Las reformas que necesita México para impulsar el desarrollo forestal
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Cortesía Conafor

Las reformas que necesita México para impulsar el desarrollo forestal sustentable

El Consejo Nacional Forestal, integrado por diversos actores del sector, presentó una iniciativa para reformar la legislación. Se espera que en los próximos meses se aprueben cambios y se cuente con un reglamento de la ley.
Cortesía Conafor
Por Thelma Gómez Durán/Mongabay Latam
23 de febrero, 2020
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La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de México está de nuevo en la mira. A pesar de tratarse de una norma joven, aprobada el 5 de junio de 2018, y aplaudida en su momento porque contempló el impulso del manejo forestal comunitario, hoy requiere una profunda cirugía para arreglar sus omisiones y deficiencias. Para ello, el Consejo Nacional Forestal (Conaf) presentó una iniciativa de reformas a la ley que contempla alrededor de 80 cambios.

Esta iniciativa de reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que ya se entregó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de México, es resultado de varios meses de trabajo y de una decena de talleres y foros en los que participaron comunidades forestales, organizaciones no gubernamentales, industriales y autoridades que forman parte del Conaf.

Desde que se publicó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en junio de 2018, se detectó que había contradicciones sobre las competencias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

También se omitió incluir conceptos como acahual —vegetación que crece en los terrenos de cultivo que han sido dejados en descanso—, no existía una claridad sobre el sistema de información forestal y se dejó en la ambigüedad el tema de autorizaciones de cambio de uso de suelo en zonas alrededor de las ciudades, explica Salvador Anta Fonseca, especialista en temas forestales y consultor de Política y Legislación Ambiental (Polea).

Desde principios de 2019, organizaciones no gubernamentales como Polea, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, pueblos indígenas y comunidades forestales de diversas partes del país comenzaron a empujar la propuesta de reformar la ley, iniciativa que abrigó el Consejo Nacional Forestal (Conaf), órgano consultivo ciudadano reconocido por la ley.

Tras meses de trabajo, una decena de talleres y foros —en los que participaron más de 500 personas— y de analizar alrededor de 400 propuestas, el Conaf elaboró la iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que cuenta con el concenso de los diversos actores del sector forestal.

La propuesta que presentó el Conaf planeta modificar 64 artículos, incluir 14 nuevos y derogar dos más, explica David Cabrera Hermosillo, coordinador general jurídico de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), dependencia que ha acompañado al Conaf en este proceso.

¿Por qué tantos cambios?

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable fue polémica desde su nacimiento. La primera propuesta que presentaron los legisladores de ese entonces provocó reacciones en contra, porque se consideró una norma regresiva, ya que entre otras cosas no contemplaba el manejo forestal comunitario.

Después de una movilización de organizaciones no gubernamentales, comunidades y otros actores del sector forestal, se logró detener esa primer propuesta de ley, recuerda Salvador Anta Fonseca, consultor de Polea y miembro del CCMSS.

Al final, los legisladores aprobaron una ley que terminó siendo “una especie de Frankenstein”, califica Salvador Anta, ya que se incluyeron temas que eran necesarios —como el impulso del manejo forestal comunitario—, pero también se quitaron conceptos que son fundamentales —como la definición de acahual— y las fallas en su redacción han creado confusión, duplicidades en las acciones de las dependencias y dejó en una situación vulnerable a las zonas forestales que se encuentran alrededor de las ciudades.

Para David Cabrera, coordinador general jurídico de la Conafor, entre las cosas positivas que incluyó la Ley Forestal aprobada en 2018 está el que permite tener elementos para frenar el avance de la frontera agropecuaria, que mejoró la definición de servicios ambientales y que incluyó el tema de derechos indígenas.

David Cabrera coincide con Salvador Anta en señalar que varios de los problemas de la actual ley están en la forma en que terminó redactada, lo cual ha provocado, entre otras cosas, que estén claras las atribuciones y competencias de la Conafor y la Semarnat.

