Con la mirada perdida en la nada, Rosario Robles acaba de escuchar visiblemente desolada cómo, después de una audiencia maratónica, un juez federal le niega por tercera vez el beneficio de enfrentar su proceso en libertad y la manda de regreso a Santa Martha Acatitla, donde permanece en prisión preventiva desde agosto pasado por su imputación en el caso de La Estafa Maestra por un presunto ejercicio indebido del servicio público.
“Es muy injusto esto que estoy viviendo”, se queja Rosario con la voz entrecortada y algo acatarrada por el aire acondicionado de la sala de audiencias del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.
A continuación, la extitular de Sedesol y Sedatu repasa varios de los puntos que, a lo largo de una jornada de nueve horas, expuso su equipo de abogados y ella misma para tratar de convencer al juez de que no tiene intención de darse a la fuga y de que una medida cautelar menos severa, como el uso de un brazalete electrónico y el arresto domiciliario, sería suficiente para garantizar que se presentará a las siguientes audiencias de su caso.
Ganther Alejandro Villar, el nuevo juez de control de la causa en sustitución de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, responsable de vincular a proceso y ordenar la prisión preventiva de Robles, escucha en mitad de un silencio tenso los alegatos de la exfuncionaria.
La escucha, por ejemplo, decir que ella no es una embustera, como la acusan los agentes del Ministerio Público, quienes la señalan de haber caído en múltiples contradicciones desde la primera audiencia del caso; como cuando al momento en que fue requerida para comparecer ante la justicia en México dijo que se encontraba de viaje de turismo con su hija en París, Francia, mientras que sus abogados dijeron al Ministerio Público que había ido a Costa Rica a dar un curso.
Y la escucha también asegurar -y reiterar- que tampoco mintió acerca de su domicilio habitual en Coyoacán. Y que, de hecho, un perito que contrató su defensa ya probó que la firma que aparece en una licencia de conducir a su nombre donde figura una dirección diferente a su domicilio de Coyoacán, es falsa. Por lo que una de las pruebas esgrimidas por el juez Delgadillo Padierna para decretarle prisión preventiva por riesgo de fuga, ya no tendría vigencia.
Y, por último, la escucha asegurar que tiene “muchas dudas” por la resolución que acaba de emitir, acerca de que es “infundada” la solicitud de la defensa de revocar o modificar la medida precautoria de la prisión preventiva.
“Señoría, esto es ya una pena anticipada. Me están juzgando por quien soy”, recalca Robles con los ojos clavados en los del juez Villar, a lo que éste, impertérrito, se limita a responderle con una sentencia:
“Le agradezco sus comentarios, pero mi decisión ya está tomada”.
Los domicilios
Antes de llegar a la decisión del juez, los agentes de la Fiscalía y el equipo de tres abogados de Robles, en el que desde ayer ya no forma parte del mismo Julio Hernández Barros, se batieron en una de las habituales batallas dialécticas que se han visto en las anteriores audiencias del caso.
Una batalla, sin embargo, que el juez de control Ganther Alejandro Villar trató de controlar a rajatabla desde el inicio de la audiencia, cuando advirtió con tono severo que no permitiría descalificaciones durante el proceso, y que, de hecho, cumplió cuando impuso sendas multas de 20 salarios mínimos a la Fiscalía y a la defensa por no atender su advertencia.
En esta ocasión, la defensa introdujo una variante en su estrategia: llamó al estrado a Rosario Robles para interrogarla.
Durante aproximadamente media hora, la exfuncionaria respondió las preguntas de sus abogados -se negó a hacer lo propio con las de la Fiscalía- para tratar de acreditar que en los últimos 24 años solo ha tenido un domicilio, el ubicado en calle de Las Flores 91, en la alcaldía Coyoacán.
Este punto, cabe recordar, es clave en el caso, puesto que en la audiencia inicial del caso la Fiscalía acusó a Robles de no dar certeza sobre cuál es su domicilio real, lo que hizo sospechar al juez Delgadillo Padierna que podría haber riesgo de fuga por falta de arraigo.
En su intervención, Rosario Robles matizó que, si bien su domicilio habitual es el de la alcaldía Coyoacán, asegurando que así puede constatarse en múltiple documentación, como su INE y la escritura del inmueble, también rentó otros dos departamentos durante los seis años que fue funcionaria federal: uno, en Reforma 222, muy cerca de la sede de Sedesol y Sedatu; y otro en Tennyson 223, en Polanco, a donde se mudó después del sismo de septiembre de 2017.
“Hay quienes se mudan a Palacio Nacional para estar cerca de su trabajo, yo lo que hice fue rentar dos departamentos”, planteó con ironía Robles, quien, no obstante, aseguró que los fines de semana siempre regresaba a “su casa de campo” en Coyoacán, porque ese es su hoga; donde tiene sus gatos y en el que suele hacer carnes asadas con su hija y su familia.
Sin embargo, la jugada de la defensa no salió del todo bien.
