‘- ¿Cree que se ha cruzado alguna vez con el asesino de su marido?
– “Híjoles, yo creo que sí. Creo que nos hemos cruzado varias veces en el camino. Desafortunadamente, no sabemos. Pero creo que sí, no solamente una, sino varias veces”.
Liliana Velásquez tiene 36 años, cuatro hijos y es viuda. Su esposo, Samir Flores Soberanes, fue asesinado a balazos el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos. Desde entonces su muerte sigue impune. Y Velásquez vive con la sospecha de que cualquier día, en cualquier calle del pueblo, puede cruzarse con la persona que apretó el gatillo, aunque ignore de quién se trate.
El año pasado fue terrible para una mujer a la que enlutaron prematuramente a tiros.
“Seguimos con coraje, con rabia, con mucha impotencia, de no tener respuesta, de no saber quiénes fueron ni por qué”, dice la mujer, desde la casa que compartía con Flores.
Se trata de un domicilio propiedad de sus suegros en el que sigue conviviendo con toda su familia política. Ahí fuera, a doce pasos de la puerta, está la roca en la que su marido cayó moribundo tras recibir dos disparos en la madrugada del 20 de febrero. Doce pasos que fue lo le dio tiempo a caminar, arrastrado por desconocidos, hasta que le dieron el tiro de gracia sobre el pedrusco en el que ella misma lo encontró, todavía con vida.
“Recordarlo todos los días es difícil. Pero también están mis hijos. Y ellos son los que no quisieron irse de aquí”, explica.
Desde hace seis meses, autoridades del gobierno mexicano la incluyeron en el Mecanismo de Protección a Defensores junto a otros compañeros, e instalaron mallas y cámaras de seguridad.
“Vivimos como pollos enjaulados”, dice Velásquez.
Admite que la fortificación puede impedir que alguien quiera hacerle daño en el interior de su casa. Aunque a Samir tampoco tuvieron que entrar a buscarlo. Les bastó con hacerlo llamar.
“Nada nos protege”, dice.
La verdadera garantía, la que reclama Velásquez desde hace un año, es que arresten a los que mataron a su esposo. A los que lo llamaron de madrugada y le dispararon y también a los que ordenaron hacerlo. A todos los que tuviesen algo que ver con dejarle viuda.
Pero eso no ocurre.
No ocurre nada.
Apenas un par de visitas a la fiscalía.
“Es un año en el que no hemos tenido respuestas”, lamenta.
Seis líneas de investigación, pero ningún detenido
La muerte de Samir Flores fue un símbolo. Por activista náhuatl, por integrante del Consejo Nacional Indígena (CNI), por promotor de la radio comunitaria Amiltzinko y por ambientalista que se oponía al Proyecto Integral Morelos (PIM), una iniciativa energética que incluye una planta termoeléctrica, un gaseoducto y un oleoducto que se extienden a través de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Él fue uno de los fundadores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Desde 2012, el colectivo se opone al proyecto desarrollado por la Comisión Federal de Energía (CFE) pero que cuenta con participación de las empresas Elecnor, Enagas y Abengoa, de capital español, y Bonatti, de capital italiano. Entre sus argumentos: los perjuicios ecológicos del proyecto y la ausencia de beneficios a las comunidades.
El asesinato del activista se convirtió en el primer ataque contra un opositor a un proyecto que el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, defendió a capa y espada nada más llegar al gobierno, después de haberlo rechazado cuando estaba en campaña.
Además, el homicidio representa también la impunidad generalizada en México. Ha pasado un año y no hay ni un solo detenido.
“La investigación continúa”, dice Armando Herrera, vocero de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Explica que, hasta hoy, existen “seis líneas de investigación”. Estas son: la represalia de un grupo criminal denominado comando Tlahuica (se dijo que una cartulina reivindicando el ataque apareció en el lugar de los hechos), la acción gubernamental por las protestas contra la instalación termoeléctrica, la acción de grupos ciudadanos a favor de la termoeléctrica, una acción para frenar a la radio comunitaria que fundó Flores, un conflicto sobre posesión de terrenos con el Ayuntamiento de Temoac, al que pertenece Amilcingo, y el conflicto por una escuela.
Según explica Herrera, se ha tomado declaración a familiares y vecinos, aunque reconoce que “lamentablemente, hubo alguna lentitud” en los avances. Entre las razones que argumenta el funcionario está la desaparición de la cartulina con la reivindicación. “No es que la perdiésemos, es que nunca nos la entregaron”, dice.