Eso ha traído como consecuencia el retraso de diversos trámites, uno de ellos la entrega de las guías forestales a quienes realizan manejo forestal; estos documentos permiten comprobar la legalidad de la madera.

Tan solo para corregir la falta de claridad que existe en la ley sobre las competencias de cada una de las dependencias que tienen injerencia en el sector forestal, la iniciativa de reformas del Conaf propone modificar 20 artículos.

Otra propuesta apunta a fortalecer las funciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la inspección y vigilancia, para combatir problemas como la tala ilegal. Un tema que es prioritario atender en todo el país, pero sobre todo en zonas donde, tanto autoridades como organizaciones no gubernamentales, han documentado que va en aumento.

En estados como Michoacán y Jalisco, por ejemplo, se ha detectado que la tala ilegal va de la mano de la siembra de aguacate. Y en el sureste del país, en estados como Campeche, se le relaciona con el avance de la frontera agrícola y con el tráfico ilegal de maderas preciosas.

La propuesta de reformas a ley también propone el rescate de unos 20 conceptos que se hicieron a un lado en la legislación de 2018. Por ejemplo, se busca la inclusión de la definición de “acahual”, lo que para los promotores de esta reforma es clave, pues eso permitiría tener una regulación adecuada para impulsar el manejo forestal sustentable de la vegetación que crece en los terrenos de cultivo que han sido dejados en descanso.

“ facilitará su manejo legal y ordenado, promoviendo la restauración y el uso sustentable. Además, evitará que las selvas puedan ser fraccionadas o deforestadas al amparo de una definición deficiente de acahuales”, señale en un boletín el CCMSS.

Para los expertos e instituciones involucradas en esta iniciativa, algo tan simple como incluir la definición adecuada de los “acahuales” puede tener un impacto significativo en las comunidades de Campeche y Quintana Roo que desean hacer aprovechamiento forestal en estos terrenos y sembrar especies de interés comercial, explica Salvador Anta.

Proteger zonas forestales alrededor de las ciudades

Para quienes impulsan la iniciativa de reformas, la legislación vigente deja abiertas las puertas al cambio de uso de suelo en las áreas forestales situadas alrededor de las ciudades.

Salvador Anta apunta que el problema está en que existe una ambigüedad en la ley sobre qué autoridad es la responsable de otorgar los permisos para cambio de uso de suelo en estos terrenos forestales. Esta atribución, según el experto, debería de estar a cargo de la Semarnat. Sin embargo, tal y como está redactada la norma esa labor puede recaer también en manos de las autoridades estatales o municipales.

La falta de claridad hace aún más vulnerables a los terrenos forestales situados alrededor de las ciudades, en especial cuando existe un gran interés de empresas inmobiliarias por estas áreas. Por ello, en las reformas a la ley se incluyen propuestas para terminar con esa ambigüedad.

También se propone mejorar la definición de terreno forestal, ya que la ley actual solo habla en términos generales de “terrenos forestales”, cuando a nivel internacional existen diferentes clasificaciones, explica David Cabrera, coordinador general jurídico de la Conafor.

“Hacer esta distinción entre las diferentes clasificaciones —apunta Cabrera— permitirá inventarios más adecuados y para que podamos conocer mejor nuestros recursos naturales”.

Por su parte, el CCMSS considera que el tener una mejor definición de terreno forestal “se obliga a la presentación de una solicitud de cambio de uso de suelo a todo aquel que busque remover vegetación forestal y cambiar el uso de suelo en cualquier ecosistema”. Esto también permitiría tener más herramientas para proteger a zonas boscosas que están en las periferias de las ciudades.

Otro punto que se quiere incorporar es la exigencia de mitigar la pérdida de carbono cuando se efectúen cambios de uso de suelo en terrenos forestales. Con ello, por primera vez, la autoridad tendrá que considerar el tema de cambio climático en sus valoraciones para autorizar un cambio de uso de suelo.

