El opaco Censo del Bienestar, la base para dar apoyos por COVID-19
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Censo del Bienestar: opacidad en registros y costos, y ahora la base para apoyos por COVID-19

La Coordinación de Programas para el Desarrollo en Presidencia ha rechazado entregar información sobre este ejercicio; mientras la Secretaría de Bienestar insiste en que solo esa Coordinación tiene información oficial.
Cuartoscuro
27 de abril, 2020
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El gobierno federal anunció que se utilizará el Censo del Bienestar para entregar créditos y apoyos durante la contingencia provocada por el COVID-19, pero a la fecha de este ejercicio que se realizó entre 2018 y 2019 no hay datos oficiales: no se conoce cuánto costó, a quiénes censó, o detalles de las personas registradas. 

La Coordinación de Programas para el Desarrollo de la Oficina de la Presidencia, a cargo del Censo, ha rechazado tener información; mientras que la Secretaría del Bienestar insiste en respuestas vía transparencia que solo esa coordinación tiene datos oficiales. 

Según el presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar el censo se fue a las zonas más pobres del país. Gabriel García Hernández, coordinador general de programas para el desarrollo de la oficina de Presidencia, explicó el pasado 23 de abril que el censo “fue un trabajo que se hizo inmediatamente que empezó la transición de gobierno, duró seis meses con 20 días”.

Explicó que se visitó 300 mil localidades y colonias del país y “se entrevistaron a 30 millones de personas”. 

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El funcionario agregó sobre este ejercicio que “la transparencia es la mejor amiga de la honestidad, de hecho siempre van de la mano. Lo primero es que se van a poner a disposición y ya están publicados todos los padrones de quienes reciben y eso da un primer nivel de transparencia”.

Pese a ello, no existen datos públicos oficiales que permitan realizar ese ejercicio de transparencia y conocer quiénes fueron las personas censadas, cuáles fueron los resultados del Censo del Bienestar o con qué metodología se realizó. 

Aunque García Hernández reconoció en conferencia de prensa ese 23 de abril que es responsable del Censo del Bienestar, en solicitudes de información vía transparencia hechas por Animal Político, la oficina de la Coordinación de Programas que dirige rechazó tener cualquier dato vinculado a este ejercicio. 

En enero y febrero de 2020, la Coordinación General de Programas para el Desarrollo dijo que no contaba con información sobre: “cuántas personas habían sido censadas, de qué localidades, municipios y estados; información sobre sexo, edad y ocupación de las personas censadas; o recursos ejercidos para implementar el Censo del Bienestar”. 

La respuesta de la oficina de Gabriel García Hernández fue que no contaba con una estructura operativa a su cargo dado que no se había emitido el nuevo Reglamento Interior de la Oficinal de la Presidencia y dirigió la solicitud hacia la Secretaría del Bienestar, diciendo que a esa instancia le corresponde “integrar, mantener y actualizar un sistema de información con los padrones de beneficiarios de programas sociales de la Administración Pública Federal”. 

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Pero aún la Secretaría de Bienestar rechazó tener información sobre el Censo del Bienestar. 

El 17 de enero de 2020 dijo que la única información disponible es que “con fecha de corte al mes de abril han sido censadas 21 millones 327 mil 846 personas, a nivel nacional”. 

“No se cuenta con otra información de sexo, edad, ocupación u otros” sobre las personas censadas; tampoco sobre recursos públicos ejercidos o partidas presupuestales y objetos del gasto de las partidas de las que provinieron los recursos, respondieron a solicitudes de información.

La Secretaría del Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo indicaron que para conocer los recursos públicos ejercidos en este ejercicio era necesario consultar a la Secretaría de Hacienda. 

Hacienda respondió vía transparencia que no contaba con información y dijo que “el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que los ejecutores del gasto son los encargados de rendir cuentas por la administración de los recursos públicos”. En este caso, señaló a las instancias de gobierno que ya habían rechazado entregar los datos públicos. 

En marzo de 2020, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) admitió el recurso de revisión ante la negativa del gobierno federal de entregar datos sobre el Censo del Bienestar. 

El INAI, bajo la ponencia del entonces comisionado Joel Salas, determinó que existía información pública suficiente para determinar que el gobierno federal ha estado “registrando a la sociedad a diversos programas a través del Censo del Bienestar” y, por tanto, debe contar con información pública al respecto que merece ser transparentada. 

Y no solo eso, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que el gobierno federal cuenta en las entidades con las “Delegaciones de Programas para el Desarrollo” que tienen a su cargo “la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo”, en este caso, como ha dicho en múltiples ocasiones el presidente López Obrador, a través del Censo del Bienestar. 

La misma Ley indica que esto ocurrirá a través de los lineamientos que emitan la Secretaría del Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la Oficinal de la Presidencia. 

