Los 10 sepelios de Alcozacán, Guerrero: la comunidad que se resiste al crimen
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Jesús Dorantes

Los 10 sepelios de Alcozacán, Guerrero: la comunidad que se resiste al crimen

El asesinato de diez hombres indígenas en la entrada de la comunidad de Mexcalcingo, a unas cuatro horas de la cabecera municipal de Chilapa, Guerrero, es la última agresión una cadena de exterminio contra las comunidades nahuas, que durante cinco años cuentan 48 homicidios; todos impunes.
Jesús Dorantes
Por Marlén Castro / Amapola Periodismo
20 de enero, 2020
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Cada kilómetro de la carretera entre Chilapa y José Joaquín de Herrera, dos municipios nahuas de la Montaña baja, está salpicado de sangre. Alcozacán, Guerrero, de donde son los diez hombres asesinados el viernes 17 de enero, entre ellos un menor de 15 años, está a la mitad de este corredor mortal.

Israel Tolentino Ahulicán, de 24 años, uno de los asesinados, se había ido de Alcozacán para alejarse de la violencia, como lo han hecho muchísimos habitantes más de este y otros pueblos. Toda la familia de Israel se fue de Guerrero a Morelos.

Israel regresó dos viernes atrás, el 3 de enero, porque la comunidad lo eligió para ser policía comunitario por un año. Se integraría a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) este sábado 18 de enero. Israel no era músico, ni el resto de las víctimas. 

Lee: Entregan los cuerpos de 5 músicos indígenas asesinados en Chilapa

La Fiscalía General del Estado (FGE) ante la nula información sobre cómo ocurrieron los asesinatos aseguró que la única certeza que tenían es que los 10 eran músicos. Pero no se trata de los integrantes del grupo Sensación Musical, sino del personal que carga los instrumentos, los que fueron rentados al grupo Conquistador, contratado para tocar en la fiesta patronal de Tlayelpan, a tres horas de Alcozacán, a cuatro desde Chilapa. 

En septiembre del 2014, varios de los pueblos de esta ruta, crearon la Policía Comunitaria para defenderse de las incursiones del grupo criminal Los Ardillos. Los Ortega Jiménez, familia a quien las autoridades ubican como quien maneja el negocio local, es la cuna de Bernardo– tres veces diputado local, una de esas, incluso fue coordinador del Congreso–, no han sometido a 16 pueblos nahuas para hacerse del control total de un área que abarca ya cinco municipios: Quechultenango (donde empezó su historia criminal), Mochitlán, Tixtla, Chilapa y José Joaquín de Herrera. 

La ruta

Un día después del asesinato de los 10 habitantes de Alcozacán, el retén militar en el crucero a Ayahualulco, a unos 15 minutos de Chilapa, está sin vigilancia.

Este crucero tiene un camino de terracería que conecta con Mochitlán y Quechultenango, el primer feudo de los Ortega Jiménez. Hay sólo dos soldados del lado izquierdo de la carretera. Puede pasar libremente todo aquel que vaya de Chilpancingo a Chilapa o de Mochitlán-Quechultenango a Chilapa. Del lado contrario de la carretera, quizá no sea así, los soldados detendrían a quien resulte sospechoso.

No es día de tianguis. Los sábados, la ciudad con el mercado de origen prehispánico, luce tranquila, podría decirse que semivacía. La gente de Chilapa, testiga de una disputa cruenta entre Los Ardillos y Los Rojos– los segundos languidecen, de acuerdo a la FGE– se ha acostumbrado a los hechos violentos. No hay rostros afligidos. Una noticia sobre 10 asesinados no perturba su vida.

Unos 10 minutos adelante de Chilapa hay una desviación que lleva a Hueycatenango, la cabecera de José Joaquín de Herrera, y mucho más allá también a Quechultenango, en otro camino de terracería que muy pocos transitan. El primer poblado que aparece es Atzacualoya, a 20 minutos de Chilapa, la puerta de esta ruta funesta.

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Google arroja cosas siniestras sobre Atzacualoya cuando se escribe este nombre en su plataforma. En el camino de Chilapa a Atzacualoya han aparecido los restos de hombres de Chilapa: desmembrados, degollados, decapitados, como el caso del estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Jahaziel Gálvez Ayate, el 8 de mayo del 2017.

