63 mil órdenes de protección a mujeres, pero Estado falla en darles seguridad
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Emiten 63 mil órdenes de protección a mujeres, pero el Estado falla en darles seguridad

Cuando mujeres acuden con una autoridad, para pedir ayuda ante la violencia, son muchas las fallas que impiden activar los mecanismos de protección necesarios.
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4 de marzo, 2020
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Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre de 2019, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cuando ocurrió el crimen, ella ya había interpuesto una denuncia e iniciado un proceso judicial contra su pareja, quien presuntamente trató de asesinarla en enero de 2019. El hombre la habría golpeado con un bat mientras ella dormía.

Abril incluso tenía medidas cautelares, pero días antes del homicidio el hombre fue liberado de prisión por decisión de dos jueces y un magistrado, quienes consideraron que lo sucedido no fue intento de feminicidio, sino “lesiones y violencia familiar”. Días después, dos sujetos dispararon contra ella y la asesinaron.

Entérate: Abril quería ayudar a víctimas de la violencia, pero fue asesinada en la CDMX

En ese, como en la mayoría de los casos de violencia, dice Fátima Gamboa, coordinadora del área legal de la organización Equis Justicia para la Mujeres, el Estado falla, “porque no solo tiene la obligación de detener la violencia feminicida, tiene la obligación de detener cualquier posible situación de riesgo para una mujer, no se debe esperar a que su vida esté comprometida”.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de enero de 2020, se tienen registradas 197 mil 693 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer.

Mientras que según cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), se han emitido 63 mil 464 órdenes de protección, aunque no se precisa en qué periodo.

Animal Político contactó al Banavim para conocer el periodo en que se emitieron las órdenes. La persona que contestó dijo que el Banco no cuenta con área de comunicación y que desconocía el dato solicitado, pero después señaló que las 63 mil 464 órdenes de protección se han emitido desde el inicio de Banavim, que fue en 2010.

Más allá de las cifras, el problema no es si se otorgan o no las órdenes de protección, “sino que sea de la forma adecuada y que se les dé seguimiento”, subraya María de La Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Sobre el desconocimiento de datos, Estrada lamenta que el Banavim haya invertido recursos en una plataforma que no funciona como debería, y que es el reflejo del poco interés que hay en las órdenes de protección.

Gamboa también señala un dato: “hemos tenido talleres con jueces y uno de ellos nos decía que de 100 órdenes de protección que emite solo le llega el informe sobre cumplimiento y seguimiento de cinco de estas”.

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Sin denuncia

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una orden de protección se emite justo para proteger, y deben otorgarse por una autoridad competente —ministerio público o juez—, en cuanto se conozcan hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.

Para emitir estas órdenes, contrario a lo que se les hace creer a las mujeres, solo basta con su palabra, no se necesita una denuncia previa ni tener evidencia como llegar golpeada.

“Basta con el dicho de la mujer para que las autoridades otorguen la orden de protección, ya después pueden investigar, pero primero deben protegerla”, asegura Rodolfo Domínguez, coordinador general de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género AC.

Esto porque, además, señala Estrada, ir a denunciar pone en mayor riesgo a las mujeres. “El agresor se va a enterar, porque lo van a notificar, y los hombres cuando sienten que la mujer los acusa se vuelven más agresivos”.

Tampoco es necesario, dice la abogada de Equis Justicia, que la mujer tenga golpes visibles o que esté en el hospital: ante su solo dicho, el Estado debe activar los mecanismos necesarios para protegerlas.

“No lo hacen porque por estereotipo o prejuicio no les creen. Hay siempre una sospecha de que mienten, de que quieren abusar de la ley para vengarse del agresor. Pero es deber de los jueces y ministerios públicos aplicar el principio de buena fe, creerles, ponerlas a salvo y después hacer las averiguaciones correspondientes”.

El problema es que están más preocupados por no violar el principio de presunción de inocencia del agresor, cuando ni siquiera tienen que llegar al punto de encarcelarlo, sino solo asegurar la integridad de la mujer y hacer su trabajo de investigar, asegura Gamboa.

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No es un favor, está obligado

El Estado tiene el deber de prevenir, proteger, sancionar y reparar ante hechos de violencia contra la mujer. A eso está doblemente comprometido, primero por la firma del tratado Interamericano de Belém do Pará.

Los Estados parte, como México, convinieron en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar, y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer.

De la firma de ese tratado surge en México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Su objetivo es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar.

Pero hay grandes deficiencias en todo el sistema para llevar eso a la práctica, dice Gamboa. Primero, esta ley nacional es muy ambigua. Pero también que cada entidad tiene su propia ley y hay discrepancias entre una y otra.

“Hay 32 legislaciones locales de acceso a una vida libre de violencia y son heterogéneas. En Tlaxcala, por ejemplo, la orden de protección se debe dictar al momento. En Oaxaca se establece que es un lapso de 8 horas. En otros estados el rango de tiempo es hasta de 24 horas”, explica Gamboa.

