Irregularidades en pagos y contrataciones en Universidades del Bienestar
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Alejandro Ponce

Maestros de Universidades del Bienestar denuncian irregularidades en pagos y contrataciones

Los profesores señalan retraso en los pagos, errores en los dépositos y que éstos venían de un organismo ajeno al gobierno.
Alejandro Ponce
21 de febrero, 2020
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Maestros de dos Universidades del Bienestar Benito Juárez denuncian irregularidades en los procesos laborales, pues nunca han firmado contratos, trabajaron meses sin recibir salario y cuando les pagaron, los depósitos prevenían de un organismo ajeno al Gobierno y hasta en efectivo.

En la Universidad de Derecho Ponciano Arriaga hubo “errores” en los depósitos y la directora, Verónica Castro, les pidió que regresaran montos superiores a cinco mil pesos y lo depositaran en una cuenta de un particular, sin que la escuela emitiera algún tipo de comprobante de dichas devoluciones.

Maestros de la Universidad de Derecho Ponciano Arriaga que se encuentra en paro desde el lunes y de la Universidad de Chenalhó en Chiapas, entregaron a Animal Político documentos y estados de cuenta que evidencian la falta de certeza laboral en el proyecto encabezado por Raquel Sosa.

Lee: Gobierno federal promete crear (ahora sí) las universidades del Bienestar en 2020

Ambas instituciones forman parte del programa para la creación de 100 universidades en todo el país, una de las principales estrategias del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa y cuyo arranque anunció en diciembre de 2018.

Sin embargo, un año después, la operatividad de las universidades ya provocó que un plantel que funcionó durante tres años auspiciada por el partido Morena y luego fuera absorbida por el programa federal, llegara a un paro de labores convocado por los estudiantes por falta de certeza en sus procesos académicos. 

La Universidad Ponciano Arriaga funcionaba como una escuela de particulares, pero tenía más certidumbre antes que ahora que es de gobierno. Los maestros tenían contratos de prestación de servicios por cada trimestre y les depositaban en tiempo y forma.

Al ser absorbida como parte del proyecto de Gobierno la situación cambió. Dejaron de hacer contratos y en cambio, firmaron “convenios de colaboración voluntaria” por cada depósito de pago y sin establecer temporalidad.

En los primeros meses del año recibieron depósitos provenientes del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), un organismo internacional ajeno al Gobierno Federal.

El programa de Universidades sería operado por dicho organismo, pese a que no hubo ningún tipo de reforma a sus reglamentos internos o modificación a su naturaleza jurídica y los recursos para las universidades estaban etiquetados en la SEP.

Entérate: Universidades del Bienestar dejan sin salario a trabajadores de organismo educativo

Por eso es que cuando este medio le preguntó a Raquel Sosa cómo transferirían los recursos de la SEP a un organismo internacional y de ahí a la operación del programa, aseguró que se haría un convenio de colaboración entre ambas instituciones, pero no ocurrió.

De acuerdo con estados de cuenta de abril, mayo y agosto de los maestros que prefieren guardar anonimato por temor a represalias, recibieron depósitos desde la cuenta a nombre del Crefal, pese a que se trata de un organismo que no pertenece al gobierno Federal y, en teoría, los profesores serían funcionarios federales.

También existen pagos realizados en efectivo desde Patzcuáro Michoacán, donde se encuentra la sede del Crefal, sin mayor referencia que “pago cuenta de tercero”.

Pero también hubieron meses en que no recibieron pagos, con el argumento que no habían fluido los recursos, y aún así, los maestros seguían dando clase.

Ya en noviembre y diciembre los pagos se originaron desde una cuenta en Santander con el nombre “2019103OCUBBJG”, lo que parecen las siglas del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, creado por decreto el 30 de julio de 2019.

Dicho organismo descentralizado de la SEP asumiría la coordinación del proyecto, es decir, el Crefal dejó de ser el operador. Decisión que se tomó a siete meses del anuncio de arranque hecho por el Presidente y con el proyecto ya en marcha.

Sin embargo, se evidenció aun más el desastre administrativo cuando la directora les pidió la devolución de supuestos pagos excedentes durante los meses que pagaron en retroactivo. Los maestros aseguran que ni siquiera contabilizaron correctamente las horas de trabajo, por lo que algunos recibían más o menos de lo que les correspondía.