El 24 de noviembre del 2015, adelante de este poblado, asesinaron a una familia que iba en una unidad del transporte público. El 26 de febrero del 2018, la precandidata del PRI a la diputación local, originaria de Atzacualoya, Dulce Nayeli Rebaja Pedro, su primo Crescencio, su tío Francisco y su tía María del Refugio, aparecieron asesinados, poco antes de llegar a la población.

Los pueblos nahuas, como Alcozacán, quedaron en medio. Para blindarse, en septiembre del 2014, 16 comunidades originarias, encabezadas por Rincón de Chautla, crearon la CRAC-PF. Como esta policía ha repelido ataques de Los Ardillos en sus comunidades, hay quienes de forma automática, la asocian con Los Rojos. 

Otras comunidades, también de origen nahua, principalmente Zelocotitlán, en 2015, crearon otro grupo de policías comunitarios, a los que denominaron Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia. Desde entonces, los encontronazos son entre estos dos grupos. Hay comunidades enemigas, con posiciones irreconciliables, y otras divididas, porque algunas familias apoyan a la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia y otras a la CRAC-PF.

Una mujer de 63 años de edad, originaria de Tula, uno de los pueblos adheridos a la CRAC-PF, tiene una hija que se casó con un joven de Colotepec, simpatizante de la otra policía comunitaria. Una vez su hija se atrevió a hablarle por teléfono. Escuchó a sus nietos llorar porque querían verla. También su hija lloró porque no puede reunirse con ella. Le dijo que si ella iba a Tula o al revés, ambas, corrían peligro. Después de la llamada borró el número. Le dijo que los de la Policía Comunitaria revisan sus celulares, para saber con quién se comunican. 

En Tula la CRAC-PF exige para su panteón un punto militar. La gente cuenta que sólo a 800 metros hay dos campamentos de sus enemigos. Les apuntan directo, como si fueran francotirados. Y les llaman enemigos porque los quieren exterminar, no es que para ellos lo sean.

Un episodio cruento ocurrió el 27 de enero del 2019. Ese día, 12 policías del grupo Paz y Justicia fueron emboscados y asesinados. Llamaron refuerzos e intentaron irrumpir en Rincón de Chautla, otra de las 16 comunidades que resisten al grupo criminal a 30 minutos de Tula, pero la CRAC-PC repelió la incursión, mató a otro integrante de este grupo y se apropió de equipos de comunicación, camionetas y armas.

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Siguieron más ataques, más asesinados, más desaparecidos, entre ellas mujeres. En julio del 2019, dos mujeres originarias de Zacapexco, integrantes de la CRAC-PF, aparecieron asesinadas a la orilla de la carretera de Atzacualoya. Esta policía sostiene que Los Ardillos y su grupo encubierto de policías comunitarios les han asesinado a 38 integrantes, dos mujeres. 

Rincón de Chautla saltó a las noticias internacionales en mayo del 2019 cuando difundieron un video de niños entrenando para defenderse de Los Ardillos.

Bloquean para que les entreguen los 10 cuerpos

Después de Atzacualoya, siguiendo la carretera, aparece Mexcaltepec, poco después Colotepec, más allá Tula y después Alcozacán. Desde el asesinato de los 10 hombres, habitantes de las 16 comunidades integradas a la CRAC-PF, se volcaron al crucero de este pueblo que queda en medio de la ruta para bloquear el paso a Hueycatenando. 

Antes del bloqueo, a unos 100 metros hay un retén. Este retén es vigilado por pocos hombres, unos 20, pero bien armados. Lo que tienen en las manos no son escopetas de un solo tiro. En el crucero de Alcozacán está la mayoría de comunitarios, llevan escopetas, algunos solo machetes. Hay mujeres con hijos en brazos, algunas embarazadas, niños, adolescentes y ancianos. Alrededor de 300 habitantes realizan este bloqueo, aunque Bernardino Sánchez Luna, uno de los fundadores de la CRAC-PF, afirma que alrededor de 1,500 habitantes de los 16 pueblos participan en la acción.

