En el primer desahogo de pruebas testimoniales de exfuncionarios públicos en el juicio político que se realiza en contra de Rosario Robles en la Cámara de Diputados, el exauditor Federal, Juan Manuel Portal, fue tajante al responder sobre las presuntas irregularidades en la Sedesol cuando ella la encabezaba: “ella sabía perfectamente el modus operandi”.
Frente a los diputados que integran la comisión instructora, Portal dijo que la exsecretaria Rosario Robles conoció las irregularidades que ocurrieron en años consecutivos en la Secretaría de Desarrollo Social a través de los informes de auditoría y en reuniones posteriores.
“Yo personalmente le mostré el modus operandi a través de unos mapas donde veíamos el dinero que llega de la Secretaría de Hacienda a las dependencias, Sedesol y Sedatu, y cómo lo distribuyeron a través de contratos con universidades y éstas a otros muchos hasta donde se perdió el dinero. Ella lo sabía perfectamente”.
Se trata de La Estafa Maestra, un mecanismo en el que dependencias de gobierno realizaban convenios con universidades públicas para que éstas hicieran supuestos servicios, pero a su vez subcontrataban a empresas que resultaron ser ilegales o fantasma y, por lo tanto, el dinero público desaparecía.
Los servicios no se hicieron y toda la documentación con la que intentaron probarlo “eran basura”, dijo Portal. Aunque la defensa de Rosario insistió en que la Sedesol envió hasta 65 cajas de documentación de comprobantes, el exauditor aseguró que se trataban de fotocopias que no sustentaban los supuestos servicios “no llegaban a nada”, sentenció.
Aunque esto ocurrió durante todo el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto en más de una cuarentena de dependencias y organismos, donde se presume un desvío de más de 9 mil millones de pesos con la participación de cientos de funcionarios públicos y pese a que existen más de 30 denuncias penales sólo Rosario Robles enfrenta un proceso judicial en prisión y este juicio político.
La Comisión será la responsable de determinar si existe elementos para considerar a Rosario Robles como responsables de omisiones o conductas sancionables establecidas en la Constitución Políticas, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Código Penal Federal y otras disposiciones.
Después de esta sesión, la Comisión se reunirá este sábado para establecer la continuidad del proceso, dar vista a la parte de los denunciantes y de la denunciada, quienes tendrán tres días cada uno para analizarlo y después entrar a la fase de presentación de alegatos.
“Cuando se cierre esto, que son seis días, también naturales, entonces la Sección Instructora sesionará durante cuatro días para producir sus conclusiones. Una vez que estén las conclusiones, serán entregadas a la Mesa Directiva, a través de una secretaria, el día 16 de marzo”, dijo en entrevista el diputado Pablo Gómez.
Las conclusiones serían enviadas a la Presidencia de la Cámara quien deberá poner fecha para la consideración final de las conclusiones para ser publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
Aunque los abogados de Rosario Robles intentaron confrontar a los exfuncionarios que atestiguaron, la comisión instructora frenó cada oportunidad argumentando que estaban “induciendo” las respuestas, lo que descolocó a la defensa durante toda la jornada.
En tanto, la defensa de Robles acusó que Pablo Gómez amenazó a los testigos con que usaría la fuerza pública para que acudieran a declarar.
“La actitud de Pablo Gómez y sus huestes sólo evidencia dos cosas: tiene un total y pleno desconocimiento de las leyes y/o mantiene la intención de llevar el juicio político contra su adversaria utilizando artilugios no sólo ilegítimos sino hasta ilegales”, señaló el equipo de Rosario Robles.
La segunda exfuncionaria en declarar fue Muna Dora Buchain, exdirectora general de auditorías Forense de la ASF, y quien encabezó el equipo que realizó las auditorías que develó el mecanismo. Aseguró que durante las revisiones encontraron un “patrón de comportamiento”, es decir, el presunto desvío de recursos públicos en diferentes ejercicios fiscales.
Por tanto, la Auditoría emitía pliegos de observaciones con las irregularidades, pero la Sedesol y Sedatu no podían responder porque “eran insolventables. La documentación que entregaban no solventaban los hechos. Yo entrevisté a los rectores y todos dijeron que todo era manipulado, que todo era una simulación”.
En su oportunidad, Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento Territorial en la Sedatu, aseguró que falsificaron su firma para hacer convenios con la Universidad Francisco I. Madero, y en cuanto se dio cuenta de eso se lo dijo a la entonces titular, Rosario Robles, y denunció ante el Órgano Interno de Control y después ante la PGR.
Sin embargo, durante el proceso judicial pasó de víctima a imputado, por lo que continúa el proceso judicial. González Tiburcio mostró el convenio y su firma y, dijo, se ve claramente que fue falsificada.
En tanto, Javier Guerrero, exsubsecretario de Participación Social en la Sedesol, y actual secretario general del IMSS, aseguró que él firmó 55 convenios con universidades entre 2013 y 2014, pero en los que nunca se acordó entrega de dinero, sino coordinación con las instituciones para desarrollar trabajo de campo.
“Propuse este diseño de involucrar a la comunidad y estudiantes de las universidades de la zona para que fueran tutores, que hicieran promoción y formación comunitaria, pero nunca para adquisición de bienes”, afirmó.
