Incompleto, sin sesionar ni operar: el Sistema para Víctimas en México a 6 años de su creación
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Incompleto, sin sesionar ni operar: el Sistema para Víctimas en México a 6 años de su creación

Conformado por instituciones y autoridades de los tres niveles de gobierno, el sistema no se reúne ni se coordina.
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20 de enero, 2020
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El Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), concebido hace seis años para materializar una política de Estado que sacaría de la indefensión a miles de víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, atendiendo el reclamo de colectivos como el Movimiento por la Paz de Javier Sicilia, hoy existe en el papel, pero no opera en la realidad.

Conformado por instituciones y autoridades de los tres niveles de gobierno, el sistema no se reúne ni se coordina. Aunque por ley el pleno del SNAV debería acumular al momento doce sesiones ordinarias a nivel nacional (dos al año), por lo menos, en los hechos solo se ha reunido una vez y fue en 2014. El reglamento del Sistema y de la Ley de víctimas tampoco existe.

Entérate: ¿Y las víctimas? El abandono de la CEAV

A nivel local los elementos básicos para que el SNAV pueda funcionar – entre los que se encuentra contar con una comisión estatal, un fondo, un registro y una ley actualizada – solo se han completado en 5 de los 32 estados del país.

Informes oficiales, abogados de víctimas y especialistas consultados por Animal Político confirman lo anterior, y recalcan que la atención a víctimas como política de Estado en México no es real. A la falta de coordinación, se suma el desinterés por reparar el daño de las instituciones responsables de violar derechos humanos.

La responsabilidad de responder, apoyar y reparar a las víctimas, señalan expertos y autoridades, se ha depositado exclusivamente en una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cuya intervención debería ser solo subsidiaria y complementaria. Hoy dicha comisión ya roza el colapso: es lenta, burocrática, y ahora también violadora de derechos humanos.

“Quien tendría que dar todos esos apoyos es el Estado, no la CEAV. La función de la CEAV, y para eso hay algo que se llama SNAV, era articular al Estado alrededor, al sector salud, al educativo, al de trabajo, a todos, pero nunca sucedió (…) hoy tenemos esta comisión que es mas bien una oficina asistencialista, que ha generado una relación casi clientelar con las víctimas”,  dice Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos.

A continuación, se detallan las principales irregularidades y omisiones relacionadas con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. En una segunda entrega de este texto, se profundizará en las deficiencias del funcionamiento de la CEAV.

Primero, el desinterés

La Ley General de Victimas promulgada el 9 de enero de 2013 estableció en su artículo 79 la creación del SNAV como la instancia central y superior para la “coordinación y formulación de políticas públicas”. Su objetivo – en resumen – era proponer, ejecutar y supervisar todas las acciones que hagan posible la protección y reparación del daño a las víctimas.

Al SNAV lo conforman representantes de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial de los distintos órdenes de gobierno, así como la CNDH y organismos relacionados con derechos humanos. Lo encabeza el presidente de la República quien, según el artículo 83 de la ley, debe convocar al pleno del SNAV a sesionar de forma ordinaria al menos una vez cada seis meses, y de forma extraordinaria las veces que se requieran.

Dado que el Sistema se instaló en 2014, ello significa que para este momento su pleno debería acumular, al menos, doce sesiones ordinarias.

Pero de acuerdo con un diagnóstico realizado por la organización IDHEAS: Litigio Estratégico en Derechos Humanos presentado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en noviembre pasado, y con información de la propia CEAV, el SNAV solo ha sesionado una vez de forma ordinaria y eso fue hace cinco años.

De forma extraordinaria no ha sesionado ni una vez, aun y cuando 2018 y 2019 fueron años consecutivos con registros récord de víctimas de homicidio y feminicidio.

“El Sistema Nacional es un espacio de coordinación entre todas las instancias de los tres niveles de gobierno que tiene la obligación de atender a las víctimas. Es convocado por el presidente y si no se ha vuelto a reunir desde 2014 es porque Enrique Peña Nieto no lo volvió a convocar, ni el actual presidente tampoco. No se puede generar una política de atención integral a víctimas si ni siquiera las instituciones que están a cargo logran sentarse”,  señaló Jérémy Renaux, subdirector de IDHEAS.

Cuestionado sobre esta situación, el que fuera comisionado y presidente de la CEAV desde su creación hasta junio de 2019, Jaime Rochín, dijo a Animal Político que cuando estuvo en el cargo intentó tanto con Peña Nieto como con López Obrador que se convocara al pleno, sin éxito.