Uno de los coordinadores de la CRAC-PF, Nicolás Marcelo Rodríguez, llama a los habitantes dispersos en el crucero. Lo hace porque hay medios de comunicación y quiere para mandar un mensaje al gobernador Héctor Astudillo Flores. Exige que a las víctimas las lleven hasta Alcozacán, porque cercados, como están por Los Ardillos y la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia no pueden salir. De hacerlo, habría más de 10 asesinados.

También piden al Ejército y a la Guardia Nacional que instalen retenes en dos puntos de esta ruta, en el crucero del Jagüey, además del otro en el panteón de Tula. Mientras Nicolás Marcelo expone las demandas, se oyen los lamentos de varias mujeres y niños. Son las esposas, madres y los hijos de las víctimas.

Aparte de que se saben viudas o huérfanos, los cadáveres de sus seres queridos no llegan. Ninguno era músico, dicen las esposas, todos eran chalanes a quienes contrataron para cargar los instrumentos, aunque a dos los contrataron como choferes y el menor era el hijo de la dueña del grupo musical. En esta zona, de acuerdo a los coordinadores, desde aquel cruento 27 de enero a la fecha, han sido asesinadas 38 personas. En cinco años suman 48 homicidios. El número de viudas, huérfanos y familias desplazadas ha aumentado exponencialmente.

Israel Tolentino Ahuelicán, de 24 años, iba de chofer, era el único policía comunitario, pero su toma de protesta sería hasta hoy sábado. 

Cándido Fiscaleño Hilario y José Julio Fiscaleño Hilario, hermanos de 20 y 37 años, cada uno papá de una niña, eran agricultores pero para sacar dinero extra se alquilaban de peones. Sus esposas y su madre los lloran en el bloqueo.

Regino Fiscaleño Chautla, de 27 años, soltero y sin hijos, también agricultor aceptó ganar un dinero extra y encontró la muerte.

José Marcos Bartisar Biscaleño, de 36 años, seis hijos, igual iba de cargador. 

Juan Joaquín Ahuejote, de 42, cuatro hijos, era el ingeniero de audio. 

Florencio Linares Jiménez, de 32 años, no tenía hijos. 

Crescenciano Huapango Migueleño, 37 años, dos hijos, era el otro chofer. 

Antonio Mendoza Tolentino, 24 años, electricista, apenas iba a ser papá. Israel Mendoza Pasado, tenía 15 años, iba en tercer año de secundaria. Israel era hijo de la dueña del grupo. Se fue para cuidar los instrumentos.

María de Jesús, madre de Israel, gime sin consuelo. Perdió a su único hijo, sus camionetas, sus instrumentos. “Perdí a mi hijo, perdí todo, no me quedó nada”, llora.

El ataque

Alrededor de las 10 de la mañana, Integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia instalaron un retén militar en Mezcalcingo, por donde pasarían las dos camionetas doble rodada con los instrumentos del grupo Sensación Musical, revelaron a la CRAC-PF habitantes de esta comunidad.

“Se enteraron que por allá andaban gente de este pueblo y les tendieron la emboscada, los esperaron para matarlos”, cuenta Bernardino Sánchez Luna. 

Las víctimas llegaron a Tlayelpan desde el jueves. Ese día salieron de Alcozacán cerca de las nueve de la mañana. El grupo Conquistador los esperaba con los instrumentos. Quien alquiló el equipo le dijo a María de Jesús Pasado que tenían ese contrato de última hora para ese jueves en la tarde, y no tenía cerca sus propios instrumentos.

Lee más: Hallan los cuerpos calcinados de 10 músicos indígenas en Chilapa, Guerrero

María de Jesús operó como empresaria. Buscó chalanes para cargar los instrumentos y mandó a su hijo para cerciorarse del cuidado del equipo. 

Alrededor de las 10 de la mañana del viernes regresaban. Dicen que cuando las camionetas aparecieron en el camino donde ya estaban instalados los policías comunitarios del grupo de Los Ardillos, los chóferes aceleraron la marcha, pero recibieron impactos de bala, y perdieron el control de las unidades. Las dos se fueron a un barranco. Una unidad quedó a medio camino, la otra se fue hasta el fondo.

Los testigos aseguran que los agresores aventaron granadas a la camioneta que quedó más lejos, la que explotó con todo y sus ocupantes.

