Senado revisa plan anticrimen del fiscal Gertz; ONG advierten que es ilegal
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Cuartoscuro Archivo

Senado revisa plan anticrimen del fiscal Gertz; ONG advierten que es ilegal

Organizaciones denuncian que documento se hizo en la opacidad y al vapor, violando la ley de la Fiscalía.
Cuartoscuro Archivo
10 de febrero, 2020
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La Comisión de Justicia del Senado de la República inició el análisis del plan presentado por el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, con el que busca reducir la impunidad y fortalecer el combate al crimen, a través de diversas acciones que van desde priorizar la atención a 10 tipos de delitos, hasta impulsar un paquete de reformas legislativas.

Se trata del denominado Plan de Persecución Penal (PPP) enviado hace unos días a la Cámara Alta, y que según la ley debe ser aprobado por la mayoría de los senadores, para que pueda ponerse en marcha.

La revisión del documento, de acuerdo con legisladores consultados por Animal Político, no solo abarca su contenido sino también la forma en que fue elaborado y entregado al Congreso, ya que según organizaciones ciudadanas se trata de un plan que viola disposiciones de la Ley Orgánica de la FGR.

El documento de 70 páginas, que oficialmente no ha sido transparentado, señala en una primera parte un diagnóstico de la institución. Se advierten situaciones que ya se habían señalado en otro paquete de informes como el rezago de miles de investigaciones heredado por la entonces PGR – muchas de los cuales ya prescribieron -, la falta de recursos económicos y la baja eficacia en algunos de los delitos más graves.

“El diagnóstico al cierre de la PGR es contundente: no se cumplió con la función de investigar y resolver los delitos puestos a su conocimiento, concluyó con un rezago superior a 300 mil investigaciones inconclusas, 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas, y 3 mil dictámenes periciales rezagados”, indica el documento.

Para enfrentar esta situación el plan propone, entre otras cosas, redistribuir las cargas de trabajo y que el 70% de los fiscales de la FGR se dediquen a atender y esclarecer el rezado de casos, mientras que el 30% restante se aboque a la atención de diez ejes delictivos prioritarios.

Dichos ejes son: corrupción; delitos contra el patrimonio nacional; ilícitos económicos y financieros; delitos contra los derechos humanos; delitos contra la libertad de las personas; ilícitos contra el comercio; delitos relacionados con armas de fuego; ilícitos contra el sistema electoral; delitos ambientales y narcotráfico.

El plan plantea además una serie de indicadores y objetivos, así como estrategias para fortalecer la investigación de los delitos. Entre ellas se insiste en la necesidad de plantear reformas al Congreso para “superar obstáculos legales” que actualmente existen.

Aunque el documento no abunda en las referidas reformas, las mismas ya han sido abordadas previamente por el propio fiscal Gertz Manero e incluyen desde la creación de un Código Penal Nacional, hasta una reforma a diversos artículos de la Constitución. La presentación de estas iniciativas fue pospuesta desde el pasado 15 de enero por falta de acuerdos.

ONG acusan incumplimiento

Organizaciones civiles que han dado seguimiento cercano al proceso de conformación de la Fiscalía General de la República, desde hace más de dos años, advirtieron que el Plan de Persecución Penal enviado por Gertz Manero incumplió los procedimientos legales pactados para su elaboración y entrega y, por tanto, es un documento ilegal.

Ana Lorena Delgadillo, Fundadora y directora de la Fundación Para la justicia y el Estado Democrático de México (FJEDD), que forma parte del colectivo #FiscalíaQueSirve, detalló en entrevista que el documento del fiscal viola tres puntos clave que la ley contemplaba para el mismo: que fuera una construcción colectiva, basada en informes sobre violaciones a derechos humanos y con participación ciudadana real, no de trámite.

“El PPP de Gertz viola eso: se ha dado sin que sea visto por el Consejo Ciudadano (a pesar de que así lo exige la Ley de la Fiscalía), sin que sean consideradas las víctimas de forma directa, sin un proceso de construcción colectiva donde participen la sociedad civil tal como indica el artículo 6 de esa ley”, dijo en entrevista.

Delgadillo explicó que estas condiciones que hoy se incumplen no son una ocurrencia sino un diseño institucional trabajado por los expertos y el actual gobierno, con la finalidad de propiciar un cambio real en el sistema de procuración de justicia, basado en la experiencia y aportación de aquellos que en el pasado han sido revictimizados por una PGR que no funcionaba.

Otra preocupación, añade la directora de la FJEDD, son los tiempos y la “seriedad” con que se habría hecho la referida estrategia.

Y es que apenas el pasado 10 de diciembre la FGR informó a un juez federal, con motivo de una demanda de amparo promovida por la inexistencia del Consejo Ciudadano que marca la Ley de la Fiscalía, que no existía ningún Plan de Persecución Penal definitivo dado que el mismo dependía justamente del Consejo que no estaba conformado.

Sin embargo, el 18 de enero trascendió que el plan ya había sido enviado por el fiscal al Congreso. Ello solo puede significar dos cosas: que la FGR le mintió al juez federal, lo que sería un delito, o que dijo la verdad y se construyó un plan al vapor en poco más de un mes, solo para cumplir con los tiempos de la ley.

“Vamos a hacer llegar al Senado nuestras inquietudes porque ellos tienen un papel importante para garantizar que la fiscalía federal cumpla con su deber y tienen la obligación de verificar que el fiscal esté cumpliendo la ley, no solo de acusar de recibido un documento sin analizarlo. Por otra parte, vamos a continuar con el amparo presentado”, añadió Delgadillo.

