El asesinato de la activista juarense Isabel Cabanillas, el pasado 20 de enero, pone sobre alerta a otras defensoras de derechos humanos y de las mujeres, lamenta la especialista en feminicidios Angelita Baeyens, del centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy y que ha trabajado en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el Centro para El Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (Cedimac).

En entrevista con Animal Político, la experta advierte además que si bien la actual ola de feminismo ha despertado en muchas más mujeres las ganas de alzar la voz y sumarse a manifestarse por la igualdad de género, sin ser parte de un movimiento feminista, e incluso de hombres que apoyan la igualdad, también ha desatado una reacción muy virulenta de quienes se sienten amenazados.

“La respuesta es muy, muy virulenta. Porque el tema de la violencia contra las mujeres en todo el mundo es gravísimo y es un tema también de cultura, es una apuesta a largo plazo. Por eso mensajes como el famoso baile de Las Tesis se ha convertido viral, porque es contra ‘el patriarcado’. Eso es difícil cambiarlo de la noche a la mañana y probablemente muchos de los ataques, no solo en México, también respondan a los sectores que se sienten amenazados con esta ola de reivindicación feminista. Así que sí, probablemente eso haya aumentado el riesgo en algunos lugares y en algunos contextos específicos”, reflexiona.

Baeyens señala que desafortunadamente en toda Latinoamérica no se puede ser defensor de una causa, de cualquier tema, en condiciones de seguridad, pero para las mujeres activistas se añaden otros riesgos, que son una muestra más del machismo que predomina: las amenazas que reciben e incluso si se consuman ataques en su contra, suelen tener un componente de violencia sexual. Amenazas que no reciben los hombres activistas.

En México, por ejemplo, fueron notorios los casos tras la marcha feminista del 16 de agosto en la Glorieta de Insurgentes, en la que hubo ataques en redes a la diputada federal Lucía Riojas y a la activista Diana Corres, que previamente también había recibido amenazas de muerte cuando el movimiento de denuncias de acoso sexual con la etiqueta #MeToo.

Baeyens, originaria de Colombia, expone un caso emblemático en su país: la periodista Jineth Bedoya, que inició una campaña llamada “No es Hora de Callar” contra la violencia sexual cuando hizo público que ella había sido secuestrada y violada por paramilitares. Un caso que llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ya fue presentado ante la Corte Interamericana.

En el caso de Isabel Cabanillas, en Ciudad Juárez, a pesar de que era activista contra la violencia hacia las mujeres, la Fiscalía de Chihuahua no tiene detenidos y no lo está investigando como “feminicidio”, sino como “homicidio”, lo que para Baeyens es un error.

“Justamente por el contexto es que debería haber una presunción de feminicidio. Habría que invertir el enfoque de la investigación: primero la presunción debería ser que el asesinato de Isabel es por el activismo que ella hacía, y por el contexto de Juárez. Ahora, si en el transcurso de la investigación surgiera información que descarte eso, es diferente. Pero es la tendencia que se ve muy frecuente de las investigaciones no solo en México, siempre buscar una razón distinta, que no se enfoque desde el principio en que es muy posiblemente un delito que está motivado por el activismo”, reclama.

“Está comprobado que el efecto que tiene la impunidad en la reproducción de estos casos. Y es aplicable a otros tipos de violaciones de derechos humanos, pero en el caso de la violencia contra las mujeres y de los feminicidios, el patrón en el que generalmente ocurren es que ni siquiera hay un esfuerzo por esconder el delito, hay una sensación tan fuerte de que no va a pasar nada, que los perpetradores ni siquiera sienten que tienen que hacer un esfuerzo por proteger las huellas. Y aun así el porcentaje de casos que siguen impunes es altísimo”, señala.

Hace año y medio, recuerda, participó en una delegación que se reunió con la Fiscalía para la Mujer, y su sorpresa fue que las capacidades para resolver los casos son limitadísimas tanto para casos de feminicidios como de desaparición.

“Cuando nos hablaban de los números, tan solo hablando de denuncias de violencia intrafamiliar, era que había varios miles de expedientes abiertos y solamente 5 o 7 investigadores, para todos esos casos de violencia íntima que desafortunadamente muchas veces terminan en feminicidios. Ahí es donde una intervención a tiempo puede tener un impacto enorme, pero si los recursos no se ponen donde tienen que estar, vamos a seguir con los números alarmantes”, explica.

Además de Cabanillas, menciona otros ataques recientes que han causado conmoción por su nivel de violencia y han puesto a México en la mira: el de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, rociada con ácido el 9 de septiembre presuntamente por orden del exdiputado local Juan Antonio Vera, con quien no quiso mantener una relación sentimental, y el asesinato de Abril Pérez Sagón frente a sus hijos, semanas después de que fuera liberado su exmarido, el empresario Juan Carlos García, demandado por violencia doméstica y hoy principal sospechoso de ordenar el feminicidio. Un caso, apunta, que demuestra que la violencia contra la mujer no discrimina por nivel socioeconómico.

“No es un fenómeno exclusivo de México, es algo que se ve en toda la región, pero los números aquí son particularmente graves. Hay países como Guatemala, como Honduras, que también tienen números altísimos de feminicidios, pero México estaba liderando. Y en los monitoreos que se hacen tanto de sociedad civil como desde el propio Estado, en general se sospecha que son más conservadores de lo que ocurre en la realidad, y aun así son números altos”, expone.

Según el último balance del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), en 2019 se cometieron 976 delitos de feminicidio (de acuerdo con cómo lo tipifica cada estado) y hubo 2 mil 819 mujeres víctimas de homicidio doloso.