63 mil órdenes de protección a mujeres, pero Estado falla en darles seguridad
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Emiten 63 mil órdenes de protección a mujeres, pero el Estado falla en darles seguridad

Cuando mujeres acuden con una autoridad, para pedir ayuda ante la violencia, son muchas las fallas que impiden activar los mecanismos de protección necesarios.
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4 de marzo, 2020
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Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre de 2019, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cuando ocurrió el crimen, ella ya había interpuesto una denuncia e iniciado un proceso judicial contra su pareja, quien presuntamente trató de asesinarla en enero de 2019. El hombre la habría golpeado con un bat mientras ella dormía.

Abril incluso tenía medidas cautelares, pero días antes del homicidio el hombre fue liberado de prisión por decisión de dos jueces y un magistrado, quienes consideraron que lo sucedido no fue intento de feminicidio, sino “lesiones y violencia familiar”. Días después, dos sujetos dispararon contra ella y la asesinaron.

Entérate: Abril quería ayudar a víctimas de la violencia, pero fue asesinada en la CDMX

En ese, como en la mayoría de los casos de violencia, dice Fátima Gamboa, coordinadora del área legal de la organización Equis Justicia para la Mujeres, el Estado falla, “porque no solo tiene la obligación de detener la violencia feminicida, tiene la obligación de detener cualquier posible situación de riesgo para una mujer, no se debe esperar a que su vida esté comprometida”.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de enero de 2020, se tienen registradas 197 mil 693 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer.

Mientras que según cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), se han emitido 63 mil 464 órdenes de protección, aunque no se precisa en qué periodo.

Animal Político contactó al Banavim para conocer el periodo en que se emitieron las órdenes. La persona que contestó dijo que el Banco no cuenta con área de comunicación y que desconocía el dato solicitado, pero después señaló que las 63 mil 464 órdenes de protección se han emitido desde el inicio de Banavim, que fue en 2010.

Más allá de las cifras, el problema no es si se otorgan o no las órdenes de protección, “sino que sea de la forma adecuada y que se les dé seguimiento”, subraya María de La Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Sobre el desconocimiento de datos, Estrada lamenta que el Banavim haya invertido recursos en una plataforma que no funciona como debería, y que es el reflejo del poco interés que hay en las órdenes de protección.

Gamboa también señala un dato: “hemos tenido talleres con jueces y uno de ellos nos decía que de 100 órdenes de protección que emite solo le llega el informe sobre cumplimiento y seguimiento de cinco de estas”.

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Sin denuncia

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una orden de protección se emite justo para proteger, y deben otorgarse por una autoridad competente —ministerio público o juez—, en cuanto se conozcan hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.

Para emitir estas órdenes, contrario a lo que se les hace creer a las mujeres, solo basta con su palabra, no se necesita una denuncia previa ni tener evidencia como llegar golpeada.

“Basta con el dicho de la mujer para que las autoridades otorguen la orden de protección, ya después pueden investigar, pero primero deben protegerla”, asegura Rodolfo Domínguez, coordinador general de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género AC.

Esto porque, además, señala Estrada, ir a denunciar pone en mayor riesgo a las mujeres. “El agresor se va a enterar, porque lo van a notificar, y los hombres cuando sienten que la mujer los acusa se vuelven más agresivos”.

Tampoco es necesario, dice la abogada de Equis Justicia, que la mujer tenga golpes visibles o que esté en el hospital: ante su solo dicho, el Estado debe activar los mecanismos necesarios para protegerlas.

“No lo hacen porque por estereotipo o prejuicio no les creen. Hay siempre una sospecha de que mienten, de que quieren abusar de la ley para vengarse del agresor. Pero es deber de los jueces y ministerios públicos aplicar el principio de buena fe, creerles, ponerlas a salvo y después hacer las averiguaciones correspondientes”.

El problema es que están más preocupados por no violar el principio de presunción de inocencia del agresor, cuando ni siquiera tienen que llegar al punto de encarcelarlo, sino solo asegurar la integridad de la mujer y hacer su trabajo de investigar, asegura Gamboa.

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No es un favor, está obligado

El Estado tiene el deber de prevenir, proteger, sancionar y reparar ante hechos de violencia contra la mujer. A eso está doblemente comprometido, primero por la firma del tratado Interamericano de Belém do Pará.

Los Estados parte, como México, convinieron en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar, y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer.

De la firma de ese tratado surge en México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Su objetivo es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar.

Pero hay grandes deficiencias en todo el sistema para llevar eso a la práctica, dice Gamboa. Primero, esta ley nacional es muy ambigua. Pero también que cada entidad tiene su propia ley y hay discrepancias entre una y otra.

