95% de homicidios como el del joven Carlos Sinuhé quedan impunes
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Le pidieron perdón, pero el 95% de homicidios como el del joven Carlos Sinuhé quedan impunes

En 3 años las fiscalías del país solo mandaron a un juez la quinta parte de los 113 mil homicidios que indagaron, y al final se resuelven una minoría.
Cuartoscuro
5 de marzo, 2020
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“Me decepciona que hoy solo me puedan ofrecer una disculpa, pero no justicia… hay un chingo de hojas en su averiguación, pero no hay justicia…”

Esas fueron las palabras de Lourdes Mendoza al recibir ayer la disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad de la Fiscalía y el Poder Judicial de la Ciudad de México por el asesinato de su hijo Carlos Sinuhé, caso que no fue investigado correctamente y donde las autoridades incluso criminalizaron al joven estudiante y activista.

Entérate: La disculpa no es suficiente, reclama a autoridades la madre de Carlos Sinuhé, joven asesinado y criminalizado en CDMX

Como Lourdes lo recalcó, mas allá del perdón hay una realidad: a 8 años y 5 meses de ocurrido el crimen, el caso sigue impune. La investigación se ha reactivado para iniciar del que debió ser el punto de partida: el análisis serio de todas las posibles hipótesis del crimen – incluyendo la de una ejecución extrajudicial- aunque ahora con mucha de la evidencia ya perdida o afectada.

Pero lo ocurrido con Carlos Sinuhé no es la excepción, es la regla en México.

De acuerdo con datos oficiales de las fiscalías y poderes judiciales locales del país clasificados por INEGI, tan solo de 2015 a 2017 se registraron 113 mil 590 casos de homicidios en general. Pero en ese mismo lapso, solo 24 mil 844 casos fueron enviados a un juez, y solo se emitieron 5 mil 138 sentencias.

Esto significa que, de forma aproximada, solo en el 21% de las investigaciones que se inician por un homicidio de cualquier índole las autoridades reúnen las pruebas necesarias para presentarle el caso a un juez, y en apenas el 4.5% de los casos la evidencia es suficiente para llegar a una condena.

Dicho de otra forma: de cada 100 homicidios, menos de cinco se resuelven.

En el caso específico de los feminicidios, es decir asesinatos de mujeres por razón de género, los datos de INEGI también prueban que se resuelve una minoría de casos. De 2015 a 2018 las fiscalías reconocieron oficialmente 3 mil 114 casos, pero solo se dictaron 407 sentencias de carácter condenatorio.

En el caso de feminicidios y a diferencia de los homicidios sí se logra mandar al juez poco más del 57% de las investigaciones, aunque la cifra final de condenas equivale aproximadamente al 13% de los casos. Es prácticamente 1 de cada 10 crímenes resueltos.

¿Por qué no se esclarecen los casos?

Las fallas registradas en la investigación del crimen de Carlos Sinuhé, reconocidas ayer por las autoridades y documentadas por Animal Político en el reportaje Matar en México: Impunidad Garantizada, ejemplifican el por qué la mayor parte de los asesinatos en el país no se esclarecen.

En este caso específico se registró, por ejemplo, una total falta de cuidado de la escena del crimen. Transcurrieron horas antes de que los policías preventivos colocaran cintas de seguridad para asegurar el sitio donde se encontró el cuerpo, lo que provocó que desapareciera evidencia como la mayor parte de los casquillos, y que múltiples curiosos se acercaran y contaminaran el sitio.

Los policías de investigación fueron omisos en múltiples formas: no interrogaron en el momento a los curiosos ni a los testigos en el sitio, no recabaron con oportunidad los videos de cámaras de la zona. La única grabación recolectada fue la de una tienda cercana, pero nunca fue extraída de la memoria ni incorporada a la averiguación previa.

Aunque Sinuhé recibió trece disparos, los agentes solo recolectaron tres casquillos percutidos. Peor aún: no hicieron nada con ellos. Tuvieron que pasar tres años para que los peritos, obligados por las víctimas, los analizaran. Ya estaban en tan mal estado que resultaron inútiles para extraerles alguna evidencia.

A ello le siguió una necropsia realizada de forma incorrecta por el servicio forense capitalino, en donde no solo no se agotaron los procedimientos, sino que incluso no hubo un cuidado ni trato digno del cadáver, y se revictimizó a los familiares. Los peritajes de mecánica de hechos fueron contradictorios entre sí.

