tiene que ocurrirte para atravesar un río con tu hija de menos de un año en brazos y dirigirte hacia una barrera de antimotines cuya única misión es impedirte el paso. 

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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