Los cinco integrantes de la otra camioneta recibieron más balazos. Los Ardillos bajaron a rematarlos, afirman.

Esta tarde de domingo, alrededor de las cuatro, llegaron a Alcozacán los cuerpos de cinco de las 10 víctimas, los que presentan innumerables balazos, aparte de haber sido degollados. Los cinco cadáveres quemados siguen en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para su identificación.

Los cadáveres que serían velados la noche del domingo 19 de enero son de los hermanos José Julio y Cándido Fiscaleño, de Crescenciano Huapango, Antonio Mendoza y José Marcos Bartisar.

El policía que regresó a cumplirle a su pueblo

Israel Tolentino Ahulicán, de 24 años, vivía en Cuernavaca. Su mamá y hermanas se fueron de Alcozacán desde que se recrudeció la violencia en esta ruta de los pueblos nahuas. Israel se resistió a irse porque aquí estaba Feliciana, su esposa, y sus dos hijos.

En Cuernavaca, su mamá le consiguió trabajo, algo escaso en estos pueblos, e Israel, se fue para hacer dinero y luego volver por su esposa, aunque venía a verla, a pesar del peligro.

En noviembre pasado, la asamblea comunitaria de Alcozacán lo designó ayudante del comisario y comunicó a Israel la decisión. Nadie de los pueblos originarios desafía a la autoridad. Israel se regresó el 3 de enero para cumplir con el cargo y estar con su familia. Tenía el ofrecimiento también de hacerla de chofer para el grupo Sensación musical, lo que podía combinar con su cargo de policía comunitario.

Esta salida a Tlayelpan fue su primer encargo. Feliciana, que tiene 21 años pero parece una adolescente de 15 o 16 años, dice que Israel no tuvo miedo de irse. El jueves aviso a su madre a donde iba. Ella tuvo otra reacción. Tenía miedo, lo monitoreó desde Cuernavaca, y se hablaron la noche del jueves. En Tlayelpan, municipio de Chilapa, a tres horas de Alcozacán, había señal de teléfono y de internet.

La mañana del viernes, como a las 10, lo vio en línea en el whatsaap. Supo que ya venían de regreso y pensó que el peligro había pasado. Después perdió el contacto con él. Marcó. Mandó mensajes. Ninguna respuesta. Supo de él hasta en la tarde, cuando en las redes, difundieron que un grupo de músicos había sido atacado por Chilapa.

Arribó a Alcozacán la mañana del sábado y al llegar supo que su hijo era una de las 10 víctimas. Israel es uno de los calcinados. A estos cinco cuerpos tienen que hacer pruebas de ADN para ver a quiénes pertenecen. 

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Guayaquil en manos del narco: las vidas destrozadas por la violencia histórica que azota a la ciudad ecuatoriana

Un fiscal que investigaba redes de narcotráfico fue asesinado a tiros. 72 ataques con bombas se registraron en la ciudad entre enero y agosto de 2022. Los habitantes de Guayaquil cuentan a BBC Mundo cómo afrontan el acecho del crimen organizado.
27 de septiembre, 2022
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Jeremy dormía en una habitación que miraba hacia la Calle 8, donde la música del bailadero más cercano se filtraba a través de las ventanas a las 3:00 de la mañana, como cualquier otra madrugada de domingo en el barrio Cristo del Consuelo, al sureste de Guayaquil.

Tras escuchar una ráfaga de disparos, su madre Roxana lo llamó a gritos para prevenirlo.

El niño de 7 años se levantó de un salto y se dejó guiar por Roxana para abandonar la casa familiar ubicada en los márgenes del Estero Salado, un brazo de mar proveniente del océano Pacífico, en la costa suroeste de Ecuador.

Voces de la calle presagiaban una bomba.

Mientras bajaban por las escaleras, un estruendo sacudió la casa. Luego Jeremy divisó el fuego.

Cuando recobró la consciencia, se descubrió sobre el techo de un auto. Envuelto en la oscuridad, no logró distinguir quiénes lo cargaban y lo llevaban al suelo. Quizás se había quedado sordo, no podía escuchar lo que decían.

