Ciudadanos y diputadas rechazan la ratificación del magistrado acusado de violación en CDMX
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Cuartoscuro Archivo

Ciudadanos y diputadas rechazan la ratificación del magistrado acusado de violación en CDMX

La Fundación Arcoíris recabó 657 firmas ciudadanas para pedir que el magistrado Manuel Horacio Cavazos López no se mantenga en el cargo que ha ocupado por seis años.
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5 de febrero, 2020
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Este miércoles empiezan en el Congreso de la Ciudad de México las audiencias para ratificar a los siete candidatos a ser ratificados de forma vitalicia como magistrados del Tribunal Superior de Justicia local. El primero en comparecer llega con opiniones desfavorables tanto de ciudadanos como de propias diputadas locales e incluso federales: el magistrado Manuel Horacio Cavazos López, que tiene una denuncia por presuntas agresiones sexuales contra sus hijas.

Con relación a este caso, las y los diputados de Morena suscribieron un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a brindar medidas de protección a las menores denunciantes y atender la denuncia interpuesta por presunta agresión sexual contra Cavazos López.

Los legisladores argumentaron que la carpeta de investigación del caso “cuenta con pruebas periciales médicas; valoraciones psicológicas; declaraciones de las niñas ante el Ministerio Público y psicólogos especializados y audios en los que las menores narran a la madre las presuntas agresiones y cuya judicialización ha sido lenta hasta el momento”.

Critican el hecho de que, a pesar de la gravedad del hecho, el magistrado está a punto de iniciar su proceso de ratificación como impartidor de justicia.

Ayer martes, legisladores que se interesaron en conocer el caso de primera mano se reunieron con la madre de las niñas, por intervención de la diputada local Alessandra Rojo de la Vega.

Por la tarde, fue entregada a la Junta de Coordinación Política del Congreso una carta con 657 firmas ciudadanas, recabadas por la Fundación Arcoíris. Esta asociación se dedica a defender los derechos sexuales, tanto de la comunidad LGBT, como si hay un abuso en el que la sexualidad es usada como instrumento de violencia.

Al conocer la denuncia contra Cavazos, dada a conocer por Animal Político, la organización decidió tomar acciones para pedir que no se mantenga en el cargo que ha ocupado por seis años y en solo cinco días juntaron las más de 600 firmas, incluyendo a las artistas Ana Francis Mor, Úrsula Pruneda y Lorena Wolffer.

“¿Qué justicia esperamos de un magistrado que atenta contra la dignidad e integridad de sus propias hijas? La seguridad de todas las mujeres y niñas está en riesgo si es ratificado. Ante la duda, la certidumbre: NO a la ratificación de Manuel Horacio Cavazos López como magistrado”, señala la carta.

En la Cámara de Diputados federal, la legisladora Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, presentará este miércoles un punto de acuerdo para lanzar un exhorto a que en este caso se considere el interés superior de la niñez y se actúe con perspectiva de género, dirigido al Tribunal Superior, el Consejo de la Judicatura, al Congreso local encargado de ratificar o no al magistrado, y a la Fiscalía local, que no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que la denuncia lleva cuatro meses sin judicializarse.

“Por la gravedad del asunto en comento, se insta dependiendo del ámbito de la competencia de los órganos exhortados: 1) a brindar las medidas de protección necesarias a las menores; 2) se atienda con la debida diligencia la denuncia interpuesta, 3) se considere la viabilidad de la permanencia como impartidor de justicia del presunto agresor, hasta que se emita una resolución judicial del caso y 4) que en la decisión del Congreso de la CDMX se prepondere el interés superior de la niñez y bajo una perspectiva de género la propuesta de ratificación del magistrado implicado”, adelantó la diputada en un comunicado.

A nivel local también ha habido muestras de rechazo a la ratificación de este magistrado, junto a la noticia el pasado 28 de enero de que el propio Consejo de la Judicatura decidió recomendar que no se mantenga en el cargo a otro impartidor de justicia, Héctor Jiménez López, que permitió la libertad del exesposo y hoy sospechoso del asesinato de Abril Pérez Sagón.

La diputada del Partido Verde Alessandra Rojo de la Vega lanzó un mensaje en contra de que ambos hombres sean confirmados en su puesto, a la cual se sumó la presidenta de la mesa directiva, Isabela Rosales, de Morena, y Leonor Gómez Otegui, del PT.

Cavazos López fue denunciado el 23 de septiembre por supuestas agresiones sexuales contra sus dos hijas, de entonces 5 y 6 años.

El peritaje psicológico da por cierto que ocurrió el hecho denunciado, pero dice que una de las niñas no presenta afectación psicológica porque “no le proporciona una connotación negativa”.

Posteriormente, psicólogos del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), que pertenece a la Fiscalía, acreditaron que hay síntomas de haber sufrido una agresión sexual, como miedo, enojo y ansiedad. Además en la carpeta hay audios en los que una de las pequeñas narra a su mamá lo que supuestamente le hacía su padre.

La semana pasada se iba a determinar si la carpeta de investigación se llevaba o no ante un juez, con lo cual el delito del que se acusa al magistrado ameritaría prisión preventiva, pero la Ministerio Público pidió una prórroga para aceptar más pruebas del caso, como valoraciones sobre las palabras de las niñas. Cavazos negó las acusaciones en una carta.

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Chile: 4 claves para entender la consulta por la que cambiará la Constitución de Pinochet

Una gran mayoría de chilenos votó este domingo a favor de reemplazar la Constitución vigente, que fue redactada bajo el régimen militar de Augusto Pinochet.
26 de octubre, 2020
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chile

Getty Images
Las autoridades iniciaron el recuento de votos en la noche del domingo.

Por primera vez en la historia de Chile, este domingo se preguntó a la ciudadanía si aprobaba o rechazaba la redacción de una nueva Constitución.

El resultado fue abrumador: uni 78% de la población votó por el cambio de la Carta Magna.

Será además la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Tras conocer los resultados preliminares, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que “triunfó la ciudadanía y la democracia” tras conocerse los primeros resultados del histórico plebiscito.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, indicó.

El proceso, que transcurrió en tranquilidad, generó largas filas tanto en el país como en el extranjero, mientras las autoridades se esforzaban por mantener la distancia entre los votantes para evitar la propagación del coronavirus.

colas

AFP
Se han reportado largas filas a lo largo del país.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

chile

AFP
Efectivos del Ejército ayudan a algunas personas a ejercer el voto.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

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La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente ampliay en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

colas

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Las autoridades han pedido a la población mantener la distancia social.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54,7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

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Muchas filas buscan mantener el distanciamiento social.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

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El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

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Las largas filas se han mantenido desde que abrieron los centros para ejercer el voto.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

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El referendo ha transcurrido con normalidad.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

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El referendo se realiza en medio de la pandemia de coronavirus.

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

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El proceso ha sido calificado de histórico.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

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Las autoridades han tomado medidas especiales para evitar la propagación del virus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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