Incompetencia, misoginia y manejo político afectan el registro de feminicidios en los estados, alertan expertas
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Incompetencia, misoginia y manejo político afectan el registro de feminicidios en los estados, alertan expertas

Por falta de perspectiva de género, aún cuando hay indicios claros de que el posible feminicida es la pareja sentimental de la víctima fiscales deciden normalizar dicha situación y clasificarlo como un homicidio convencional.
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Por Itxaro Arteta y Arturo Ángel
11 de febrero, 2020
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Era 14 de febrero de 2018, Día del Amor y la Amistad. En lugar de festejar, una pareja discutía en una parada del transporte público en la zona hotelera de San José del Cabo, Baja California Sur. De pronto, el hombre sacó un cuchillo y apuñaló a la mujer hasta matarla.

Taxistas que presenciaron el asesinato corrieron tras él y lograron detenerlo cuando trataba de fugarse, para entregarlo a las autoridades, según notas periodísticas publicadas ese día en medios locales.

El crimen ocurrió en vía pública y a plena luz del día; hubo saña contra la víctima y el agresor era su pareja. Son condiciones que, según la ley, corresponden a un feminicidio, es decir, a un asesinato de una mujer donde se aprovecha su género. Pese a ello la Fiscalía del estado no lo clasificó así, sino solo como un homicidio más.

Es más: en todo 2018, Baja California Sur no reportó haber tenido ni un solo caso de feminicidio.

Pero recuentos alternativos de la sociedad civil muestran otra realidad: según el mapa interactivo del feminicidio en México elaborado por la geofísica María Salguero, ese año hubo cinco feminicidios en Baja California Sur, y según el blog de la activista Frida Guerrera, hasta 14.

Animal Político reveló ayer que en los últimos cuatro años y medio solo 1 de cada 5 asesinatos de mujeres ocurridos en México fueron investigados como posible feminicidio. Al analizar ahora los datos estado por estado, se advierten disparidades notorias.

Hay algunas entidades que sí indagan la mayor parte de los asesinatos de mujeres como un posible feminicidio. Por ejemplo, en 2018 Sinaloa reportó 49 víctimas de feminicidio que equivalen al 94.2% de todas las mujeres asesinadas en dicha entidad, según datos de Inegi. Nuevo León reportó a 79 víctimas de posible feminicidio, que son el 85.9% de las mujeres víctimas de una muerte violenta en la entidad.

Entérate: Abril quería ayudar a víctimas de la violencia, pero fue asesinada en la CDMX

Tabasco, Veracruz y Yucatán son otros estados que tipificaron como posible feminicidio a más del 70% de los homicidios de mujeres. Sonora lo hizo con el 51% de sus casos.

Pero el resto de las entidades decidieron tipificar e indagar como feminicidio menos de la mitad de los asesinatos de mujeres. El caso de Guanajuato es llamativo pues registró la segunda cifra más alta de mujeres asesinadas en 2018 con 362 víctimas, pero solo clasificó como feminicidio a 21 casos, que equivalen al 5.8%.

Baja California Sur reportó cero víctimas de feminicidio pese a que 31 mujeres fueron asesinadas ese año. En total son 13 estados los que reconocieron como feminicidio a menos del 20% de los asesinatos de mujeres en 2018: Durango, Chihuahua, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Baja California, Tamaulipas, Quintana Roo, Guanajuato y Baja California Sur,

Decisión política… ni técnica ni jurídica

Carolina Torreblanca, investigadora de la organización Datacivica, publicó un análisis que identifica que incluso en un mismo estado el registro de víctimas de feminicidio se dispara de un año a otro. Ello, señala la experta, muestra que la tipificación obedece más a políticas en torno a la definición de este delito, que a una medición real del fenómeno.

La abogada especializada en temas de derechos humanos y feminismo Karla Michel Salas coincidió en señalar que, aunque hay reglas y protocolos en cuanto a qué es un feminicidio y cómo debe investigarse, en realidad se opera con total discrecionalidad.

“Es una decisión arbitraria, no sabemos a partir de qué parámetros determinan que casos inician como feminicidio y que casos no, cuando lo que establece el criterio judicial y protocolos es que todos se tienen que indagar de inicio como feminicidios. Incluso esto termina siendo una decisión meramente política sobre cuándo les conviene o no reconocer un feminicidio”, señaló.

