Conavim pide suspender ratificación de magistrado acusado de violación
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Cuartoscuro Archivo

Conavim pide suspender ratificación de magistrado denunciado por violencia sexual a sus hijas

Una carta de Conavim sobre el caso del magistrado hace énfasis en que la violencia contra las mujeres en todas sus formas, incluida la intrafamiliar, es un asunto de interés público.
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20 de febrero, 2020
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La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) pidió al Congreso de la Ciudad de México suspender el proceso de ratificación del magistrado Manuel Horacio Cavazos López, demandado por presuntas agresiones sexuales a sus hijas, hasta que concluyan las investigaciones, reconociendo que las condiciones pueden poner en desventaja a las víctimas.

“Es pertinente recordar que, en este tipo de situaciones de violencia contra las mujeres, es fundamental acatar los criterios, conceptos, aplicabilidad y metodología para juzgar con perspectiva de género, para identificar y considerar las relaciones de poder existentes, las construcciones culturales de género y el acceso desigual a los recursos, que colocan a las mujeres en una situación de desventaja frente al presunto agresor y que pueden obstaculizar su derecho a la procuración de justicia, a la igualdad de trato y a la no discriminación”, subrayó en un oficio.

Entérate: Magistrado niega ser responsable de agresión sexual: ‘intentan manchar mi carrera’, dice

La carta hace énfasis en que la violencia contra las mujeres en todas sus formas, incluida la intrafamiliar, es un asunto de interés público, por lo que “no puede ser considerada, bajo ningún contexto, como un tema privado”.

Aunque Conavim no detalla por qué hace este énfasis, la afirmación de que la acusación por presunta agresión sexual es un tema “privado” del magistrado se ha repetido varias veces desde que se dio a conocer el caso.

Fue la primera respuesta que recibió Animal Político cuando pidió una postura al Consejo de la Judicatura, con el argumento de que la acusación no tenía que ver con su cargo como magistrado. Después, el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), Rafael Guerra Álvarez, contestó esto al preguntarle si el caso no manchaba la reputación de la institución.

“Es una cuestión, por un lado es privado, la cuestión personal del señor magistrado”, declaró a medios el 5 de febrero, día que Cavazos tuvo audiencia ante el Congreso como parte de su proceso de ratificación.

El oficio de la Conavim CNPEVM/098/2020 fue enviado a la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Isabela Rosales, desde el pasado jueves 13 de febrero, pero hasta este martes 18 ella se lo reenvió al presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán.

Santillán no ha presentado el dictamen de ratificación o no de los siete magistrados que están en proceso para ser confirmados en el cargo de forma vitalicia. Primero había anunciado que podría estar listo el 13 de febrero, que cerraba el periodo de recepción de opiniones, en el que recibió al menos dos cartas con alrededor de 700 firmas en contra de Cavazos. Pero ese día, de forma inédita se le dio audiencia por segunda vez al magistrado para, junto con su abogado y en sus propias palabras, “desvirtuar” las acusaciones en su contra. Ahí el defensor también señaló que la acusación era falsa, derivada de una situación personal, que es su reciente divorcio.

Según el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en procesos de designación o ratificación, la Comisión encargada debe emitir su dictamen cuatro días después de la comparecencia del interesado, por lo que este plazo ya se incumplió. Diputados de la Comisión de Justicia dijeron a este medio que ni siquiera han sido citados a sesión para analizar el tema.

El oficio de Conavim fue enviado con copia a la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad, Ernestina Godoy; al presidente del TSJ-CDMX, Guerra Álvarez, y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que al revelarse las acusaciones contra el magistrado dijo que no se pronunciarían al respecto porque la investigación corresponde a la Fiscalía. La dependencia federal también remitió copia al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.

Animal Político preguntó a Conavim si había dirigido oficios o había hecho alguna otra diligencia relacionada con este caso, que el Ministerio Público no ha querido llevar ante un juez en cinco meses por considerar que no hay elementos suficientes, a pesar de que en la carpeta de investigación constan las declaraciones de las niñas, de entonces 5 y 6 años, reportes de psicología y grabaciones que hizo su madre cuando una de ellas le contó lo que pasaba con su papá. Sin embargo, no hubo respuesta.

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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