Lee también: Universidades de AMLO buscan captar 21% de egresados de bachillerato, pero no se sabe cómo lo lograrán

El lunes 17 de febrero, Raquel Sosa acudió al plantel Ponciano Arriaga para despedir personalmente a dos empleadas administrativas, lo que originó el descontento de estudiantes que aprovecharon para exigir respuestas a sus dudas sobre procesos de titulación, calendario escolar y currícula.

Ahí, una profesora también expuso la petición de las devoluciones de dinero sin ninguna certeza, a lo que Verónica Castro, la directora, respondió que ese dinero era una cooperación para “galletas y café”, según muestran videos grabados por los estudiantes.

El despido de quien nunca fue contratada

La misma situación enfrentaron maestros de la Universidad de Chenalhó en Chiapas, que imparte la carrera de ingeniería agroforestal, pero al ser una universidad de nueva creación tuvieron otras particularidades.

Una maestra que prefiere reservar su identidad narra lo que ocurrió en ese plantel. Ella fue una de las elegidas a través de un proceso de selección de docentes que comenzó con una convocatoria abierta emitida por el Crefal y desde el primer paso, la constante fue “la premura”.

El 19 de marzo de 2019 recibió una carta en la que le informaban que había sido seleccionada como docente y debía asistir a un “simulacro de formación para el curso de recuperación de conocimientos de bachillerato” que se realizaría el 21 y 22 de marzo en Oaxaca.

En esa carta, también le pedían documentos que debían llevar a dicho curso y ahí serían contratados. Pero ya estando ahí, nadie le pidió los papeles, argumentando que la contratación se pasaría para después.

El 25 de marzo comenzó las clases en Chenalhó, pero ni siquiera el presidente municipal estaba enterado de que ella y el resto de docentes llegarían a trabajar a partir de ese día.

La sede de la Universidad era el inmueble de la secundaria de la comunidad, donde por las tardes darían clases de ingeniería agroforestal. Esa era la Universidad del Bienestar de Chenalhó.

Los maestros comenzaron a dar clase sin contrato y sin salario. Después de meses en esa situación comenzaron a organizarse e intentaron redactar una carta que dirigirían al presidente Andrés Manuel López Obrador para que supiera que “nos sentíamos inseguros laboralmente”.

Sin embargo, antes de que lo hicieran, Sosa se enteró y recriminó a los profesores de organizarse y a una de ellas, al acusarla de orquestar los reclamos, la despidió pero sólo de dicho, porque ni siquiera había un documento de contratación. Además, Sosa le dijo que “no había demostrado que tenía la madurez suficiente para el puesto y no agradecía haber tenido la oportunidad”, narra la profesora.

La maestra recibió los pagos de los meses trabajados, pero en julio, el resto de sus compañeros que continuaban trabajando hicieron convenios de colaboración por el pago de 28 mil pesos mensuales, aunque a ella le pagaron 16 mil pesos por mes.

Por tanto, reclama el pago restante o que al menos exista certeza de que sólo le correspondía salario de 16 mil pesos “Que me enseñe las cuentas. Cómo me pueden despedir de algo que no he firmado contrato”, dice.

 

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Avión presidencial de México: las razones que hacen difícil su venta o rifa

El gobierno de México compró en 2012 un avión que fue parte de la flotilla de pruebas de Boeing, aeronaves que casi nunca encuentran futuro en la industria. Ese hecho se suma a otros tres factores que hacen que la venta de la aeronave sea un dolor de cabeza para el presidente López Obrador.
UNOPS
13 de febrero, 2020
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La venta del avión presidencial ha sido un dolor de cabeza para el gobierno de México.

La aeronave ha estado en oferta desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia del país en diciembre de 2018. Y no ha conseguido comprador o arrendatario en el mercado aeronáutico mundial.

La última decisión del mandatario, rifarlo a través de la Lotería Nacional, también se ha visto entrampada por las restricciones legales, cargas impositivas y gastos de mantenimiento que implica ceder la aeronave a un ciudadano.

A eso se le suman varios factores que el gobierno mexicano ya conocía desde 2015, cuando ordenó un estudio de la aeronave al que BBC Mundo tuvo acceso.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, predecesor de AMLO, exploró cuánto obtendría por deshacerse de la aeronave que ya por entonces era criticada por su elevado costo.

No obtuvo buenas noticias.