Una propuesta más de la iniciativa que diseñó y presentó el Consejo Nacional Forestal (Conaf) es la definición y delimitación de las funciones del Sistema Nacional de Gestión Forestal, para facilitar un manejo ordenado de todos los procedimientos de permisos y autorizaciones del sector.

Este paquete de reformas presentado por el Conaf no es el único. Existen alrededor de nueve iniciativas más trabajadas por otros actores y que buscan propiciar cambios significativos en la Ley General Forestal de Desarrollo Forestal Sostenible actual.

En los próximos meses, tanto diputados como senadores tendrán en sus manos la discusión y aprobación de las reformas a esta ley; además, aún está pendiente la propuesta para un nuevo reglamento que permita poner en práctica esta legislación.

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Escándalos con la vacuna del coronavirus: cómo la lucha contra el COVID-19 desnuda viejos vicios de América Latina

El desarrollo de vacunas para combatir el coronarios ilusionó a la región, golpeada con especial dureza por la pandemia. Después surgieron los problemas.
27 de febrero, 2021
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En Argentina, Ecuador y Perú, los escándalos tumban a ministros de Salud. En Brasil, hubo al mismo tiempo escasez y desperdicio de vacunas. Y en otros países de la región recién llegan las primeras dosis.

La vacunación contra el COVID-19 se volvió de pronto un espejo flamante de viejos problemas del subcontinente como la corrupción, el favoritismo, la falta de planificación o la incapacidad para resolver grandes desafíos.

Cuando México protestó la semana pasada en Naciones Unidas por el “acaparamiento” de vacunas en los países ricos, puso el foco sobre algo reconocido por la Organización Mundial de la Salud: la alarmante brecha en la distribución global de las dosis.

Pero el rezago de la vacunación en Latinoamérica respecto a otras regiones se debe también a deficiencias propias, advierten expertos.

Por ejemplo, la carencia de materiales elementales como viales o filtros en México retrasó el envase y la distribución de millones de dosis de la “vacuna latinoamericana” producida en Argentina tras un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca.

“Hay una cuestión de dependencia externa, pero esa dependencia también es un fallo de América Latina: no tenemos la capacidad de producir esas vacunas, mientras que India o China, que eran tan subdesarrollados como nosotros hace 30 años, logran hacerlo”, dice Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS) en Brasil, a BBC Mundo.

“Terminemos con la payasada”

Con cerca de un cuarto de las muertes por COVID-19 en el mundo, pese a tener 8,5% de la población global, América Latina ha sido golpeada con especial dureza por la pandemia.

La región también sufrió el año pasado el peor desplome económico mundial tras la llegada del coronavirus, con una contracción de 7,4% del PIB según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Exministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos

Getty Images
El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, renunció tras un escándalo por el envío de vacunas a un geriátrico donde estaba su madre.

En este contexto, el descubrimiento de las vacunas contra el coronavirus ilusionó a los latinoamericanos con ver pronto la luz al final del túnel.

Sin embargo, los esfuerzos de vacunación regional han estado marcados por polémicas, demoras y frustraciones.

Las renuncias de los ministros de Salud en Argentina, Ecuador y Perú ocurrieron después que en sus países se denunciara favoritismo en el acceso a las vacunas que escasean para la población en general.

El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, dimitió a su cargo este viernes, en medio de investigaciones por el envío de parte de las primeras dosis de vacunas a un geriátrico privado donde estaba su madre.

En Argentina y Perú se reveló que funcionarios, exgobernantes o personas influyentes también se vacunaron de forma preferencial, sin seguir las reglas puestas al resto de la población.

Durante una visita a México esta semana tras pedir la dimisión de su ministro, el presidente argentino, Alberto Fernández, buscó enterrar el escándalo: “Terminemos con la payasada”, dijo.

