Incompleto, sin sesionar ni operar: el Sistema para Víctimas en México a 6 años de su creación
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro Archivo

Incompleto, sin sesionar ni operar: el Sistema para Víctimas en México a 6 años de su creación

Conformado por instituciones y autoridades de los tres niveles de gobierno, el sistema no se reúne ni se coordina.
Cuartoscuro Archivo
20 de enero, 2020
Comparte

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), concebido hace seis años para materializar una política de Estado que sacaría de la indefensión a miles de víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, atendiendo el reclamo de colectivos como el Movimiento por la Paz de Javier Sicilia, hoy existe en el papel, pero no opera en la realidad.

Conformado por instituciones y autoridades de los tres niveles de gobierno, el sistema no se reúne ni se coordina. Aunque por ley el pleno del SNAV debería acumular al momento doce sesiones ordinarias a nivel nacional (dos al año), por lo menos, en los hechos solo se ha reunido una vez y fue en 2014. El reglamento del Sistema y de la Ley de víctimas tampoco existe.

Entérate: ¿Y las víctimas? El abandono de la CEAV

A nivel local los elementos básicos para que el SNAV pueda funcionar – entre los que se encuentra contar con una comisión estatal, un fondo, un registro y una ley actualizada – solo se han completado en 5 de los 32 estados del país.

Informes oficiales, abogados de víctimas y especialistas consultados por Animal Político confirman lo anterior, y recalcan que la atención a víctimas como política de Estado en México no es real. A la falta de coordinación, se suma el desinterés por reparar el daño de las instituciones responsables de violar derechos humanos.

La responsabilidad de responder, apoyar y reparar a las víctimas, señalan expertos y autoridades, se ha depositado exclusivamente en una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cuya intervención debería ser solo subsidiaria y complementaria. Hoy dicha comisión ya roza el colapso: es lenta, burocrática, y ahora también violadora de derechos humanos.

“Quien tendría que dar todos esos apoyos es el Estado, no la CEAV. La función de la CEAV, y para eso hay algo que se llama SNAV, era articular al Estado alrededor, al sector salud, al educativo, al de trabajo, a todos, pero nunca sucedió (…) hoy tenemos esta comisión que es mas bien una oficina asistencialista, que ha generado una relación casi clientelar con las víctimas”,  dice Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos.

A continuación, se detallan las principales irregularidades y omisiones relacionadas con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. En una segunda entrega de este texto, se profundizará en las deficiencias del funcionamiento de la CEAV.

Primero, el desinterés

La Ley General de Victimas promulgada el 9 de enero de 2013 estableció en su artículo 79 la creación del SNAV como la instancia central y superior para la “coordinación y formulación de políticas públicas”. Su objetivo – en resumen – era proponer, ejecutar y supervisar todas las acciones que hagan posible la protección y reparación del daño a las víctimas.

Al SNAV lo conforman representantes de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial de los distintos órdenes de gobierno, así como la CNDH y organismos relacionados con derechos humanos. Lo encabeza el presidente de la República quien, según el artículo 83 de la ley, debe convocar al pleno del SNAV a sesionar de forma ordinaria al menos una vez cada seis meses, y de forma extraordinaria las veces que se requieran.

Dado que el Sistema se instaló en 2014, ello significa que para este momento su pleno debería acumular, al menos, doce sesiones ordinarias.

Pero de acuerdo con un diagnóstico realizado por la organización IDHEAS: Litigio Estratégico en Derechos Humanos presentado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en noviembre pasado, y con información de la propia CEAV, el SNAV solo ha sesionado una vez de forma ordinaria y eso fue hace cinco años.

De forma extraordinaria no ha sesionado ni una vez, aun y cuando 2018 y 2019 fueron años consecutivos con registros récord de víctimas de homicidio y feminicidio.

“El Sistema Nacional es un espacio de coordinación entre todas las instancias de los tres niveles de gobierno que tiene la obligación de atender a las víctimas. Es convocado por el presidente y si no se ha vuelto a reunir desde 2014 es porque Enrique Peña Nieto no lo volvió a convocar, ni el actual presidente tampoco. No se puede generar una política de atención integral a víctimas si ni siquiera las instituciones que están a cargo logran sentarse”,  señaló Jérémy Renaux, subdirector de IDHEAS.

