Instituto de Rehabilitación, con cobros excesivos y sin equipo: personal
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Andrea Vega

Instituto de Rehabilitación opera con cobros excesivos, sin equipo médico y goteras, denuncia personal

Ante las irregularidades en el Instituto de Rehabilitación, personal médico pide la visita del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Andrea Vega
4 de marzo, 2020
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En el Instituto Nacional de Rehabilitación, un hospital de tercer nivel, hay salas sin un solo paciente, como una de Hospitalización de Ortopedia Pediátrica. Ahí las cuatro camas están vacías y en el piso se acumulan, casi ya como en bodega, mesas de servicio, lámparas, sillas de ruedas.

A las salas vacías se suman las paredes agrietadas por todas partes de la institución. Son los efectos del sismo de 2017, que aquí siguen sin poder repararse. Los techos tienen goteras, en áreas cruciales como el banco de sangre y los laboratorios de rayos x. Hay baños fuera de servicio y zonas con escaso alumbrado por falta de focos. El mobiliario está viejo, y roto.

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Del Instituto Nacional de Rehabilitación, pacientes y personal tienen quejas de todo tipo: médicos que envían a sus pacientes a comprar con un proveedor específico, espacios comerciales dentro del hospital que se adjudican directo, mobiliario viejo, falta de insumos y materiales, equipos que no funcionan, cobros excesivos a pacientes, corrupción en el sindicato y hasta fallas estructurales en el edificio.

Todas estas irregularidades, afirma el personal, vienen arrastrándose de años atrás, hasta 10, desde los últimos del sexenio de Felipe Calderón.

Si un paciente requiere una cirugía aquí en Rehabilitación tiene que pagar entre 30 mil y 50 mil pesos en material, que incluye desde batas desechables y guantes hasta instrumentos para traumatología: clavos, tornillos; además de la cuota de recuperación que son unos 5 mil pesos.

En el Hospital hay salas que están vacías y sosn usadas como almacén

En el Hospital hay salas que están vacías y sosn usadas como almacén

Esto, pese a que solo en 2019, el Instituto Nacional de Rehabilitación tuvo un presupuesto de casi 1,400 millones de pesos.

Animal Político solicitó a la Secretaría de Salud una entrevista con el director, José Clemente Ibarra Ponce de León, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

“En el material que piden está el negocio de los médicos, unos tienen casas comerciales a través de sus familiares, otros reciben beneficios por mandarles clientes”, denuncian en entrevista una decena de empleados de esta institución.

Un usuario del INR, a quien llamaremos Fernando, cuenta que le pidieron algo que se llama Placas en 8, para colocárselas a su hijo de 12 años.

“Le está creciendo más una pierna que la otra, necesita una cirugía para colocarle estas placas, pero me pidieron que las comprara en una casa comercial en específico y cada una, mi hijo necesita dos, cuesta 7 mil 500 pesos. No tengo ese dinero, le pregunté al médico si puedo buscar otro proveedor a ver si está más barato y me dijo que no, que mejor reprogramaban la cirugía para asegurar la calidad del material”.

Ese tipo de exigencias y de cobros ha vaciado la mitad de las camas. “Los pacientes no pueden pagar todo lo que se les exige adquirir y por eso hay áreas de hospitalización ya sin uso”, dice una de las enfermeras.

Animal Político lo pudo comprobar. En un recorrido de más de cuatro horas por Rehabilitación, realizado con el apoyo del personal de diversas áreas, desde mantenimiento hasta médicas.

Una de las trabajadoras sociales cuenta que hay una lista de 240 pacientes para reconstrucción articular. “Y solo se están haciendo unas cuatro cirugías a la semana porque la mayoría de esas personas no tiene para pagar todo lo que se les pide adquirir, más la cuota del hospital”.

Además, los pacientes no tienen la garantía de que el material que compran se usa con ellos. “Reusan cosas que solo se deben utilizar una vez, como las puntas de rasurador, que son para darle forma a las rodillas. Esas cuestan unos 7 mil pesos. Se las piden al paciente y las nuevas quien sabe qué les hacen, porque usan unas viejas, que nada más esterilizan”, asegura una de las terapistas.

Hay también mucha renta de equipos que antes eran propiedad de la institución y se los llevaron, dice una enfermera. Hay dentro del hospital hasta un estacionamiento público y lo que se cobra nadie sabe dónde para, hay una cafetería, un banco dentro del hospital, esos espacios no se licitan, se adjudican directo, denuncia casi a coro el grupo de trabajadores.

“Esto lleva más de una década y ha sido peor en los últimos años”, señala una enfermera.

La dirección del Instituto ha estado en manos de una familia. El actual director, que está por cumplir cinco años en el cargo, es José Clemente Ibarra Ponce de León. Antes de él estuvo en ese mismo cargo su padre, Luis Guillermo Ibarra Ibarra, quien se quedó en la dirección durante una década.