Una auditoría oficial realizada el año pasado sobre los registros de incidencia delictiva de las fiscalías, y cuyos resultados no se han querido transparentar, confirmó que existe un subregistro intencional de múltiples homicidios con características de feminicidio, situación que también ocurre con otros delitos de alto impacto.

“A veces no lo quieren tipificar por razones políticas. En Veracruz, Jorge Winckler (exfiscal) cuando tuvo problemas con el gobernador Cuitláhuac García, de repente dijo que todas las carpetas iban como feminicidio, para golpear al gobernador. Ahorita que tienen una encargada de despacho nueva, 21 de esos casos los cambió a homicidios calificados de un plumazo. Siempre el feminicidio se ha utilizado políticamente”, señala por su parte María Salguero.

Poca capacitación, nula perspectiva de género

En un diagnóstico entregado al Congreso hace unos días la FGR sostiene que aun cuando el delito de feminicidio está tipificado en casi todo el país, las fiscalías enfrentan dificultades para documentarlo y sostenerlo en un proceso judicial.

Las especialistas consultadas por Animal Político coincidieron en el diagnóstico, pero advierten que el problema de origen parte de los propios agentes del Ministerio Público.

Viridiana Valgañon, abogada litigante de la organización EQUIS Justicia para las Mujeres, resume las complicaciones del tipo penal en dos temas. Uno es falta de capacitación del personal ministerial para identificar qué indicios permiten presumir desde un inicio la existencia de un posible feminicidio, y abrir la carpeta de investigación por el mismo.

El otro es la falta de perspectiva de género de los fiscales, quienes aun cuando hay indicios claros de que, por ejemplo, el posible feminicida es la pareja sentimental de la víctima, deciden normalizar dicha situación y clasificarlo como un homicidio convencional. También se ignoran patrones como la recurrencia del asesinato de mujeres en sus casas o con métodos como la asfixia, que deciden ignorarse y manejarse como homicidios simples y aislados.

Es un tema delicado, añade la abogada, ya que al no considerar de inicio una carpeta de investigación como feminicidio se da pie a una investigación incompleta, donde las pruebas que se recaben serán solo para acreditar la existencia de un asesinato, pero no para documentar la razón de género como un parentesco. Así se terminan desestimando testimonios y evidencias.

Desde 2016, Frida Guerrera recopila en medios nacionales y locales casos de vidas arrancadas —como pide llamarlas— de mujeres, y clasifica los casos como feminicidios si cumplen con lo que establece el artículo 325 del Código Penal Federal.

“Aunque trátese de lo que se trate, homicidios por ejemplo en un asalto, (las Fiscalías) tendrían la obligación, respetando las sentencias que hay, sobre todo la de Mariana Lima, de investigarlo con el protocolo de feminicidio, pero lo hacen al revés. Pero por ejemplo el homicidio de una niña por un grullero en Tultitlán, Estado de México, cuando emiten la orden de aprehensión, la emiten por homicidio, y cuando yo pregunto, me dicen ‘es que es más fácil que el juez nos las dé así, y luego reclasificamos’, cuando debería ser absolutamente al revés”, dice Guerrera.

Animal Político ha documentado casos, como el de Serymar Soto en el reportaje Matar en México: Impunidad Garantizada, en donde pese a que el homicida fue la pareja sentimental de la víctima y que hubo violencia previa, el agente del Ministerio Público se negó a indagarlo como feminicidio bajo el argumento de que era “más complejo” y podría poner en riesgo el éxito del caso.

“Todos son indicios claros que tendrían que ser suficientes para una tipificación inicial, pero no ocurre. La realidad es que nos está costando mucho trabajo que lo que hoy está en la ley se implemente. Los datos lo dicen. Solo 1 de cada 5 casos. Eso quiere decir que la mayoría no se investiga aun cuando en la ley el delito exista”, señaló Valgañon.

Impunidad y revictimización

María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), puntualiza que no solo es importante que se abran las carpetas de investigación por feminicidio, sino que también haya vinculaciones a proceso y no se mantenga la impunidad. Pone como ejemplo Oaxaca: cerró el año pasado con 28 feminicidios, pero solo 4 fueron vinculados y se siguió el proceso de investigación.