El presidente argentino, Alberto Fernández, durante una visita a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Getty Images
El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió a la polémica por “vacunas VIP” en su país durante una visita a su par mexicano López Obrador.

El mandatario aludió a la investigación judicial abierta sobre el caso denominado “Vacunatorio VIP” en su país y sostuvo que “no hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'”.

Pero otros creen que estos casos son síntomas de antiguos vicios de la región, como el irrespeto a las normas o el uso de recursos públicos para beneficio de algunos.

“En todos los países donde saltan escándalos se repite una práctica bastante común: eludir las estructuras formales del Estado para canalizar las vacunas sin planes y protocolos claros y transparentes de atención a las poblaciones vulnerables. Más bien lo contrario: protejo y atiendo a los míos”, escribió Felipe Burbano de Lara, sociólogo, politólogo y columnista del diario El Universo de Ecuador.

Chile es el país de la región donde el proceso de inoculación avanza de forma más aceitada: casi 17% de su población de 19 millones fue vacunada en febrero.

Plan de vacunación masiva en Chile.

Getty Images
En Chile la campaña de vacunación masiva avanza con rapidez.

El caso chileno es visto como una prueba de que en la región es posible vacunar a tasas similares o incluso superiores al mundo desarrollado gracias a una robusta red de atención de salud que falta en otros países, además del poder adquisitivo y la rapidez del gobierno para comprar millones de dosis.

Pero tampoco Chile ha estado libre de polémicas en su campaña de vacunación: al menos 37.000 personas en ese país se adelantaron a su turno sin tener factores de riesgo, según datos oficiales.

“Ninguna fuerza”

Otro país latinoamericano que evidencia los contratiempos de vacunación en la región es Brasil, donde menos de 4% de la población ha recibido dosis hasta ahora.

Además de tener sus propias denuncias de irregularidades en el acceso a las vacunas, Brasil experimenta una escasez de dosis que expertos atribuyen a errores de planificación del gobierno de Jair Boslonaro.

Grandes ciudades brasileñas como Río de Janeiro, Porto Alegre o Salvador llegaron a suspender las inoculaciones por falta de vacunas, mientras también se reportaban en el país desperdicios de dosis abiertas que perdieron validez antes de ser inyectadas.

Vacuna en Rio de Janeiro

EPA/ANTONIO LACERDA
La primera etapa de vacunación en Brasil tuvo al mismo tiempo escasez y desperdicio de dosis.

Los países más rezagados de América Latina en la carrera de la vacunación contra el COVID-19 son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay, que apenas importaron sus primeras dosis esta semana, mientras Cuba aún busca desarrollar sus propias vacunas.

Algunos observan que otra característica histórica de la región, como la falta de unidad y coordinación entre los países, también afectó sus posibilidades de demandar más vacunas al resto del mundo.

“América Latina no negocia como bloque, sino que cada país negocia como puede, entonces claro que no tiene ninguna fuerza”, señala Lago.

Se estima que, sin acelerar su ritmo actual de vacunación, varios países latinoamericanos podrían tardar años en alcanzar los niveles de inmunidad necesarios en sus poblaciones para volver a la normalidad.

Ciudad de Panamá

Getty Images
La lentitud de la vacunación en América Latina puede profundizar viejos problemas sociales de la región, como la desigualdad.

Como si se tratara de un círculo vicioso, esto amenaza a su vez con profundizar problemas sociales de una región que ya era considerada la más desigual del mundo.

Nora Lustig, una profesora de economía en la Universidad de Tulane, advierte que los efectos podrían llegar incluso a largo plazo por el cierre de escuelas para niños de familias de bajos recursos.

“En la medida que no tengas la capacidad de crear un espacio de normalidad a través de un proceso de vacunación más rápido”, dice Lustig a BBC Mundo, “vas a tener un impacto sobre la economía, la desigualdad y la pobreza”.


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