Enrique Peña Nieto desciende del avión presidencial

Getty Images
El presidente Enrique Peña Nieto recibió la aeronave que fue comprada inicialmente por su predecesor, Felipe Calderón.

Y ahora, con la política de austeridad de López Obrador, la aeronave ha permanecido en tierra durante 14 meses y contando, a la espera de un comprador que se anime a adquirirla.

Varios son los factores que hacen complicada la venta o incluso la rifa del avión presidencial.

1. Fue un avión de pruebas

Desde que salió de la fábrica, el entonces N787ZA era un avión “especial”.

Boeing colocó la aeronave como parte de su “flota de pruebas” del modelo 787 Dreamliner, uno de sus desarrollos más destacados de finales de la década de 2000.

Los aviones de prueba son sometidos a extenuantes test para demostrar los límites de funcionamiento como frenado, resistencia, autonomía, detección y manejo de fallas, desempeño en condiciones extremas.

El N787ZA fue puesto bajo algunas de estas desde octubre de 2009.

Un avión de pruebas Boeing 787 Dreamliner en 2009

Getty Images
Los aviones para pruebas son sometidos a intensos exámenes de rendimiento para comprobar su fiabilidad.

5 datos sobre el avión

  • El avión es un 787 Dreamliner. Salió de la fábrica de Boeing el 20 de julio de 2009 con la clave de registro N787ZA.
  • US$218 millones. Fue el pago que el gobierno del presidente Felipe Calderón acordó por la aeronave que reemplazaría al viejo avión presidencial Boeing 757 de 1987.
  • US$530 millones. Fue el costo por el arrendamiento, operación y mantenimiento que incluyó un acondicionamiento y rediseño interior con acabados de lujo.
  • Recibió el nombre “Jose María Morelos y Pavón”, un héroe de la independencia mexicana y fue registrado como XC-MEX / TP-01 (Transporte Presidencial 01).
  • 214 operaciones. Entró en funcionamiento en febrero de 2016 y fue utilizado durante dos años y 10 meses.

Ya con el avión en su poder, el gobierno de Peña Nieto solicitó un estudio de mercado a la consultora aeronáutica británica Ascend, el cual fue entregado en 2015.

De hecho, el estudio fue encargado porque el gobierno de México deseaba “explorar la opción de vender la aeronave”.

En el documento se establece que el hecho de que la aeronave fue un avión de pruebas es un factor que reduce su valor y probabilidad de venta.

El Boeing 787 del gobierno de México

Getty Images
El gobierno puso en operación el Boeing 787 Dreamliner para transporte presidencial en 2016.

Daniel Hall, analista sénior de Ascend explicó que el hecho de que fuera avión de pruebas “se traduce en que tiene un mercado más limitado“.

“Muchas aerolíneas con flotillas del Boeing 787 no estarían interesadas en incluir este ejemplar ‘atípico'”, explicó Hall.

“Hay más posibilidades de vender a un operador de una sola aeronave, pero este sería un mercado extremadamente limitado”.

La especificación y desempeño de la aeronave “difieren significativamente de los Boeing 787-8 que se producen actualmente”, por lo que no ofrece las ventajas de los nuevos Dreamliner.

Los tres primeros aviones de prueba de Boeing fueron enviados a museos y exhibiciones, y Boeing reconoció que “no tenían valor comercial” por “la cantidad excesiva de trabajo y las modificaciones únicas y extensas” que requerían, informó Airways Magazine.

Al no tener compradores, el cuarto y el quinto fueron descartados en 2016 por el fabricante y su costo fue absorbido por la empresa. El sexto es el que compró México.

El Boeing 787 del gobierno de México

Getty Images
El avión que compró el gobierno de México fue parte de la flota de prueba de los 787 Dreamliner de Boeing.

Su valor de mercado para enero de 2016, según el estudio de Ascend, era de entre US$158 millones y US$174 millones, dependiendo del estado de vida útil de sus componentes principales: fuselaje, motores, tren de aterrizaje y unidad auxiliar de potencia.

2. Es un avión muy personalizado

Cuando López Obrador iniciaba su campaña para la presidencia de México, aparecía en un anuncio en televisión y radio prometiendo vender el avión que “no lo tiene ni Obama”.

Y es que a decir del entonces candidato izquierdista, se trata de una lujosa aeronave cuya compra resultaba “ofensiva” para el país en el que la mitad de la población vive en pobreza. Por tanto, prometió venderlo.

