Más de 4 mil mdp de Salud fueron presuntamente desviados con EPN
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Archivo Cuartoscuro

Más de 4 mil mdp de Salud fueron presuntamente desviados a 837 empresas fantasma con Peña Nieto

Entre 2012 y 2019 se identificaron 22 mil 933 facturas falsas que se expidieron en el sector Salud en 30 estados y a nivel federal por 4 mil mdp. 
Archivo Cuartoscuro
2 de marzo, 2020
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En la pasada administración del presidente Enrique Peña Nieto, más de 4 mil millones de pesos que salieron de instituciones públicas de salud, como el IMSS, el ISSSTE, y de diferentes institutos de salud de los estados, fueron presuntamente desviados a 837 empresas fantasma.

Así lo documentó en una investigación el equipo de abogados del bufete Pérez de Acha Abogados, en colaboración con la asociación civil Impunidad Cero, para la que realizaron más de 200 solicitudes de información a instancias de salud pública en todo el país, tanto a nivel federal como estatal. 

Como resultado, la investigación que presentan este lunes señala que, entre 2012 y febrero de 2019, se identificaron 22 mil 933 facturas falsas que se expidieron en el sector salud en 30 estados y a nivel federal por 4 mil 179 millones de pesos. 

Ese dinero público, que debió invertirse en la compra de medicamentos y de insumos en todo el país, fue a parar a decenas de empresas fantasma. 

Es decir, el dinero se lo quedaron sociedades que ya el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista negra, debido a que comprobó que son compañías de ‘papel’, que no tienen infraestructura real, ni personal trabajando, ni activos, ni dan servicio alguno, y que a pesar de ello facturaban grandes cantidades de dinero para desviar los recursos públicos. 

Instituto de salud del Edomex, el que más dinero dio a empresas fantasma

De los 4 mil 179 millones de pesos que fueron presuntamente desviados a empresas fantasma mediante facturas falsas, la institución de salud con mayores montos fue el Instituto de Salud del Estado de México, con 1 mil 804 millones de pesos, el 43% de todo el recurso analizado por Pérez de Acha Abogados.

Entre las empresas fantasmas más beneficiadas están Interacción Biomédica SA de CV; Kisa Importaciones; Comercializadora El Chuac; Servicios y Asesorías Bor Dom; y Tauro Ejecutivo Asociado. 

Interacción Biomédica, subraya el informe, fue una de las empresas fantasma “consentidas” en el sector salud: se quedó con hasta 1 mil 613 millones de pesos, entre 2014 y 2018. De ese monto total, el 96% lo recibió del Instituto de Salud del Estado de México; el resto, del IMSS federal.

La segunda dependencia que más dinero público dio a empresas fantasma fue el IMSS federal, con 320 millones en facturas falsas. 

Le siguen: el Instituto de Salud de Chiapas, con facturas a empresas fantasma por 282 millones; el Instituto de Oaxaca, con 268 millones; los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), con 213 millones; y el ISSSTE federal, con 141 millones de pesos. 

Entre 2014 y 2017, cuando más se facturó a empresas fantasma 

Del periodo de tiempo analizado, la investigación refiere que los años 2014, 2015 y 2016, fue cuando se emitieron más facturas apócrifas para empresas fantasma en el sector salud.

La evolución es la siguiente: en 2012, la investigación identificó solo 10 facturas a empresas fantasma, por 4 millones 684 mil pesos. Un año después, se emitieron 18 facturas por 14 millones. 

Y en 2014, se emiten al por mayor: 6 mil 074 facturas a empresas fachada por 701 millones 149 mil pesos. En 2015, todavía más: 7 mil 264 facturas por 1 mil 190 millones de pesos. Y en 2016, más: 5 mil 406 facturas por 1 mil 215 millones. 

A partir de 2017, la tendencia comienza a bajar, aunque ese año todavía se emitieron 3 mil 602 facturas por 883 millones. 

En 2018, las facturas bajan a 539 por 167 millones de pesos. 

Y ya en 2019, durante el actual gobierno de López Obrador, la investigación documenta que se emitieron 20 facturas por 2 millones 725 mil pesos. 

Una epidemia

La investigación, además, documenta que para desviar más de 4 mil 100 millones de pesos del sector salud, se utilizaron diferentes esquemas. 