“Lo que me preocupa es la gran impunidad que hay en el país. Y esos datos no los da el sistema del Secretariado, ni siquiera nos los dan las fiscalías”, reclama.

También lamenta la falta de detalles que hay en las estadísticas oficiales sobre las características de las muertes, las condiciones en las que se encontró el cuerpo, y los antecedentes. Porque en estados con altos niveles de violencia del crimen organizado, por ejemplo, se encuentran cuerpos de mujeres quemadas, descuartizadas, y aunque el tipo penal establece que si se comenten “heridas infamantes” tiene que ser considerado feminicidio, las fiscalías más bien consideran que es una ejecución del narco y ya no se investiga a fondo.

“Se maquillan cifras, la autoridad prefiere decir: yo feminicidios no tengo. Porque socialmente tiene menor impacto decir que matan a muchas mujeres porque están en la delincuencia. Y llaman la atención las cifras que en los estados más violentos de este país los feminicidios reportados son pocos”.

¿Cuál es la solución?

Bajo el argumento de que construir investigaciones de posible feminicidio está siendo complicado, el fiscal Alejandro Gertz Manero propuso que se eliminen las condiciones que contemplan los códigos para tipificar este delito y que se simplifique a una forma de homicidio, pero más grave. “Se trata de visibilizarlo más”, subrayó ayer en conferencia conjunta con el presidente.

La abogada Karla Salas dijo que esto, además de ser inconstitucional no es una solución, dado que lo que se trata de perseguir y castigar con severidad son los crímenes por razón de género, y no solo por el sexo de la víctima.

Valgañon coincide en ello pues advierte que hay otro fenómeno como el de las mujeres que son asesinadas con armas de fuego, delincuencia común u organizada, que va en crecimiento y que no puede tratarse ni perseguirse la misma forma que la violencia feminicida, donde se aprovecha la condición de género de las víctimas.

Ambas subrayaron además que el tipificar todo como feminicidio o el suprimir el tipo penal, invisibiliza además un fenómeno que es necesario documentar. En ese contexto, señalaron que el trabajo debe orientarse hacia los operadores del sistema, a la capacitación de las autoridades y a la eliminación de estereotipos que hoy dificultan que lo que se consiguió en la ley se aplique en la realidad.

La diputada Martha Tagle, que ha impulsado diversas iniciativas sobre temas de género, dijo que es necesario revisar la implementación del tipo de feminicidio, pero para hacerlo funcionar, no para suprimirlo.

“Urge que los ministerios públicos funcionen. Tenemos que hablar de recursos, capacitación, estructura. A 12 años de cambios legales seguimos sin tener ni policías ni fiscales preparados para identificar feminicidios”, concluyó.

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Reuters

Qué son los adyuvantes y por qué son tan importantes como la vacuna contra la COVID

El desarrollo de la vacuna contra el coronavirus no solo implica la obtención de una fórmula antígena efectiva, también se requieren elementos como los adyuvantes, sin los cuales sería reducida su efectividad.
Reuters
12 de agosto, 2020
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Así como no es lo mismo escuchar música en el celular que en los altavoces del auto, las vacunas sin adyuvantes no tienen el mismo efecto.

Se trata de substancias que, al unirse a la fórmula de las vacunas, tienen la capacidad de incrementar la respuesta del organismo humano al ser inoculado.

“Es un amplificador”, explica la doctora María Elena Bottazi, codirectora de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Colegio Baylor de Medicina de Houston y codirectora del Centro para Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, en Estados Unidos.

“El adyuvante hace que (la vacuna) llegue a más lugares dentro del cuerpo y que obviamente atraiga a diferentes componentes del cuerpo humano y así eventualmente se activen las diferentes células inmunológicas”, añade.

De ahí que, como en otros casos, son un elemento importante para el desarrollo de las vacunas para tratar el covid-19, que ya ha dejado más de 700.000 muertos y 20 millones de contagios en el mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=xhM2rTMB9I4&t

Vladimir Putin anunció este martes que Rusia ya tiene una aprobada y registrada contra el coronavirus, la Sputnick V, y otros países avanzan a contrarreloj para crear las suyas.

Más de 160 estudios preclínicos están en marcha, pero menos de 10 en una fase avanzada hasta inicios de agosto, según la Organización Mundial de la Salud.