El interior del TP-01 consta de acabados finos, incluso con detalles de marmolería, en las cabinas, baños y alcoba del presidente, así como una personalización que lo convierten en un avión “bizliners”; es decir, una aeronave privada de negocios.

El interior del Boeing 787 del gobierno mexicano

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El interior de la aeronave fue rediseñado bajo los requerimientos del gobierno mexicano.
El interior del Boeing 787 del gobierno mexicano

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Algunos acabados de mármol son parte de los detalles lujosos de la aeronave.

“La venta de aviones comerciales personalizados puede muy posiblemente tomar más tiempo de comercialización” al haber un mercado restringido, advirtió Ascend, por lo que toma 12 meses como mínimo su venta.

“Una configuración altamente personalizada probablemente no se venderá en su forma actual y, por lo tanto, se requerirá un descuento por el costo de readaptación o incluso para un reemplazo total. Esto también puede tener implicaciones mayores en el tiempo que tomaría vender la aeronave”, añadió.

El mercado de clientes se reduce a individuos de alto perfil, empresas privadas, compañías de vuelos chárter y gobiernos.

Ya en 2015 advertía que existía un “riesgo importante” de que no se vendiera la aeronave en 12 meses. De venderse en 24 meses, se perderían casi US$66 millones, mientras que en un plazo de 36 meses, la pérdida ascendería a US$72 millones.

El interior del Boeing 787 del gobierno mexicano

UNOPS
El avión está dividido en cuatro zonas, incluida una alcoba presidencial.

Para enero de 2019, cuando se empezó a gestionar su venta, Ascend pronosticaba ya desde 2015 una pérdida de US$76,26 millones

3. No es de interés para aerolíneas

Reconvertirlo a un avión de pasajeros costaría hasta US$15 millones y un periodo de 18 meses para la instalación de todos los componentes necesarios.

A esto se le suma el hecho de que las aerolíneas comerciales adquieren varias aeronaves en un solo pedido a un precio más ventajoso, por lo que las opciones para el gobierno mexicano se reducen.

“Tiene un mercado más limitado”, reitera Ascend en su informe.

Plano superior del avión

UNOPS
La reconfiguración del espacio interior costaría varios millones de dólares.
Avión presidencial

Gobierno de México
El avión presidencial cuenta con una elegante sala de juntas.

De encontrarse un comprador en este sector, habría una pérdida de US$128 millones respecto a los US$218 millones del costo original.

“Un escenario de mayor beneficio sería tratar de recomercializar la aeronave en su configuración actual”; es decir, intentar venderlo en el mercado de “bizliners”.

Pero Ascend al final concluye que es mejor conservarlo para uso del gobierno de México.

4. Tener un avión cuesta (aunque sea regalado)

Luego de pasar más de un año en un hangar de Boeing en California, el avión presidencial volará de regreso a México en abril al no haber podido encontrar nuevo dueño.

Ante la situación, López Obrador decidió que la mejor opción será rifarlo; es decir, entregarlo a un ganador a través de un sorteo de 6 millones de boletos de 500 pesos (unos US$26) de la Lotería Nacional.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

El gobierno espera obtener al menos US$130 millones, aunque si se venden todos los boletos ingresaría unos US$160 millones.

Pero al final, el avión no será entregado: López Obrador anunció la semana pasada que la rifa solo será un sorteo de 100 premios de casi US$1 millón y que el avión permanecerá bajo resguardo de la Fuerza Aérea Mexicana hasta ser vendido.

Al ser cuestionado por qué no entregarían el avión, el presidente dijo: “Es que no les queremos entregar un problema, queremos entregar un premio, que lo disfruten. Porque entonces sí (aparecerán) los memes de dónde estacionarlo”.

Y es que tener al avión en el hangar de Boeing, recibiendo mantenimiento y vuelos para que siga activo, le cuesta US$4.000 por día al gobierno, dijo López Obrador, por lo que el ganador del avión enfrentaría una carga considerable.

A ello se le suma que la ley de Juegos y Sorteos no permitía la entrega de bienes “en especie” ni está facultada para sortear bienes del Estado, pero el gobierno anunció que modificaría la ley para permitirlo.

Y finalmente existen cargas de impuestos federales y locales que deben cubrirse.

El sorteo servirá para “mantener el avión dos años”, pero su depreciación continuará aumentando conforme pase el tiempo.


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