El caso está en manos de la FGE y, según Herrera, “se tiene una colaboración con FGR y autoridades estatales”, pero “al momento” no se ha considerado que el caso pueda pasar a manos federales “a menos que resultara dentro de las investigaciones algo del fuero federal”.
“Sembrando conciencias”
Según la organización Front Line Defenders, México es, junto a Brasil, el cuarto país más peligroso del mundo para los activistas. Con 23 asesinados en 2019, solo es superado por Colombia (106), Filipinas (43) y Honduras (31). Samir Flores es uno de los integrantes de esta negra lista.
Es posible que los asesinos creyesen que matándolo pondrían fin al activismo. Que atacando a uno obligarían al resto de integrantes de la oposición al PIM a resguardarse en su casa. Se equivocaron.
“Samir sembró en cada una de las comunidades la parte organizativa. Él no era la cabeza, Samir era la persona que sembraba conciencia donde las comunidades han sembrado su lucha”.
Jorge Vázquez, a quien todos llaman “el profe”, conoce al activista desde la educación primaria. Recuerda, por ejemplo, cómo a finales de 2016 decidieron iniciar el plantón que se mantiene en Apatlaco, municipio de Ayala. Ahí ya estaba levantándose la infraestructura para llevar agua del río Cuautla a la termoeléctrica ubicada en Huexca, a unos 20 kilómetros. “Pasamos la primera noche ahí, también con Jorge Zapata (nieto del general Emiliano Zapata)”, explica.
Vázquez, compañero de Samir en cientos de movilizaciones, dice que la comunidad está dolida pero que se mantiene “firme para seguir en contra de todos los megaproyectos”. En Amilcingo, municipio de 3 mil habitantes con tradición zapatista, la resistencia es parte de la institución, que se rige por usos y costumbres.
“Afecta no tener su presencia, no tener esa voz que denuncia y que hace que la gente actúe y se organice. Quisieron sepultarlo pero lo que hicieron fue multiplicarlo”, dice Edilene Carrasco, voluntaria de la radio Amiltzinko.
Reconoce que, en unos primeros momentos, hubo miedo y algunos quisieron dar un paso atrás. Pero cree que ahora también existe un despertar. “La gente ya piensa, habla, se organiza. La gente decide por medio propio. Ya conocemos cuál fue la intención de los que querían acabar con él”, asegura.
La impunidad de los asesinos de Samir genera también la sensación de que cualquiera puede ser el siguiente. Porque las amenazas no han cesado.
“Hemos sido hostigados por el mismo grupo de choque, por la policía, el ejército, que ha hecho presencia en la población. Hemos sido amenazados por redes sociales, que nos van a matar”, dice Eliezer Zamora Pérez, otro de los integrantes del colectivo opositor a la termoeléctrica.
Entre el 23 y el 24 de febrero de 2019, tres días después del asesinato, se celebraron consultas en los 60 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala en los que estaba previsto que el PIM estuviese operativo.
Quienes rechazaban el proyecto alegaban que la votación no respetaba el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el que regula los procesos participativos con pueblos originarios. Además, con el cadáver de Samir todavía caliente, alegaron que se trataba de una falta de respeto.
Pero la consulta se celebró y vencieron, por un 59%, los partidarios de la termoeléctrica, el gasoducto y el oleoducto, que habían sido apoyados por López Obrador.
Ahora, sin embargo, el proyecto está paralizado.
Existen al menos quince amparos que piden la paralización del proyecto porque la consulta impulsada por el gobierno no contó con garantías. Además, otro amparo interpuesto por Amilcingo mantiene paralizado el gaseoducto. Y otros dos amparos presentados en Huexca impiden que se descargue agua en el río Cuautla. Una última apelación presentada por Tenextepango protege un cauce de de 1186 litros de agua por segundo, que es casi la totalidad de lo que baja en el Cuautla.
Al margen de la vía judicial existen dos plantones: uno en Apatlaco y otro el estado de Puebla.
Animal Político quiso conocer la opinión de la CFE pero, al cierre de la nota, no había recibido respuesta.
“La única manera que el proyecto se haga es una represión más brutal de la que ha habido y, además, imponerlo de modo ilegal”, dice Juan Carlos Flores.
Si alguna vez llegase a funcionar, Lilian Velásquez, viuda de Samir Flores, apela directamente al presidente, López Obrador: “Que venga a vivir aquí, que tome de esta agua y que respire de este aire”.