Cuestionado sobre esta situación, el que fuera comisionado y presidente de la CEAV desde su creación hasta junio de 2019, Jaime Rochín, dijo a Animal Político que cuando estuvo en el cargo intentó tanto con Peña Nieto como con López Obrador que se convocara al pleno, sin éxito.

“En mi periodo se les comunicó a ambos presidentes a través de SEGOB que se debía convocar, pero no lo hicieron. Al final del sexenio anterior se convocó, pero ya no hubo quórum”, dijo Rochín.

En el balance oficial enviado al Congreso al dejar su cargo, Rochín reconoció que el SNAV se encuentra “lejos de cumplir sus objetivos” y centró el problema, entre otras razones, en la “falta de atención y coordinación de las diversas instituciones públicas” que lo conforman.

“Si bien la Ley General de Víctimas ordena que la atención a víctimas es una obligación del Estado en su conjunto, de la cual el SNAV sería la instancia superior de coordinación, en la práctica ha sido la CEAV quien ha asumido la atención de las víctimas, en prácticamente todos los aspectos. Pero la CEAV no puede suplir al Sistema Nacional ni llevar a cabo todas sus funciones, máxime en un contexto generalizado de violencia como el que atraviesa el país”, señala el informe oficial.

Luego, el abandono

El informe oficial de la Comisión concluye que no ha habido voluntad del Estado Mexicano de operar conforme a lo que mandata la Ley de Víctimas, situación ha propiciado que la CEAV deje de ser una instancia de coordinación, para convertirse en responsable de la atención de las víctimas “en casi todos los aspectos”.

Los abogados Noé Franco Pacheco y Reyna Velasco, cuyo despacho ha representado a cerca de medio centenar de víctimas ante la CEAV, coinciden en señalar que el Sistema Nacional no funciona y que “para fines prácticos no existe”: predomina el total deslinde de las instituciones y del Estado, incluso de las que son las responsables de violar los derechos humanos.

Por citar solo un ejemplo, los abogados refieren el caso de una de sus representadas: Elvira Santibañez, detenida en febrero de 2015 por elementos del Ejército Mexicano en Ajuchitán, Guerrero. La captura se realizó tras un cateo ilegal, en el que además Elvira fue torturada por los militares.

En 2017 la CNDH confirmó que la mujer había sido víctima de violaciones a sus derechos humanos, y emitió la recomendación 4/2017 en la que ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reparar el daño causado por sus elementos.

“La Sedena lo único que hizo fue aceptar la recomendación, pero respecto a Elvira no hizo nada. Le pasó todo el tema a la CEAV y con eso dice que cumplió. ¿Dónde está el fundamento legal para eso? No existe. Es la Sedena la que tendría que reparar, indemnizar, porque fue su personal. Con ellos se tendría que hacer el acuerdo, y cuando no le alcance o haya que dar algún apoyo entonces entra la Comisión de forma subsidiaria. Pero así no ocurre”, dice Reyna Velasco.

La ley General de Víctimas contempla el denominado Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral, del que la CEAV destina recursos a las víctimas. Noé Franco subraya que el dinero que de ahí se toma debería ser repuesto por las instituciones que violan los derechos humanos. “Es el espíritu de la ley, pero ni eso sucede”, concluye.

Jacobo Dayán subraya que la lógica en cualquier país serio es que los responsables de violar derechos humanos sean los responsables de reparar el daño. Destaca que, en casos como el de la tragedia de la Guardería ABC, es obvio que el IMSS tendría que hacerse responsable al menos con la indemnización, lo que no ha ocurrido nunca.

“Con la creación de la CEAV lo que acabó ocurriendo es que las demás instituciones del Estado dijeron: pues vete a la CEAV y que te reparen allá, ya no es mi bronca. Entonces ya no es bronca de la policía, ni de la fiscalía, ni del IMSS, ni de nadie… todo es bronca de la CEAV y es una perversión”, dijo.