“Mami, levántese”

Cuando Nayelis llegó media hora después, descubrió que el fuego consumía la fachada de la casa donde vivía con su hija, su madre, su abuela y su hermano Jeremy.

Mientras corría en dirección opuesta a las personas que escapaban de la explosión, la joven de 21 años encontró a Roxana tirada en el suelo.

“Mami, levántese”, dijo mientras la sacudía. El rostro de Roxana estaba impregnado de sangre. “¡Llamen a una ambulancia!”, gritó a los agentes de la Policía Nacional que custodiaban el lugar, aunque sabía que su madre estaba muerta.

Nayelis Barrios en Cristo del Consuelo.

Donald Díaz / BBC
Nayelis Barrios encontró el cadáver de su madre en la calle después de la explosión.

Rodeada por heridos y escombros, Nayelis avistó a Jeremy en una esquina. Aturdida por el temor de perderlo también, lo revisó cuidadosamente para evitar causarle más daño.

Jeremy tenía la cara cubierta de sangre, un hueco en la cabeza y otro en el brazo.

“Estaba como traumado. Yo le hablaba pero no me escuchaba, hacía como si no me conociera”, contó Nayelis a BBC Mundo tres semanas después del estallido. “Perdí a mi mami y mi casa por la bomba. Si hubiese dormido allí esa noche, quizás estaría muerta”.

Guerra contra el Estado

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han registrado 145 atentados con explosivos en Ecuador entre enero y agosto de este año, un récord en la historia del país. 72 de ellos, casi la mitad, han ocurrido en Guayaquil. El de Cristo del Consuelo es el primero que ocasiona muertes.

Las autoridades ecuatorianas reportaron 5 fallecidos, 17 heridos y 117 personas afectadas por el estallido de Cristo del Consuelo, un barrio conocido por sus discotecas clandestinas, los caldos de salchicha para prevenir la resaca, y las procesiones religiosas de Semana Santa.

A las 8:30 de la mañana de aquel domingo 14 de agosto de 2022, cinco horas después de la explosión, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, afirmó por Twitter que el ataque constituía “una declaración de guerra al Estado” por parte de “mercenarios del crimen organizado”.

https://twitter.com/CarrilloRosero/status/1558793994573910016

El presidente Guillermo Lasso declaró estado de excepción durante un mes en los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, para contener la violencia y facilitar el despliegue de policías y militares en las calles.

Los explosivos más comunes usados en los ataques de este año han sido dinamita y dinamita en gel, granadas y pentolita, un compuesto que se emplea para fabricar armamento militar como las ojivas.

Sin embargo, el ministro del Interior aseguró que la bomba del Cristo del Consuelo, que alcanzó una onda expansiva de 70 metros, se habría confeccionado con una mezcla de sustancias químicas de fabricación casera, disponibles comercialmente como acetona.

Cristo del Consuelo en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
La bomba en Cristo del Consuelo estalló de madrugada.

“Lo que más nos preocupa es cómo van llegando a estas capacidades para cometer toda esta barbarie”, dijo Carrillo en una entrevista con el canal local Teleamazonas.

Cumplidos los 30 días del estado de excepción, el gobierno ecuatoriano renovó el decreto hasta mediados de octubre. El lunes 19 de septiembre, mientras estaba en vigencia la medida, fue asesinado a tiros el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil, Édgar Escobar, quien investigaba a organizaciones del crimen organizado relacionadas con el narcotráfico.

“Me quedé sola”

Mónica Medina, la madre de Roxana, construyó la planta baja de la casa familiar hace más de 30 años. Comenzó con paredes de caña, y poco a poco juntó el dinero para reemplazarlas por vigas y cemento. Roxana levantó el segundo piso con madera y techo de zinc.

Apenas ocurrió la explosión, una vecina levantó a Mónica del suelo y la llevó al hospital, con vidrios y escombros incrustados en el rostro y el pecho. Aunque intentaba abrir los párpados, todo estaba oscuro. El dolor le hizo suponer que sus ojos se habían desprendido del rostro.

Mónica Medina en Cristo del Consuelo

Donald Díaz / BBC
Vidrios y escombros se incrustaron en el pecho y el rostro de Mónica Medina durante la explosión.