“En mi periodo se les comunicó a ambos presidentes a través de SEGOB que se debía convocar, pero no lo hicieron. Al final del sexenio anterior se convocó, pero ya no hubo quórum”, dijo Rochín.

En el balance oficial enviado al Congreso al dejar su cargo, Rochín reconoció que el SNAV se encuentra “lejos de cumplir sus objetivos” y centró el problema, entre otras razones, en la “falta de atención y coordinación de las diversas instituciones públicas” que lo conforman.

“Si bien la Ley General de Víctimas ordena que la atención a víctimas es una obligación del Estado en su conjunto, de la cual el SNAV sería la instancia superior de coordinación, en la práctica ha sido la CEAV quien ha asumido la atención de las víctimas, en prácticamente todos los aspectos. Pero la CEAV no puede suplir al Sistema Nacional ni llevar a cabo todas sus funciones, máxime en un contexto generalizado de violencia como el que atraviesa el país”, señala el informe oficial.

Luego, el abandono

El informe oficial de la Comisión concluye que no ha habido voluntad del Estado Mexicano de operar conforme a lo que mandata la Ley de Víctimas, situación ha propiciado que la CEAV deje de ser una instancia de coordinación, para convertirse en responsable de la atención de las víctimas “en casi todos los aspectos”.

Los abogados Noé Franco Pacheco y Reyna Velasco, cuyo despacho ha representado a cerca de medio centenar de víctimas ante la CEAV, coinciden en señalar que el Sistema Nacional no funciona y que “para fines prácticos no existe”: predomina el total deslinde de las instituciones y del Estado, incluso de las que son las responsables de violar los derechos humanos.

Por citar solo un ejemplo, los abogados refieren el caso de una de sus representadas: Elvira Santibañez, detenida en febrero de 2015 por elementos del Ejército Mexicano en Ajuchitán, Guerrero. La captura se realizó tras un cateo ilegal, en el que además Elvira fue torturada por los militares.

En 2017 la CNDH confirmó que la mujer había sido víctima de violaciones a sus derechos humanos, y emitió la recomendación 4/2017 en la que ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reparar el daño causado por sus elementos.

“La Sedena lo único que hizo fue aceptar la recomendación, pero respecto a Elvira no hizo nada. Le pasó todo el tema a la CEAV y con eso dice que cumplió. ¿Dónde está el fundamento legal para eso? No existe. Es la Sedena la que tendría que reparar, indemnizar, porque fue su personal. Con ellos se tendría que hacer el acuerdo, y cuando no le alcance o haya que dar algún apoyo entonces entra la Comisión de forma subsidiaria. Pero así no ocurre”, dice Reyna Velasco.

La ley General de Víctimas contempla el denominado Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral, del que la CEAV destina recursos a las víctimas. Noé Franco subraya que el dinero que de ahí se toma debería ser repuesto por las instituciones que violan los derechos humanos. “Es el espíritu de la ley, pero ni eso sucede”, concluye.

Jacobo Dayán subraya que la lógica en cualquier país serio es que los responsables de violar derechos humanos sean los responsables de reparar el daño. Destaca que, en casos como el de la tragedia de la Guardería ABC, es obvio que el IMSS tendría que hacerse responsable al menos con la indemnización, lo que no ha ocurrido nunca.

“Con la creación de la CEAV lo que acabó ocurriendo es que las demás instituciones del Estado dijeron: pues vete a la CEAV y que te reparen allá, ya no es mi bronca. Entonces ya no es bronca de la policía, ni de la fiscalía, ni del IMSS, ni de nadie… todo es bronca de la CEAV y es una perversión”, dijo.

Este abandono del Estado, puntualiza Jérémy Renaux, subdirector de IDHEAS, debería ser objeto de un llamado de alerta del Presidente desde el pleno del Sistema Nacional de Víctimas, para que las cosas cambien. Pero para ello tiene que reunirse y sesionar lo que, como ya se dijo, no ocurre.

“Para eso debería ser el Sistema, para articular al Estado y llamarlo. Pero hasta ahora ese sistema es solo de papel”, dice Renaux.

Los estados: un rompecabezas incompleto

Si a nivel nacional el SNAV padece de omisiones y desinterés, en los estados las fallas son estructurales: en el 85% de las entidades ni siquiera ha terminado de constituirse. Apenas cinco estados (Veracruz, Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí y Guerrero) cuentan con todos los componentes básicos que marca la ley para que el sistema funcione, con independencia de la calidad con que lo haga.

Un diagnóstico de IDHEAS revela, por ejemplo, que hay 11 estados en donde hasta la fecha sigue sin existir una comisión local de atención a víctimas. Es, en promedio, uno de cada tres estados del país. Entre ellos se encuentra la misma Ciudad de México.