Este abandono del Estado, puntualiza Jérémy Renaux, subdirector de IDHEAS, debería ser objeto de un llamado de alerta del Presidente desde el pleno del Sistema Nacional de Víctimas, para que las cosas cambien. Pero para ello tiene que reunirse y sesionar lo que, como ya se dijo, no ocurre.

“Para eso debería ser el Sistema, para articular al Estado y llamarlo. Pero hasta ahora ese sistema es solo de papel”, dice Renaux.

Los estados: un rompecabezas incompleto

Si a nivel nacional el SNAV padece de omisiones y desinterés, en los estados las fallas son estructurales: en el 85% de las entidades ni siquiera ha terminado de constituirse. Apenas cinco estados (Veracruz, Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí y Guerrero) cuentan con todos los componentes básicos que marca la ley para que el sistema funcione, con independencia de la calidad con que lo haga.

Un diagnóstico de IDHEAS revela, por ejemplo, que hay 11 estados en donde hasta la fecha sigue sin existir una comisión local de atención a víctimas. Es, en promedio, uno de cada tres estados del país. Entre ellos se encuentra la misma Ciudad de México.

Hay 19 estados que tienen una ley de víctimas desactualizada que no ha sido armonizada con las reformas de 2017. Hay un caso extremo que es el de Guanajuato, donde ni siquiera existe norma alguna al respecto.

En 14 entidades federativas no existe todavía un registro de víctimas, el cual es literalmente el punto de partida de los procedimientos de apoyo. Hay 15 estados que carecen del fondo de apoyo para víctimas, lo que hace imposible costear cualquier medida integral de apoyo. Y en 17 entidades no cuentan con asesores jurídicos para brindar representación legal a las víctimas.

El Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas publicó un mapa interactivo en este sitio, donde pueden consultarse a detalle los pendientes que existen en cada entidad federativa y el porcentaje de avance en la implementación del sistema.

Jérémy Renaux destaca que existen comisiones legalmente constituidas en los estados pero que son “elefantes blancos”, donde se carece de protocolos, del personal suficiente o capacitado, de instalaciones adecuadas. Son, en muchos casos, comisiones simbólicas.

A ello se suma que en los estados los sistemas de víctimas tampoco sesionan ni se coordinan.

“Lo que sucede a nivel federal se ha repetido tal cual en los estados. Y peor porque hay estados donde ni siquiera hay presión. Hay comisiones bonitas con comisionados muchas veces cercanos al gobernador o gobernadora, pero que no tienen la preparación para atender a victimas, no tienen presupuesto, no tienen asesores jurídicos, psicólogos, médicos, trabajadores sociales. Hay equipos de hasta solo 5 personas”, revela el subdirector de IDHEAS.

Los abogados Noé Franco y Reyna Velasco confirman que si bien hay algunas comisiones locales que en ocasiones brindan más apoyo que la propia CEAV, la mayoría de las veces la ausencia de las mismas o su mal servicio provocan que los casos terminen en la Comisión nacional.

Un sistema sin reglas

Otro punto que evidencia el nivel de omisiones relacionadas con el SNAV y con la atención a víctimas en el país es la falta del reglamento de la Ley General de Víctimas, el cual debió expedirse a mas tardar dentro de los seis meses posteriores a la reforma que se le hizo a dicha norma, en marzo de 2017.

Lo anterior no ocurrió. El plazo legal para que exista el reglamento caducó desde hace casi dos años y medio.

La ausencia de un reglamento es una falla vital para el correcto funcionamiento del todo el SNAV, pues en síntesis no existen reglas para ejecutar lo que contempla, desde la forma en que debe convocarse al Pleno hasta la operación de los procedimientos de la CEAV.

El extitular de la CEAV, Jaime Rochín, dijo a Animal Político que la responsabilidad jurídica de emitir el reglamento es de la Secretaría de Gobernación. No obstante, añadió, la Comisión participó y convocó a trabajos con organizaciones civiles y colectivos en torno a su formulación, que no llegaron a nada.

“Las organizaciones pidieron más consultas y más discusión, después se atoró en lo refrendos y finalmente con el nuevo gobierno se tuvo que volver a empezar”, dice Rochín.