La experta finalmente lamentó que el fiscal General esté enfocando sus esfuerzos en una reforma legislativa al tiempo que ignora las disposiciones legales que ya existen y están vigentes. Insistió en que la prioridad debería ser trabajar en la transformación de las prácticas y la operación del Ministerio Público, porque sin ello no hay cambio de fondo posible.

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Yolanda Martínez: la joven que según autoridades se marchó de casa 'por voluntad propia' y apareció muerta

El caso de Yolanda Martínez engrosa la crisis de mujeres desaparecidas que azota al estado mexicano de Nuevo León.
10 de mayo, 2022
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La Fiscalía General de Nuevo León comunicó este lunes la identificación del cadáver de Yolanda Martínez, una joven de 26 años que llevaba desaparecida desde el pasado 31 de marzo en este estado en el norte de México.

Los restos, en avanzado estado de descomposición, fueron encontrados este domingo en el municipio de Júarez, en la zona metropolitana de Monterrey.

Griselda Núñez Espinoza, fiscal especializada en feminicidios del estado, reveló que el cadáver vestía la misma ropa del día de la desaparición y que presentaba una evolución estimada en más de tres semanas, indicio de que la muerte pudo producirse poco después de desaparecer.

El caso está rodeado de preguntas y flecos sueltos.

Martínez fue vista por última vez en San Nicolás de los Garza tras salir de casa de su abuela, también en el área metropolitana de Monterrey.

Desde su desaparición, su familia la ha buscado sin parar y ha acusado a las autoridades de negligencia en la pesquisa.

Durante semanas, la Fiscalía de Nuevo León sostuvo la hipótesis de que la joven se había marchado de casa por “voluntad propia” y más tarde abrió la posibilidad de que estuviese huyendo de una presunta violencia familiar.

Motivos que no han sido corroborados el padre de la víctima, Gerardo Martínez, quien protagonizó jornadas de campañas y protestas pidiendo más atención e investigación al caso.

El hallazgo del cuerpo de Martínez se produce pocas semanas después de encontrarse los cádaveres de Debanhi Escobar y María Fernanda Contreras, otras dos jóvenes que desaparecieron en Nuevo León en circunstancias similares.

En los últimos meses, este estado mexicano está bajo el foco por la oleada de desapariciones, en su mayoría mujeres jóvenes.

Ahora, a falta de que se confirme la causa de muerte de Yoalnda Martínez, este caso incrementa la indignación con la que sus habitantes piden respuestas a las autoridades para detener un problema endémico, el de la violencia contra las mujeres, que azota gravemente a la totalidad del país.

Volante sobre la desaparición de Yolanda Martínez.

Buscadoras Nuevo León / Facebook

¿Qué se sabe de la víctima?

Madre soltera de una niña de tres años, a Yolanda Martínez se le perdió el rastro sobre el mediodía del pasado 31 de marzo.

Ese día dejaba la casa de su abuela, en San Nicolás de los Garzo en Monterrey, para supuestamente buscar trabajo por la zona.

Dos días antes, la mujer había visitado el domicilio de su expareja en Guadalupe, en las afueras de la misma ciudad, para ver a su hija.

Ese 31 de marzo, Martínez vestía una blusa negra a rayas, pantalón de mezclilla azul, tenis negros y bolso negro. Los mismos atuendos con los que fue encontrada muerta en la tarde del domingo.

Una mujer que recogía leña en unos matorrales y que se topó con el cuerpo tras llegarle un olor fétido fue quien reportó el hallazgo a las autoridades.

La zona donde se encontró el cadáver, en el municipio de Juárez, se sitúa a unos 11 kilómetros de donde fue vista por última vez.

¿Por qué se critica a las autoridades?

Gerardo Martínez ha denunciado lentitud y negligencia en las investigaciones de la Fiscalía. Asegura que se perdió mucho tiempo de búsqueda porque las autoridades afirmaban que la mayoría de mujeres se van de casa por problemas o desacuerdos familiares.

Durante los primeros días, prácticamente todas las labores de búsqueda fueron conducidas por familiares, allegados de la víctima y voluntarios. Han estado repartiendo volantes, esbozando posibles recorridos, preguntando a vecinos, protestando en medios de comunicación y en las sedes de instituciones.

https://www.instagram.com/p/CdRnF0csNcu/

Por varias semanas, la Fiscalía manejó la hipótesis de que Yolanda Martínez se había marchado de casa por voluntad propia, una línea de investigación que posteriormente fue descartada.

Luego, el 5 de mayo, muchas críticas se dirigieron contra Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien dijo ante cámaras que la desaparición de la joven podía tener que ver con una salida de su domicilio por un caso de violencia familiar, supuestamente de “un tío, hermano de la mamá, muy violento”.

Estas declaraciones fueron criticadas ampliamente en redes sociales.

En esta oleada de desapariciones en Nuevo León cambia el nombre el nombre de las víctimas, pero las críticas contra las autoridades se repiten: lentitud, negligencia, falta de transparencia y frivolidad.

Protestas contra la violencia femenina en CDMX el pasado 24 de abril.

Getty Images
El caso de Debanhi Escobar fue el más mediático de una serie que mantiene en vilo a todo el país.

Una crisis que no cesa

La aparición del cádaver de Martínez, y a falta de que se confirme la causa de su muerte, no hace más que amplificar el fenómeno de desapariciones que golpea a Nuevo León, uno de los estados más pudientes México.

El caso de Debanhi Escobar, aún envuelto en interrogantes, ha sido el más mediático de la crisis que tiene pendiente a todo el país.

A fines de abril, la Fiscalía de Nuevo León admitió deficiencias y removió de sus cargos a los titulares de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Antisecuestros.

Más de 300 mujeres han sido reportadas desaparecidas en lo que va de año en Nuevo León. Alrededor de 30 siguen sin localizar y seis han sido halladas sin vida.


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