COVID-19: Estados anuncian pruebas rápidas y luego se cae su compra
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
AFP

COVID-19: Estados anuncian pruebas rápidas, dan datos mínimos de su origen y luego se cae su compra

Jalisco y Oaxaca habían anunciado la aplicación de miles de pruebas rápidas para detectar COVID-19, pero no concretaron su compra. NL dice que sus pruebas vienen de Canadá, sin dar más detalles.
AFP
27 de marzo, 2020
Comparte

Nuevo León, Jalisco y Oaxaca anunciaron esta semana la aplicación de miles de pruebas rápidas para detectar COVID-19, aunque al hacerlo no detallaron su origen y su nivel de eficacia, y luego en el caso de los últimos dos estados  la compra de los test se cayó. 

En Oaxaca, el gobierno estatal confirmó a Animal Político que aunque el 25 de marzo pasado habían anunciado la compra de 10 mil pruebas rápidas, a fin de cuentas no se concretó la adquisición, porque hay escasez de este tipo de insumos a nivel mundial y porque no encontraron un proveedor que brinde un producto avalado por Cofepris. Continuarían buscando opciones para comprarlas.

En Jalisco el gobernador Enrique Alfaro dijo a Enrique Hernández, de W Radio, que no podrán iniciar por ahora la aplicación de pruebas rápidas que tenían programada para este jueves, porque “misteriosamente” los proveedores que les habían ofrecido ya no las tenían disponibles.

“De repente, misteriosamente, los proveedores nos quedaron mal. Nos cancelaron las órdenes de compra que tenemos“, expresó Alfaro.

“Han pasado cosas raras”, agregó, detallando que la orden de compra era con un laboratorio alemán, aunque antes en una entrevista previa, con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, había mencionado que las pruebas provenían de Estados Unidos.

Alfaro, sin dar el nombre del laboratorio alemán, dijo que los proveedores de los test primero le habían dicho que los productos se habían atorado en la aduana, luego ya no les respondieron el teléfono y al final les dijeron que no había pruebas disponibles, “y esa es una cosa que nos brinca”.

El gobernador mencionó que hay otras dos opciones que están revisando, para poder cumplir con lo que recomienda la OMS y seguir la ruta de Corea del Sur, de aplicar pruebas rápidas masivamente.

Esto se da con el contexto de lo ocurrido en España, donde el gobierno compró a una empresa china 640 mil pruebas rápidas aunque no tenía licencia para elaborarlas, según la embajada del país asiático.

Tras la alerta de China, según relató el diario El País, laboratorios de microbiología del país europeo comprobaron un mal funcionamiento de las pruebas compradas a la empresa Bioeasy, ya que tenían una sensiblidad del 30% y debían ser del 80%.

En cuanto a México, hasta la noche de este jueves ninguno de los tres estados mencionados en el inicio de este texto detalló cuáles eran las empresas que habían elaborado las pruebas que adquirieron o que pretendían adquirir, ni en conferencias de prensa ni cuestionadas por Animal Político, vía sus áreas de comunicación social.

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel Enrique de la O Cavazos, le dijo a un reportero en conferencia por la tarde que no sabía el origen de las 30 mil pruebas rápidas que tienen previsto aplicar, que preguntaría a la gente de laboratorio.

Más tarde, el área de prensa de la entidad solo dijo a Animal Político que venían de Canadá, aunque no se especificó la empresa de origen, ni si dichas pruebas ya estaban en la entidad.

De la O Cavazos reconoció que las pruebas rápidas que aplicaría Nuevo León no están avaladas por Salud federal.

“Sabemos que no cumplimos con la normativa”, dijo, aunque luego defendió que estas pruebas rápidas son una medida complementaria, que si bien no confirman un caso de COVID-19, sí pueden ayudar en el camino para detectar más casos y aplicar medidas de atención y aislamiento.

En su turno las autoridades de Salud de Jalisco, también en conferencia de prensa, explicaron que las pruebas rápidas, que funcionan aplicando un pinchazo en un dedo para tomar una muestra de sangre y dan resultados en cuestión de minutos, no identifican el ARN del virus, como sí lo hace la prueba PCR, que es la validada por Salud federal.