Hay 19 estados que tienen una ley de víctimas desactualizada que no ha sido armonizada con las reformas de 2017. Hay un caso extremo que es el de Guanajuato, donde ni siquiera existe norma alguna al respecto.

En 14 entidades federativas no existe todavía un registro de víctimas, el cual es literalmente el punto de partida de los procedimientos de apoyo. Hay 15 estados que carecen del fondo de apoyo para víctimas, lo que hace imposible costear cualquier medida integral de apoyo. Y en 17 entidades no cuentan con asesores jurídicos para brindar representación legal a las víctimas.

El Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas publicó un mapa interactivo en este sitio, donde pueden consultarse a detalle los pendientes que existen en cada entidad federativa y el porcentaje de avance en la implementación del sistema.

Jérémy Renaux destaca que existen comisiones legalmente constituidas en los estados pero que son “elefantes blancos”, donde se carece de protocolos, del personal suficiente o capacitado, de instalaciones adecuadas. Son, en muchos casos, comisiones simbólicas.

A ello se suma que en los estados los sistemas de víctimas tampoco sesionan ni se coordinan.

“Lo que sucede a nivel federal se ha repetido tal cual en los estados. Y peor porque hay estados donde ni siquiera hay presión. Hay comisiones bonitas con comisionados muchas veces cercanos al gobernador o gobernadora, pero que no tienen la preparación para atender a victimas, no tienen presupuesto, no tienen asesores jurídicos, psicólogos, médicos, trabajadores sociales. Hay equipos de hasta solo 5 personas”, revela el subdirector de IDHEAS.

Los abogados Noé Franco y Reyna Velasco confirman que si bien hay algunas comisiones locales que en ocasiones brindan más apoyo que la propia CEAV, la mayoría de las veces la ausencia de las mismas o su mal servicio provocan que los casos terminen en la Comisión nacional.

Un sistema sin reglas

Otro punto que evidencia el nivel de omisiones relacionadas con el SNAV y con la atención a víctimas en el país es la falta del reglamento de la Ley General de Víctimas, el cual debió expedirse a mas tardar dentro de los seis meses posteriores a la reforma que se le hizo a dicha norma, en marzo de 2017.

Lo anterior no ocurrió. El plazo legal para que exista el reglamento caducó desde hace casi dos años y medio.

La ausencia de un reglamento es una falla vital para el correcto funcionamiento del todo el SNAV, pues en síntesis no existen reglas para ejecutar lo que contempla, desde la forma en que debe convocarse al Pleno hasta la operación de los procedimientos de la CEAV.

El extitular de la CEAV, Jaime Rochín, dijo a Animal Político que la responsabilidad jurídica de emitir el reglamento es de la Secretaría de Gobernación. No obstante, añadió, la Comisión participó y convocó a trabajos con organizaciones civiles y colectivos en torno a su formulación, que no llegaron a nada.

“Las organizaciones pidieron más consultas y más discusión, después se atoró en lo refrendos y finalmente con el nuevo gobierno se tuvo que volver a empezar”, dice Rochín.

Pero el diagnóstico de IDHEAS presentado ante la CIDH en noviembre pasado precisó que las mesas de trabajo para la formulación del reglamento carecieron de una metodología seria, y parecieron más una “simulación” para tomar en cuenta a la sociedad civil, sin realmente llevarlo a cabo. Por ese motivo es que las organizaciones se retiraron del proceso.

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Cómo los cárteles en México están usando armas no convencionales como si fueran ejércitos en guerra

La reciente muerte de un hombre tras pisar una mina sembrada por el narco da muestra de la creciente militarización de los cárteles mexicanos en su carrera armamentística.
24 de marzo, 2022
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La muerte de un campesino en febrero tras pisar una mina sembrada por el narco en Aguililla, en el oeste de México, encendió las alarmas sobre la escalada de violencia en una zona ya de por sí asediada durante años por el fuego cruzado entre grupos rivales.

El suceso en este municipio, bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y donde nació su líder Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, dista mucho de ser una amenaza puntual.

En unas tres semanas, el Ejército mexicano desactivó al menos 250 explosivos caseros en esta zona conocida como Tierra Caliente, revelado como un auténtico campo minado para mayor terror de la población local.

Las minas antipersona, que recuerdan a las estrategias utilizadas en países de grandes conflictos armados, se suman así al arsenal de los cárteles mexicanos que han aumentado su poder y diversificado sus armas hasta contar con muchas de las utilizadas por militares y ejércitos en guerra.

