Albergues suspenden ingreso de migrantes por emergencia de COVID-19
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Cuartoscuro Archivo

Albergues suspenden ingreso de más migrantes o aplican aislamiento por emergencia de Covid-19

Albergues de migrantes anunciaron medidas como la suspensión de ingresos o los aislamientos de personas que lleguen a pedir alojamiento, para prevenir contagios de coronavirus.
Cuartoscuro Archivo
24 de marzo, 2020
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Ante la pandemia por el coronavirus COVID-19, algunos albergues de migrantes en las fronteras norte y sur de México, anunciaron la suspensión temporal del ingreso de personas a sus instalaciones.

Otros albergues continuarán recibiendo población migrante, con un protocolo de aislamiento para evitar posibles contagios de coronavirus dentro de las instalaciones, y han modificado sus dinámicas para salir lo menos posible de ellas.

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Suspensión de ingresos a albergues por COVID-19

A través de redes sociales, la Casa del Migrante de Saltillo informó que ante la pandemia del coronavitus se ve en la necesidad de cancelar, por al menos dos semanas, el ingreso de nuevas personas al albergue.

La Casa del Migrante ubicada en Coahuila acusó abandono de la población migrante por parte de las autoridades, e indicó que actualmente 100 personas permanecen resguardadas en sus instalaciones.

En Chiapas, dos albergues ubicados en Tapachula implementaron la misma medida, de acuerdo con reportes del diario La Jornada.

Los albergues Belén y Jesús El Buen Pastor informaron que mientras pasa la emergencia continuarán atendiendo a los migrantes que ya se encuentran en sus instalaciones.

Por su parte, la Casa del Migrante Mi’n Npon B’aj informó que ante la contingencia sanitaria suspenderán temporalmente el ingreso de personas al albergue.

En un comunicado, el albergue ubicado en Tecún Umán, Guatemala, en la frontera con México, indicó que además se suspenderán las actividades programadas en el marco del Vía cruces migrante, por lo que solicitaron a los participantes elevar oraciones desde sus domicilios.

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La 72 continuará recibiendo migrantes

Desde el pasado 22 de marzo, el albergue la 72, ubicado en Tabasco, informó  que continuará recibiendo a personas migrantes, aunque por protocolo frente a la COVID-19 estas serán alojadas en un área separada del resto por 14 días para evitar posibles contagios.

En entrevista con Animal Político, personal de la 72 señaló que inició un periodo de cuarentena durante el cual ninguna persona podría entrar o salir de las instalaciones, excepto por causas justificadas o de fuerza mayor.

Las personas que deben acudir ante autoridades migratorias son desplazadas y acompañadas por su personal en un vehículo particular ara minimizar riesgos.

De acuerdo con la organización, antes de iniciar la cuarentena algunas familias de migrantes decidieron salir a vivir fuera del albergue, por lo que el número de residentes bajó a 130.

Además, cuentan con el apoyo de Médicos Sin Fronteras, quienes continúan atendiendo con normalidad a la población en el interior de La 72.

La Casa Refugiados, ubicada en la Ciudad de México, informó que continuará apoyando a solicitantes de refugio en la búsqueda de empleo y gestiones legales vía telefónica o por correo electrónico.

La asociación Sin Fronteras también ofrecerá atención virtual para brindar apoyo legal y psicológico a personas migrantes, a través de Facebook y WhatsApp, de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas, y vienes y sábados de 8:00 a las 14:00 horas.

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Medidas en el INM por coronavirus

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que, en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia cambiará la modalidad de trabajo del personal administrativo y operativo de más de 65 años, embarazadas, en periodo de lactancia o con enfermedades crónicas, quienes laborarán desde su domicilio.

También implementarán días laborales alternados para los funcionarios que tengan hijos e hijas menores de 12 años, y habrá horarios de ingreso escalonados para los servidores en los días en que acudan a los centros de trabajo.

A través de un comunicado, señaló que estas medidas se aplicarán hasta el 17 de abril del año en curso.

Adicionalmente, la dependencia pidió a sus trabajadores mantener una sana distancia entre las personas migrantes que asistan a realizar trámites en sus oficinas, así como entre el personal en las áreas de trabajo,

El INM dijo que darán dichas de turno con horarios restablecidos, con el propósito de continuar atendiendo a quienes requieren realizar trámites migratorios, sin que haya una concentración de personas en las zonas de ingreso.

Igualmente, indicó que proporcionarán a usuarios y funcionarios insumos de higiene como gel antibacterial, agua y jabón.

Migración señaló que las personas presentadas ante la autoridad migratoria serán revisadas por un médico, quien les tomará la temperatura y les realizará un cuestionario.

Las preguntas que se les realizarán a las personas migrantes serán sobre si han visitado alguna zona de transmisión comunitaria de la COVID-19 o si presenta síntomas de la enfermedad.

También se les cuestionará sobre si han tenido contacto con alguna persona contagiada de coronavirus, o si han estado con alguien que presente problemas respiratorios y que haya estado en algún sitio de riesgo.

En caso de que el INM detecte a un posible caso de contagio, deberá notificar a Sanidad Internacional y autoridades del estado, además de conducir a la persona a un área aislada hasta recibir instrucciones por parte de Salud.

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¿Eres migrante y tiene síntomas de COVID-19?

Sin Fronteras I.A.P. explicó que toda persona que presente síntomas como fiebre de 38 grados, dolores musculares, dificultad para respirar y dolor en el cuerpo debe comunicarse a la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud, a los números 51 6 82 42, 51 6 12 20 o el 800 00 44 800.

En la Ciudad de México pueden enviar un mensaje de texto con la palabra COVID19 al 51515.

En caso de no contar con papeles, pueden acudir a cualquier hospital o centro de la Secretaría de Salud, y es preferible que lleven consigo al menos una identificación de su país o su copia.

Con información de La Jornada.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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