Testigos reportaron a la policía haber visto a dos hombres, a bordo de una moto, cuando descargaron una ráfaga de disparos y luego soltaron el bolso que contenía la bomba frente a la casa de Mónica.

La explosión arrasó el techo, las paredes, la fachada y todo lo que había dentro de la casa de Mónica. También la de sus vecinos. Quedó un hueco en el asfalto que permite ver las aguas del Estero Salado detrás de las viviendas.

Las autoridades hicieron un censo para repartir ayudas a los afectados, pero no entrevistaron a Mónica. “En esa explosión perdí a mi única hija y mi casa. Me quedé sola y ahora no tengo dónde vivir”.

Código de silencio

La Policía Nacional instaló un patrullaje permanente en la esquina que da acceso a la Calle 8, parcialmente cerrada por una reja donde cuelga un aviso que dice “Queremos solución!”, en referencia a las viviendas perjudicadas por la explosión.

La casa de Leida Guerrero, vecina pared con pared de Mónica y Roxana, acabó fracturada tras el estallido. “Las paredes están rajadas, el piso está colapsado y los pilares se movieron. Mi casa en cualquier momento se puede venir abajo”.

Cristo del Consuelo en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
Leida Guerrero teme que su casa se derrumbe después de la explosión.

Leida es la única habitante de la Calle 8 que accedió a revelar su identidad para esta historia. Los transeúntes se mostraban dispuestos a contar dónde estaban cuando explotó la bomba o qué lesiones tuvieron sus familiares —la mayoría en la vista o los oídos—, pero se retiraban con una despedida cortés al preguntarles sobre posibles responsables o la seguridad en el barrio.

Al menos una decena coincidió en que el estallido de una bomba era inimaginable en Cristo del Consuelo. Aunque las fiestas solían prolongarse desde los viernes hasta los domingos, el fin de semana que BBC Mundo visitó el barrio estaba sumido en el silencio.

Todos temen que ocurra otra explosión.

Ataque contra alias “Cucaracha”

El Ministerio del Interior inició la investigación a partir de dos hipótesis: el ataque era una represalia por parte de bandas del crimen organizado contra las autoridades por el decomiso de 250 kilos de drogas dos días antes, o se trataba de una revancha contra alias “Cucaracha”, quien “aparentemente tenía en zozobra” a los habitantes del Cristo del Consuelo, dijo el ministro Carrillo.

Los vecinos de la Calle 8 contaron que “Cucaracha” es propietario de un bailadero, un hombre a quien todos conocen y que también resultó herido en el ataque. Algunos sospechaban que la bomba era un castigo por haberse negado a “pagar vacuna”, un término que los ecuatorianos usan para referirse a las extorsiones.

“Cucaracha” pidió no ser identificado con nombre y apellido y negó haber sido víctima de extorsiones. Aunque dijo que no quería responder mi llamada para evitar exponerse, le pregunté por qué las autoridades suponían que él era el objetivo del ataque. “No lo sé. Gracias a Dios yo no ando metido en cosas malas y no tengo por qué meterme en cosas que no me incumben”, respondió.

Lamentó que el ministro lo hubiera involucrado en la explosión sin siquiera conocerlo. “Quiero que algún día él salga y diga que se confundió, pero nunca lo hará”.

Cristo del Consuelo en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
El Estero Salado es un brazo de mar que rodea al Cristo del Consuelo.

Mientras tomábamos imágenes de las viviendas afectadas, se acercaron agentes de la Policía Nacional.

Uno de ellos aseguró que no podía identificarse, y bajó la voz para afirmar que las fiestas de madrugada en la Calle 8 encubrían el traslado y embarque de droga en lanchas que zarpan del Estero Salado hacia aguas abiertas, donde la mercancía se introduce en buques que la llevan a puertos internacionales.

El gobernador de la provincia de Guayas, Lorenzo Calvas, le explicó a BBC Mundo que la conexión de Guayaquil con el océano Pacífico, así como el puerto marítimo y el puerto de aguas profundas de Posorja, convierten a la ciudad en un “sitio ideal” para la exportación de sustancias ilícitas.

Los policías que vigilaban la Calle 8 se mantuvieron cerca hasta que nos marchamos de Cristo del Consuelo.

