Un juez federal inició un procedimiento judicial en contra de la comisionada de Atención a Victimas, Mara Gómez Pérez, por incumplir con una sentencia de amparo en la que se ordenaba, desde octubre pasado, que se emitiera un acuerdo de reparación de daño en favor de la familia de una niña fallecida en la Guardería ABC.
Dicho procedimiento podría derivar incluso en la remoción del cargo de la comisionada y en una acusación penal en su contra, dado que incumplir con una resolución de amparo es un delito federal que se castiga hasta con 10 años de prisión.
Así lo dio a conocer el juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa de CDMX, Francisco Gorka Migoni, en una notificación emitida el viernes pasado.
En dicha resolución, a la que Animal Político tuvo acceso, se advierte que desde el pasado 21 de febrero se había impuesto una multa a la comisionada por no cumplir con la sentencia de amparo, y se le había dado un plazo final de tres días para que la cumpliera. Pero ello no sucedió.
Derivado de lo anterior el juez inició un procedimiento denominado “inejecución de sentencia” en contra de la autoridad responsable, es decir de la comisionada, y dio vista a un tribunal federal administrativo para que lo integre y proceda en consecuencia.
“Esto es para que el Máximo Tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al juez de Distrito que corresponda” indica el referido acuerdo judicial.
De acuerdo con los abogados de la familia de la niña fallecida en la guardería, el juez llegó a conceder a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hasta seis prórrogas para que cumpliera con la sentencia de amparo, y aun así no lo hizo.
Se trata de una sentencia de amparo irrevocable, emitida en febrero pasado por el referido juez y en contra de la cual la Comisión de víctimas promovió en su momento un recurso de revisión. Sin embargo, en octubre pasado un Tribunal federal la confirmó y ordenó que se cumpliera.
Lo que los jueces concluyeron, según el expediente del juicio de amparo 1303/2018, es que la CEAV había actuado de forma errónea al fijar en 2018 una indemnización menor a la que le correspondía de acuerdo con casos similares, por lo que tenía que emitir un nuevo acuerdo.
Dichas resoluciones se dictaron antes de que la comisionada Gómez Pérez fuera nombrada al frente de la CEAV, lo que aconteció en diciembre. No obstante, de acuerdo con las sentencias judiciales, sobre ella recae la responsabilidad.
“Se le dio una prórroga inicial para que conociera bien del caso, pero para este punto ya se le han concedido varias mas y no ha cumplido. Y el juez fue bastante flexible en los tiempos” dijo la abogada Reyna Velasco.
En proceso de cumplimiento
La CEAV dijo a Animal Político que el juicio de amparo está en trámite y que su incumplimiento se debe a que es un caso que no fue atendido por la administración a anterior.
Señaló que el juicio de amparo en cuestión fue recibido por la comisionada Mara Gómez desde su llegada a la institución.
“Lamentablemente, durante las administraciones anteriores, en la CEAV no atendieron muchos casos ni cumplieron varias sentencias de jueces y magistrados”.
La Comisión aseguró todos esos casos “se están revisando y están en proceso de cumplimiento ante las autoridades jurisdiccionales, conforme a los plazos que establezca el Poder Judicial de la Federación”.
Incluso, agregaron, la comisionada Mara Gómez “ha sostenido reuniones diversas con madres y padres del caso de la Guardería ABC para revisar los casos particulares”.
Pedirán indagatoria de FGR
Los representantes legales de la familia afectada indicaron que independientemente de lo que resulte del procedimiento por no cumplir el amparo, ellos solicitaran al juez que de vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que consideran que fueron “informes falsos” proporcionados por la CEAV.
Y es que, de acuerdo con los abogados, lo que la comisionada argumentó en los informes enviados al juez es que no había podido resolver la indemnización pues el cálculo que se hizo tenía errores. Sin embargo, no dio pruebas de que ello fuera cierto.
“Le pedí al juez que para tener certeza de que efectivamente la comisión estaba haciendo las gestiones para cumplir, le requiriera el famoso proyecto y observaciones, y pues no las mando, ¡se las volvió a requerir y nada! Entonces es obvio que no lo tiene” dijo Velasco.
Los abogados subrayaron que este no es un caos aislado, y que hay otros familiares del caso ABC, víctimas indirectas, que continúan en la misma situación.
Incumplir es un delito
De acuerdo con el artículo 267 de la Ley de Amparo, incumplir con una sentencia de amparo es un delito que se castiga con una pena de 5 a 10 años de prisión, y multa de cien a mil días de la unidad de medida.
Pero además también conlleva la destitución e inhabilitación de cinco a diez años de la persona que resulte responsable para ocupar cualquier cargo público.
El procedimiento para llegar a este punto parte de que el juez que concedió el amparo considere como incumplida la resolución en un tiempo que considere razonable e inicie un procedimiento de inejecución de esta, que es lo que acaba de ocurrir en el caso de la titular de la CEAV.
Lo que sigue a continuación, como lo señaló el juez Gorka Migoni, es enviar el expediente a un Tribunal federal para que lo estudie, procese y confirme la sentencia de amparo ha sido ignorada.
Una vez que se cumpla el paso anterior el caso será remitido a la Suprema Corte de Justicia, instancia que resolverá si procede la separación del cargo de la comisionada y la apertura del proceso penal en su contra por su presunta responsabilidad en la inejecución de la sentencia de amparo.