Pero el diagnóstico de IDHEAS presentado ante la CIDH en noviembre pasado precisó que las mesas de trabajo para la formulación del reglamento carecieron de una metodología seria, y parecieron más una “simulación” para tomar en cuenta a la sociedad civil, sin realmente llevarlo a cabo. Por ese motivo es que las organizaciones se retiraron del proceso.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Qué es el kafala, el controvertido sistema de empleo por patrocinio que 'esclaviza' a los trabajadores

Miles de trabajadores viajan a los países del Golfo, Jordania y Líbano con el sueño de ahorrar dinero para ayudar a sus familias, pero acaban en un ciclo interminable de abuso.
6 de octubre, 2021
Comparte

Pensó que había encontrado el empleo de su vida, pero terminó cautivo y obligado a trabajar gratis.

Athenkosi Dyonta, un barista de 30 años, trabajaba en un café en la ciudad de George, un popular sitio de vacaciones en su país natal, Sudáfrica.

El joven solía compartir su “arte en latte“, los diseños que se hacen con leche sobre el café, con baristas de todo el mundo en un grupo de Facebook.

Fue allí donde una mujer lo contactó con una oferta de trabajo en Omán.

Además de un salario decente, le ofrecían alojamiento, comida y transporte gratuitos.

La mujer dijo que se ocuparía de su visa. Todo lo que Athenkosi tendría que hacer era pagar un boleto de avión, un chequeo médico y una prueba de covid-19.

Taza de latte con diseños hechos con el café sobre la leche

Getty Images
Athenkozi fue contactado en un grupo de Facebook donde compartía su “arte en latte”.

“Pensé que cuando él regresara después de un año más o menos nos compraríamos una casa y podríamos enviar a nuestros niños a mejores escuelas”, recordó su novia Pheliswa Feni, de 28 años, con quien tiene dos hijos.

La pareja pidió prestado dinero para el pasaje aéreo de Athenkosi, quien poco después viajó a Omán.

Al llegar al país árabe, el barista fue conducido desde la capital, Muscat, a una ciudad llamada Ibra, donde lo trasladaron a su nuevo hogar.

“Era un lugar sucio, una habitación pequeña, con apenas un colchón y cajas”, le dijo Athenkosi al podcast The Comb de la BBC.

La sorpresa fue solo el inicio de un período de enorme angustia para el joven, quien se enteró poco después de que el “empleo de sus sueños” no existía.

Athenkosi Dyonta lavando tazas en Omán

Athenkosi Dyonta
En Omán, cuando Athenkosi no estaba trabajando debía permanecer encerrado en su habitación.

Athenkozi pasó a trabajar de 12 a 14 horas al día en tareas de limpieza en cafés.

Cuando no tenía que trabajar lo obligaban a permanecer encerrado en su habitación. La comida era terrible y no le pagaban.

“Comía solo pan y leche, a veces un panecillo con un huevo. No recibía ningún salario, solo trabajaba”.

Lo que el joven no sabía era que había firmado un acuerdo de patrocinio utilizado en partes del Medio Oriente llamado “kafala”, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros.

A la merced del empleador

“El sistema de kafala o patrocinio ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores”, le señaló a BBC Mundo May Romanos, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos de migrantes en la región del Golfo .

Romanos es una de las autoras de un informe de AI de 2019 sobre el sistema de kafala en Líbano.

La palabra árabe kafala significa garantizar.

En este sistema “los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan ese patrocinio”.

“Y el empleador puede en cualquier momento cancelar el permiso de residencia y dejar al trabajador como un ilegal en riesgo de ser deportado”, explicó Romanos.

“El trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso de su empleador, así que acaba atrapado en un ciclo de abuso”.

El sistema fue creado para asegurar una oferta abundante de mano de obra barata durante una era de boom económico.

Sus defensores aseguran que beneficia a las empresas locales y es un factor que impulsa el desarrollo, aunque el sistema se ha vuelto cada vez más polémico por las denuncias de casos de abuso.