Cristo del Consuelo en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
La Policía Nacional custodia la Calle 8 desde la explosión.

Guayaquil, el hub de la cocaína

Ecuador se encuentra entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, por lo cual ha sido un país de tránsito en el tráfico de narcóticos.

En 2022, figura como el tercer país donde se incauta más cocaína después de Colombia y Estados Unidos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga.

Las autoridades ecuatorianas confiscaron 18 toneladas de drogas en 2010. Diez años más tarde fueron 128 toneladas. Un año después, en 2021, se decomisaron 201 toneladas, la mayor cifra de incautación en la historia de Ecuador.

Guayaquil, el mayor puerto marítimo del país, también es el principal puerto de salida de la droga que navega por el Pacífico hacia el norte del continente americano.

Cristo del Consuelo en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
Policías y militares hacen redadas en las calles bajo el estado de excepción.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos ha definido a la ciudad ecuatoriana como el mayor hub para la cocaína que va a Europa y al resto del mundo.

Las autoridades de Guayaquil confiscaron 46 toneladas de droga entre enero y agosto de 2021. Los decomisos escalaron a 78 toneladas para el mismo período este año, precisó el gobernador de Guayas.

Añadió que ocho de cada diez muertes violentas en Guayaquil derivan del narcotráfico.

“Guayaquil es el lugar de exportación, consumo, lavado de dinero y producción de cocaína más significativo de Ecuador”, explicó el experto ecuatoriano en seguridad Fernando Carrión. En ese contexto, “un 75% de los homicidios en la ciudad son ocasionados por bandas, mafias y carteles vinculados al narcotráfico”.

Cinturón de marginalidad

El economista Uriel Castillo nació en el norte de Esmeraldas, una provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia, permeable durante décadas a las actividades de las guerrillas colombianas y de organizaciones del narcotráfico.

Su familia se instaló en Cristo del Consuelo cuando emigró a Guayaquil hace más de 40 años, al igual que la mayoría de los habitantes de este barrio que nació como un asentamiento de los pobladores de comunidades afroecuatorianas.

Castillo recuerda que Cristo del Consuelo era una barriada segura a principios de los 90. Sin embargo, asegura que en las últimas décadas se ha creado en Guayaquil un “cinturón de marginalidad, en el que se fusiona la delincuencia, la precariedad social y las bandas organizadas”.

Cristo del Consuelo en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
El economista Uriel Castillo se crió en Cristo del Consuelo.

Una semana antes de que estallara la bomba en Cristo del Consuelo, las autoridades encontraron seis cuerpos en una fosa común en el Guasmo, una zona de manglares al sur de Guayaquil.

Tres semanas después de la explosión se ordenó la militarización de la barriada guayaquileña Socio Vivienda II, luego de que bandas se enfrentaran a tiros con armas de guerra, y la balacera quedara registrada en videos que circularon por las redes sociales.

Esa semana, el domingo 4 de septiembre, fui a almorzar al centro de Guayaquil. Al llegar a la turística calle Panamá, me topé con una mujer que lloraba mientras contaba a un grupo de agentes de la Policía Nacional que dos hombres en moto acababan de apuntarla con un arma para arrancarle la cartera.

Calle Panamá en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
Una mujer denuncia ante la policía que fue asaltada en Guayaquil.

“Esto se jodió. Ya no tenemos paz, ahora nos matan en cualquier parte”, dijo un empleado del restaurante de la esquina que presenció el asalto.

La actuación de la Fiscalía

Cristo del Consuelo forma parte de la zona 8, cuya seguridad es coordinada por el general de la Policía Nacional Víctor Zárate.

Después de 34 años en el oficio, Zárate considera que el tráfico de drogas es la mayor amenaza de seguridad que afronta Ecuador.

“El peor momento de inseguridad puede ser ahora. El tema más grave es el microtráfico. He pasado 20 años de mi vida en grupos especiales, he trabajado en el tema de delincuencia organizada, secuestro y narcotráfico. Hoy estamos en un punto crucial porque todo se ha elevado“, dijo en una entrevista desde su despacho en Guayaquil.

Añadió que la ola de violencia también se debe “a la incautación de drogas y a la pugna de estas organizaciones por ganar espacios de territorio”.

