Sin dinero y 'a garrotazos', así combaten en Nahuatzén la tala ilegal
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Manu Ureste

Sin dinero y 'a garrotazos', así combaten comunitarios de Nahuatzén la tala ilegal

"Hemos batallado mucho para poner un freno a quienes atacan al bosque. Para nosotros, el bosque es algo sagrado", dicen comunitarios de Nahuatzén.
Manu Ureste
2 de marzo, 2020
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Con las cicatrices aún frescas de tres balazos que estallaron en el cristal delantero, una vieja camioneta avanza renqueante por senderos sinuosos hasta adentrarse en la profundidad de los montes de Nahuatzén, en la meseta purépecha del estado de Michoacán.

La camioneta la maneja un integrante de la ronda comunitaria; un grupo de policías purépechas que desde 2015, cuando los vecinos de la localidad siguieron el ejemplo de lo sucedido en Cherán en 2011 y expulsaron a los partidos políticos y a la policía municipal por la corrupción y la violencia, tomó el control de la vigilancia del pueblo.

Aunque tomar el control no sería la palabra exacta.

Desde noviembre de 2017, el Tribunal Electoral michoacano reconoció al consejo comunal de Nahuatzén el derecho a autogobernarse sin partidos políticos. Pero, en los últimos dos años, la comunidad ha enfrentado -y enfrenta- múltiples problemas con el todavía existente gobierno municipal de Nahuatzén y con las autoridades del gobierno michoacano.

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Derivado de esos problemas, una Misión Civil de Observación, integrada por organizaciones como Serapaz o el Centro Pro de Derechos Humanos, entre muchas otras, documentó agresiones por parte de la policía estatal en contra de los comuneros de Nahuatzén, el encarcelamiento de dos concejales y de otro comunero, y la “asfixia presupuestaria” del consejo comunal, al que no le llegan los recursos de la Federación que por ley le corresponde para ejercer su autogobierno.

Lo anterior ha mermado notablemente la capacidad operativa del consejo comunal.

Y a la ronda comunitaria, también.

Efraín Avilés, vocero del consejo indígena de Nahuatzén, explica que hace unos cuatro años la ronda comunitaria tenía 120 elementos, a los que se equipó con chalecos antibalas, uniformes tácticos, botas, y un par de patrullas.

Pero hoy, ante la falta de recursos, la ronda solo tiene 36 elementos que, además, no reciben un salario, que ya no tienen chalecos, ni uniformes, ni botas, y que siguen dando rondines en las dos viejas patrullas que tienen impactos de bala en los cristales.

El resultado: un grupo de apenas cuatro policías purépechas va ahora arriba de la camioneta tratando de cuidar una enorme extensión de monte sin más armas que las palabras y los puños para enfrentarse a los talamontes que, ante la precariedad de los guardabosques y la falta de oportunidades laborales, han vuelto a brotar con fuerza en Nahuatzén y en otras localidades vecinas, como Comachuén.

“Hace un par de años logramos detener la tala ilegal hasta en un 85%. Pero ahorita ya no podemos. Estamos volviendo a lo de antes”, asegura Sergio Ramírez, uno de los conejales mayores del consejo indígena, que va sujeto a los hierros de una de las camionetas que va rumbo hacia el invernadero que el consejo abrió arriba del cerro.

Mientras habla, el vehículo va dejando tras de sí una estela de polvo y un paisaje donde, a simple vista, se aprecian los efectos de la tala masiva: hay troncos cercenados y ramas regadas por extensas ‘calvas’ de tierra.

Cuando dice que están “volviendo a lo de antes”, Sergio se refiere a hace unos cinco años, aunque rápido matiza que ese “antes” era todavía mucho peor que ahora.

En aquel entonces, toda la zona estaba dominada por el crimen organizado, que cobraba extorsiones y ‘derechos de piso’ al por mayor, tanto a los aserraderos, como a cualquier campesino que se acercara al monte a cortar unos cuantos troncos.

Sacar a los malandros del pueblo les costó mucho, enfatiza Sergio que aún luce los restos de un tatuaje en la piel morena del brazo derecho.

