“Me decepciona que hoy solo me puedan ofrecer una disculpa, pero no justicia… hay un chingo de hojas en su averiguación, pero no hay justicia…”

Esas fueron las palabras de Lourdes Mendoza al recibir ayer la disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad de la Fiscalía y el Poder Judicial de la Ciudad de México por el asesinato de su hijo Carlos Sinuhé, caso que no fue investigado correctamente y donde las autoridades incluso criminalizaron al joven estudiante y activista.

Como Lourdes lo recalcó, mas allá del perdón hay una realidad: a 8 años y 5 meses de ocurrido el crimen, el caso sigue impune. La investigación se ha reactivado para iniciar del que debió ser el punto de partida: el análisis serio de todas las posibles hipótesis del crimen – incluyendo la de una ejecución extrajudicial- aunque ahora con mucha de la evidencia ya perdida o afectada.

Pero lo ocurrido con Carlos Sinuhé no es la excepción, es la regla en México.

Esto significa que, de forma aproximada, solo en el 21% de las investigaciones que se inician por un homicidio de cualquier índole las autoridades reúnen las pruebas necesarias para presentarle el caso a un juez, y en apenas el 4.5% de los casos la evidencia es suficiente para llegar a una condena.

Dicho de otra forma: de cada 100 homicidios, menos de cinco se resuelven.

En el caso de feminicidios y a diferencia de los homicidios sí se logra mandar al juez poco más del 57% de las investigaciones, aunque la cifra final de condenas equivale aproximadamente al 13% de los casos. Es prácticamente 1 de cada 10 crímenes resueltos.

¿Por qué no se esclarecen los casos?

En este caso específico se registró, por ejemplo, una total falta de cuidado de la escena del crimen. Transcurrieron horas antes de que los policías preventivos colocaran cintas de seguridad para asegurar el sitio donde se encontró el cuerpo, lo que provocó que desapareciera evidencia como la mayor parte de los casquillos, y que múltiples curiosos se acercaran y contaminaran el sitio.

Los policías de investigación fueron omisos en múltiples formas: no interrogaron en el momento a los curiosos ni a los testigos en el sitio, no recabaron con oportunidad los videos de cámaras de la zona. La única grabación recolectada fue la de una tienda cercana, pero nunca fue extraída de la memoria ni incorporada a la averiguación previa.

Aunque Sinuhé recibió trece disparos, los agentes solo recolectaron tres casquillos percutidos. Peor aún: no hicieron nada con ellos. Tuvieron que pasar tres años para que los peritos, obligados por las víctimas, los analizaran. Ya estaban en tan mal estado que resultaron inútiles para extraerles alguna evidencia.

A ello le siguió una necropsia realizada de forma incorrecta por el servicio forense capitalino, en donde no solo no se agotaron los procedimientos, sino que incluso no hubo un cuidado ni trato digno del cadáver, y se revictimizó a los familiares. Los peritajes de mecánica de hechos fueron contradictorios entre sí.

¿Qué sí hizo la autoridad? Criminalizar a la víctima, como fue reconocido ayer por la fiscal Ernestina Godoy. La mayor parte de la averiguación se centró en indagar antecedes del propio Carlos Sinuhé, quien incluso fue señalado públicamente de no ser activista sino presunto delincuente, ligado con posible trafico de drogas.

En cambio, y pese a que sí se pudo establecer que el arma homicida fue de grueso calibre y de uso exclusivo de las fuerzas armadas, nunca se siguió la línea de investigación que apuntaba a una posible ejecución extrajudicial. La hipótesis se centró desde el inicio en los falsos antecedentes delictivos de la víctima.

Las fallas en esta indagatoria correspondieron a la entonces Procuraduría de justicia capitalina y al servicio médico forense local, pero se presentan prácticamente en todos los estados.

En el referido reportaje, este medio documentó mas de una decena de casos de homicidio en distintas entidades donde por fallas similares los casos no fueron esclarecidos. Las anomalías se extienden en toda la cadena de la indagatoria: inician con una mala preservación el lugar de los hechos, a lo que siguen peritajes incompletos, líneas de investigación que realmente no se trabajan, fallas en las cadenas de custodia, malos tratos de parte de las autoridades, entre otros.

Hay casos que avanzan en alguna medida solo porque las familias presionan o hacen indagatorias por su cuenta. Hay otros homicidios – varios de ellos mediáticos – donde la autoridad llega al extremo de detener y encarcelar a presuntos responsables que a la postre no lo son, y que luego terminan siendo liberados por falta de elementos o porque fueron torturados para inculparse.

Esto llega a ocurrir incluso en casos indagados a nivel federal, como fue el multihomicidio de varias personas ocurrido en 2008 en Morelia, Michoacán, en el que presuntos integrantes del crimen organizado lanzaron granadas en plena ceremonia de Grito de Independencia. El año pasado un Tribunal absolvió de forma definitiva a los detenidos, al considerar que la PGR fabricó la evidencia en contra suya, y el caso sigue impune.

Negligencia, pero también falta de recursos

Las fallas en que incurren las autoridades al indagar un crimen obedecen a negligencias o corrupción, pero también a una auténtica falta de recursos humanos, económicos y materiales para hacer el trabajo.

Datos de INEGI y de las fiscalías arrojan, por ejemplo, que aun si se repartieran todos los asesinatos del país entre todos los policías de investigación disponibles, a cada uno le tocarían atender simultáneamente mas de cien casos. Y en el caso de los agentes del Ministerio Público, a cada uno le tocaría atender más de 220 casos en promedio.

Al ritmo de resolución actual de casos, y aun tomando en cuenta aquellos donde el detenido no necesariamente es el responsable, el país tardaría mas de 124 años tan solo para esclarecer los asesinatos ocurridos de 2010 a 2016. Si se abandona el ejemplo nacional y se ve la realidad por estado, hay casos como el de Guerrero donde esclarecer los crímenes tomaría más de 900 años.

La falta de personal es evidente. Un fiscal que se dedica a indagar homicidios en el país tiene a su disposición a solo dos policías para indagar todos los casos, los cuales a su vez tienen salarios muy bajos como en Tabasco, donde no perciben más de 8 mil pesos mensuales.

A todo ello se suma, en muchos casos la falta de capacitación. Hasta el cierre de 2018 en solo 135 municipios del país de los más de 2 mil 400, los policías locales estaban capacitados para resguardar de forma correcta una escena del crimen.

Falta infraestructura. Hay entidades como Oaxaca donde solo se cuenta con un anfiteatro forense en la capital. Y también faltan peritos, como en Ciudad de México, donde hasta hace dos años no había expertos en medicina forense para realizar los levantamientos de cuerpos en las escenas del crimen.