Incluso, la ley señala que las Delegaciones de Programas para el Desarrollo estarán adscritas a la Secretaría del Bienestar, pero sus titulares serán designados a propuesta de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, que ha estado a cargo por instrucción del presidente López Obrador. 

Cada una de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en los estados del país respondió a solicitudes de información tras el recurso de revisión interpuesto por Animal Político. 

Todas las Delegaciones rechazaron tener cualquier información sobre el Censo del Bienestar o las operaciones de los llamados Servidores de la Nación —identificados así a quienes, según el gobierno federal, levantaron el censo—. 

Lo que sí dijeron todas las Delegaciones, en respuestas separadas entregadas vía transparencia, es que la información disponible del Censo del Bienestar corresponde a las Unidades de Coordinación de delegaciones que reportan a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la Oficina de la Presidencia, instancia a cargo del Censo del Bienestar. 

Las mismas Delegaciones remitieron a las Unidades que reportan a la oficina de Gabriel García Hernández en Presidencia, que ha negado contar con estructura operativa para llevar a cabo el Censo  y, por tanto, ha rechazado transparentar cualquier información de este ejercicio.

El pasado 23 de abril, Gabriel García Hernández habló de transparencia para el Censo del Bienestar, pero no es la primera vez que se hace esa promesa. 

En febrero de 2019 el presidente López Obrador dijo: “Llevamos un censo realizado para beneficiarios de los programas sociales que alcanza a 24 millones de personas. Los padrones se van a hacer públicos, se van a transparentar para que todos los mexicanos sepan a quién se está apoyando, a quién se les está entregando una beca, un crédito; un apoyo por ser adulto mayor, por ser una persona con discapacidad. Todo se va a transparentar. Estamos en ese proceso”.

Con la emergencia por COVID-19, el gobierno federal insiste en que el Censo del Bienestar será la base para repartir apoyos, aunque a la fecha, no se conocen datos sobre este ejercicio, cómo se realizó, cuánto costó o quienes son las personas inscritas.

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Sinovac: la emergencia por la que expertos en Indonesia piden una tercera dosis de esta vacuna china

Desde febrero han muerto al menos 30 médicos y enfermeras que ya habían recibido dos inyecciones de la vacuna china en un país que registra más de 20 mil nuevos contagios al día.
Getty Images
5 de julio, 2021
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Al menos 20 médicos y 10 enfermeras en Indonesia murieron entre febrero y junio de este año, a pesar de estar vacunados con dos dosis contra la COVID-19, según la asociación de los trabajadores de la salud del país.

Los expertos están haciendo ahora un llamado para que estos reciban una tercera dosis de Sinovac (la vacuna china que también se administra en Chile, Uruguay y varios otros países de América Latina), mientras Indonesia lucha contra un aumento en las infecciones impulsado por nuevas variantes.


En la entrada de un centro de vacunación en las afueras de Yakarta, cientos de personas empujan para entrar. Un guardia les dice que tengan paciencia, que adentro no hay espacio.

Menos del 8% de la población(250 millones) de Indonesia ha sido vacunada y con un aumento dramático de casos, impulsado por nuevas variantes como la delta, la gente está desesperada por obtener protección.

Dentro, el alcalde local, Arief Wismamsyah, explica que ha habido un malentendido: deben registrarse antes de acercarse, dice.

Afuera, por un altavoz, los guardias le dicen a la gente que se vaya a la casa… pero nadie se mueve.

“Ningún efecto”

Actualmente Indonesia registra más de 20,000 nuevos casos de COVID-19 por día, aunque los expertos dicen que la cifra es con toda probabilidad mucho mayor, dado que no se hacen suficientes pruebas fuera de la capital, Yakarta.

Multitud frente a un centro de vacunación en Denpasar, Bali, Indonesia, 26 de junio de 2021

Antara/Reuters
Las filas frente a los centros de vacunación son inmensas.

Pero incluso entre los inmunizados hay una creciente preocupación sobre cuánta protección les brindará la vacuna fabricada en China.

De los 949 trabajadores de la salud que murieron por COVID-19 en Indonesia entre febrero y junio, 20 médicos y 10 enfermeras habían recibido ambas dosis de Sinovac.

Los médicos se muestran reacios a hablar públicamente, pero admiten que se sienten muy vulnerables.

Una especialista en pulmones, que prefiere permanecer en el anonimato, es una de las que recibió sus dos dosis.

Después de un mes, dice que se hizo una prueba para verificar el nivel de anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad en su cuerpo.

“No tuvo ningún efecto. Esta vacuna no me generó anticuerpos“, le dijo al servicio indonesio de la BBC. “La hice de nuevo un mes después y obtuve los mismos resultados”.

Reconoce que algunos de sus colegas obtuvieron mejores resultados, pero en ella, la vacuna Sinovac tuvo poco o ningún efecto, remarca.