En la exposición de los argumentos de por qué declaró infundada la solicitud de revocar la prisión preventiva, el juez Ganther Alejandro Villar señaló como uno de los motivos la contradicción entre lo expuesto por la defensa de Robles en la primera audiencia y lo dicho en esta acerca del número de domicilios donde vivió la exsecretaria de estado.
“Todo este tiempo se ha insistido en que solo había un domicilio que habita desde hace 24 años. Pero hoy, en esta audiencia, se señalan dos más. Es decir, existen varios domicilios diferentes al declarado por Rosario Robles en la primera audiencia”, planteó el juez.
Los viajes de Rosario
Otros de los puntos clave en la audiencia fueron los relativos a los viajes de Rosario Robles y a su capacidad económica, otro de los argumentos que esgrimió en agosto pasado el juez Delgadillo Padierna para decretar prisión preventiva, por el temor a que, debido a que la exfuncionaria cuenta con recursos económicos, pudiera darse a la fuga.
Sobre este punto, la defensa apuntó que Rosario Robles es “una mujer de éxito” que ha desempeñado cargos muy importantes como jefa de gobierno de la Ciudad de México, y más recientemente como titular de Sedesol y Sedatu.
“No se puede criminalizar a alguien por ganar dinero de su trabajo”, subrayó el abogado Epigmenio Mendieta.
“Las personas pueden utilizar su dinero para lo que mejor les parezca. Ella decidió gastarlo en rentar dos departamentos para estar cerca de su trabajo y en viajar. Eso no puede ser motivo de criminalización”, insistió Mendieta.
Pero el punto de los viajes, precisamente, fue duramente atacado por Manuel Granados, el representante de la Fiscalía.
En su exposición, el Ministerio Público detalló que entre 2018 y 2019, es decir, en 24 meses, Rosario hizo 30 vuelos nacionales e internacionales con un costo de 1 millón 671 mil pesos.
En 2018, fueron 19 vuelos con un costo de 1 millón 163 mil pesos a destinos como Tokio, en Japón; Kuala Lumpur, Malasia; Seúl, Corea; Vancouver, Canadá; Santo Domingo, República Dominicana, Nueva York y Washington, en Estados Unidos; o Buenos Aires, en Argentina.
Solo en el vuelo a Buenos Aires, Rosario gastó más de 160 mil pesos en boletos.
No obstante, Robles, que, si bien admitió previamente que “le gusta mucho viajar”, matizó que estos viajes no eran de turismo, sino que los hizo como funcionaria pública en representación de México en eventos de Sedesol y Sedatu en el país y en diferentes partes del mundo.
Pero, en 2019, cuando Rosario ya no era funcionaria, la Fiscalía detectó que hizo 11 vuelos en ocho meses por 507 mil pesos a ciudades como Madrid, París, Cancún, Acapulco, o Lima. Solo en el vuelo a Paris, abundó la Fiscalía, Rosario Robles gastó casi 200 mil pesos.
Rosario dice que ganaba 40 mil, Fiscalía dice que 180 mil
La Fiscalía expuso estos viajes para acto seguido atacar otro punto: el del patrimonio de Rosario Robles.
De acuerdo con información que la Secretaría de la Función Pública proporcionó al Ministerio Público, Rosario Robles ingresó en 2013 un total de 1 millón 680 mil pesos; en 2014, subió a 2 millones 318 mil pesos; en 2015, 2 millones 223 mil pesos; en 2016, 2 millones 266 mil pesos; en 2017, 2 millones 235 mil pesos; y en 2018, 2 millones 299 mil pesos.
En total, como secretaria de estado, Robles ganó 12 millones 961 mil pesos, lo que da un promedio de 2 millones 160 mil pesos al año, y de 180 mil pesos al mes en concepto de salario.
Además, la Fiscalía también expuso que, entre 2013 y 2018, Rosario Robles retiró de un fondo de ahorro otros 3 millones 200 mil pesos, por lo que, durante el sexenio que fue funcionaria, tuvo ingresos por más de 16 millones de pesos.
Estas cifras, subrayaron los fiscales, contrastan con lo dicho por Rosario Robles en otras audiencias, cuando aseguró que su sueldo era de 40 mil pesos.
Esta aparente contradicción fue tomada en cuenta por el juez Ganther Alejandro Villar, al señalar que “la capacidad económica de Rosario Robles es superior a la que se ha venido presentando en audiencias previas”.
Argumento que, entre otros, utilizó para negar a Rosario Robles, una vez más, la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva, y enviarla de regreso al penal de Santa Martha Acatitla.
“El Ministerio Público nos ofendió”
Al término de la audiencia, Mariana Moguel, hija de la exfuncionaria federal, dijo que se encontraba triste por la determinación del juez, y reiteró su exigencia pública de que no se utilice a Rosario Robles como “un trofeo de un supuesto combate a la corrupción”.
Además, acusó al Ministerio Público de haber ofendido a su familia, llamando “embustera” a Rosario.
Por su parte, el abogado Epigmenio Mendieta dijo que este jueves se reunirá con Robles para definir si apelan la decisión del juez o si promoverán un amparo directo.