Las investigaciones médicas y las farmacéuticas que participan se enfrentan a un problema: el desarrollo de adyuvantes no ha sido tan prolífico en la industria mundial en los últimos años.

Y la falta de estas sustancias dificultaría que la vacuna pueda ser producida de forma masiva.

“Así como hemos escuchado mucho que tenemos que generar miles de millones de dosis de la vacuna, también tenemos que producir miles de millones de dosis de cada uno de los componentes. No solo es producir las proteínas, sino también con qué se van a combinar”, explica Bottazi.

Una mujer en un laboratorio médico

Reuters
Además de los antígenos, las vacunas llevan otros componentes químicos que deben ser producidos.

La escasez de adyuvantes y otros elementos, desde las ampolletas hasta los birreactores, “puede retrasar las vacunas”, advirtieron desde mayo los especialistas Susan Athey, Michael Kremer, Christopher Snyder y Alex Tabarrok en una carta publicada en el diario The New York Times.

La vacuna en el cuerpo

Las vacunas están compuestas por tres elementos básicos: el antígeno, los adyuvantes y los preservantes.

Una vez que la dosis ingresa al cuerpo, causa una reacción del sistema inmunitario, que intenta proteger al resto del cuerpo enviando glóbulos blancos que producen anticuerpos para contener la infección.

Así, cuando un virus intenta de nuevo ingresar por cuenta propia al organismo, los anticuerpos saben cómo actuar en su contra y eliminarlo.

Cómo funcionan las vacunas

BBC

En este proceso los adyuvantes tienen dos propósitos, “amplificar la señal y al mismo tiempo guiar la para que atraiga la respuesta correcta, a las células correctas”, señala Bottazi.

“Si no se quiere que la vacuna se disemine muy rápido, sino que llegue a las células que la necesiten, entonces se necesita tiempo y eso es lo que llamamos el efecto depot, que se deposita en un lugar y da tiempo a que se disemine la información”, añade.

Los adyuvantes por sí mismos no tienen ningún efecto; es decir, son inertes.

“Es como si se tiene un parlante pero no se le pone música. Se acoplan a lo que se quiera diseminar, en este caso el componente específico de la vacuna”, explica la especialista.

Una vacuna contra el coronavirus es probable que tenga menos efecto en las personas mayores, porque sus sistemas inmunológicos no responden tan bien a la inmunización.

Así se en la vacuna contra la gripe.

Es posible superarlo administrando múltiples dosis, pero otra solución es usar adyuvantes que estimulan el sistema inmunológico.

Los problemas que se avecinan

Durante prácticamente todo el siglo XX hubo un adyuvante que se empleó prácticamente en todas las implementaciones de vacunas: las sales de aluminio, también conocidas como alumbre).

Sigue siendo el adyuvante más conocido y uno de los más fabricados hasta la fecha.

La vacuna Pandemrix y su adjuvante

Reuters
Las dosis de las vacunas para la pandemia del virus H1N1 (en la foto Pandemrix) estaban acompañadas con un adyuvante.

A finales de la década de 1990 fue que las farmacéuticas empezaron a desarrollar otras alternativas.

Como ocurrió con otros medicamentos patentados, esos adyuvantes fueron asegurados en registros de propiedad privada.

“Al ser de propiedad intelectual privada, no se sabe mucho sobre qué son exactamente, tienen una formulación que no es genérica y no conocemos su costo“, señala Botazzi como uno de los problemas de la actual carrera por la vacuna del covid-19.

“Si los adyuvantes son experimentales, de propiedad intelectual privada o de alto costo, va a ser difícil que sean accesibles para los países de bajos recursos“, añade.

Además, si se desarollan adyuvantes nuevos, estos deberán ser probados y certificados por las autoridades médicas, un inconveniente en una situación que exige urgencia, como la pandemia actual.

Eduardo Ortega-Barria, vicepresidente y director de investigación clínica para Latinoamérica de la firma británica GSK -uno de los mayores fabricantes de adyuvantes del mundo- explica el que el tiempo usualpara obtener una vacuna es de 10 años.

“En la historia la que más rápido se ha licenciado es la vacuna contra las paperas, que se demoró cerca de cinco años, pero con el coronavirus estamos intentando hacerlo entre 12 y 18 meses“, le dijo a la agencia EFE.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

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