Ensayos

La Sinovac fue aprobada para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indicó que los resultados habían mostrado que previno la enfermedad sintomática en el 51% de las personas vacunadas.

También señaló que la vacuna previno los casos graves de COVID-19 y la hospitalización en el 100% de la población estudiada.

Médicos en Indonesia

EPA
Los trabajadores de la salud comenzarón a ser vacunados con Sinovac en enero.

Sinovac Biotech, que fabrica la vacuna, insiste en que dos dosis son suficientes para ofrecer protección contra los casos graves de la enfermedad.

La farmacéutica informó que está realizando ensayos clínicos sobre la eficacia de una tercera inyección y afirma que los primeros resultados son alentadores.

“Después de dos inyecciones, nuestro cuerpo ya ha producido una memoria inmune. En cuanto a en qué casos se necesitará la tercera inyección, hay que darles a los investigadores más tiempo para estudiarlo”, dijo recientemente Yin Weidong, CEO de Sinovac a la Televisión Central de China.

Yin explicó que cuando los voluntarios que habían sido doblemente vacunados con la vacuna Sinovac recibieron una tercera inyección después de tres y seis meses, la respuesta de anticuerpos llegaba a multiplicarse por 10 en una semana y por 20 en 15 días.

El equipo de mitigación de riesgos de la Asociación Médica de Indonesia dice que cree que, en general, cualquier vacuna aprobada por la OMS y las autoridades indonesias está ayudando a reducir el riesgo de COVID-19 grave.

Pero ahora está evaluando si los trabajadores de la salud deberían recibir una dosis adicional.

Debate sobre la tercera dosis

Dicky Budiman, epidemiólogo de la Universidad Griffith, en Australia, se encuentra entre los que apoyan la medida.

“En este momento en el que nos enfrentamos a una ola impulsada por nuevas variantes, es muy urgente que reciban un refuerzo. Es necesario potenciar la efectividad de la vacuna Sinovac y aumentar los anticuerpos frente a variantes como la delta uno”, opina.

Sinovac

EPA
Indonesia confía en la vacuna Sinovac para frentar el avance de la pandemia.

Tri Yunis Miko, epidemiólogo de la Universidad de Indonesia, dice que la eficacia de la vacuna disminuye con el tiempo, y recuerda que han pasado seis meses desde enero, cuando los trabajadores de la salud recibieron sus vacunas en el país.

Pero Windhu Purnomo, profesor de la Universidad de Airlangga, también en Indonesia, se pregunta si tiene algún sentido recibir una tercera dosis.

“Hemos visto varios casos de trabajadores de la salud que murieron y que estaban completamente vacunados. Eso no debería haber sucedido”, dice.

“Si la vacuna Sinovac de hecho no protege a las personas contra nuevas variantes, entonces la administración de terceras dosis no será de utilidad”.

Siti Nadi Tarmizi, portavoz del gobierno de Indonesia para el lanzamiento de la vacuna, dice que están esperando más información.

“En relación a la sugerencia de una tercera dosis de la vacuna, no ha habido publicaciones científicas ni recomendaciones adicionales de la OMS al respecto. Por lo tanto, debemos esperar”, dijo.

“Tenemos nuestro propio equipo de investigación que se encuentra en la tercera fase de un ensayo clínico que analiza la eficacia de la vacuna Sinovac después de dos dosis. Esto nos proporcionará información sobre si necesitamos agregar una tercera inyección de refuerzo”.

“Al borde de una catástrofe”

Indonesia ha tenido el peor brote de COVID-19 del sudeste asiático, con alrededor de 2.1 millones de casos positivos y 57,000 muertes hasta la fecha.

ICU ward for COVID-19 patients at a government-run hospital in Jakarta, 26/06/2021

Reuters
Las nuevas variantes están propiciando un aumento en el número de casos en el país.

El mes pasado, la Cruz Roja de Indonesia describió la situación del país como “al borde de una catástrofe de COVID-19”, con hospitales llenos y suministro de oxígeno a niveles críticamente bajos.

El número de niños que contraen COVID-19 casi se ha triplicado desde mayo, y las muertes infantiles han aumentado drásticamente a medida que el país sufre la ola de infecciones más grave hasta el momento.

El presidente Joko Widodo anunció recientemente que el gobierno administrará la vacuna a niños mayores de 12 años.

Y las autoridades anunciaron un cierre de dos semanas en la isla principal de Java así como en Bali, con el objetivo de reducir a la mitad el número de casos.

Mientras que otras vacunas pueden estar disponibles en Indonesia, como las de AstraZeneca y Sinopharm, la mayoría de las dosis ha sido suministradas por su aliado cercano, China.

Por ello, la realidad es que el gobierno tiene pocas opciones en este momento, aparte de continuar usando Sinovac.


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