La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) pidió al Congreso de la Ciudad de México suspender el proceso de ratificación del magistrado Manuel Horacio Cavazos López, demandado por presuntas agresiones sexuales a sus hijas, hasta que concluyan las investigaciones, reconociendo que las condiciones pueden poner en desventaja a las víctimas.
“Es pertinente recordar que, en este tipo de situaciones de violencia contra las mujeres, es fundamental acatar los criterios, conceptos, aplicabilidad y metodología para juzgar con perspectiva de género, para identificar y considerar las relaciones de poder existentes, las construcciones culturales de género y el acceso desigual a los recursos, que colocan a las mujeres en una situación de desventaja frente al presunto agresor y que pueden obstaculizar su derecho a la procuración de justicia, a la igualdad de trato y a la no discriminación”, subrayó en un oficio.
La carta hace énfasis en que la violencia contra las mujeres en todas sus formas, incluida la intrafamiliar, es un asunto de interés público, por lo que “no puede ser considerada, bajo ningún contexto, como un tema privado”.
Aunque Conavim no detalla por qué hace este énfasis, la afirmación de que la acusación por presunta agresión sexual es un tema “privado” del magistrado se ha repetido varias veces desde que se dio a conocer el caso.
Fue la primera respuesta que recibió Animal Político cuando pidió una postura al Consejo de la Judicatura, con el argumento de que la acusación no tenía que ver con su cargo como magistrado. Después, el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), Rafael Guerra Álvarez, contestó esto al preguntarle si el caso no manchaba la reputación de la institución.
“Es una cuestión, por un lado es privado, la cuestión personal del señor magistrado”, declaró a medios el 5 de febrero, día que Cavazos tuvo audiencia ante el Congreso como parte de su proceso de ratificación.
El oficio de la Conavim CNPEVM/098/2020 fue enviado a la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Isabela Rosales, desde el pasado jueves 13 de febrero, pero hasta este martes 18 ella se lo reenvió al presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán.
Santillán no ha presentado el dictamen de ratificación o no de los siete magistrados que están en proceso para ser confirmados en el cargo de forma vitalicia. Primero había anunciado que podría estar listo el 13 de febrero, que cerraba el periodo de recepción de opiniones, en el que recibió al menos dos cartas con alrededor de 700 firmas en contra de Cavazos. Pero ese día, de forma inédita se le dio audiencia por segunda vez al magistrado para, junto con su abogado y en sus propias palabras, “desvirtuar” las acusaciones en su contra. Ahí el defensor también señaló que la acusación era falsa, derivada de una situación personal, que es su reciente divorcio.
Según el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en procesos de designación o ratificación, la Comisión encargada debe emitir su dictamen cuatro días después de la comparecencia del interesado, por lo que este plazo ya se incumplió. Diputados de la Comisión de Justicia dijeron a este medio que ni siquiera han sido citados a sesión para analizar el tema.
El oficio de Conavim fue enviado con copia a la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad, Ernestina Godoy; al presidente del TSJ-CDMX, Guerra Álvarez, y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que al revelarse las acusaciones contra el magistrado dijo que no se pronunciarían al respecto porque la investigación corresponde a la Fiscalía. La dependencia federal también remitió copia al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.
Animal Político preguntó a Conavim si había dirigido oficios o había hecho alguna otra diligencia relacionada con este caso, que el Ministerio Público no ha querido llevar ante un juez en cinco meses por considerar que no hay elementos suficientes, a pesar de que en la carpeta de investigación constan las declaraciones de las niñas, de entonces 5 y 6 años, reportes de psicología y grabaciones que hizo su madre cuando una de ellas le contó lo que pasaba con su papá. Sin embargo, no hubo respuesta.
