Solo 50 condenas por tortura tras 27 mil investigaciones desde 2006
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Archivo / Cuartoscuro

Solo 50 condenas por tortura tras 27 mil investigaciones desde 2006

La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos elabora un informe que evidencia la impunidad de los torturadores. “Es un problema estructural, no son casos aislados”, dice la investigadora Lucía Chávez.
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Las imágenes de la tortura de Carlos Canto, detenido por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, provocaron que Fiscalía General de la República abriese una investigación. En el video aparecer el hombre siendo sometido a sesiones de asfixia por parte de militares que buscan una confesión. No se trata de un caso aislado.  La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hizo pública una web en la que analiza las investigaciones, quejas y sentencias sobre tortura registradas en México en el período entre 2006 y 2018. Según el estudio, en este período se registraron más de 27 mil investigaciones por tortura pero solo 50 se tradujeron en condenas. 

Según el estudio elaborado por la CMDPDH, en doce años se registraron 10,787 investigaciones penales por tortura a nivel federal y 16,555 a nivel estatal, lo que da un total de 27 mil 342 investigaciones. En este mismo período únicamente se dieron 50 sentencias condenatorias y 16 absoluciones en relación a 25 causas penales. 

Las cifras muestran que desde que Felipe Calderón iniciase lo que denominó “guerra contra el narcotráfico” se registraron miles de denuncias por malos tratos a manos de diferentes fuerzas policiales. Esto, sin embargo, no se traduce en persecución de los responsables.

“No hay un incentivo para no torturar”, dijo Lucía Chávez, investigadora a cargo del proyecto. 

“La fiscalía es un gran cuello de botella. Pocas veces hace una investigación seria sobre violaciones a los derechos humanos donde el estado está involucrado”, señaló. 

Saber que es muy difícil que las demandas se investiguen supone una barrera para que los ciudadanos denuncien.

Chávez pone como ejemplo la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reveló que las dos principales razones que hacen que los ciudadanos no busquen el amparo judicial es el miedo a las a las autoridades y la creencia de que denunciar no sirve para nada. 

“Todo esto redunda en la impunidad. Que la gente no pueda obtener justicia genera un círculo de impunidad”, dijo. 

La investigadora indicó que las pocas sentencias condenatorias no afectaron a altos mandos del Ejército o la policía. “Los altos mandos conocen la tortura pero las sentencias no les afectan”, afirmó. 

“Del análisis de las versiones públicas de las sentencias, sabemos que al menos seis están dirigidas a personal militar. También es importante mencionar que un gran número de las causas penales que originalmente se iniciaron por tortura, terminaron en sentencia por algún otro delito como homicidio, abuso de autoridad y/o inhumación clandestina de cadáveres”, dice la organización en su web.

En el mismo período, el que comienza con la denominada “guerra contra el narcotráfico”, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) y las diferentes comisiones estatales recibieron 42 mil 212 quejas sobre tortura y malos tratos. El equipo de la CMDPDH detectó 177 recomendaciones de la CNDH sobre esta materia. 

En este punto, nuevamente, la organización observa falta de cumplimiento por parte de las autoridades. “Se dice que se investigue, pero no se investiga porque no hay personas sancionadas”, dice Chávez. 

La web desarrollada por la CMDPDH analiza quién tortura y de qué manera. 

Según los datos de la organización, la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal son, por este orden, las instituciones que acumulan un mayor número de denuncias. 

Del mismo modo, las prácticas más habituales son los golpes y las amenazas. Sin embargo, el análisis también recoge que se han utilizado toques eléctricos, ahogamiento con bolsa o abusos sexuales. 

“Para practicar este tipo de torturas tienen que haber una preparación. En ocasiones hasta se ha registrado la presencia de un médico para revivir al torturado”, explica Chávez. 

“A lo largo del periodo 2006-2018 hemos documentado los efectos y las implicaciones de una estrategia de seguridad pública de corte militar a la que conocemos comúnmente como “guerra contra las drogas”, en donde se ha invertido una gran cantidad de recursos en armamento y entrenamiento militar. El resultado son los miles de víctimas de la guerra y el aumento de la violencia y la impunidad en el país. Los datos oficiales que exponen violaciones graves de derechos humanos como son la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias muestran un crecimiento al alza, sin sanción o castigo de los responsables, ni justicia y reparación para las víctimas”, explica el informe.

Uno de los objetivos de la organización es el apoyo a las víctimas. De este modo, la web incluye una guía que explica qué hacer en caso de que una persona sufra tortura o tratos degradantes y quiera denunciar o presentar una queja.