El personal denuncia que el director actual aparentemente se eligió en una votación, pero hubo coacción, incluso despidos de quienes se oponían a que asumiera el cargo.

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Esto un día va a tronar

Los problemas estructurales del instituto incluyen también los físicos, hay incluso muros donde se aprecian separaciones. “Protección Civil vino a revisar el edificio después del sismo de 2017 y dijo que no había peligro, pero sí hay muchas grietas y todo truena muy feo cuando tiembla”, afirma un empleado de mantenimiento.

Grietas en el Instituto de Rehabilitación

Grietas en el Instituto de Rehabilitación

Las goteras son otro problema. En el Banco de Sangre de la institución hay al menos tres grandes, que ya causan desprendimiento del yeso. Las hay también en la zona de Rayos X, incluso en una sala donde se encuentran equipos que, de acuerdo a lo dicho por el personal, cuestan entre 500 mil y un millón y medio de pesos.

En esa área hay además un problema de iluminación. La mitad de las lámparas no sirve.  En la zona de vestidores, donde los pacientes deben cambiar su ropa por batas, ningún foco funciona. “Yo ya lo he reportado, pero me dijeron que así está bien, que si está oscuro los pacientes menos se pueden ver unos a otros”, dice uno de los técnicos.

En Audiología, pese a que a muchos pacientes se les complica subir escalones o usan silla de ruedas, no hay rampas para entrar a las cabinas de estudios, lo que hay es una especie de escalón alto de metal. “Hemos tenido que cargar a los pacientes con todo y silla para poderlos meter, con el riesgo de que se nos caigan o pase cualquier accidente”, cuenta una médica.

También denuncia que antes en esta zona tenían equipos de alta tecnología para el lavado de oídos. “Esos se los llevaron a otra área, a otorrino, y aquí nos trajeron otros que no sirven, son tan inservibles que los usamos sólo para poner las bolsas o las mochilas”.

En el Banco de Sangre hay un equipo igual, que solo sirve para poner bultos. “Hay dos mezcladoras donde se colocan las bolsas de sangre para separar el plasma, de esas solo una funciona, la otra lleva tiempo parada”, afirma una empleada de ese lugar.

El mobiliario de la mayor parte del Instituto está ya maltratado, desde las sillas de las salas de espera, hasta los sillones donde sientan a los pacientes para los estudios, pasando por los colchones de las camas de hospitalización.

“Muchos de los colchones tienen hasta 10 años, y las sillas están tan viejas y descuidadas que hemos tenido plagas de chinches, han tenido que venir a fumigar”, dice una enfermera.

En el Hospital hay salas que están vacías y sosn usadas como almacén

El mobiliario de la mayor parte del Instituto está ya maltratado.

 

En el cuarto de máquinas, el personal cuenta que la mitad de las bombas para llevar agua a los pisos no sirven. “Aun así hemos podido mantener el suministro, pero si se descomponen más, ya no vamos a poder”.

Las calderas tienen más de 20 años, y ya no funcionan bien. Los pacientes ya empieza a pagar por eso. A Rosa, una mujer con un padecimiento de columna, le habían indicado 10 sesiones de terapia en tanque, en una especie de piscina, de 100 pesos cada una, las pagó, pero nunca se las dieron. “Fuimos cuatro días seguidos varias personas y que no podían dárnoslas porque la caldera no funcionaba, mejor nos pasaron a otro tipo de terapia”.

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¿Y el sindicato de Rehabilitación?

El personal también denuncia presuntos actos de corrupción en el sindicato y de colusión con los directivos del Instituto. “No hay un mecanismo de escalafones, para ascender de puesto, no se publican convocatorias ni se hacen concursos, solo se designa a la persona que va a ascender y ya, es totalmente discrecional”, señala una de las dietistas.

En mantenimiento, por ejemplo, denuncia un integrante de ese equipo, debería haber 95 personas entre los dos turnos, mañana y tarde, pero “en realidad sólo nos presentamos a cubrir las funciones unas 30 personas”.

En realidad, el sindicato no cumple sus funciones, dicen también casi a coro los empleados. “Saben las condiciones precarias en las que estamos obligados a trabajar por toda la corrupción y el desabasto en el Instituto y no hacen nada. Yo no tengo ni abate lenguas para revisar a mis pacientes, si quiero usarlos debo comprarlas porque aquí ni eso nos proporcionan”, cuenta otra terapista.

Para cerrar, los empleados dicen: “no queremos que nos crean. Queremos que vengan a comprobar lo que estamos diciendo, que se investigue lo que pasa aquí. Queremos que vengan el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Ya los directivos se están preparando maquillando ciertas áreas, pero no vamos a permitir más mentiras”.

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Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
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7 de noviembre, 2021
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Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

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1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

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Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

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Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

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Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

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106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

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Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


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