Fueron años de barricadas, de las que aún quedan abandonadas por las carreteras de la comunidad, como si fueran vestigios del paso de una guerra. Fueron años de armarse cada quién como pudiera, de enfrentamientos con quienes tenían al pueblo en permanente toque de queda, de balaceras, y de comuneros que aparecían muertos en los caminos de terracería con el rocío escarchado de la madrugada.

Ahora, la situación es otra.

El narco se mantiene a raya, por ahora. Aunque cada vez más, la gente se está lanzando al monte a buscar madera para sacar unos pesos.

“La tala se nos está saliendo un poco de control”, admite Sergio, al tiempo que la camioneta se encuentra de frente con un campesino montado a caballo que detiene su marcha en seco.

A simple vista, el hombre no trae armas. A lo sumo, el clásico machete que la mayoría en la zona lleva siempre pegado al cinturón.

Los guardabosques se miran unos a otros y el ambiente se torna tenso.

A lo lejos, el campesino se lleva la mano al sombrero. Saluda sin perder el gesto hosco, mientras, con la otra mano, tira de una lona azul para tratar -torpemente- de ocultar la mercancía que lleva en un viajo carromato: decenas de troncos gruesos de pino recién cortados.

Los guardabosques se dan cuenta del movimiento, pero asienten con la cabeza, regresan el saludo, y el hombre pasa con sus troncos ilegales.

Ante la escena, Sergio se encoge de hombros. Explica que para mucha gente en el pueblo “cortar unos pinos para luego fabricar muebles y venderlos” es prácticamente su única salida para subsistir en un municipio donde, según cifras oficiales, 8 de cada 10 de sus habitantes viven en condiciones de pobreza, y donde la alternativa es subir al monte, o emigrar, o acabar en la maña. No hay muchas más.

“Desafortunadamente -comenta el concejal agarrado de los fierros de la batea y aguantando como si fuera un vaquero arriba de una res brava los embistes violentos que da la camioneta a su paso por los senderos escarpados y llenos de baches-, si la gente no tiene otra forma de obtener un ingreso para dar de comer a su familia, tampoco podemos estar deteniéndolos a cada rato”.

“Nadie nos ayuda a defender el bosque”

Una hora y media después de partir desde la casa comunal de Nahuatzén, en la cabecera municipal donde hay calles pintadas con murales que aseguran que en el pueblo “no queremos a los partidos políticos”, la camioneta de los policías purépechas hace cumbre en una pequeña meseta, donde hay una basta extensión de campo cercado por vallas metálicas y una balsa de agua para riego.

Los policías y el concejal Sergio acceden al lugar, y rápido sale al encuentro Arnulfo Espino, un hombre de 60 años que viste una camisa de cuadros roja, pantalones tejanos y un sombrero estilo cowboy.

Las manos grandes y el rostro angosto de Arnulfo están agrietadas y polvorientas por el paso de los años, y por el desgaste del trabajo en el campo desde que prácticamente era un niño imberbe.

Por eso, por su experiencia, lo escogieron a él para cuidar del invernadero con el que el consejo comunal de Nahuatzén pretende ir reforestando lo que los talamontes devoran a diario, como si fueran termitas en una tienda de muebles.

“Todos los días vienen los talamontes, todos”, dice con el ceño fruncido el campesino, que está parado junto a una plantación de cientos de pinos que apenas sobresalen unos centímetros del suelo arcilloso del invernadero.

“Le hemos batallado mucho para poner un freno a quienes atacan al bosque. Para nosotros, el bosque es algo sagrado, porque sin bosque no hay agua, no hay animales, y tampoco hay vida”, dice con la mirada puesta en sus pinos, para los que asegura que tampoco cuenta con fertilizantes “para ayudarlos a que crezcan más rápido” y así acortar el proceso de reforestación.

“Pero a los presidentes eso no les importa -añade acariciándose el mentón por donde una barca grisácea brota desde la barbilla hasta el bigote formando un candado-. Por eso nunca han puesto un pie acá y por eso nadie nos ha echado la mano para defender el bosque”.

Y lo peor del caso, abunda Arnulfo, es que ahora que ya tienen su propio consejo y su propia ronda comunitaria “tampoco los dejan trabajar” porque los recursos no están llegando por el pleito con los gobiernos municipal y estatal. Y sin dinero, el sueño del autogobierno está muy complicado. Casi imposible.