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Cómo es la carretera del "terror" en el norte de México donde han desaparecido decenas de personas

En el noreste de México, decenas de personas han desaparecido en una importante autopista que llega a la frontera con EE.UU. Por su peligrosidad, ha comenzado a ser llamada la "carretera del terror".
17 de julio, 2021
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Lo que vivió una familia a finales de junio fue apenas un “susto”.

Sus cuatro integrantes fueron despojados de la camioneta en que viajaban de la ciudad de Monterrey a la de Nuevo Laredo, en el noreste de México, y abandonados a mitad del camino.

“¿Cómo están? ¿Se encuentran bien?”, pregunta el conductor de un tráiler que grabó el asalto a lo lejos.

“Nada más el susto”, responde el padre, quien luego explicó a la prensa que “de una camioneta se bajaron cuatro hombres armados. Traían ametralladoras”.

“Enfrente bajaron a una pareja de una camioneta Chevrolet blanca. Y después de eso, se viene un sujeto armado hacia nosotros, que era como de 30 años, andaba bien vestido“, dijo el hombre, quien no dio su nombre por razones de seguridad.

“‘¡Bájense! ¡Y dejen los celulares!'”, les ordenaron.

“Nos bajamos toda mi familia y nos fuimos para atrás”.

Lo que para esa familia fue solo un susto. Para decenas de familias, la inseguridad ha tenido como consecuencia la desaparición de un ser querido.

Y es que viajar de Monterrey -la urbe industrial más importante de México a la ciudad fronteriza Nuevo Laredo se ha vuelto un riesgo.

La autopista de peajes de unos 200 km en los últimos meses ha sido llamada la “carretera del terror” o el “triángulo de las Bermudas”, debido a los crecientes casos de secuestros y desapariciones forzadas que se han registrado.

Según la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), la organización más grande de apoyo a víctimas local, se han conocido al menos 49 desapariciones este año tan solo de habitantes del estado.

Es la cifra más alta en los últimos 10 años, dice a BBC Mundo Angélica Orozco, una portavoz de la organización.

“Están atacando directamente a la ciudadanía, que nos encontramos totalmente vulnerables ante la desinformación, porque no nos informan qué está sucediendo. Y comprobamos, una vez más, que no hay un plan para buscar a las personas desaparecidas”, señala.

Protesta por los desaparecidos entre Nuevo León y Tamaulipas

Reuters
Este año se ha incrementado notablemente la desaparición de personas que viajaban de Nuevo León a Tamaulipas.

Las autoridades de Nuevo León, por su parte, reportan solo 41 investigaciones por desaparición en 20 meses, con 1,4 personas en promedio por caso. Y han anunciado nuevas medidas para su búsqueda.

Pero FUNDENL y otras organizaciones advierten que hay una “cifra negra” de casos no conocidos por falta de denuncia.

Una vía moderna y peligrosa

La autopista 85D que conecta a Monterrey con Nuevo Laredo no es un camino secundario, como los que llegan a ser controlados por grupos criminales en algunas regiones conflictivas de México.

Todo lo contrario: es una autopista de cuatro carriles, con casetas de peajes electrónicos e infraestructura de pasos elevados a lo largo de un trayecto casi en su totalidad recto.

Es parte de la carretera Panamericana, que conecta de norte a sur el continente americano.

Transportistas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo

Getty Images
La carretera 85D es vital para la exportación de manufacturas hechas en México hacia EE.UU.

Al ser la vía más corta del centro de México a la frontera con EE.UU., es una vía importante, tanto para la exportación e importación de mercancías, como para los habitantes de Monterrey que van por turismo o negocios a las ciudades del sur de Texas.

“Es el camino hacia la frontera para gente que va a EE.UU. de compras o por cuestiones personales. Y por eso consideramos que desde hace años las autoridades han tenido información de que suceden desapariciones. Y no hay sistemas de videovigilancia u operativos permanentes”, señala Orozco.

Pese a ser una infraestructura vital, la seguridad para conductores -tanto de transporte de carga como civiles- “no está garantizada”.

El tramo del peligro

En particular, hay un tramo que ha sido el más riesgoso en los últimos meses: el de la frontera entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Apenas el 19 de junio pasado, un ingeniero en sistemas de 35 años -de identidad reservada- fue secuestrado durante varias horas por hombres armados vestidos con ropa militar.

