México gastó 600 mil mdp en plan anticrimen incongruente y fallido: ASF 
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México gastó 600 mil mdp en plan de prevención del delito deficiente y sin resultados

“De mantenerse el diseño e instrumentación de la política pública de la prevención del delito bajo las condiciones actuales, se espera que empeoren las condiciones de seguridad pública", alertó la ASF en un informe especial.
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25 de febrero, 2020
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En poco más de una década México ha gastado más de 600 mil millones de pesos en una estrategia de prevención del delito mal diseñada de origen, imposible de medir, incongruente e inconsistente, y que a las luces de la situación de inseguridad y violencia en la que hoy se encuentra el país no ha dado resultados.

Esa es la conclusión a la que llega un informe especial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el que se evaluaron todos los componentes de la política pública de prevención delictiva implementada por México desde su concepción en 2008 y hasta el cierre de 2018.

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Dicha política, explican los expertos, se sustenta en tres componentes: prevención social, contención del delito y prevención de reincidencia delictiva. A partir de ellos los gobiernos han implementado múltiples planes y acciones con la finalidad de atajar la creciente incidencia delictiva y la percepción de inseguridad.

Sin embargo, los expertos advierten que se trata de enfoques que, si bien parecen identificar de forma acertada las causas del problema, en la realidad se han traducido en acciones aisladas, incongruentes y desarticuladas, que impiden dar una respuesta integral a la crisis de violencia.

El problema se agrava porque aun con los cambios de administraciones los esquemas mantienen la misma inercia ineficaz y costosa.

“De mantenerse el diseño e instrumentación de la política pública de la prevención del delito bajo las condiciones actuales, se espera que empeoren las condiciones de seguridad pública, debido a la persistencia en el incremento de la incidencia delictiva, originado por la ausencia de una atención integral a la comisión de probables actos delictivos para evitar que sean consumados”, indica la auditoría.

Los millonarios costos

De acuerdo con el análisis de los auditores, de 2008 a 2018 nuestro país ha gastado 600 mil 732 millones de pesos en la implementación de la política pública de prevención del delito. Se trata de una estrategia cuyo costo se ha venido incrementando año con año.

Y es que mientras en 2008 se invirtieron (ya en cifras constantes) 27 mil 58 millones de pesos, para 2013 la inversión ascendía a 56 mil 884 millones de pesos, y en 2018 llegó hasta los 66 mil 31 millones de pesos anuales.

Esto significa que en el referido lapso el costo anual de la política de prevención del delito se disparó más de 144%.

¿En qué se han invertido los más de 600 mil millones? De acuerdo con el informe de la ASF, el 53.7% se ha ido en acciones relacionadas con la contención del delito, que se traducen primordialmente en operativos para la disuasión del delito y la detección oportuna de ilícitos financieros.

El 27.7% en prevención de reincidencia delictiva, que significa primordialmente en inversiones en el sistema penitenciario; y solo un 6% en acciones de prevención social que consisten en la implementación de los programas nacionales de prevención, campañas de difusión, etcétera. El resto se ha ido en esquemas sin identificar.

“Se identificó que el diseño presupuestario es consistente más no suficiente, en términos de atender las causas del problema público, debido a que, si bien los programas identificados ejercen recursos y están orientados a la atención de los tres subcomponentes de la política de la prevención del delito, éstos no atienden el total de causas establecidas”, indica el informe

El desastre

De acuerdo con la ASF, los tres componentes de la política de prevención a los que se han destinado los recursos están bien diferenciados. El problema es que en su implementación presenta “deficiencias, insuficiencias e incongruencias” que impiden siquiera medir su alcance y menos su impacto.

“Lo anterior, como resultado de un diseño de política endeble, ya que, en principio, se carece de una definición oficial y unívoca de qué es la prevención del delito, así como de un marco normativo que regule, de forma integral y precisa, los modelos de política que la integran, señalando las responsabilidades de las autoridades que deben instrumentarla”, indica la ASF.

De esta forma tenemos que si bien se trabaja en la prevención social la prevalencia de los factores de riesgo asociados con la violencia continúa. Aun cuando se busca contener el delito, en la realidad ello no ocurre en la mayoría de los casos e incluso los ilícitos se diversifican. Y si bien se destinan recursos a la prevención de la reincidencia delictiva, en realidad no hay programas efectivos de readaptación.

Los auditores consideraron especialmente grave la falta de un diseño programático serio que establezca objetivos, metas e indicadores para guiar su operación, evaluación y aspectos de rendición de cuentas. La ausencia de estos indicadores cierra además la puerta a cualquier posibilidad de medición y corrección de sus alcances, e impide analizar y fijar responsabilidades.