“Hay 32 legislaciones locales de acceso a una vida libre de violencia y son heterogéneas. En Tlaxcala, por ejemplo, la orden de protección se debe dictar al momento. En Oaxaca se establece que es un lapso de 8 horas. En otros estados el rango de tiempo es hasta de 24 horas”, explica Gamboa.

Respecto a la función de las autoridades, la abogada dice que en la ley general, los jueces municipales, de paz y los jueces cívicos no tienen competencia para dictar las órdenes de protección, cuando son las autoridades que están más cerca de donde viven muchas mujeres, sobre todo en zonas marginadas e indígenas.

No hay además protocolos de actuación para dictar las órdenes de protección. “A los policías les dicen, ‘canaliza a la mujer al ministerio público’, pero no hay un protocolo de todas las acciones que se deben realizar para esto y eso genera vacíos y arbitrariedad por parte de las autoridades”.

Otro problema es que instancias de primera atención, como las del sector salud, clínicas y hospitales, o el DIF adonde llegan las mujeres cuando son agredidas, tampoco les dan el acompañamiento adecuado ni alertan a las autoridades para que se activen los mecanismos de protección.

La NOM046 establece que las instituciones de salud están obligadas a notificar al ministerio público cuando una mujer llega con signos de violencia, dice Luz Estrada, pero no lo hacen o tardan en hacerlo.

Además, en el caso de que la orden sí se emita, en realidad las medidas que se incluyen son insuficientes.

“Lo que ordenan son rondines de la policía o que se aperciba al agresor a no acercarse, pero no hacen un análisis del riesgo real en el que está la víctima, no hay una valoración de la violencia que vive ni de quien la ejerce, para dar una protección integral”, dice la coordinadora del OCNF.

Y para rematar, no existe una evaluación de la eficacia de estas órdenes, señala la abogada de Equis Justicia. “No hay un reporte de cómo están funcionado, no se hacen grupos focales, y se deberían hacer, para que las mismas mujeres digan si les ayudan o no, nada de eso existe”.

La falta de información impide conocer con exactitud la efectividad de las órdenes, pero también tener un diagnóstico sobre las mejoras necesarias. Lo cierto es que mientras las autoridades insisten en poner trabas, más mujeres son víctimas de violencia sin que tengan la opción de tener protección efectiva del Estado.

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3 decisiones de Trump que complicarán el arranque de Biden como presidente

Desde Cuba a Taiwán o Irán: el gobierno de Trump ha tomado importantes decisiones que pueden complicar los planes del nuevo presidente.
20 de enero, 2021
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En Estados Unidos, se denomina “pato cojo” o “rengo” (de “lame duck”) a un presidente saliente en el periodo que va desde la elección de su sucesor hasta su efectiva toma de posesión.

El adjetivo de “cojo” hace referencia a la supuesta poca capacidad del mandatario saliente de “moverse” políticamente en ese periodo. Pero, como en tantas otras ocasiones, el gobierno de Donald Trump ha roto con lo establecido.

En las últimas semanas y días, el Ejecutivo ha tomado importantes decisiones en materia de política exterior que pueden complicar los planes de Joe Biden, que tomó posesión como el 46º presidente de EE.UU. este miércoles 20 de enero.

Estos son algunos ejemplos.

1. Cuba

El pasado 11 de enero, a poco más de una semana del traspaso de poder, el gobierno de Trump hizo un anuncio con importantes repercusiones para América Latina: devolvió a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo.

“Con esta medida de nuevo hacemos responsable al gobierno de Cuba y mandamos un claro mensaje: el régimen castrista debe acabar con su apoyo al terrorismo internacional y con la subversión de la justicia estadounidense”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.

Para argumentar esa decisión, Pompeo señaló la negativa de Cuba a extraditar a miembros del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) de Colombia tras un atentado con bomba en enero de 2019 en un academia policial de Bogotá en el que murieron 22 personas.

Además, habló de la alianza de Cuba con Venezuela, donde Estados Unidos promueve un cambio de gobierno.

En 2015, el expresidente Barack Obama había sacado a Cuba de esa misma lista, en la que llevaba desde 1982, dando un paso fundamental en el “deshielo” que un año después resultaría en la reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países, si bien con Trump la postura de EE.UU. se volvió a endurecer.

Raúl Castro y Barack Obama.

Getty Images
Cuba y Estados Unidos reanudaron relaciones en 2016.

Biden ha expresado su voluntad de mejorar las relaciones con la isla, restableciendo algún nivel del compromiso iniciado con Obama -que incluye permitir que los cubanoestadounidenses visiten a sus familiares y envíen dinero-, pero ese paso puede verse ralentizado por las últimas medidas.

Para revertir la inclusión de Cuba en la lista, por ejemplo, el Departamento de Estado debe llevar a cabo una revisión formal que puede durar meses, advierten los analistas.

