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Estos son los casos, delitos y sobornos millonarios de los que se le acusan a Emilio Lozoya
Estos son los casos, delitos y sobornos millonarios de los que se le acusan a Emilio Lozoya
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Estos son los casos, delitos y sobornos millonarios de los que se le acusan a Emilio Lozoya
12 de febrero, 2020
Por: Arturo Angel
@arturoangel20 

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, tiene dos órdenes de aprehensión giradas en su contra en México por presuntas operaciones de lavado de dinero en que habría incurrido junto con otras personas, entre ellas sus familiares, para ocultar dinero recibido de supuestos sobornos provenientes de las constructoras Odebrecht y Altos Hornos de México.

De acuerdo con los expedientes oficiales que sustentan las órdenes de aprehensión que fueron enviados por la Fiscalía General de la República (FGR), y de los que Animal Político tiene copia, Lozoya habría recibido más de 12.5 millones de dólares en supuestos pagos ilegales, para favorecer a dichas empresas con contactos y contratos.

Los delitos que se imputan a Lozoya en estos casos son tres: operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Ninguno de ellos amerita prisión preventiva automática, aunque llegado el momento, el juez que revise su caso podría otorgar esta medida si considera que existen condiciones como un posible riesgo de fuga que justifiquen dejarlo preso.

Lee: Detienen al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en Málaga, España

Caso Odebrecht

Uno de los casos por los cuales un juez federal ordenó el arresto de Lozoya es el relacionado con la carpeta de investigación FED/SEIDF/IGI-CDMX/0000117/2017 y se trata del denominado “Caso Odebrecht”.

Lo que FGR concluye en este caso en específico es que Odebrecht pagó al menos 9.15 millones de dólares en supuestos sobornos a Lozoya a cambio de que los favoreciera con diversos contratos, entre ellos el de trabajos relacionados con una refinería en Hidalgo. Con dichos recursos Lozoya supuestamente adquirió, a través de su esposa, una residencia en Ixtapa, Guerrero valuada en 1.9 millones de dólares.

La indagatoria documenta múltiples pagos y transferencias bancarias en dólares que habrían ocurrido incluso desde antes que el propio Lozoya fuera director de Pemex, con la intención (según los fiscales) de ganar la confianza del futuro funcionario, lo que finalmente rindió fruto con la adjudicación de contratos a la constructora brasileña.

Esta investigación cuenta con declaraciones tomadas vía asistencia internacional a exdirectivos de Odebrecht quienes detallan un esquema de pago de sobornos a través de una unidad denominada “Departamento de Operaciones Estructuradas” que a su vez empleó a empresas fachada o fantasma.

Cabe señalar que por este caso no solo se giró orden de aprehensión en contra de Lozoya sino también en contra de su madre Gilda Margarita Solis quien ya se encuentra bajo proceso en México y en prisión domiciliaria, además de su hermana Gilda Susana Lozoya, su esposa Marielle Heckes y una corredora de bienes raíces.

Caso Altos Hornos (AHMSA)

La otra orden de arresto se desprende de la carpeta de investigación número FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019 y aquí se señala a Lozoya de haber recibido pagos superiores a los 3.4 millones de dólares. El caso se desprende de una denuncia presentada por Pemex en marzo de 2019 y de la unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en mayo de ese mismo año.

Lo que la FGR y la UIF sostienen, en síntesis, es que durante el periodo de transición del gobierno del presidente Felipe Calderón al del presidente Enrique Peña Nieto, AHMSA pagó 3.4 millones de dólares en sobornos a Lozoya a cambio de que este los favoreciera – en el futuro – con contratos en el ramo de fertilizantes.

Para ocultar dichos pagos AHMSA no los mandó a Lozoya directamente, sino a una presunta empresa fachada constituida en Islas Vírgenes Británicas denominada Tochos Holding Limited, cuya cuenta se abrió en un banco suizo. Meses antes de recibir los depósitos Lozoya transfirió todos sus derechos como beneficiario de esa cuenta a su hermana Gilda Susana.

La indagatoria detalla una serie de transferencias y triangulaciones con el presunto objetivo de esconder el origen de los sobornos, los cuales a su vez se habrían invertido en varias propiedades entre ellas una en el Fraccionamiento Lomas de Bezares en Ciudad de México.

A cambio de estos sobornos y como una presunta “retribución, Lozoya promovió ante el Consejo de Administración de Pemex la compra de una planta de fertilizantes a AHMSA que en realidad estaba en condiciones de chatarra, y con un avalúo inflado de los 50 a los 240 millones de dólares.

Por este caso solo se giró orden de aprehensión en contra de Lozoya, de su hermana y del exdirector de AHMSA, Alonso Ancira.

Los otros casos pendientes

Los casos por los cuales se giraron las dos órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya no son las únicas investigaciones en donde existen señalamientos en su contra o donde podría resultar responsable.

Por un lado, la Unidad de inteligencia Financiera ha promovido al menos dos denuncias mas ante la FGR por posibles hechos de corrupción u operaciones irregulares que aún están pendientes de judicializarse. También se indaga la supuesta compra de un astillero en quiebra en España.

La FGR inició además otra carpeta de investigación relacionada con la compra de la planta de AgroNitrogenados durante la gestión de Lozoya y Pemex, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia formal por este caso señalando un posible desfalco superior a los 460 millones de dólares.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, por la omisión en el presunto desvío de recursos públicos en el esquema conocido como La Estafa Maestra. Esto significa que es el segundo exfuncionario de más alto rango en enfrentar una denuncia penal por este caso que involucró a 11 dependencias del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto.

Por La Estafa Maestra, sólo Rosario Robles, extitular de Sedesol, enfrenta un proceso penal por ejercicio indebido del servicio público y se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, pero aún no se ha determinado su culpabilidad o inocencia.

En Pemex ocurrió el mayor presunto desvío de entre las 11 dependencias involucradas, con 3 mil 576 millones de pesos, utilizando a universidades del sureste como la Universidad de la Chontalpa, el Instituto Superior de Comalcalco, la Universidad Autónoma de Tabasco, entre otras, pero ningún funcionario había sido denunciado penalmente.

En el esquema participaron 11 dependencias del Gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto, incluyendo la Secretaría de Comunicaciones, Banobras, la SEP, Pemex y Sedesol, entre otras, haciendo convenios con ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios, pero los recursos públicos terminaron en empresas fantasma. Caso por el que nadie ha sido condenado.

Opacidad y posible conflicto de interés

La defensa de Emilio Lozoya no solo ha litigado con juicios de amparo en contra de la FGR sino también en contra del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ello ya que durante más de un año se opuso a que la carpeta de investigación del caso Odebrecht fuera transparentada.

El argumento de Lozoya es que la revelación del expediente podría exponer datos personales de él y su familia. Tras un largo litigio en ese sentido un Tribunal federal decidió no amparar al exdirector de Pemex. No obstante, el caso no se ha transparentado porque la propia FGR también promovió recursos en contra de esta decisión.

Por otro lado, Animal Político y Quinto Elemento Lab revelaron el año pasado que los abogados defensores de Lozoya (Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth) también eran representantes legales del propio fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero hecho que no fue transparentado por el funcionario.

Ambas partes negaron que lo anterior pudiera significar un conflicto de interés, aunque, según pudo conocer posteriormente Animal Político, tanto Gertz como Coello decidieron terminar el poder legal que facultaba al segundo como representante del hoy fiscal.

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