“Ahora el crimen organizado utiliza minas artesanales en los caminos y drones cargados con explosivos. Entonces, o te cuidas del suelo que pisas, o te cuidas de lo que hay sobre tu cabeza”, resume la situación para BBC Mundo Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, donde en febrero se desplegaron efectivos del Ejército para tratar de recuperar su control.

En efecto, a medida que la violencia aumentó en México, los grupos criminales adoptaron en la última década un enfoque cada vez más militarizado en sus tácticas y, sobre todo, en sus armas.

De contar con viejas armas soviéticas en el pasado, los cárteles pasaron a utilizar desde fusiles característicos de ejércitos en guerra hasta los drones con explosivos de tecnología más sofisticada, pasando por la fabricación de sus propios vehículos blindados o incluso submarinos. Y ahora, también minas improvisadas.

Vehículo blindado

Sec. Seguridad Michoacán
Autoridades de Michoacán aseguraron en Aguililla recientemente varios “monstruos” o “narcotanques”, vehículos blindados de manera artesanal utilizados por carteles en México.

Para Robert J. Bunker y John P. Sullivan, autores de dos libros sobre los avances en las tácticas de los carteles mexicanos en los últimos años y sobre la evolución de su armamento con artefactos explosivos aéreos, la adopción de minas terrestres o drones armados refleja “una escalada de violencia potencialmente indiscriminada”.

“Representan amenazas potenciales significativas a las que el Ejército mexicano tendrá que responder y evitar antes de que proliferen entre otros grupos dentro del país”, dice Bunker, entrevistado por BBC Mundo.

BBC Mundo solicitó comentarios sobre este tema de la Secretaría de Defensa de México (Sedena), que desplegó efectivos para desactivar las minas en Michoacán, pero no obtuvo respuesta.

Según autoridades militares citadas por el diario El Universal, en el rastreo en la zona se encontraron minas fabricadas de modo casero, colocadas a unos 150 metros una de otra, y escondidas no solo a las afueras de las comunidades sino también en su interior.

Soldado mexicano buscando minas

AFP
El Ejército mexicano desactivó cientos de minas en los alrededores de Aguililla, Michoacán.

En un comunicado del 9 de febrero, la Sedena aseguró que “se logró restablecer la transitabilidad y la paz social” en Aguililla tras el ingreso de soldados al municipio “con la finalidad de realizar operaciones para fortalecer el estado de derecho en la región”, pero no hubo mención al hallazgo de las minas.

Sin embargo, el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, fue asesinado menos de un mes después.

“Llevamos ya meses trabajando, porque estaba tomada toda esa región, trabajando con programas sociales (…) y se está avanzando, ya empezó a regresar la gente, recogieron sus cosechas, están inscribiéndose en los programas de Bienestar. Sin embargo, sigue habiendo tensiones“, dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo logran estas armas?

Los expertos consultados sitúan el inicio de esta evolución y militarización de las armas del crimen organizado en México en el momento en que el Cártel del Golfo desplegó hace años por primera vez a exsoldados profesionales como parte de los Zetas, su antiguo brazo armado.

Aquello fue el detonante para que cuando un cartel intentaba sobrevivir y competir contra grupos rivales, optara por reforzar sus unidades utilizando armamento de grado militar, opinan los fundadores del sitio web de análisis de conflictos y grupos criminales en América Latina Small Wars Journal-El Centro.

En opinión de Bunker, “esto resultó en una ‘revolución militar de carteles’ que aún continúa”.

Dron usado por grupos de delincuencia organizada

Fiscalía General de la República
Drones cada vez más sofisticados son usados por grupos de delincuencia organizada en México.

El origen de dichas armas pueden ser tres. En el pasado, los cárteles mexicanos obtuvieron armas de arsenales de gobiernos centroamericanos como rifles de asalto, lanzagranadas, ametralladoras, armas antitanque y granadas.

De un mercado ilegal más lejano llegaban armas de grado militar fabricadas en países como China, Rusia, Corea del Sur o Sudáfrica. Estas líneas de tráfico, sin embargo, no son hoy tan sólidas como cuando los cárteles estaban presentes en algunos puertos de México, apunta Bunker.

Por el contrario, un segundo e importante origen actual de estas armas continúa siendo Estados Unidos.

Del país con el que México comparte la frontera terrestre más transitada del mundo proceden miles de los rifles Barret calibre 50 o los fusiles semiautomáticos utilizados por los cárteles, y que son compradas por intermediarios en aquel país para luego ser introducidas en México escondidas en vehículos.