“Darle la vuelta a esta designación requiere tiempo”, señalaba a BBC Mundo John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, tras conocerse la última acción.

Kavulich aseguró, además, que para el gobierno de Biden puede ser un problema la conexión que Trump hizo entre Cuba y Venezuela.

Maduro y Díaz Canel

Getty Images
Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel son dos buenos aliados.

“La administración Trump conectó con éxito Cuba con Venezuela y el gobierno entrante de Biden lo ha hecho también. Puede haber incluso presión de congresistas para agregar a Venezuela a la lista en lugar de para quitar a Cuba”, manifestó.

2. China

Varias decisiones sobre China tomadas por el gobierno saliente de Trump volvieron a tensar la relación entre las dos potencias.

La primera de ellas se produjo el 9 de enero, cuando Pompeo anunció el levantamiento de las restricciones sobre contactos entre diplomáticos estadounidenses y taiwaneses, rompiendo con una política mantenida por décadas por la Casa Blanca.

China considera a la democrática Taiwán parte indisputable de su territorio y habitualmente describe a la que considera una “isla rebelde” como el asunto más delicado en sus lazos con EE.UU.

"La relación entre EE.UU. y Taiwán no necesita, ni debe, estar encadenada a las restricciones autoimpuestas de nuestra burocracia permanente"", Source: Mike Pompeo, Source description: Secretario de Estado saliente de EE.UU. , Image: Mike Pompeo

A pesar de que EE.UU., como la mayoría de países en el mundo, no mantiene relaciones formales con Taiwán, el gobierno de Trump ha aumentado su acciones de respaldo a la isla, a través de la venta de armas o la legislación para ayudar a Taipei a gestionar la presión de Pekín.

Tras cuatro años de profundo deterioro de las relaciones entre las dos potencias mundiales, esta última medida fue vista como un intento del líder republicano de fijar la línea dura contra China antes de la toma de posesión de Biden.

“La administración Biden estará legítimamente descontenta con que una decisión política como esta se realice en los últimos días de la de Trump”, consideró Bonnie Glaser, una de las mayores expertas en la relación sino-estadounidense en EE.UU., en declaraciones a Reuters.

Glaser, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, explicó que algunos ejemplos de las restricciones que Pompeo levantó incluían que funcionarios taiwaneses no pudieran entrar en el Departamento de Estado y, por tanto, tuvieran que reunirse en hoteles.

Map

Un funcionario del equipo de transición de Biden señaló que una vez que el presidente electo asuma el poder continuará apoyando “la resolución pacífica de los asuntos entre las dos orillas del Estrecho en consecuencia de los deseos y el interés de la sociedad de Taiwán”.

A la decisión sobre Taiwán, se sumó otro duro golpe de EE.UU. a China el último día de presidencia de Trump: la declaración de las acciones de Pekín contra los uigures de Xinjiang como “genocidio” y “crímenes contra la Humanidad”, lo que agriarán aun más las relaciones.

3. Irán

El gobierno de Trump también redobló su ofensiva contra Irán en este último tramo de su presidencia.

El 12 de enero, Pompeo acusó al país persa de ser “la nueva sede central” de Al Qaeda y mantener vínculos estrechos con el grupo terrorista.

Pompeo no aportó pruebas de sus acusaciones. Teherán las consideró “mentiras belicistas”.

Las declaraciones de Pompeo poco antes de su salida fueron vistas como un intento de reforzar la presión sobre Teherán antes de la llegada de Biden, que se espera que intente regresar al acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias, del que Trump retiró a EE.UU. en 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=WBlUC1mCPRs&feature=emb_title

A ello se sumó hace unos días el anuncio del Departamento de Estado de que declarará a los rebeldes hutíes de Yemen como organización terrorista, una acción que “se llevaba esperando meses” y que se teme que agrave la crisis humanitaria en el país, explicaba la corresponsal jefe de Internacional de la BBC Lyse Doucet.

“Los aliados de EE.UU. en el Golfo respaldan esta medida, pensada para enviar un duro mensaje a Irán“, ahondaba la periodista.

Los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, llevan luchando desde 2015 contra una coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen en una guerra que ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Mapa de Yemen

BBC

Algunos, decía la periodista, creen que la medida puede proporcionar una “valiosa moneda de cambio” al gobierno de Biden para conseguir concesiones, “pero diplomáticos occidentales involucrados en los prolongados esfuerzos para empezar un proceso político que ponga fin a la destructiva guerra están convencidos de que esto lo pondrá aún más difícil”.

Terminar con la guerra en Yemen, una idea que Obama inicialmente apoyó, será una prioridad para el equipo de Biden, destacó Doucet; por lo que esta decisión de última hora, que entrará en vigor un día antes del relevo de poder, puede que trastoque los planes del nuevo ocupante de la Casa Blanca.


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