“Nosotros solo pedimos que nos den los recursos que nos corresponde como consejo comunitario y que nos dejen trabajar para detener la taladera de nuestro monte”, hace hincapié el campesino, que sostiene entre sus grandes manos ocres uno de los pinos que, tal vez en meses, sirva para repoblar la vida del bosque que da la vida a Nahuatzén.

A garrotazos

Abel Sánchez, jefe de los pocos guardabosques que aún quedan en Nahuatzén, no viste ningún uniforme policiaco ni militar.

Como el resto de la ronda comunitaria, lleva un pantalón de mezclilla, un polo azul claro, y una gorra de béisbol. Poco más.

Arriba de la batea de la camioneta, ya de vuelta al pueblo antes de que termine de caer el ocaso anaranjado de la tarde, Abel lamenta que proteger el bosque se ha vuelto una tarea cada más más complicada y peligrosa, por la que muy pocos quieren arriesgar la vida. Y que conste que no lo dice como reproche, matiza a colación. Nadie trabaja de gratis, por mucho que se quiera al pueblo y a la comunidad. Y menos si en ello va implícito arriesgar la vida ante los delincuentes.

“Nosotros no vamos armados, no traemos nada porque no tenemos dinero para comprarlas”, insiste el hombre quien, no obstante, dice conciliador que los guardabosques “no son gente de violencia”.

“Siempre tratamos primero de hablar con los vecinos -recalca-. Les explicamos que no pueden llevarse tanta cantidad de árboles porque todos tenemos que cuidar el bosque. La mayoría lo entiende, aunque siempre sale por ahí algún rebeldito que no quiere entenderlo”.

¿Y qué pasa con esos que no entienden? -se le pregunta a Abel, a lo que éste, responde espontáneo con una sonrisa burlona.

“Entonces, de las palabras pasamos a los puños y a los garrotazos, como se ha hecho toda la vida”.

A unos 11 kilómetros del bosque, en Comachuén, la localidad vecina que desde el 2018 también consiguió el reconocimiento del Tribunal Electoral de Michoacán como comunidad que se autogobierna sin partidos políticos ni policía local, Virginia explica que la situación de la tala ilegal en su comunidad es idéntica a la de la cabecera Nahuatzén.

Aunque ella sí va uniformada con botas, pantalón y polo azul marino -al estilo de la Policía Federal-, la ronda comunitaria de Comachuén tampoco porta armas porque no tienen el dinero para comprarlas, y también porque legalmente aún no están autorizados para portarlas.

Por ello, su única autoridad en la calle y en los campos de la comunidad es la simbólica que le otorgó el pueblo. Y con eso, asegura Virginia, les alcanza para hacerse respetar y para imponer el orden.

“Cuando pillamos a los talamontes les quitamos los caballos y entonces tienen que venir a la presidencia comunal a pagar para poder recuperarlos. A veces, traemos tres y cuatro caballos por día. Pero también se nos escapan muchos”, expone la mujer.

En cuanto a si no reciben ayuda de otros cuerpos policiacos para cuidar los montes, Virginia encoge los hombros y sonríe resignada.

A veces, reciben apoyo de la policía estatal michoacana, dice. Pero la mayor parte del tiempo es ella y sus compañeros los que enfrentan “a los malos” con palabras o “a los puros golpes”, como sus compas de la ronda comunitaria de Nahuatzén.

Aunque, en otras ocasiones, también tienen que mirar para otro lado.

“Acá todos sabemos quiénes son los que suben al monte para cortar unos pocos troncos, y quiénes son los que suben con camionetas y armados”, asegura la policía, enigmática.

“Los que van con armas siempre se organizan en grupitos, nunca suben solos. Y cuando vemos que son ellos, mejor solo pasamos de largo y no nos acercamos…”, dice Virginia, que clava la mirada en sus botas negras recién boleadas con grasa y cierra los puntos suspensivos con una sentencia cargada de lógica: “Porque sin armas no podemos hacerles nada”.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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https://www.youtube.com/watch?v=cqiupsqBZik

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