¿Qué sí hizo la autoridad? Criminalizar a la víctima, como fue reconocido ayer por la fiscal Ernestina Godoy. La mayor parte de la averiguación se centró en indagar antecedes del propio Carlos Sinuhé, quien incluso fue señalado públicamente de no ser activista sino presunto delincuente, ligado con posible trafico de drogas.

En cambio, y pese a que sí se pudo establecer que el arma homicida fue de grueso calibre y de uso exclusivo de las fuerzas armadas, nunca se siguió la línea de investigación que apuntaba a una posible ejecución extrajudicial. La hipótesis se centró desde el inicio en los falsos antecedentes delictivos de la víctima.

Las fallas en esta indagatoria correspondieron a la entonces Procuraduría de justicia capitalina y al servicio médico forense local, pero se presentan prácticamente en todos los estados.

En el referido reportaje, este medio documentó mas de una decena de casos de homicidio en distintas entidades donde por fallas similares los casos no fueron esclarecidos. Las anomalías se extienden en toda la cadena de la indagatoria: inician con una mala preservación el lugar de los hechos, a lo que siguen peritajes incompletos, líneas de investigación que realmente no se trabajan, fallas en las cadenas de custodia, malos tratos de parte de las autoridades, entre otros.

Hay casos que avanzan en alguna medida solo porque las familias presionan o hacen indagatorias por su cuenta. Hay otros homicidios – varios de ellos mediáticos – donde la autoridad llega al extremo de detener y encarcelar a presuntos responsables que a la postre no lo son, y que luego terminan siendo liberados por falta de elementos o porque fueron torturados para inculparse.

Esto llega a ocurrir incluso en casos indagados a nivel federal, como fue el multihomicidio de varias personas ocurrido en 2008 en Morelia, Michoacán, en el que presuntos integrantes del crimen organizado lanzaron granadas en plena ceremonia de Grito de Independencia. El año pasado un Tribunal absolvió de forma definitiva a los detenidos, al considerar que la PGR fabricó la evidencia en contra suya, y el caso sigue impune.

Negligencia, pero también falta de recursos

Las fallas en que incurren las autoridades al indagar un crimen obedecen a negligencias o corrupción, pero también a una auténtica falta de recursos humanos, económicos y materiales para hacer el trabajo.

Datos de INEGI y de las fiscalías arrojan, por ejemplo, que aun si se repartieran todos los asesinatos del país entre todos los policías de investigación disponibles, a cada uno le tocarían atender simultáneamente mas de cien casos. Y en el caso de los agentes del Ministerio Público, a cada uno le tocaría atender más de 220 casos en promedio.

Al ritmo de resolución actual de casos, y aun tomando en cuenta aquellos donde el detenido no necesariamente es el responsable, el país tardaría mas de 124 años tan solo para esclarecer los asesinatos ocurridos de 2010 a 2016. Si se abandona el ejemplo nacional y se ve la realidad por estado, hay casos como el de Guerrero donde esclarecer los crímenes tomaría más de 900 años.

La falta de personal es evidente. Un fiscal que se dedica a indagar homicidios en el país tiene a su disposición a solo dos policías para indagar todos los casos, los cuales a su vez tienen salarios muy bajos como en Tabasco, donde no perciben más de 8 mil pesos mensuales.

A todo ello se suma, en muchos casos la falta de capacitación. Hasta el cierre de 2018 en solo 135 municipios del país de los más de 2 mil 400, los policías locales estaban capacitados para resguardar de forma correcta una escena del crimen.

Falta infraestructura. Hay entidades como Oaxaca donde solo se cuenta con un anfiteatro forense en la capital. Y también faltan peritos, como en Ciudad de México, donde hasta hace dos años no había expertos en medicina forense para realizar los levantamientos de cuerpos en las escenas del crimen.

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Iquitos, ciudad escondida en la selva que se convirtió en 'isla bonita' de la población LGTB de Perú

En un país que no reconoce la unión entre personas del mismo sexo ni el cambio de identidad, el colectivo LGTB ha encontrado un colorido refugio en la selva amazónica.
29 de junio, 2022
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Ser una persona LGTB no es fácil en Perú.

Según muestran varios informes internacionales y el testimonio de personas homosexuales, la situación de este colectivo puede mejorar mucho.

Las leyes peruanas impiden el matrimonio y cualquier unión civil entre personas del mismo sexo y no se permite el cambio de identidad legal a las personas trans.