Respecto a la función de las autoridades, la abogada dice que en la ley general, los jueces municipales, de paz y los jueces cívicos no tienen competencia para dictar las órdenes de protección, cuando son las autoridades que están más cerca de donde viven muchas mujeres, sobre todo en zonas marginadas e indígenas.

No hay además protocolos de actuación para dictar las órdenes de protección. “A los policías les dicen, ‘canaliza a la mujer al ministerio público’, pero no hay un protocolo de todas las acciones que se deben realizar para esto y eso genera vacíos y arbitrariedad por parte de las autoridades”.

Otro problema es que instancias de primera atención, como las del sector salud, clínicas y hospitales, o el DIF adonde llegan las mujeres cuando son agredidas, tampoco les dan el acompañamiento adecuado ni alertan a las autoridades para que se activen los mecanismos de protección.

La NOM046 establece que las instituciones de salud están obligadas a notificar al ministerio público cuando una mujer llega con signos de violencia, dice Luz Estrada, pero no lo hacen o tardan en hacerlo.

Además, en el caso de que la orden sí se emita, en realidad las medidas que se incluyen son insuficientes.

“Lo que ordenan son rondines de la policía o que se aperciba al agresor a no acercarse, pero no hacen un análisis del riesgo real en el que está la víctima, no hay una valoración de la violencia que vive ni de quien la ejerce, para dar una protección integral”, dice la coordinadora del OCNF.

Y para rematar, no existe una evaluación de la eficacia de estas órdenes, señala la abogada de Equis Justicia. “No hay un reporte de cómo están funcionado, no se hacen grupos focales, y se deberían hacer, para que las mismas mujeres digan si les ayudan o no, nada de eso existe”.

La falta de información impide conocer con exactitud la efectividad de las órdenes, pero también tener un diagnóstico sobre las mejoras necesarias. Lo cierto es que mientras las autoridades insisten en poner trabas, más mujeres son víctimas de violencia sin que tengan la opción de tener protección efectiva del Estado.

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Daniel Picazo amaba los viajes, visitaba Puebla y por rumores difundidos en WhatsApp lo lincharon

Puebla volvió a registrar un linchamiento motivado por un rumor difundido en chats y redes sociales.
15 de junio, 2022
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Como tantas veces lo hizo antes, Daniel Picazo González salió de su domicilio en Ciudad de México para visitar la casa que heredó su abuelo en una pequeña localidad del estado de Puebla.

La propiedad está en la localidad de Las Colonias de Hidalgo, a unas tres horas de la capital mexicana, y como un joven de 31 años al que le gustaba viajar, pasar los días libres en medio de aquella comunidad en las montañas de la Sierra Norte era algo que disfrutaba.

Así lo hizo el 9 de junio. Les avisó a sus padres, Ricardo Picazo y Angélica González, que había llegado bien.

La siguiente noticia que tuvieron sobre su hijo fue que le había pasado algo terrible.

La noche de ese viernes, unos 200 habitantes de la localidad de Papatlazolco, vecino de Las Colonias de Hidalgo, detuvieron, golpearon y lincharon hasta la muerte a Picazo González.

Un rumor que corrió días antes por grupos de WhatsApp y Facebook de Papatlazolco decía que había gente foránea raptando niños para traficar con sus órganos. Y el joven de 31 años fue víctima del señalamiento público de una muchedumbre, según los primeros informes de las autoridades.

Información falsa de ese tipo ya ha sido usada para generar zozobra en comunidades que están dispuestas a creerla y que ha llevado a extremos como el ocurrido en esta comunidad de Puebla.

Lee: Pobladores de Huauchinango, Puebla, linchan a funcionario de la Cámara de Diputados; lo acusaron de supuestamente robar a un menor

¿Qué ocurrió?

Picazo González era abogado y hasta marzo pasado fungía como asesor de una diputada federal.

Daniel Picazo

Daniel Picazo
Daniel Picazo asistía a la diputada Joanna Felipe Torres.

Recientemente había terminado de cursar una maestría y el 9 de junio buscaba darse una “escapada” del estrés de la ciudad para visitar la casa de Las Colonias de Hidalgo, según explicó su padre.

Pero el ambiente por esa zona no era el de siempre.

Dos días antes empezaron a difundirse en chats y grupos de redes sociales los mensajes de que había foráneos raptando niños.

Incluso había imágenes con logotipos de instituciones que ya no existen como tales (la PGR, por ejemplo, que hoy es la Fiscalía General de la República). Esas fotos supuestamente señalaban que había una búsqueda de delincuentes.

“Esa información que circuló ya tiene algunos años. Esas mismas fotos corrieron no solo aquí, sino a nivel nacional, en otras partes de México”, explica a BBC Mundo el periodista Pablo Torres desde Huauchinango, el municipio donde se ubica Papatlazolco.

Una imagen difundida en la comunidad

BBC
Una de las imágenes difundidas fue esta, la cual no corresponde a un aviso de las autoridades y ya ha sido usada en el pasado sin ningún sustento.