Indicó que la policía investiga si la bomba en Cristo del Consuelo fue producto del enfrentamiento entre Los Choneros y Tiguerones, dos de las bandas armadas más temidas en Ecuador.

Víctor Zárate

Donald Díaz / BBC
El general de la Policía Nacional Víctor Zárate combate el crimen organizado.

La Fiscalía ecuatoriana confirmó a BBC Mundo que investiga los delitos de terrorismo, asesinato y tráfico ilícito de armas de fuego en el caso de Cristo del Consuelo. Ordenó la detención de Darío Arturo C. S., alias “Morado”, como uno de los sospechosos de participar en la fabricación y activación del explosivo.

Cuando fue capturado, “Morado” tenía en su poder “una pistola marca Glock con su respectiva alimentadora, 17 cartuchos sin percutir, un fusil calibre 5,56, con 30 cartuchos del mismo calibre; cuatro teléfonos celulares, una laptop, una tablet, droga en pequeñas cantidades y dinero en efectivo”, informó la Fiscalía.

Zárate cuestionó que “Morado” haya estado libre antes del ataque, dado que era investigado por tráfico y tenencia de armas de fuego y tentativa de asesinato, luego de verse involucrado en un ataque que ocasionó siete heridos en el Distrito Sur.

El sospechoso “estaba con grillete electrónico y medidas sustitutivas o alternativas a la pena”, precisó.

El general de la Policía Nacional lamentó que el sistema judicial no procese a los sospechosos de delitos, aunque existan evidencias que los incriminen.

“Como policía entregamos los insumos necesarios para que reciban la sanción correspondiente a través de los jueces, impulsados por Fiscalía. Pero muchos de ellos no valoran las pruebas y los ponen en libertad, a pesar de haber sido encontrados con armas o en posesión de drogas”.

Guayaquil

Reuters

“Es él o yo”

Un “rey” de los Latin King, una de las bandas armadas más conocidas en Ecuador, explicó a BBC Mundo que la policía y los miembros de otras organizaciones armadas son los principales enemigos de las personas que integran el crimen organizado.

“Todo el mundo sabe quién manda en dónde. Nadie se atreve a meterse en el territorio de otro, pero si eso ocurre no se perdona”, afirmó desde un barrio de Guayaquil bajo la condición de mantenerse anónimo.

Aunque dijo que nunca ha asesinado a nadie, aseguró que matar no causa remordimiento. “Si el otro tiene familia, yo también. Es él o yo, es un asunto de sobrevivencia”.

Guayaquil

Donald Díaz / BBC
Guayaquil se encuentra bajo estado de excepción hasta mediados de octubre.

Olvidar jamás, pero sí pasar página

Después de perder a su madre y su casa en la explosión, Jeremy se mudó con su abuela paterna. Elvia Cacao Zambrano cuenta que su nieto se ha vuelto más retraído desde la muerte de Roxana. “Ahora quiere que lo abrace todo el tiempo. Antes no hacía eso”.

“Sé que mi nieto nunca podrá olvidar lo que pasó, pero sí me gustaría que pudiera pasar página y seguir adelante”, dijo Elvia en la sala de su casa, desde otra orilla del Estero Salado.

La psicóloga clínica Paola Cercado se ofreció a brindarle asistencia a Jeremy, luego de que Mónica trabajara para ella durante seis años como empleada doméstica.

Cercado vio crecer a Jeremy dentro de su casa como un miembro más de la familia.

La psicóloga se reunió con Jeremy hace pocos días. Parecía tranquilo, aunque la abuela contó que cuando el niño se llena de coraje golpea las almohadas.

“Hay que hacer un trabajo psicológico porque a Jeremy le mataron a su mamá. Esa herida tiene que sanar para que en el futuro no busque venganza”, afirmó.

Cristo del Consuelo en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
Los familiares de Jeremy buscan formas de ayudarlo a superar el trauma de la explosión.

Cuando le pregunté por su madre, a Jeremy le tembló la mandíbula y se le humedecieron los ojos. Evitó mirarme, se contuvo y no lloró. Su padre le ha dicho que es mejor no hablar de la explosión.

Jeremy quiere ser policía cuando sea grande.

Le gusta el uniforme.

Y las armas.


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