Crean mando metropolitano contra la propagación del COVID-19
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CDMX, Edomex y el gobierno federal crean mando metropolitano contra la propagación del COVID-19

La decisión de crear un mando regional no sólo obedece a la densidad poblacional, sino a que en el Valle de México existe la mayor infraestructura hospitalaria necesaria para atender los casos positivos de COVID-19.
Cuartoscuro
21 de marzo, 2020
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La Secretaría de Salud federal y los Gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México acordaron la conformación de una unidad regional de coordinación metropolitana con la facultad de tomar decisiones para contener la propagación del coronavirus.

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que esta decisión se tomó ayer durante una reunión que convocó a la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, así como a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el Gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo.

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“Una de las decisiones de la reunión fue establecer, además del comando federal que coordina -bajo la dirección de la Ssa- el operativo nacional, en el Valle de México se va a coordinar a través de un comando o unidad de comando metropolitana, y obviamente ambos comandos van a estar en continua comunicación”, indicó López-Gatell en conferencia de prensa.

El funcionario precisó que la coordinación regional podría implementar medidas de prevención “más intensas”, dado que la Zona Metropolitana concentra la mayor población del país.

“No debe sorprendernos -al contrario, es esperable- que, en algún momento, conforme van evolucionando las cosas a lo largo de los días, la Zona Metropolitana, bajo el liderazgo político de sus dos gobernantes, conjuntamente empiecen a tomar decisiones que parecieran ir más rápido o ser más intensivas de lo que ocurre en el resto del país”, planteó.

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“Esto no debe sorprendernos, porque es parte de esta coordinación para que las acciones estén siempre acopladas al tamaño del riesgo, y es, además, un elemento muy importante, porque ayudará a que, si logramos a disminuir la transmisión en la zona más poblada -el Valle de México tiene el 25% de la población de México, un cuarto de la población-, eso además va a ayudar al resto del país”.

El subsecretario explicó que la decisión de crear un mando regional no sólo obedece a la densidad poblacional, sino a que en dicha zona existe la mayor infraestructura hospitalaria necesaria para atender los casos positivos de COVID-19.

“Por razones esperables, que son, básicamente, la gran cantidad de población y la gran densidad de población que hay en la Zona Metropolitana del Valle de México, ésta es una zona en donde muy probablemente va a ocurrir la mayor carga de enfermedad por el nuevo coronavirus.

“Pero también, afortunadamente, es la zona donde existe la mayor disponibilidad de hospitales y de unidades especializadas de cuidados intensivos y, como parte de los procesos de reconversión hospitalaria y expansión de capacidades, un elemento importantísimo es la coordinación para que todas las instituciones que tienen unidades hospitalarias en el Valle de México puedan ponerlas a disposición para esta coordinación de la atención, que va a ser fundamental en el momento que tengamos la fase 3 con una mayor intensidad de ocurrencia de casos”, expuso.

No se prohíben pruebas en laboratorios privados 

El Subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, rechazó que la dependencia federal frene a laboratorios privados que buscan vender pruebas de detección de Covid-19 y subrayó que primero deben probar su capacidad técnica.

En conferencia de prensa, indicó que en breve se dará a conocer el nombre de los laboratorios que acrediten ese requisito, además de su compromiso con la vigilancia epidemiológica, que consiste en notificar inmediatamente a la autoridad de los casos positivos.

“Creo que en próximos días, muy pronto, conoceremos el avance de este proceso de acreditación y liberación de las pruebas para los laboratorios privados que demuestren su competencia”, afirmó.

El funcionario federal aludió, sin mencionarlos, a los Laboratorios Chopo y Biomédica, que en días pasados emitieron comunicados en los que afirmaron que la Ssa les había impedido vender la prueba del coronavirus.

López-Gatell indicó que este sábado sostuvo una reunión con representantes de la empresa que aglomera a ambos laboratorios, en la que les explicó que no existe intención de dilatar el otorgamiento del permiso, sino que se sigue el trámite de supervisión sanitaria.

“Hoy tuvimos una conversación con una de las empresas mayoritarias o de gran volumen que abarca al menos dos redes de laboratorios privados, y justamente revisamos las inquietudes que pudiera haber en torno a cualquier limitación de la velocidad de que sean acreditados, en algunos casos es porque faltan algunos elementos que demuestren la competencia técnica, y esto es por parte de los laboratorios privados, nosotros no tenemos pendiente alguno, en el momento en que exista la demostración, se les acredita y proceden a realizar las pruebas.

“Quiero destacar positivamente un buen sentido de responsabilidad, me estoy refiriendo precisamente a los dos laboratorios que hace unos días habían emitido un comunicado que parecía señalar que la Ssa les prohibía hacer las pruebas. Ya conversamos, se aclararon dudas, quedó muy claro que nosotros no prohibimos ni pretendemos prohibir, y que solamente queremos garantizar lo que es nuestra responsabilidad como autoridad sanitaria, que es la competencia técnica”, afirmó.

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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