Un estudio de la ONG Promsex realizado en 2016 encontró que ocho de cada 10 estudiantes LGTB dijo sufrir acoso verbal por su condición sexual en la escuela, mientras uno de cada cinco refirió agresiones.

Y Perú ocupaba el puesto 71 en el índice global de igualdad que publica Equaldex, una red estadounidense que comparte datos de asociaciones LGTB en todo el mundo. Solo Bolivia y Paraguay mostraron una opinión pública más hostil a los no heterosexuales en Sudamérica.

Pero hay un lugar en el que las cosas son un tanto diferentes, según cuentan sus propios habitantes.

Es Iquitos, una ciudad de cerca de 150.000 habitantes, capital del Departamento de Loreto, en mitad de la Amazonía peruana y a la que solo se puede llegar en avión desde Lima.

“Aquí uno puede ser quién realmente es”, cuenta en conversación con BBC Mundo Carlos Vela, homosexual residente en Iquitos.

“En general, la aceptación es muy buena. Muchos visitantes europeos dicen cuando vienen que hay tanta tolerancia como en Europa”, corrobora Silvia Barbarán, activista que lleva años trabajando con personas LGTB en la ciudad.

Qué hace diferente a Iquitos

No es casualidad que la marcha del Orgullo Gay de Iquitos haya ganado fama como una de las más concurridas y coloridas de Perú.

“Aquí celebramos el Orgullo con mucho calor”, comenta Carlos. El calor húmedo de la Amazonía anima a los participantes a mostrar un desparpajo difícil de imaginar en otros lugares de Perú en los que el clima social no es tan abierto.

Valery La Mas es una mujer transexual que se mudó a Iquitos hace cinco años desde Leticia, la ciudad colombiana en la que nació. “En Colombia estamos mejor que en Perú, pero en Iquitos se ha avanzado mucho en los últimos años”.

“Aquí las mujeres trans tenemos alternativas a trabajar en la prostitución”, indica.

En esta ciudad rodeada de vegetación y flanqueada por dos afluentes del Amazonas, no es difícil encontrar negocios de peluquería y estética regidos por personas LGTB y la hostelería local emplea a mujeres trans en sus cocinas.

Map

Es un ambiente muy distinto al que reflejan los informes de Promsex o el que retrató la película “Retablo” en 2017.

En ella, el cineasta Álvaro Delgado Aparicio contaba a través de la historia de un artesano la crueldad que a veces pueden alcanzar los comportamientos homofóbicos en las pequeñas comunidades montañosas de los Andes.

El ambiente cálido y exuberante de la selva contrasta con el frío y la austeridad del paisaje andino, una diferencia que a menudo se refleja también en el carácter de la gente.

La riqueza de la selva amazónica y la sensualidad de sus culturas ancestrales, así como los contactos frecuentes con poblaciones de Brasil, han sido algunos de los factores a los que se ha aludido para explicar la mayor tolerancia de Iquitos.

“Siempre fue más fácil ser LGTB en la selva, quizá porque allí hay una cultura prehispánica que tolera mejor la idea de los tres géneros”, comenta Jorge Chávez, del Movimiento Homosexual de Lima.

No en vano, Iquitos y otros lugares de la selva se convirtieron en el refugio de las personas LGTB que en la década de 1980 huyeron de las campañas de “limpieza social” lanzadas contra ellas por los grupos armados de extrema izquierda MRTA y Sendero Luminoso, que dejaron decenas de muertos en matanzas aún recordadas como la de Tarapoto en mayo de 1989.

Campesinos con sus mulas, en la época de Sendero Luminoso.

MARIE HIPPENMEYER
La violencia de Sendero Luminoso y el MRTA contra los no heterosexuales desplazó a muchos de sus hogares.

Norma Muller, antropóloga de la Pontífica Universidad Católica del Perú, apunta que “la población de la selva es más abierta al amor y a la diversidad sexual, porque no lo asocian con el pecado, como ocurre en la tradición cristiana”.

Quizá el menor peso de la religión en estos territorios sea una de las razones por las que este lugar se convirtió en refugio para los perseguidos por la homofobia y hoy sea en palabras de Valery La Mas, la “isla bonita para los LGTB peruanos”.

Pero a sus 64 años, Silvia Barbarán recuerda que las cosas no siempre fueron fáciles. “Incluso en los medios locales era frecuente escuchar alusiones despectivas a los no heterosexuales”.

“Todo empezó a cambiar a partir de 2002, cuando comenzó a desarrollarse un movimiento con muchas asociaciones y un gran trabajo de educación y concienciación”.