En ese contexto la Auditoría señala que, si bien no es posible construir una evaluación precisa de los resultados de la política implementada por México para prevenir el delito, debido a la referida falta de indicadores, se advierte que su efecto ha sido nulo dados los altos índices de violencia que registra el país, incluso con los homicidios alcanzando niveles récord.

“Las medidas de prevención no son adecuadas para inhibir los factores de riesgo que incrementan las probabilidades de la comisión del delito, tampoco son efectivas, ni oportunas para garantizar su contención, y resultan exiguas para disminuir la incidencia delictiva”, concluye la ASF.

¿Qué hacer?

Desde el punto de vista de la Auditoría lo que México requiere es generar una nueva política anticrimen que como punto de partida se dé a la tarea de definir un concepto claro de lo que es “prevención del delito”, y que a partir de ello se estructuren diagnósticos sobre la magnitud material del problema, sus causas y sus efectos, y a partir de ello se generen las medidas adecuadas para inhibirlo.

Debe ser, subraya el informe, una “política pública de prevención del delito integral e institucionalizada, con mecanismos que permitan medir su efectividad”.

Y a un nivel mas específico, los auditores sugieren generar las condiciones necesarias para facilitar la coordinación entre dependencias que pueden contribuir a disminuir los factores que propician los delitos; implementar programas de prevención en zonas ya sumidas en la delincuencia o en grave riesgo; y delimitar las acciones policiales de contención del delito a partir de una estrategia coherente, justificada y con objetivos claros que puedan ser evaluados y de ser necesario corregidos.

Todo ello teniendo claridad en que se requiere, de forma obligatoria, contar con “recursos humanos aptos y calificados” para llevar a cabo las acciones de prevención del delito. Algo que parece obvio y que, sin embargo, no sucede hasta la fecha.

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Nayib Bukele: qué supone que el presidente de El Salvador tenga 'poder absoluto' con el control del Legislativo

Los resultados provisionales, con el 80% de actas contadas, dan una victoria histórica al partido de Bukele. ¿Qué consecuencias puede haber?
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1 de marzo, 2021
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Aunque su nombre no estuvo en las boletas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se perfila como el gran ganador de las elecciones legislativas y municipales de este domingo.

Con más del 80% de las actas procesadas, su partido, Nuevas Ideas, y sus socios obtendrían dos tercios de la Asamblea Legislativa (Congreso), la mayoría absoluta, un hecho que no se veía en el país centroamericano desde hace más de dos décadas.

El TSE indicó que votaron más del 50% de los inscritos en el padrón electoral, en un país de más de 7 millones de habitantes, una cifra menor que en las pasadas elecciones presidenciales pero mayor que las dos anteriores legislativas.

La ya casi segura victoria no solo le permitirá a Bukele pasar leyes y aprobar presupuestos sin el contrapeso de la oposición, sino que también lo llevará a controlar prácticamente todas las ramas del gobierno.

“Las elecciones del Legislativo son las que llevan a lo que en El Salvador se conoce como elección de segundo grado o de funcionarios de segundo grado, que van desde el fiscal general, un tercio de los magistrados de la Corte Suprema, el procurador general hasta la procuraduría de derechos humanos, Corte de Cuentas, entre otras instituciones”, explica a BBC Mundo la analista política salvadoreña Bessy Ríos.

Conteo de votos en El Salvador.

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El conteo de votos se ha prolongado durante varias horas de la madrugada del lunes.

“Esto significa que si el partido del presidente domina el Legislativo, tiene también la oportunidad de controlar el poder judicial y los órganos de segundo grado, como la fiscalía, lo que le da un poder bastante considerable y sin contrapesos”, agrega.

Es la oportunidad para que el presidente pueda poner en práctica la agenda de su gobierno y fomentar medidas en beneficio popular sin los lastres y los enfrentamientos que había tenido ahora con el Legislativo.

“Esto implica un gran desafío para Bukele, porque tradicionalmente se ha quejado de que no puede hacer cosas porque no tiene poder. Aquí hay dos elementos: o cumple y le va bien, o no cumple y se le acabará su luna de miel con los salvadoreños”, opina Ríos.

Sin embargo, los más críticos con el gobierno temen que un “poder absoluto” pueda ser el “fin de la institucionalidad” en el país latinoamericano.