En una denuncia ante el ministerio público de Nuevo León, señala que sobre la carretera había un retén de sujetos armados que lo detuvo. Uno de ellos le dijo “toma tus cosas y bájate del vehículo” para revisar su camioneta.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters

Lo subieron a un vehículo, le cubrieron la cabeza y lo empezaron a “mover todo el día por un camino de terracería desconocido”, explicó.

Le preguntaban que “dónde está la droga que traía” y que “para quién trabajaba”.

Incluso lo golpearon una tabla de madera en un momento para que hiciera una confesión, pese a que les aseguro que trabajaba en una empresa de sistemas y que en su celular tenía los datos de su trabajo.

Explica que al final lo abandonaron con los ojos cubiertos en un camino de terracería. Encontró una población y pidió ayuda. Más tarde pudo localizar su camioneta y volver a Monterrey.

Map

FUNDENL también ha detectado que los choferes de aplicaciones como Uber o Didi, que son solicitados para realizar viajes hacia la frontera, también han sido atacados por los criminales.

“En general, tenemos casos documentados desde 2011. Y con la crisis desde este año, empezamos a recibir reportes de años anteriores”, explica Orozco.

La cruenta rivalidad de carteles

Desde hace unos meses hay una creciente disputa de grupos delictivos por el control de las ciudades que colindan con EE.UU. en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Se trata de puntos clave para el tráfico de drogas y mercancías ilegales, así como el flujo de recursos económicos que los carteles buscan manejar, explica el investigador en seguridad pública Víctor Sánchez a BBC Mundo.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters
El tramo de la carretera cercano a Sabinas Hidalgo es uno de los más riesgosos.

“Los comandos paran a tráileres que llevan mercancías. Se llevan los camiones o a veces solo la mercancía. Y en algunas ocasiones desaparecen a los conductores. Lo mismo sobre vehículos privados: se enfocan en camionetas equipadas que después utilizan para sus actividades”, indica.

Aunque ha sido una práctica vista desde hace una década, se ha recrudecido en los últimos meses.

“Es una zona de conflicto y disputa, pero va más allá de la simple disputa de organizaciones criminales. Tiene que ver mucho con el ADN de Los Zetas“, explica Sánchez.

Y es que el Cartel del Noreste -CDN, conformado por miembros del extinto grupo sanguinario Los Zetas- controla la ciudad de Nuevo Laredo, que ha sido blanco de otras organizaciones recientemente.

“Se ha recrudecido mucho la ofensiva en los últimos meses por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación, de la mano de una organización local, los Metros, que es una facción del Cartel del Golfo”, indica Sánchez.

Foto del desaparecido Isaac Hernández

Reuters
Muchas víctimas de desaparición en la zona son los conductores de camiones.

“El CDN sospecha de cualquier vehículo ostentoso que circule por la carretera a determinadas horas, previendo una incursión. Y eso puede explicar algunas de las desapariciones de los últimos meses”, explica el investigador, residente del vecino estado de Coahuila.

Muchas víctimas de desaparición no son encontradas porque los carteles evitan dejar evidencias, como el cuerpo de las víctimas.

La respuesta de los gobiernos

Ante el aumento de casos de desaparición, los gobiernos estatales y el federal han empezado a tomar acciones en las últimas semanas.

La Guardia Nacional federal fue desplegada para realizar patrullajes a lo largo de la carretera 85D.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters

Y la semana pasada, los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas se reunieron para acordar una mejor coordinación en la investigación de casos de desaparecidos, algo que han reclamado las familias de las víctimas.

“Se contempla la instalación de puntos fijos intermitentes en especial en zonas específicas como el tramo del kilómetro 100 al 176 (zona limítrofe entre estados)”, indicaron en un comunicado conjunto.

“No nada más es la autopista, hay brechas donde también la Guardia Nacional, Fuerza Civil y el Ejército Mexicano entramos a vigilar, a disuadir, a buscar individuos que estén buscando hacer daño a la gente”, dijo el comisario de la Fuerza Civil de Nuevo León, Jorge Garza Morales.

Protesta por los desaparecidos entre Nuevo León y Tamaulipas

Reuters
El gobierno de Nuevo León dice que tomó nuevas medidas en atención a las protestas por desapariciones recientes.

Orozco, sin embargo, advierte que esas acciones suelen ser temporales. Cuando se acaban, el problema regresa.

“Los operativos desde junio qué bueno que los están haciendo, pero deberían haberlos empezado desde que hubo reportes que algo estaba sucediendo, desde abril”, señala.

“El discurso gubernamental es el mismo, de ataques entre bandas de criminales. Pero están atacando a trabajadores y familias directamente. Es lamentable“.


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