Barbarán cuenta como la unión hizo la fuerza. “Una de las claves fue que todas las asociaciones íbamos juntas a protestar cada vez que se producía un episodio de discriminación. Cuando a una mujer trans le negaban la atención en el centro médico, salíamos todas las asociaciones con protestas en las calles y denuncias en los medios”.

“Así se fue ganando espacio, y ahora gais y trans tienen mucha visibilidad”.

Indígenas junto a una choza en la selva amazónica.

Getty Images
La diferente actitud ante la vida de los pueblos de la selva ha sido citada como una de las razones de la mayor tolerancia en Iquitos.

La bandera del VIH

Silvia Barbarán es una de las heterosexuales que se ha convertido en uña y carne con las personas LGTB.

En 2001 contrajo el virus del VIH y decidió lanzarse a concienciar a sus vecinos de los riesgos de una enfermedad que todavía hoy muestra una alta prevalencia en la región de Loreto.

Así montó Lazos de Vida, la asociación en la que atiende a niños portadores del virus, lo que la puso en contacto con muchos activistas LGTB comprometidos en la misma causa.

“El movimiento gay fue muy activo en educar a la población en que había que protegerse del virus. Eso ayudó mucho, porque la gente empezó a ver que no eran personas dedicadas solo a la fiesta, sino vecinos implicados en su comunidad”.

Su labor presionó además al gobierno en Lima para extender los tratamientos antirretrovirales contra el VIH, que entonces eran muy difíciles de encontrar en Iquitos.

Años de activismo y movilización desembocaron en la aprobación en 2010 de una ordenanza regional que reconocía una protección especial y una participación reforzada del colectivo LGTB. Más tarde se acompañó de una estrategia para la prevención del acoso escolar por motivos de género en las escuelas.

Barbarán concluye satisfecha que “hoy hay un movimiento LGTB muy fuerte”.

Un movimiento que en los años de la pandemia, cuando Perú era uno de los países que más sufría el golpe de la covid, recurrió a la imaginación para celebrar la fiesta del Orgullo sin violar las restricciones de las reuniones públicas y organizó una marcha que, en lugar de discurrir en carrozas por el centro de la ciudad, lo hizo en pequeñas embarcaciones por el río Itaya, uno de los que rodean Iquitos.

En 2022, tras una larga espera, el Orgullo volvió a tierra firme. “Vienen muchas familias, como antes de la pandemia”, celebra Barbarán.

Retos pendientes

Pero incluso desde dentro de la comunidad LGTB iquiteña hay voces que advierten de que no se deben lanzar las campanas al vuelo.

El panorama general en el país no invita al optimismo.

Pedro Castillo y Keiko Fujimori, en un debate electoral.

Getty Images
Pedro Castillo y Keiko Fujimori coinciden en su rechazo a las uniones no heterosexuales.

Tras una larga batalla judicial, el Tribunal Constitucional volvió a rechazar recientemente el recurso presentado por Susel Paredes, una congresista que reclama que se reconozca su matrimonio con otra mujer celebrado en Estados Unidos.

Y el Congreso aprobó en mayo un proyecto de ley que según sus detractores impedirá el enfoque de género y la educación sobre la igualdad y la diversidad sexual en las escuelas peruanas.

El rechazo a la unión entre personas del mismo sexo es uno de los aspectos en los que coinciden el presidente Pedro Castillo y la que fue su rival en las últimas elecciones, Keiko Fujimori, una coincidencia en la que muchos aprecian el peso que tienen en Perú visiones conservadoras de la sociedad y la familia defendidas por las iglesias católica y evangélicas.

BBC Mundo trató de recabar la visión del Gobierno, pero el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no respondió inmediatamente a una dolicitud de comentarios.

En la región de Loreto la prevención del VIH sigue siendo asignatura pendiente.

Es la segunda región con más casos del país solo superada por Lima Metropolitana.

Carol Carobi, funcionaria del Gobierno Regional y una de las pocas mujeres trans que ocupa un cargo público en el país, destaca que “los trans todavía estamos peor que los gais y seguimos conviviendo con el estigma también en muchos lugares de Iquitos”.

“Hemos empezado a ganar espacios, pero aún estamos en un proceso”.

Silvia Barbarán señala cuáles deben ser los próximos desafíos: “En los últimos años en Iquitos hemos avanzado muchísimo, pero el reto es ahora ocupar otros espacios en la sociedad, también los cargos políticos. Y para eso hay que estudiar”.


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