Juez abre proceso contra comisionada de Víctimas por incumplir en caso ABC
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Juez abre proceso contra comisionada de Víctimas por incumplir amparo en caso ABC

El procedimiento podría derivar en la remoción de la comisionada y en una acusación penal en su contra. Desde octubre las victimas ganaron un amparo para que CEAV fijara el pago de una indemnización, pero ello no ha ocurrido.
Cuartoscuro
4 de marzo, 2020
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Un juez federal inició un procedimiento judicial en contra de la comisionada de Atención a Victimas, Mara Gómez Pérez, por incumplir con una sentencia de amparo en la que se ordenaba, desde octubre pasado, que se emitiera un acuerdo de reparación de daño en favor de la familia de una niña fallecida en la Guardería ABC.

Dicho procedimiento podría derivar incluso en la remoción del cargo de la comisionada y en una acusación penal en su contra, dado que incumplir con una resolución de amparo es un delito federal que se castiga hasta con 10 años de prisión.

Así lo dio a conocer el juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa de CDMX, Francisco Gorka Migoni, en una notificación emitida el viernes pasado.

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En dicha resolución, a la que Animal Político tuvo acceso, se advierte que desde el pasado 21 de febrero se había impuesto una multa a la comisionada por no cumplir con la sentencia de amparo, y se le había dado un plazo final de tres días para que la cumpliera. Pero ello no sucedió.

Derivado de lo anterior el juez inició un procedimiento denominado “inejecución de sentencia” en contra de la autoridad responsable, es decir de la comisionada, y dio vista a un tribunal federal administrativo para que lo integre y proceda en consecuencia.

“Esto es para que el Máximo Tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al juez de Distrito que corresponda” indica el referido acuerdo judicial.

De acuerdo con los abogados de la familia de la niña fallecida en la guardería, el juez llegó a conceder a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hasta seis prórrogas para que cumpliera con la sentencia de amparo, y aun así no lo hizo.

Se trata de una sentencia de amparo irrevocable, emitida en febrero pasado por el referido juez y en contra de la cual la Comisión de víctimas promovió en su momento un recurso de revisión. Sin embargo, en octubre pasado un Tribunal federal la confirmó y ordenó que se cumpliera.

Lo que los jueces concluyeron, según el expediente del juicio de amparo 1303/2018, es que la CEAV había actuado de forma errónea al fijar en 2018 una indemnización menor a la que le correspondía de acuerdo con casos similares, por lo que tenía que emitir un nuevo acuerdo.

Dichas resoluciones se dictaron antes de que la comisionada Gómez Pérez fuera nombrada al frente de la CEAV, lo que aconteció en diciembre. No obstante, de acuerdo con las sentencias judiciales, sobre ella recae la responsabilidad.

“Se le dio una prórroga inicial para que conociera bien del caso, pero para este punto ya se le han concedido varias mas y no ha cumplido. Y el juez fue bastante flexible en los tiempos” dijo la abogada Reyna Velasco.

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En proceso de cumplimiento

La CEAV dijo a Animal Político que el juicio de amparo está en trámite y que su incumplimiento se debe a que es un caso que no fue atendido por la administración a anterior.

Señaló que el juicio de amparo en cuestión fue recibido por la comisionada Mara Gómez desde su llegada a la institución.

“Lamentablemente, durante las administraciones anteriores, en la CEAV no atendieron muchos casos ni cumplieron varias sentencias de jueces y magistrados”.

La Comisión aseguró todos esos casos “se están revisando y están en proceso de cumplimiento ante las autoridades jurisdiccionales, conforme a los plazos que establezca el Poder Judicial de la Federación”.

Incluso, agregaron, la comisionada Mara Gómez “ha sostenido reuniones diversas con madres y padres del caso de la Guardería ABC para revisar los casos particulares”.

Pedirán indagatoria de FGR

Los representantes legales de la familia afectada indicaron que independientemente de lo que resulte del procedimiento por no cumplir el amparo, ellos solicitaran al juez que de vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que consideran que fueron “informes falsos” proporcionados por la CEAV.