Armas

Sedena
El Ejército anunció haber asegurado este mes en varias localidades de Michoacán armas largas, 23 artefactos explosivos improvisados, 21 vehículos (tres con blindaje artesanal) y diverso equipo táctico, además de unos 200 paquetes de marihuana.

Según datos del gobierno mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México.

Por ello, el Ejecutivo interpuso el año pasado una demanda contra un grupo de empresas estadounidenses de armas que sigue su curso.

“Hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada”, aseguró entonces el presidente López Obrador.

Esta procedencia de las armas fue visible en multitud de sucesos.

Durante la fallida operación para capturar en 2019 a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, se identificaron en manos del cartel de Sinaloa armas como fusiles de asalto AK47 o ametralladoras como la Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de EE.UU.

Pero un tercer origen de estas armas es, sin embargo, el propio México.

Según Bunker, “los cárteles han obtenido armas de funcionarios policiales, militares y gubernamentales corruptos. Incluso cuando las autoridades se incautan de armas de grado militar de los carteles, no siempre se destruyen y pueden volver a ellos por un precio acordado”.

Rifles calibre 50 incautados en Mexico

AFP

Fabricación propia

En los últimos años, los carteles han aumentado además sus conocimientos y capacidades para fabricar sus propias armas como las recientes minas terrestres improvisadas o drones armados. Una de sus principales fuentes de aprendizaje es la interacción con otros grupos criminales.

“A veces, eso se aprende en prisión. Tales habilidades tácticas de armamento se han transmitido de grupos como las FARC de Colombia al CJNG, por ejemplo, cuando los grupos cooperan y forman alianzas”, destaca Sullivan.

De hecho, si hay algo que para los expertos representa esta militarización de las armas de los carteles y que es su mejor ejemplo de fabricación casera son los conocidos como “monstruos” o “narcotanques”.

Auto blindado

SEDENA

“Estos vehículos blindados han evolucionado desde solo tener puertos de armas desde los cuales pegar cañones de armas a monturas de armas fijas (para ametralladoras y rifles Barret calibre .50) a torretas blindadas giratorias que contienen estas armas”, dice Bunker.

Otra muestra de este poderío son el uso de drones, que ha pasado de un uso como artefacto explosivo improvisado de detonación puntual a un elemento con capacidades de bombardeo aéreo.

El pasado enero, un video grabado desde un dron del CJNG permitió ver el momento en que el artefacto lanzaba varias bombas sobre un campamento en Michoacán, del que las personas huían despavoridas.

https://twitter.com/ConflictsW/status/1481039512646172672

Poderío del CJNG

De hecho, el grupo liderado por el Mencho es, hoy por hoy, el cartel considerado más avanzado operativamente en su carrera armamentística.

Así se encargan de mostrarlo en videos en los que exhiben sin pudor, a plena luz del día e incluso a cara descubierta, parte de su equipamiento como cuando desfilaron en tanques caseros por Aguililla el año pasado entre gritos de “¡Pura gente del Mencho!” y “Ahora paseamos los de las 4 (letras, en referencia al CJNG)”:

https://twitter.com/MeganoticiasZAM/status/1366889818446307333

“Estas ‘demostraciones de fuerza’ son una muestra de poder para impresionar a la población y a sus rivales, pero también tienen una utilidad táctica verdadera. Son propaganda con capacidad operativa real”, analiza Sullivan.

De cara al futuro, los expertos consideran que la especialización en armas vista actualmente en la región en disputa de Tierra Caliente podría extenderse a otras zonas de México donde los grupos criminales vean la necesidad de lograr una ventaja táctica.

“Una vez que allí haya un cartel definitivamente en control, la violencia e innovación serán menos pronunciadas. A medida que el conflicto se traslade a otros frentes donde los carteles compiten, esas nuevas áreas en disputa se convertirán en incubadoras de innovación táctica”, pronostica Sullivan.

Además, recuerda que grupos colombianos que usaron minas terrestres como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o bandas criminales como el Clan del Golfo han interactuado en diversos grados con los carteles mexicanos. “Se puede esperar que las minas continúen proliferando”, concluye el analista.

Fuerzas de seguridad en Michoacán

Sec. Seguridad Michoacán

Bunker remarca sin embargo que el Ejército mexicano sigue teniendo mucho más poder armamentístico que los carteles en forma de tanques, artillería o helicópteros.

Uno de sus puntos débiles, sin embargo, es que “los cárteles se involucran en actos de corrupción que socaban las instituciones del gobierno mexicano. Las unidades de la Secretaría de Defensa en terreno pueden ser vulnerables a la corrupción si se despliegan en un área por periodos prolongados”, alerta.


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