Me negaron un empleo por ser extranjera y mi 'condición física': mujer trans
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Foto: Alberto Pradilla

Jessica, mujer trans de Guatemala, denuncia que le negaron un empleo por extranjera y su 'condición física' 

Jessica Noemí Coro Lorenzana tiene 32 años, es mujer trans, guatemalteca y en julio escapó de una red de trata. Su historia refleja la discriminación de uno de los sectores más vulnerables.
Foto: Alberto Pradilla
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“Por ser extranjera. Por su condición física”.

Estas son las palabras que una empresa de Chalco, Estado de México, dio a una mujer transexual para no aceptarla como empleada.

Jessica Noemí Coro Lorenzana, guatemalteca, mujer trans y sobreviviente casi desde que nació, buscaba trabajo y se encontró una humillación por partida doble.

Según relata, en una empresa la rechazaron por ser como es y en la otra ni siquiera la dejaron cruzar la puerta. Lo cuenta desde el refugio Casa de las Muñecas Tiresias, en Chalco, Estado de México. Ahí acudió buscando apoyo después de pasar varios meses en un albergue de máxima seguridad en Ciudad de México, donde fue atendida tras escapar de una red de trata.

Entérate: México transfóbico, ¿qué hay detrás del asesinato de una trans?

Denuncia la mujer que el 30 de enero, en las oficinas de Corporativo DL, una fábrica ubicada en la zona industrial de Chalco, Estado de México, le negaron un empleo por su doble condición de extranjera y de transexual.

Afirma que este fue el razonamiento que le dio el hombre que la atendió. En la empresa, sin embargo, dicen que recogieron su documentación y que esta nunca regresó.

En principio sería una palabra contra la otra.

Pero Coro Lorenzana afirma tener pruebas sobre la discriminación. En concreto, el documento en el que la empresa justifica por qué no la contrató.

“Por ser extranjera. No podemos darle un trabajo. Por su condición física. No podemos darle un trabajo, sería un gran desprestigio para la empresa contratar a una persona así”.

Así viene escrito en la boleta que la compañía tiene que rellenar para reportarse ante el Servicio Nacional de Empleo. En ella se redacta si el aspirante fue contratado o no, y los motivos. Se trata de un papel al que quienes buscan trabajo no tienen acceso y que las empresas deben entregar a la administración. La mujer explica que aprovechó un descuido del hombre que la entrevistaba para tomarle una fotografía. “No me gustaba lo que vi y supe que tenía que guardarlo”, dice.

En la farmacéutica Somar, situada a unas pocas cuadras, ni siquiera le permitieron entrar. “Una guardia de seguridad me impidió el paso porque no tenía carné de elector. Además, me dijo que personas como yo no estaban contratando”, afirma la mujer.

Animal Político trató de consultar con ambas empresas.

En Corporativo DL, tras varias llamadas, se comprometieron a hacer llegar un documento explicando su postura. Al cierre de la nota nunca llegó, pero uno de los interlocutores negó que se hubiese rechazado a Coro Lorenzana, asegurando que se recibió su documentación y que esta nunca regresó.

En Somar Farmacéutica también afirmaron que darían su versión. Pero esta no había llegado al cierre de la nota.

En la documentación de la mujer sigue figurando el nombre de Joel Samai, como fue bautizada Jessica Noemí hace 32 años.

Acudió a estas dos empresas canalizada por la Unidad Operativa Regional Ixtapaluca del Servicio Nacional de Empleo. Según Lilian López Arroyo, su coordinadora, el trabajo de esta institución es poner en conexión a solicitantes con empresas que tienen vacantes.

Reconoce tener conocimiento del caso de Coro Lorenzana. Asegura que, según sus informes, la mujer únicamente acudió a Corporativo DL. Dice no haber recibido la boleta en la que se especifica el rechazo por género y origen, ya que el control se realizó telefónicamente. Afirma que en la empresa le aseguraron que no le habían rechazado, que tomaron sus datos pero que ella nunca regresó. En el caso de la Farmacéutica Somar, asegura que la compañía dice que Coro Lorenzana nunca se presentó.

El Servicio de Empleo no volvió a tener comunicación con la mujer. El pasado 11 de febrero tenían fijada una cita, pero Coro Lorenzana decidió no acudir porque tenía previsto cambiar de domicilio.

El testimonio de la mujer viene recogido en una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) con número de expediente 392111, que fue cursada el 5 de febrero.

Según la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 realizada por el Conapred, siete de cada diez mujeres y hombres trans dijeron haber sufrido actos de discriminación durante los últimos doce meses. Más de la mitad de las mujeres trans dijeron que se les había negado algún derecho. Casi seis de cada diez reconocieron haber tenido ideas suicidas por su condición sexual.

Huir de tu casa con siete años

La vida de Coro Lorenzana es el reflejo de las múltiples discriminaciones a las que se enfrenta la población transexual. La falta de acceso a un empleo solo es una parte. “Que te rechacen en un empleo genera ansiedad, una baja autoestima, un impacto psicológico”, explica Kenya Cuevas, directora de Casa de las Muñecas Tiresias AC y una de las activistas trans más conocidas en México.

“Es un círculo vicioso. Te rechazan en un empleo y, ante la falta de oportunidades, te ves obligada a recurrir al trabajo sexual. Que es, precisamente, de lo que escapó Jessica cuando huyó de una red de trata”, dice.
Para llegar hasta ese punto, Jessica Noemí Coro Lorenzana tuvo que transitar por todos los caminos de la discriminación. La mujer, de voz frágil y gesto aún inocente, aprendió desde muy joven que su vida iba a ser una pelea para ser aceptada.

“Guatemala es un país muy conservador y las personas como yo somos discriminadas”, explica, sobre su país de origen.

