Maestros de dos Universidades del Bienestar Benito Juárez denuncian irregularidades en los procesos laborales, pues nunca han firmado contratos, trabajaron meses sin recibir salario y cuando les pagaron, los depósitos prevenían de un organismo ajeno al Gobierno y hasta en efectivo.
En la Universidad de Derecho Ponciano Arriaga hubo “errores” en los depósitos y la directora, Verónica Castro, les pidió que regresaran montos superiores a cinco mil pesos y lo depositaran en una cuenta de un particular, sin que la escuela emitiera algún tipo de comprobante de dichas devoluciones.
Maestros de la Universidad de Derecho Ponciano Arriaga que se encuentra en paro desde el lunes y de la Universidad de Chenalhó en Chiapas, entregaron a Animal Político documentos y estados de cuenta que evidencian la falta de certeza laboral en el proyecto encabezado por Raquel Sosa.
Ambas instituciones forman parte del programa para la creación de 100 universidades en todo el país, una de las principales estrategias del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa y cuyo arranque anunció en diciembre de 2018.
Sin embargo, un año después, la operatividad de las universidades ya provocó que un plantel que funcionó durante tres años auspiciada por el partido Morena y luego fuera absorbida por el programa federal, llegara a un paro de labores convocado por los estudiantes por falta de certeza en sus procesos académicos.
La Universidad Ponciano Arriaga funcionaba como una escuela de particulares, pero tenía más certidumbre antes que ahora que es de gobierno. Los maestros tenían contratos de prestación de servicios por cada trimestre y les depositaban en tiempo y forma.
Al ser absorbida como parte del proyecto de Gobierno la situación cambió. Dejaron de hacer contratos y en cambio, firmaron “convenios de colaboración voluntaria” por cada depósito de pago y sin establecer temporalidad.
En los primeros meses del año recibieron depósitos provenientes del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), un organismo internacional ajeno al Gobierno Federal.
El programa de Universidades sería operado por dicho organismo, pese a que no hubo ningún tipo de reforma a sus reglamentos internos o modificación a su naturaleza jurídica y los recursos para las universidades estaban etiquetados en la SEP.
Por eso es que cuando este medio le preguntó a Raquel Sosa cómo transferirían los recursos de la SEP a un organismo internacional y de ahí a la operación del programa, aseguró que se haría un convenio de colaboración entre ambas instituciones, pero no ocurrió.
De acuerdo con estados de cuenta de abril, mayo y agosto de los maestros que prefieren guardar anonimato por temor a represalias, recibieron depósitos desde la cuenta a nombre del Crefal, pese a que se trata de un organismo que no pertenece al gobierno Federal y, en teoría, los profesores serían funcionarios federales.
También existen pagos realizados en efectivo desde Patzcuáro Michoacán, donde se encuentra la sede del Crefal, sin mayor referencia que “pago cuenta de tercero”.
Pero también hubieron meses en que no recibieron pagos, con el argumento que no habían fluido los recursos, y aún así, los maestros seguían dando clase.
Ya en noviembre y diciembre los pagos se originaron desde una cuenta en Santander con el nombre “2019103OCUBBJG”, lo que parecen las siglas del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, creado por decreto el 30 de julio de 2019.
Dicho organismo descentralizado de la SEP asumiría la coordinación del proyecto, es decir, el Crefal dejó de ser el operador. Decisión que se tomó a siete meses del anuncio de arranque hecho por el Presidente y con el proyecto ya en marcha.
Sin embargo, se evidenció aun más el desastre administrativo cuando la directora les pidió la devolución de supuestos pagos excedentes durante los meses que pagaron en retroactivo. Los maestros aseguran que ni siquiera contabilizaron correctamente las horas de trabajo, por lo que algunos recibían más o menos de lo que les correspondía.
El lunes 17 de febrero, Raquel Sosa acudió al plantel Ponciano Arriaga para despedir personalmente a dos empleadas administrativas, lo que originó el descontento de estudiantes que aprovecharon para exigir respuestas a sus dudas sobre procesos de titulación, calendario escolar y currícula.
Ahí, una profesora también expuso la petición de las devoluciones de dinero sin ninguna certeza, a lo que Verónica Castro, la directora, respondió que ese dinero era una cooperación para “galletas y café”, según muestran videos grabados por los estudiantes.
El despido de quien nunca fue contratada
La misma situación enfrentaron maestros de la Universidad de Chenalhó en Chiapas, que imparte la carrera de ingeniería agroforestal, pero al ser una universidad de nueva creación tuvieron otras particularidades.
Una maestra que prefiere reservar su identidad narra lo que ocurrió en ese plantel. Ella fue una de las elegidas a través de un proceso de selección de docentes que comenzó con una convocatoria abierta emitida por el Crefal y desde el primer paso, la constante fue “la premura”.
El 19 de marzo de 2019 recibió una carta en la que le informaban que había sido seleccionada como docente y debía asistir a un “simulacro de formación para el curso de recuperación de conocimientos de bachillerato” que se realizaría el 21 y 22 de marzo en Oaxaca.
En esa carta, también le pedían documentos que debían llevar a dicho curso y ahí serían contratados. Pero ya estando ahí, nadie le pidió los papeles, argumentando que la contratación se pasaría para después.
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El 25 de marzo comenzó las clases en Chenalhó, pero ni siquiera el presidente municipal estaba enterado de que ella y el resto de docentes llegarían a trabajar a partir de ese día.
La sede de la Universidad era el inmueble de la secundaria de la comunidad, donde por las tardes darían clases de ingeniería agroforestal. Esa era la Universidad del Bienestar de Chenalhó.
Los maestros comenzaron a dar clase sin contrato y sin salario. Después de meses en esa situación comenzaron a organizarse e intentaron redactar una carta que dirigirían al presidente Andrés Manuel López Obrador para que supiera que “nos sentíamos inseguros laboralmente”.
Sin embargo, antes de que lo hicieran, Sosa se enteró y recriminó a los profesores de organizarse y a una de ellas, al acusarla de orquestar los reclamos, la despidió pero sólo de dicho, porque ni siquiera había un documento de contratación. Además, Sosa le dijo que “no había demostrado que tenía la madurez suficiente para el puesto y no agradecía haber tenido la oportunidad”, narra la profesora.
La maestra recibió los pagos de los meses trabajados, pero en julio, el resto de sus compañeros que continuaban trabajando hicieron convenios de colaboración por el pago de 28 mil pesos mensuales, aunque a ella le pagaron 16 mil pesos por mes.
Por tanto, reclama el pago restante o que al menos exista certeza de que sólo le correspondía salario de 16 mil pesos “Que me enseñe las cuentas. Cómo me pueden despedir de algo que no he firmado contrato”, dice.