“Desde que llegó a la presidencia, Bukele no solo ha mostrado rasgos importantes de autoritarismo, sino que ha debilitado significativamente las instituciones y ha ignorado muchos de los controles impuestos a la acción ejecutiva” le dice a BBC Mundo José Miguel Cruz, experto en El Salvador de la Universidad Internacional de Florida, en Miami.

Nayib Bukele el pasado 22 de febrero.

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Los más críticos con el gobierno temen que la victoria de Nuevas Ideas sea el “fin de la institucionalidad” del país, ya que opinan que Bukele ha mostrado “rasgos importantes de autoritarismo”.

“Dados estos precedentes, existe el temor entre muchos sectores de que esta acumulación excesiva de poder pueda significar la destrucción definitiva de las instituciones democráticas en el país”, agrega.

El carismático y popular gobernante de 39 años que gobierna El Salvador desde mediados de 2019 niega las acusaciones de autoritarismo y afirma que sus adversarios se oponen a sus políticas porque con el ascenso de su proyecto ven amenazados “sus privilegios”.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, rechazó también los señalamientos cuando periodistas le preguntaron este domingo acerca de varias cartas y documentos que congresistas de EE.UU. publicaron en los últimos meses y en los que alertaban de un posible autoritarismo, de vulnerar las instituciones democráticas y de ataques a la prensa por parte del gobierno salvadoreño.

Según el sitio web elsalvador.com, Ulloa dijo a los congresistas: “Deberían venir acá y observar lo que sucede, porque normalmente ellos reciben información sesgada, tergiversada, interesada de algunos grupos de oposición. Lo mejor es que vengan y vean (…), que revisen todas las encuestas (…) donde el nivel de aceptación del presidente sobrepasa el 90%”.

“Les invito personalmente a que vengan, para que observen cómo está la situación a nivel nacional, y no informarse por noticias o reportes que no siempre son objetivos”, insistió en un ataque a los medios como al que acostumbra Bukele.

¿Cómo se llegó aquí?

La aparente victoria del partido de Bukele es extraordinaria en la historia reciente de El Salvador y no sólo porque logró hacerse con una mayoría en el Congreso a poco menos de tres años de ser creado.

“Es excepcional porque en las últimas décadas, los gobiernos necesitaron de alianzas entre partidos en el Congreso, lo que llevaba a que se distribuyeran los funcionarios de segundo grado. Ahora, por primera vez en años, el presidente no requerirá de esas alianzas o de partidos bisagras”, dice.

Los contextos en los que ocurre también son inéditos.

Los salvadoreños han dado su voto de confianza a un partido que ha gobernado en alguno de los momentos más difíciles de la nación en las últimas tres décadas y que ha tomado también algunas medidas que han levantado cuestionamientos en organizaciones de derechos humanos.

Durante el año pasado -y a raíz del coronavirus y de desastres naturales- se profundizó con creces la deuda del país, se perdieron más de 80,000 empleos y el producto interno bruto cayó en 8.6%.

“El país está en condiciones muy difíciles, con un endeudamiento muy fuerte, con una parálisis productiva importante por la pandemia y los desastres naturales”, le dice a BBC Mundo Jose María Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana de El Salvador y director de su Instituto de Derechos Humanos.

Salvadoreños reclaman la necesidad de comida tras la caída de remesas por las restricciones del coronavirus.

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A raíz del coronavirus, muchos problemas se han agudizado en El Salvador.

“A eso también se han sumado otras medidas por parte del Ejecutivo que han despertado cierta preocupación en el plano de los derechos civiles y humanos y de respeto a la institucionalidad”, agrega.

Y es que el gobierno no solo fue señalado de asumir medidas coercitivas “extremas” para frenar la pandemia, sino que se enfrentó abiertamente a los medios de comunicación, a políticos que lo cuestionan y también al poder legislativo y judicial, al punto de que Bukele envió militares al Congreso y desafió abiertamente a la Corte Constitucional.

“Sin embargo, nada de esto ha impedido que la popularidad del presidente haya crecido y que sea muy bien aceptado en los sectores más desfavorecidos. No había dudas previo a las elecciones de que obtendría una mayoría”, agrega.

¿Cómo se explica la popularidad de Bukele y su partido?

Una encuesta realizada por la consultora Mitofsky a mediados del año pasado ubicaba a Bukele no solo como el mandatario más popular de la región, sino que lo colocaba por encima de líderes de Australia, Asia o Europa, como Angela Merkel.

Y cuando los resultados de las encuestas para las elecciones de este domingo comenzaron a salir, muy pocos dudaron que el partido Nuevas Ideas alcanzaría una mayoría.