A pesar de la posible explotación, los trabajadores muchas veces aceptan trabajos en el sistema de kafala porque la paga que se ofrece es mejor que la que obtendrían en sus propios países, señala el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Nueva York.

Muchos trabajadores envían remesas a sus hogares, que según el Banco Mundial pueden ayudar a aliviar la pobreza en países de medianos y bajos ingresos. En 2019, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estuvieron entre los 10 países desde donde se enviaron más remesas.

Los valedores del sistema argumentan que facilitar la entrada legal de trabajadores a la región hace que éstos sean menos vulnerables al tráfico de personas.

Quienes se oponen, sin embargo, señalan que se requieren mayores garantías legales para proteger a los trabajadores, agrega el análisis de CFR.

Mujeres protestando en Líbano con un cartel que dice "abajo el kafala". 2019

Getty Images
“Abajo el kafala”. Trabajadores migrantes protestaron contra este sistema en Líbano.

El sistema de kafala se aplica con variaciones en todos los países del Golfo, además de en Jordania y Líbano.

“En Líbano, por ejemplo, los trabajadores migrantes no pueden cambiar de empleo sin el permiso del empleador pero sí pueden salir del país”, afirmó Romanos.

“Aunque en la práctica es muy difícil hacerlo si el empleador se niega a pagar el pasaje aéreo, ya que estos trabajadores ganan muy poco. En muchos casos además los empleadores confiscan sus pasaportes“.

“Historias desgarradoras”

El informe de 2019 de Amnistía Internacional se centra en el caso de las trabajadoras domésticas.

Uno de los testimonios que recoge el reporte es el de Mary, una trabajadora de Etiopía que viajó a Líbano, donde aseguró haber sufrido abuso físico y verbal.

“Estuve en la casa de mis empleadores sin salir durante un año, trabajaba 18 horas al día. Lloraba todos los días y traté de acabar con mi vida en tres ocasiones. Su casa era mi prisión”, relató Mary.

“La historia de las trabajadoras domésticas es tristemente muy similar en toda la región”, señaló Romanos.

Manos con guantes de limpieza

Getty Images
Algunas de las trabajadoras domésticas entrevistadas por Amnistía Internacional trabajaban hasta 18 horas al día.

“Como viven en la casa de sus empleadores tienden a estar aisladas, a muchas se les prohíbe salir de la casa. Creo que algunas de las historias más desgarradoras que escuchamos eran especialmente de trabajadoras domésticas”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas atrapadas en el sistema de kafala son mujeres y provienen de Filipinas, Sri Lanka, India, Bangladesh, y en muchos casos de África.

Muchas de ellas son madres que dejaron a sus hijos en sus países y viajaron con la idea de ganar dinero para la educación y alimentación de sus niños”.

Romano señaló que muchas trabajadoras domésticas migrantes trabajan, como Mary, hasta 18 horas al día sin ningún día libre a la semana.

La carga de trabajo es atroz y muchas relatan casos de abusos físicos por parte no solo de sus empleadores sino de los menores a su cargo”.

“Hemos hablando con muchas de estas mujeres que estaban en refugios en Líbano y Qatar. Estaban atrapadas, porque los empleadores aún tenían sus pasaportes y además no tenían dinero para regresar a su país y reunirse con sus hijos”.

Muchas de ellas ni siquiera habían recibido sus salarios así que trabajaron por nada”.

Un estudio de 2008 de Human Rights Watch denunció que las trabajadoras domésticas migrantes estaban muriendo en Líbano a una tasa de más de una por semana, debido a suicidios o intentos de escapes fallidos.

Bahréin, Qatar y Arabia Saudita

Bahréin anunció en 2009 que desmantelaría el sistema de kafala y estableció un organismo público, la Autoridad Reguladora del Mercado de Trabajo, con el fin de regular el estatus de los trabajadores migrantes en lugar de los empleadores.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señaló que esa Autoridad actúa luego del reclutamiento y “no ha asumido el rol de patrocinio, por lo que el sistema de kafala permaneció con algunas restricciones”.

Los trabajadores migrantes en Bahréin ahora tienen “un grado de mobilidad ya que pueden cambiar de empleo sin el consentimiento escrito de su empleador”.