Y es que, de acuerdo con los abogados, lo que la comisionada argumentó en los informes enviados al juez es que no había podido resolver la indemnización pues el cálculo que se hizo tenía errores. Sin embargo, no dio pruebas de que ello fuera cierto.

“Le pedí al juez que para tener certeza de que efectivamente la comisión estaba haciendo las gestiones para cumplir, le requiriera el famoso proyecto y observaciones, y pues no las mando, ¡se las volvió a requerir y nada! Entonces es obvio que no lo tiene” dijo Velasco.

Los abogados subrayaron que este no es un caos aislado, y que hay otros familiares del caso ABC, víctimas indirectas, que continúan en la misma situación.

Incumplir es un delito

De acuerdo con el artículo 267 de la Ley de Amparo, incumplir con una sentencia de amparo es un delito que se castiga con una pena de 5 a 10 años de prisión, y multa de cien a mil días de la unidad de medida.

Pero además también conlleva la destitución e inhabilitación de cinco a diez años de la persona que resulte responsable para ocupar cualquier cargo público.

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El procedimiento para llegar a este punto parte de que el juez que concedió el amparo considere como incumplida la resolución en un tiempo que considere razonable e inicie un procedimiento de inejecución de esta, que es lo que acaba de ocurrir en el caso de la titular de la CEAV.

Lo que sigue a continuación, como lo señaló el juez Gorka Migoni, es enviar el expediente a un Tribunal federal para que lo estudie, procese y confirme la sentencia de amparo ha sido ignorada.

Una vez que se cumpla el paso anterior el caso será remitido a la Suprema Corte de Justicia, instancia que resolverá si procede la separación del cargo de la comisionada y la apertura del proceso penal en su contra por su presunta responsabilidad en la inejecución de la sentencia de amparo.

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El récord de casi 19 mil menores no acompañados que llegaron en un mes a la frontera de EU

Los números de migrantes que desde México y Centroamérica tratan de llegar a Estados Unidos no deja de crecer.
8 de abril, 2021
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Centro que acoge a los menores

Getty Images
Los centros de acogida de menores no acompañados están desbordados.

Casi 19.000 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México.

La cifra anunciada por el gobierno de Estados Unidos este jueves es la más alta jamás registrada en un mes y supone un test para la nueva presidencia de Joe Biden.

Una mezcla de factores en Centroamérica y en Estados Unidos están detrás de este incremento.

El gobierno de Biden decidió dejar de expulsar a los niños que llegan solos, algo que la presidencia de Donald Trump, y entregarlos a familiares que ya viven en el país mientras los tribunales estudian sus casos.

La patrulla fronteriza (CBP) encontró a 18.663 menores (algunos niños de sólo 3 años de edad) en marzo, muy por encima de los 11.475 de mayo de 2019 y los 10.620 de junio de 2014, que eran las cifras más altas desde que se empezaron a contabilizar en 2009.

Esto está provocando el hacinamiento de los centros que el gobierno tiene para el cuidado de los menores.

Muchos analistas ven la devastación que dejaron los huracanes que golpearon Centroamérica en noviembre del año pasado y las históricas condiciones de pobreza y violencia, como las causas principales de que muchas personas traten de emigrar a Estados Unidos.

Cambios en la percepción de la política migratoria de Biden también parecen haber contribuido al auge.

La detención de migrantes indocumentandos en la frontera con México ascendió un 70% en marzo hasta 172.331, el número más alto en 15 años.

El CBP culpó del auge a la “violencia, los desastres naturales, la inseguridad alimentaria y la pobreza en México y en los países del Triángulo Norte de Centroamérica”.

“Esto no es nuevo”, dijo Troy Miller, comisionado del CBP.

Casi 104.000 personas fueron expulsadas a México, la mayoría adultos sin familia, de acuerdo a la normativa de covid-19, pero los niños sí se han podido quedar de momento en territorio estadounidense.

Hay más de 20.000 niños bajo custodia del gobierno, que está buscando ampliar los recintos que los acogen.


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