La noche de ese viernes, alrededor de las 21:00, un habitante de la localidad vio una camioneta con matrícula de otro estado y alertó a la comunidad a través de WhatsApp de “que ya estaban por ahí personas extrañas y que probablemente era de quienes se hablaba desde hacía dos días”, cuenta el periodista Torres.

“Estaban señalando al joven como presunto secuestrador de niños, sin que nadie haya verificado nada“, agrega.

Primero se reunieron unos 30 pobladores, según el recuento que ha ofrecido el presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López.

“Los elementos recibieron un llamado y acudieron de inmediato a prestar auxilio, pero luego llegaron más de 200 personas. Eran seis elementos para poco más de 200 personas“, asegura el edil.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a Picazo González maniatado, con señales de haber sido golpeado, siendo llevado por la fuerza por calles de Papatlazolco.

“Un acto de barbarie”

Las autoridades no han dado cuenta de qué pasó antes de la muerte del joven de 31 años “inteligente y estudioso”, según lo define su padre.

El presidente municipal asegura que “lo rescataron” los policías hasta que llegaron “más de 200 personas” a agredir a los agentes. “Y lamentablemente ya no pudieron hacer nada”.

Map

Según ha dicho la madre de Picazo González a la prensa mexicana, un hombre que presenciaba el hecho intentó ayudar a su hijo averiguando su identidad y origen.

“El joven dice que mi hijo le dijo ‘¡ayúdame, ayúdame!’. Lo tenían amarrado, esposado y de rodillas”, explicó Angélica González a la emisora Milenio Tv.

“Casi agonizando le dijo ‘sácame mi cartera, la traigo en el pantalón’. Y el testigo vio que traía su identificación de la Cámara de Diputados. (…) Él quiso defender a mi hijo, pero los pobladores no lo dejaron. Había policías estatales y municipales, pero lo estaban también inculpando a él”.

Su cuerpo fue encontrado carbonizado, después de que presuntamente le rociaran gasolina y le prendieran fuego mientras aún tenía vida.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ha dicho que la investigación de lo ocurrido ya fue iniciada.

“Es un acto de barbarie, totalmente aberrante, en donde hay prejuicios, ignorancia, rumores, un ambiente de no creer en la autoridad”, lamentó Barbosa.

Daniel Picazo

Daniel Picazo
A Daniel Picazo le gustaba viajar.

La familia, sin embargo, dice que no ha recibido ninguna información nueva. Las autoridades no han reportado si hay detenidos o algún avance hasta este martes.

“El único testigo se presentó por nosotros, valiente, declaró todo lo que había sucedido. Pero allá las personas encargadas de esclarecer estos asuntos y de responder nuestras preguntas no las vimos”, se queja Angélica González.

Un fenómeno de Puebla y el país

El gobierno de Puebla ha registrado 11 casos de intento de linchamiento en los que las autoridades han logrado rescatar a 15 personas, dijo el lunes Ana Lucía Hill, la secretaria de Gobernación.

“Se ha llevado capacitación de personal a 144 ayuntamientos , lo que ha permitido que se reduzcan de manera importante estos casos, y ahora lo que se reporta es retención de personas”, explicó.

Pero medios locales han informado sobre varias muertes más y, según el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, entre 2015 y 2019 hubo 600 casos y 78 personas muertas en el estado.

Previamente, en un informe de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabilizó 336 actos o casos de linchamiento que involucraron a 561 víctimas entre 2015 y 2018.

Un vehículo incendiado en Puebla en 2018

Twitter
Dos hombres, también acusados de “robar niños”, fueron linchados en 2018 en Puebla.

Desde Huauchinango, el periodista Pablo Torres explica que no es lo común en Papatlazolco, que es una comunidad indígena de unos 2,600 habitantes.

“Conozco esas comunidades y las he recorrido. Estas poblaciones no se caracterizan por tener esta conducta de manera recurrente. Yo considero que fue un hecho provocado por la desinformación y la euforia de la gente. Pero no son poblaciones que se caracterizan por la violencia permanente”, explica.

“Aunque ya tienen algunas posibilidades de desarrollo, presentan cierto rezago. Es gente que en su mayoría carece de un buen nivel de estudios, lo que provoca en ellos, en la mayoría de las veces, es ignorancia”.

La familia Picazo González, por su parte, espera justicia.

Su hermana, Madeline Picazo, escribió en Facebook: “Elegí mi foto favorita para despedirme de ti, enterarme de la forma en que te arrebataron la vida me provoca la mayor repulsión hacia la gente que injustamente lo hizo sin saber que eras un profesionista, incapaz de hacer daño a nadie, amante de los viajes y de la vida, con un futuro brillante, vuela muy alto mi Dany”.

“Confío en que Dios hará justicia a toda esa gente que te cortó las alas… sólo por estar en el momento y lugar equivocados. Disfrutaste tu corta vida como mejor te gustaba, descansa en paz…”.

Daniel Picazo en un viaje

Daniel Picazo

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