“Con el gobierno hay diálogo, pero nuestros hijos siguen sin medicamentos”: papás de niños con cáncer
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Archivo Cuartoscuro

“Con el gobierno hay diálogo, pero nuestros hijos siguen sin medicamentos”: papás de niños con cáncer

Aunque han tenido al menos tres reuniones con autoridades federales, los familiares de niños con cáncer dicen que aún no ven los resultados prometidos.
Archivo Cuartoscuro
11 de febrero, 2020
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“Su niña, o pierde el ojo, o pierde la vida. Usted decide”. 

Esta fue la terrible disyuntiva a la que hace un año se enfrentó Crisanto Flores cuando el pediatra oncólogo le dijo que el tipo de cáncer que desarrolló su hija Cristal Janeth Flores, de apenas tres años y medio, había avanzado de tal forma por su organismo que era imperativo extirpar lo antes posible uno de sus ojos.

Crisanto, un albañil de 55 años natural del puerto de Veracruz, cuenta que ese fue el momento más duro de su existencia: aceptar que su bebé perdiera un ojo, a cambio de ganarle tiempo a una enfermedad que cada día amenaza la corta vida de la bebé. 

Pero ahí, dice Crisanto, no termina su calvario. 

En febrero de 2018, le comunicaron que, por el bien de su hija, tenían que trasladarla desde el puerto de Veracruz hasta el Hospital Infantil Federico Gómez, en la Ciudad de México, porque en la capital cuentan con más recursos para atender el tipo de cáncer que desarrolló la niña en los ojos. 

El hombre no tiene más remedio que cerrar su casa, dejar su trabajo en la construcción, y venir a la capital pidiendo ayuda a unos familiares para que le den chance de quedarse de prestado en una habitación el tiempo que dura el tratamiento de Cristal Janeth.

Durante el 2018, la atención en el hospital es relativamente buena, admite Crisanto. Aunque a veces faltaban algunos insumos, los medicamentos básicos para las quimioterapias de su niña estaban disponibles y se los aplicaron con regularidad.

Los problemas, plantea a colación, comenzaron en enero de este año, con la transición del ya extinto Seguro Popular al nuevo Instituto de Salud del Bienestar (INSABI). Cuando llevó a la niña a que le dieran su primera sesión de quimio del año, en la farmacia le comunicaron que no había vincristina, uno de los fármacos básicos en el tratamiento del cáncer. 

“A mi hija ya le extrajeron un ojito -murmura el hombre-. Y ahora estamos tratando por todos los medios de salvarle el que le queda. Pero si no nos llega el medicamento a tiempo y de manera constante, ¿cómo la vamos a salvar?”.

Crisanto se ajusta los lentes sobre la nariz, niega levemente con la cabeza, y tras un breve silencio se responde a sí mismo.

“No puedo permitir que mi hija pierda su otro ojo –se exige con un tono severo-. Porque si lo pierde, ya nunca volverá a verme”. 

Por eso, Crisanto dice que el pasado 22 de enero no dudó en enfrentarse a los policías federales cuando él y otros padres bloquearon el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en protesta por la falta de medicamentos para sus niños.

Y también por eso, este lunes 10 de febrero participó en la firma de un amparo colectivo ante la justicia federal que interpuso junto a otros cuatro papás, para obligar a las autoridades federales de salud y a los hospitales públicos a brindar el tratamiento integral que necesitan los niños con cáncer para salvar su vida, incluyendo todos los medicamentos. 

“No puedo dejar a mi hija así nomás a la deriva -insiste el veracruzano-. Necesitamos que la justicia obligue a las autoridades de Salud a cumplir con sus obligaciones, porque nosotros no podemos esperar ni un solo día sin el tratamiento para nuestros hijos”.

El cáncer no espera

Junto a Crisanto se encuentra Fidel Sánchez Cruz, campesino de 37 años, natural de Zitácuaro, Michoacán, y papá de Jesús Francisco Sánchez, un niño de cuatro años con diagnóstico de leucemia desde los dos años. 