Por ejemplo, la investigación apunta que hay estados en los que coincide el periodo de mandato de ciertos gobernadores con la operación del desvío de recursos públicos a un grupo determinado de empresas fantasma. 

“La facturación de estas empresas privilegiadas fue disminuyendo al pasar uno o dos meses de las elecciones para la nueva gubernatura”, recalca la investigación. 

Uno de esos casos es Chihuahua, donde se identificaron facturas falsas desde 2014 hasta junio de 2016, es decir, hasta el mes en que se celebraron nuevas elecciones estatales para gobernador, el 5 de junio de 2016. 

En otro esquema, se identificó que las empresas fantasmas, incluso, trascendían al cambio de gobierno. 

“Esta situación se verificó en el Estado de México, en donde dos empresas recibieron recursos públicos entre 2014 y 2018, es decir, operaron durante dos gubernaturas distintas (la de Eruviel Ávila y la actual de Alfredo del Mazo)”. 

Y otro esquema: hasta 45 las empresas fantasma operaban en varios estados al mismo tiempo, con distintas instituciones de salud. 

Por ejemplo, Comercializadora Ramaja SA de CV, expidió facturas a instituciones de salud de la federación y de los estados de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 

“Si las facturas falsas fueran una enfermedad, el sistema de salud estaría padeciendo una epidemia”, hace hincapié la investigación, en la que se destaca que por lo menos en 30 de los 32 estados se utilizaron facturas falsas para desviar recursos públicos del sector salud mexicano.

Lee aquí el informe completo de Pérez de Acha Abogados y de Impunidad Cero. 

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Coronavirus: por qué México es el país de América Latina que menos dinero ha gastado durante la pandemia de COVID-19

Al comparar los paquetes de estímulo fiscal aplicados en la región, México aparece en el último lugar de la lista. ¿Cuáles son las razones de esta decisión?
13 de mayo, 2021
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México siguió el camino de la austeridad fiscal durante la pandemia de COVID-19. Un camino que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado.

A diferencia de lo que hizo al desatarse la crisis financiera de 2008, el FMI esta vez se mostró a favor del endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a la recesión, excepto en aquellas economías cuyas arcas fiscales están secas o no tienen ninguna capacidad de conseguir recursos en los mercados financieros.

“Para detener el declive de la actividad económica y el aumento de la pobreza, México se beneficiaría de un mayor apoyo fiscal temporal a corto plazo”, señala un informe del organismo publicado en octubre del año pasado, en el cual recomienda gastar entre 2,5% y 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB.

“México tiene cierto espacio fiscal y disfruta de un cómodo acceso al mercado que podría utilizarse durante estos tiempos difíciles”, agrega el documento.

Y en febrero de este año, Alejandro Werner, quien era director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que un aumento del gasto fiscal “obviamente hubiese beneficiado a la población” y habría evitado que empresas medianas se fueran a la quiebra.

Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió mantener el cinturón bastante apretado y gastó un 0.7% del Producto Interno Bruto en medidas de estímulo fiscal, la cifra más baja de todos los países latinoamericanos.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, defendió la política del gobierno hace unas semanas argumentando que, en comparación con otras economías de América Latina, México tendrá una posición macroeconómica y fiscal mucho más fuerte cuando termine la crisis, gracias a la decisión de no contratar deuda adicional y generar buenas expectativas ante los inversores.

Agregó que en los próximos meses, la herramienta fiscal y financiera más importante será la campaña de vacunación, la cual tendrá un efecto positivo en la economía.

Y en enero de este año argumentó que el gobierno no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

“Había cuestiones legales ligadas, en el caso de México, se tiene una ley muy antigua en la cual se prohíbe el uso de deuda pública para otra cosa que no sea infraestructura pública“, dijo Herrera en un foro organizado por la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Getty Images
El gobierno de López Obrador argumenta que no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

En otra ocasión, Herrera dijo que mientras los países desarrollados pagan una tasa de interés cercana a cero por la emisión de deudas, México, en cambio, tiene que pagar un 4.25% por los préstamos.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Hacienda, pero no recibió respuesta.

Fue un error

“El nivel de gasto fue bajísimo, fue un error”, dice Héctor Villareal, profesor del Tec de Monterrey y director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP.