En su caso, sus padres, una ama de casa y un antiguo patrullero, le golpeaban por no comportarse como se espera que se comporte un niño de siete años.

“Mi padre me daba con cables de luz, me dejaban marcadas la espalda”, dice.
Hasta tal punto llegó la violencia que, según asegura, con siete años se enfrentó a una terrible disyuntiva.

“Era el año 94 y me planteé dos opciones: suicidarme o irme de casa. Nunca me animé a atentar contra mi propia vida, así que me fui”, explica.

Con siete años cambió Fraijanes, un arrabal del extrarradio de Ciudad de Guatemala, por San Salvador. Eran mediados de los años 90, los de la postguerra salvadoreña, las deportaciones masivas desde Estados Unidos y el crecimiento de las pandillas, las estructuras criminales que iban a marcar el futuro del país.

Condenada a vivir en la calle, Jessica Noemí asegura que sobrevivió durante siete años durmiendo en una casa abandonada del centro de San Salvador. Se enganchó al pegamento, fue secuestrada por la Mara Salvatrucha (MS-13), una de las dos grandes pandillas que operan en Centroamérica, sur de México y Estados Unidos; fue detenida y encarcelada, acusada de instigar unas protestas en las que, asegura, jamás participó.

En ese tiempo, explica, todavía vestía como hombre. Aunque ya sabía que su cuerpo no reflejaba como realmente se sentía.

Dos disparos de su propio padre

Tras recuperar la libertad y sin expectativas en El Salvador, Coro Lorenzana decidió regresar a Guatemala, a la aldea La Puerta del Señor, también en Fraijanes. Habían pasado más de diez años desde que abandonó su casa y, desde entonces, nunca tuvo contacto con su familia.

“Yo les llamaba, pero me dejaban hablando sola, sin contestar”, dice.
Sus padres no le perdonaban su condición sexual. Y se lo quisieron hacer pagar.

“En febrero de 2006 sufro un atentado por parte de mi propio padre”, asegura.

Silencio.

Su propio padre trató de matarla por su condición sexual.

Dos disparos. Uno en el brazo, que apenas le rozó, y otro en la pierna, que le acertó de lleno. Todavía tiene las cicatrices.

“Había pensado acercarme a él para hablar con él. Lo vi. Empecé a caminar y miré claramente que venía hacia mí. Estábamos a una distancia corta cuando se saca un arma y dispara. Primero sentí el roce en el brazo y luego un calor en la pierna. Alcancé a correr cuatro metros y caí”, relata.

Su padre, el tipo que le golpeaba con cables cuando apenas levantaba unos palmos del suelo, utilizó su pistola Ranger color café para intentar acabar con su vida.

La violencia contra la comunidad LGTB, y especialmente contra las personas transexuales, es una constante en Centroamérica y en México. Según un informe elaborado por la organización Letra S, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto un total de 261 mujeres trans fueron asesinadas. Es el 55% de los 473 crímenes perpetrados contra el colectivo LGTB.

En 2019, 24 personas del colectivo LGTB fueron asesinadas en Guatemala, según datos de la ONU.

Jessica Noemí salvó su vida, pero sabía que estaba en peligro.

“La policía detuvo a mi papá, pero a las dos horas lo dejaron en libertad. Por eso yo no quise quedarme en el hospital. Pensé que vendría a matarme”, dice.

Por eso migró a México. Como cientos de miles de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, Jessica Noemí cruzó la frontera como irregular y alcanzó el norte por primera vez en 2006, a lomos de la Bestia, el tren que atraviesa el país de sur a norte y que se convirtió en símbolo del tránsito centroamericano hacia Estados Unidos.Ella llegó a Tucson, Arizona, en 2008. Allí vivió hasta que fue deportada, dos años después.

Regresó a México, a Mexicali, Baja California.

Ahí tuvo lugar una decisión que marcará su vida.

Por primera vez dejará de ser Joel Samai para renacer como Jessica Noemí.

Una nueva identidad en Mexicali

Ya como mujer volvió a intentar acceder a Estados Unidos. Pero la atrapó la Border Patrol. Pasaron horas hasta que el policía se dio cuenta de que la mujer que había sido detenida era la misma persona deportada meses atrás.
Desechado Estados Unidos, Jessica Noemí decide instalarse en México. Pero no es fácil la vida para una mujer transexual. Al menos, las autoridades reconocieron que era una persona que no podía regresar a su casa. En 2016, diez años después de poner un pie en México, se le reconoce la protección complementaria. El 2 de febrero de 2017 recibe el documento que la identifica como residente permanente.

Tampoco así logró la tranquilidad Jessica Noemí. Tras años residiendo en el norte, asegura la mujer que tuvo que mudarse a Ciudad de México obligada por las circunstancias: un grupo del crimen organizado le había contactado para que colaborase con ellos.

Pero ni siquiera en la capital estaba segura.

El martes 16 de julio de 2019, fue secuestrada y obligada a participar en una red de trata de la que escapará un mes después.

El caso está abierto y judicializado.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México declinaron dar detalles debido a que la investigación está todavía en marcha.

Coro Lorenzana, sin embargo, denuncia que la red que la sometió fue capaz de encontrarla cuando se encontraba en un hotel de seguridad con otras dos víctimas. Prefiere no dar más detalles. Asegura que no tiene miedo, pero sabe que podrían regresar a buscarla.

Fue la Fiscalía del Estado de México la que la canalizó al Servicio Nacional de Empleo en Ixtapaluca. Y estos, los que la enviaron a las fábricas a las que ahora denuncia.

Con su queja, la mujer asegura que quiere que los trabajadores de ambas compañías reciban capacitaciones para atender a personas de la diversidad sexual y que, además, abonen una compensación.

Mientras tanto, sigue buscando empleo.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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