Las pruebas rápidas, detallaron, detectan los anticuerpos producidos por el virus y sirven para aproximarse más a posibles casos, aunque al igual que en Nuevo León mencionaron que la confirmación final del diagnóstico se da con la prueba PCR, cuyos resultados valida el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Jalisco y Nuevo León insistieron en ese punto, en que las pruebas rápidas no sustituyen a las PCR, que son la única prueba confirmatoria válida.

El estado de Jalisco tenía previsto aplicar 600 pruebas rápidas diarias durante un mes, con la compra de 20 mil test. Según lo dicho por el secretario de Salud local, Fernando Petersen, estas contarán con la aprobación de las autoridades sanitarias de la Unión Europea o de la agencia FDA de Estados Unidos.

Ana Bárbara Casillas, coordinadora Estratégica de Desarrollo Social de Jalisco, explicó que las pruebas rápidas no se están fabricando en México, por lo que de momento todas son de importación.

Antes de que se confirmara que se cayó la compras de las pruebas, Casillas mencionó que las habían adquirido por medio de HISA Farmacéutica, como proveedora, aunque no detalló cuál era la empresa que había elaborado los test.

Animal Político contactó a la empresa HISA Farmacéutica, pero no respondieron a la petición de información.

El área de prensa de Jalisco, contactada por Animal Político, dijo que no podían compartir el orden de compra que tenía en sus manos la funcionaria Bárbara Casillas, y que mostró a la distancia ante reporteros en la conferencia de prensa, ya que aún se encontraban en negociaciones para comprar las pruebas y revisando con otros proveedores.

Pero este viernes el jefe de información del diario El Informador, Jonathan Lomelí, dio a conocer la orden de compra.

En ella se detalla que el gobierno jalisciense compraría a HISA Farmacéutica S. A. de C. V., 20 mil pruebas rápidas con un valor unitario de 892.15 pesos. En total el gobierno del estado pagaría 17 millones 843 mil pesos, que serían pagados en un periodo de 30 días. Las pruebas se entregarían el 25 de marzo.

Este 26 de marzo, un  grupo de trabajo integrado por 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, entre ellos Transparencia Mexicana, advirtió sobre riesgos de corrupción en las compras y contrataciones directas que están haciendo los estados frente a la crisis sanitaria producto de la pandemia de virus COVID-19.

Recomendó “máxima publicidad en la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia para todo el ciclo de contratación pública, desde la determinación de las necesidades, hasta la entrega de los bienes y servicios a la población afectada.

La información deberá publicarse en formatos que permitan analizar cada una de las adquisiciones y su conjunto. Se deberá considerar el uso de datos abiertos”.

A Salud federal no le convencen las pruebas rápidas

Cuestionado sobre por qué no se hacen pruebas rápidas a nivel federal, considerando antecedentes internacionales como el de Corea del Sur, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo el 24 de marzo pasado que este tipo de pruebas tienen una calidad de diagnóstico limitada.

Incluso comparó este tipo de pruebas rápidas a echar una moneda al aire y hacer un volado, por lo que podrían arrojar falsos positivos o falsos negativos, elevando los riesgos de contagio.

“Hasta donde tenemos conocimiento por la revisión sistemática que vamos haciendo todos los días de los productos que aparecen no solamente en México, sino en el mundo, no hay todavía una prueba rápida con suficiente utilidad para ser considerada ya en su operación real.

Si algún momento lo hubiera y obviamente se considerara necesario estar haciendo pruebas en forma generalizada, podría considerarse este tipo de aditamentos”, expresó López-Gatell.

En otra de las sesiones informativas en Palacio Nacional, el pasado 20 de marzo, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo que la Cofepris sería la encargada de emitir un registro sanitario a nivel federal, de las pruebas rápidas para COVID-19, con una valoración del InDRE, y hasta este jueves la Cofepris no había dado a conocer una certificación de este tipo.

Salud federal, hasta la noche de este 26 de marzo, había confirmado 8 muertes por COVID-19 en México y 585 casos confirmados.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
Comparte

El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=17IOYOyeNf0

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.