Aunque reconoce que el gobierno creó algunos programas para combatir la pandemia, Villareal sostiene en diálogo con BBC Mundo que muchas medidas fueron financiadas con ajustes en otros rubros de las finanzas públicas.

Funcionarios del gobierno han argumentado que fue necesario tener un criterio fiscal prudencial en caso de que la crisis se prolongara por más tiempo.

Dinero mexicano

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“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador”, dice Héctor Villareal.

Con una deuda pública cercana al 60% del PIB, mucho menor que la de Argentina y Brasil, la decisión fue, aparentemente, no correr riesgos.

“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador“, apunta Villareal.

“Combatir la pobreza y la desigualdad”

Aunque la economía cayó un 8.2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población, hay expertos que han destacado las decisiones tomadas por el gobierno.

“La política de México frente a la pandemia ha sido importante porque uno de los objetivos de este gobierno ha sido combatir la pobreza y desigualdad”, dijo en marzo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

“Antes de la pandemia el gobierno empezó a preocuparse por los pobres, se adelantaron y se expandieron las transferencias monetarias”, agregó.

Proteger las finanzas públicas

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) considera que “la respuesta fue limitada” en los apoyos fiscales.

“No hubo movimiento en las tasas impositivas o en transferencia de subsidios, o mecanismos que facilitaran el financiamiento en el sector privado”.

Hombres caminando

Getty Images
La economía de México cayó 8,2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población.

Aunque reconoce que hubo programas de transferencias directas a micronegocios, le dice a BBC Mundo que “no se aplicó un programa contracíclico en materia fiscal”.

“Si bien el gobierno tiene un profundo sentido social, en materia fiscal en realidad es un gobierno muy ortodoxo y más tendiente hacia lo liberal”, dice el investigador.

Según De la Cruz, estaba claro que, por su dimensión, la crisis iba a generar un costo importante y por eso la mayoría de los países trató de suavizar el impacto.

En el caso de México, argumenta, la decisión fue evitar que las finanzas públicas terminaran pagando el costo de la crisis.

“La mayor parte del costo social y económico terminó siendo pagado por la sociedad“, apunta.

Argumenta que un millón de empresas tuvieron que cerrar y al menos dos millones de personas no han logrado recuperar sus empleos, una situación que desde su perspectiva, podría haberse mitigado.

“El costo político”

En eso coincide Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY.

De la Torre cuenta que uno de los argumentos del gobierno para evitar el aumento del nivel de deuda fue que en rescates financieros previos los beneficios fueron aprovechados por la clase empresarial y no por los más vulnerables.

Mujer cocinando

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Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones económicas apuntan a un rebote en el crecimiento cercano al 5% este año.

“Me parece que ese argumento es muy débil”, le dice a BBC Mundo.

Para De la Torre, aunque en el pasado pudo haber desviaciones de los recursos fiscales, “también es cierto que esos recursos apoyaron al conjunto de la economía y evitaron un colapso mayor”.

Pero, a su juicio, hay una razón más de fondo que explica por qué las ayudas fiscales fueron las más bajas de América Latina.

“Habría existido un gran costo político si el gobierno, después de endeudarse, hubiese tenido que realizar una reforma fiscal profunda para pagar las deudas”, advierte.

Como esas reformas o ajustes, suelen provocar un descontento generalizado, agrega, optó por evitar ese costo político.

El experto cree que el gobierno hizo un balance y determinó que el costo político actual, de no haber aumentado las ayudas fiscales, tiene un costo político más disperso en un gran número de personas, generalmente poco organizadas.

“Es un costo que estaría parcialmente justificado por un factor externo, que en este caso sería la pandemia y sus secuelas”.

Si el objetivo era mejorar el bienestar de la población y aumentar las posibilidades de una recuperación económica, agrega, “había que endeudarse, gastar, y después hacer una reforma fiscal, incurriendo en un costo político”.

Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones del gobierno y de organismos internacionales señalan que este año se producirá un rebote y el crecimiento estará cercano al 5%.

Mientras la vacunación avance y no se produzca una nueva ola de contagios, los expertos creen que este año debería marcar una clara recuperación, siguiendo la tendencia global.

Lo que no se va a recuperar muy rápidamente son las secuelas sociales de la pandemia que, al igual que en el resto de los países de la región, requerirán varios años antes de regresar a los niveles de bienestar previos.


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