Pero la OIT advirtió que esta libertad fue luego restringida por otra ley en 2011 “que impide a los trabajadores cambiar de empleo antes de un año”.

Qatar también introdujo reformas recientemente al sistema de kafala “ante la presión internacional y por ser foco de atención antes del Mundial de fútbol de 2022”, señaló Romanos.

El país tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que representan el 95% de su fuerza laboral, según AI.

“Qatar permite ahora que los trabajadores migrantes cambien de trabajo y salgan del país sin permiso de sus empleadores, pero en la práctica esto sigue siendo difícil”.

“Y además el empleador aún tiene el poder de cancelar en cualquier momento el permiso de residencia. Si el trabajador abandona el empleo por abuso puede ser acusado de huir y enfrentar un posible arresto y deportación”.

La OIT, por su parte, describió la reforma al sistema de kafala en Qatar como “un cambio histórico”.

“Qatar ha introducido grandes modificaciones a su sistema laboral, poniendo fin al requisito de que los trabajadores migrantes obtengan el permiso de su empleador para cambiar de trabajo. El país convirtió al mismo tiempo en el primero de la región en adoptar un salario mínimo no discriminatorio”, señaló la OIT.

“Tras la adopción de la ley 19 de 2020, el 30 de agosto de ese año, los trabjaadores migrantes pueden cambiar de empleo antes del fin de su contrato sin obtener primero un Certificado de No Objeción de su empleador.

Esta nueva ley, unida a la eliminación previa del requisito de un permiso del empleador para abandonar el país, efectivamente desmantela el sistema de patrocinio de kafala y marca el comienzo de una era en el mercado laboral de Qatar”.

“Mediante legislación adicional se estableció un salario mínimo de 1.000 riyales de Qatar (unos US$275) que se aplica a todos los trabajadores, de todos los sectores, incluyendo las empleadas domésticas”, agregó la OIT.

Trabajadores migrantes en Doha, Qatar, haciendo fila para usar un cajero automático

Getty Images
Qatar tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que conforman el 95% de la fuerza laboral del país.

Arabia Saudita, por su parte, “tiene más de 10 millones de trabajadores migrantes“, afirmó Romanos.

Este país también introdujo algunas reformas, “pero son más en papel que en la práctica”, según la investigadora de AI.

“Por otra parte, es un país cerrado a las organizaciones de derechos humanos por lo que es muy difícil documentar los abusos y ofrecer apoyo a los trabajadores”.

“Una forma de esclavitud moderna”

Al igual que Mary, la trabajadora doméstica en Líbano, Athenkosi intentó quitarse la vida.

El joven barista logró finalmente volver a Sudáfrica, luego de que su novia organizara una campaña para recaudar fondos. El empleador sólo lo dejó ir tras recibir unos US$1.500 por “incumplimiento de contrato y gastos de comida y alojamiento”.

Otras personas atrapadas en el sistema de kafala no han sido tan afortunadas y siguen a la merced de sus empleadores.

Protesta de trabajadores migrantes en Líbano en 2019

Getty Images
Estos trabajadores migrantes en Líbano piden a sus empleadores: “Entreguen nuestros pasaportes, concédannos un día libre, paguen salarios, hablen en forma amable”.

Para Romanos, el kafala es un sistema complejo que no se cambia solo aboliendo un par de leyes.

“Debe haber un cambio de cultura en estos países, y debe acabarse con la cultura de impunidad”.

Los empleadores no enfrentan ninguna consecuencia por sus abusos, ni en Qatar ni en el resto de la región”.

Romanos asegura que los gobiernos deben no solo reformar las leyes sino implementar esos cambios y castigar a los abusadores.

“Definitivamente el sistema de kafala es una forma de esclavitud moderna y creemos que debe ser abolido“.

“Ése es el llamado que hicimos ya hace más de diez años cuando comenzamos a informar sobre el kafala”.

“Es un sistema que debe ser reemplazado por otro que proteja a los trabajadores migrantes de los abusos y garantice sus derechos humanos”.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=Lgs15k6lN2s

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.