Ambos están sentados en las banquetas que hay en la puerta de acceso de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en Periférico Sur, donde, con la ayuda altruista de la abogada Andrea Rocha, interpusieron un amparo colectivo ante un juez federal, en el que anexaron como pruebas del desabasto varias recetas del IMSS con los medicamentos que no les surtieron. 

Como Crisanto, Fidel también tuvo que cerrar su casa, dejar su trabajo, y trasladarse al Estado de México para poder llevar con regularidad a su hijo al Hospital Infantil Federico Gómez, en la capital mexicana.

Aunque él, matiza, ha tenido una complicación extra: a pesar de las quimios que recibió el año pasado, Jesús Francisco sufrió “una recaída” que empeoró su diagnóstico hasta el punto de que los doctores le advirtieron que necesitaba con urgencia un trasplante de médula ósea. 

El problema, otro más, es que ni Fidel, ni su esposa, ni su otra hija, son compatibles con la médula del niño. Así que el Hospital solicitó una donación internacional, que pronto dio resultados: encontraron cuatro donantes compatibles. 

“Nos dio mucha alegría cuando nos dieron esa noticia”, cuenta Fidel. 

Pero el júbilo duró poco: el traslado de la médula desde el extranjero hasta México tiene un costo de 50 mil dólares americanos, algo menos de un millón de pesos al tipo de cambio actual. 

Campesino, y además sin un trabajo fijo desde que abandonó Michoacán para trasladarse cerca del hospital de su hijo, Fidel explica que tuvo que mover cielo y tierra pidiendo ayuda a senadores, organizaciones de la sociedad civil, y a empresarios, para reunir en algo más de un año esa semejante cantidad de dinero.

Esta semana, al fin, los doctores le informarán cuándo harán el trasplante de médula a Jesús Francisco. Pero hay otro pero: aunque si bien el niño ya recibió sus quimios relativas al mes de enero, Fidel dice que no tienen garantizado el abasto de los medicamentos para las quimios de este mes de febrero. 

“Necesitamos que los medicamentos se los apliquen con regularidad, y no una vez sí, y otra no -hace hincapié Fidel-. Porque el cáncer no espera a nadie”.

A cuentagotas

Ya en la tarde, previo a una reunión de padres y madres con autoridades del Gobierno Federal en la Secretaría de Gobernación, Omar Hernández, papá de Alexandro Manuel Hernández, se mostró crítico y muy cansado con la situación de desabasto. 

Esta es la tercera vez que se reúnen en dos meses, planteó Omar. Y aún no ven los resultados prometidos. 

“Sí hay diálogo con el Gobierno, pero solo hemos escuchado lo de muchas veces: que van a cumplir y que van a componer esta situación. Pero hasta el día de hoy no se cumple nada”, denunció el padre de familia que recordó que, el pasado martes 4 de febrero, el presidente López Obrador y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, prometieron que se atenderían las demandas ciudadanas de desabasto en varios Hospitales de la República, como los de Yucatán, Puebla y Veracruz.

“Sin embargo -apuntó Omar Hernández-, al Hospital de Oaxaca, no llegaron los medicamentos; al de Acapulco, tampoco; al de Veracruz, tampoco; y al de Ixtapaluca, tampoco”. 

“El gabinete de Salud no está funcionando”, remató. 

Por su parte, Israel Rivas, papá de Dana, una niña de cinco años con leucemia, dijo que el diálogo con las autoridades es positivo, pero que por sí solo no resuelve el problema del desabasto. 

“Queremos una respuesta más puntual de las autoridades y que, con pruebas fehacientes, nos documenten que se están llevando los medicamentos a los hospitales. Pero no a cuentagotas, sino de manera suficiente y permanente”, demandó. 

Posterior al encuentro en Segob, Rivas dijo que las autoridades federales se comprometieron nuevamente a solucionar la situación de desabasto en todo el país a más tardar el próximo lunes 17 de febrero. 

“Si esto fuera otro engaño, el gobierno sabe que están tirando un búmeran. Estarían jugando con algo muy delicado”, apuntó el padre de Dana, quien admitió que, por ahora, no tienen más alternativa “que darle un voto de confianza al gobierno”.

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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