Bukele tras votar junto a su esposa, Gabriela Rodríguez.

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“Bukele es un extraordinario comunicador, muy efectivo y carismático”, opina el experto José María Tojeira, sobre una de las claves de la popularidad del mandatario.

Según los expertos consultados por BBC Mundo, la victoria de Bukele en estas elecciones y su creciente popularidad obedecen a tres factores principales:

  • “Los salvadoreños sienten un rechazo casi mortal hacia los partidos que tradicionalmente se han repartido el poder del Ejecutivo y el Legislativo en los últimos 30 años de posguerra. Es un sentimiento que Bukele ha sabido aprovechar y que ha hecho ver a Nuevas Ideas como la alternativa”, dice Ríos.
  • “Bukele es un extraordinario comunicador, muy efectivo y carismático, hace un manejo muy hábil de las redes sociales y los medios de comunicación, lo que le ha hecho llegar a muchas personas de una forma muy directa”, opina Tojeira.
  • “Desde que llegó al poder, ha implementado una gran campaña de patronazgo y clientelismo en el país, en la que distribuye regalías y bonos entre la gente más necesitada. Con la pandemia, esto se ha incrementado y lo ha llevado a una campaña sostenida de distribución de recursos que le han hecho ganar el voto de los sectores más populares”, considera Cruz.

¿Qué pasa ahora?

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que el control del Parlamento le da a Bukele un “poder casi absoluto” sobre el país, con limitados contrapesos para su acción.

“Tradicionalmente, hemos oído a Bukele quejarse de que no tiene poder como presidente. Y eso es cierto, porque desde el fin de la dictadura, se crearon varios mecanismos para limitar el poder del Ejecutivo. Ahora tiene un gran desafío, un compromiso muy fuerte para materializar su plan de gobierno”, opina Ríos.

“Ahora lo que muchos temen es que los contrapesos para ese poder ya no van a estar. ¿Por qué? Precisamente porque venimos de ahí, porque por nuestra historia sabemos que el poder total puede ser mal consejero, que se puede caer en la tentación de conducir el país con autoritarismo, sin tomar en cuenta las minorías. Y ahí vienen los abusos, la corrupción”, dice.

Protestas antiBukele en El Salvador el pasado 9 de febrero.

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Varios expertos apuntan que, a pesar de tener más poder, Bukele tendrá un gran desafío por delante.

Cruz, por su parte, recuerda que en la historia latinoamericana reciente, las experiencias similares de poder absoluto por parte del Ejecutivo no han llegado a buen puerto.

“Este caso recuerda lo que ha sucedido en otros países latinoamericanos en tiempos recientes, como el caso de Venezuela o Nicaragua, con Ejecutivos extremadamente fuertes que llegan al poder por medios democráticos pero que cambian las reglas para mantenerse en el poder de manera indefinida e ignorar las normas democráticas, a pesar de haber ganado por la vía electoral”, considera.

“Por eso, existe el temor entre un sector de la población en que esto sea el primer paso para que Bukele promueva una reforma constitucional para mantenerse en el poder por un segundo mandato consecutivo y que se afiance la postura autocrática que ya había manifestado con anterioridad”, agrega.

La votación de este domingo llevó a una confrontación entre Bukele y el Tribunal Supremo Electoral, luego de que el mandatario convocara una conferencia de prensa para denunciar supuestas irregularidades y convocar a sus seguidores a salir a votar, lo que fue considerado como una violación del silencio electoral.

Durante esa presencia ante los medios, Bukele encuadró su esperada victoria en una especie de paso lógico tras ganar las presidenciales de 2019 y en su deseo de contar con una Asamblea “que trabaje de la mano” con el Ejecutivo.

“Si usted votó el 3 de febrero 2019 (cuando ganó las presidenciales), hoy es el día para que terminemos de cerrar lo que comenzamos (…) Terminemos de cerrar lo que iniciamos ese día logrando tener una Asamblea Legislativa que trabaje de la mano con el Gobierno (…)”, dijo.

Por su parte, Tojeira opina que “solo en el futuro veremos cuál es el resultado real de estas elecciones“.

“Si con la victoria electoral el partido Nuevas Ideas se comenzara a dialogar más con quienes tienen un pensamiento crítico y con los que tienen ideas diferentes, si se evidenciara que hay un plan sólido de gobierno, si se toman medidas dentro de las normas de la democracia, no sería malo”, afirma.

“El problema es que de momento no se ve una agenda democrática y de desarrollo clara, con apertura al debate… Pero hay que mirar a ver qué pasa en el futuro”.


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