Centros de Justicia para Mujeres ajustan servicios por COVID
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Cuartoscuro

Centros de Justicia para las Mujeres ajustan servicios en contingencia por COVID-19

Los centros redujeron servicios y otros se suspendieron pese a que la atención a la violencia contra las mujeres es “esencial”.
Cuartoscuro
29 de abril, 2020
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El acuerdo de emergencia sanitaria por COVID-19 estableció que los servicios de atención a la violencia contra las mujeres son “esenciales”, por lo que deben seguir abiertos. Sin embargo, la mitad de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM o Cejum) ha reducido los servicios que presta, en varios casos, porque los poderes judiciales estatales suspendieron labores.

Además, en cuatro estados no hay Centro y en otros cuatro no tiene albergue de emergencia para recibir ni por unos días a mujeres que tengan que huir de casa por enfrentar violencia de su pareja, un reclamo de distintas organizaciones sociales que consideran que en estos momentos hubiera sido aún más importante implementar, cuando ya se ha probado que las agresiones en los hogares están aumentando.

El pasado viernes, en su rueda de prensa mensual sobre violencia de género, la Secretaría de Gobernación dio a conocer un mapa digital donde por primera vez se pueden ver  todos los servicios disponibles para atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes —desde Institutos locales de la Mujer, procuradurías de protección de menores, servicios especializados de salud y refugios—, que se puede consultar en este enlace.

Lee: Asesinan en un día a 5 mujeres en Guanajuato; los crímenes fueron en León, Salamanca y Celaya

Los Centros de Justicia para las Mujeres son espacios que concentran personal de diferentes dependencias de gobierno para dar atención psicológica, médica y jurídica para mujeres que sufren violencia, talleres de empoderamiento y ludoteca para el desarrollo de niñas y niños. En la mayoría de los casos, aunque por normativa todos deberían tenerlo, cuentan con albergues temporales que reciben por máximo tres días a quienes salen huyendo de su casa, en lo que encuentran otra opción dónde quedarse, que puede ser con familiares, o de plano son canalizadas a un refugio de la sociedad civil para permanecer escondidas por periodos más largos.

En el mapa presentado el viernes, a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), 26 de los 48 Centros existentes en 28 estados tienen aclaraciones sobre ajustes que hicieron en sus servicios, de acuerdo con un recuento hecho por Animal Político.

Algunos de los casos más extremos son, por ejemplo, los de Guerrero, donde hay CJM en Chilpancingo y en Tlapa de Comonfort, pero aclara que por ahora no se están tomando demandas porque el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado suspendieron labores, y que están operando con el mínimo de personal. Algo similar ocurre en el de Mérida, Yucatán.

“No se están iniciando procedimientos: en materia familiar (divorcios, alimentos, custodias), ya que el Poder Judicial del Estado, determinó la suspensión de la atención general al público”, avisa este Centro.

Los de Coahuila, que tiene sedes en Saltillo, Torreón, Frontera, Matamoros y Ciudad Acuña, aclaran que no hay trámites jurídicos ante juzgados familiares, a menos que sean casos urgentes de recuperación de menores.

Entérate: Línea Mujeres de Locatel recibió en marzo una cifra récord de llamadas por violencia de género

Y el de Juchitán, Oaxaca, señala que se suspendieron “los servicios de instancias de gobierno, incluyendo sector salud”.

Ya a principios de abril la organización Equis Justicia advirtió que solo 5 de 32 Poderes Judiciales del país estaban implementando guardias de personal para garantizar a las mujeres medidas de protección en el orden penal y familiar contra su agresor, y otras para proteger los derechos de niños y niñas a pensión alimenticia y convivencia familiar.

Otros Centros de Justicia solo suspendieron actividades como la ludoteca para menores, las terapias grupales y todos los talleres que implicaban reuniones de personas, o no dan citas para nuevas atenciones psicológicas, sino solo seguimiento a los casos que ya atendían.

También hay casos positivos, en los que los Centros de Justicia más bien hicieron ajustes para reforzar su atención. Es el caso del de Cancún, Quintana Roo, que implementó una línea de teléfono extra para usuarias y un chat para la comunicación entre todas las dependencias encargadas de dar servicios. Durango tiene tres números telefónicos de atención; Zacatecas está atendiendo por mensajes privados en redes sociales, aunque implementó guardias de personal con horarios limitados; y Oaxaca capital anunció atención por medios electrónicos.

Jalisco, en sus centros de Guadalajara y Puerto Vallarta, elaboró un plan para reforzar la atención y está haciendo monitoreo a las mujeres que ya han recurrido a sus servicios. Y algunos pusieron servicios extra de orientación y vigilancia médica sobre la pandemia de COVID-19, como el de Culiacán, Sinaloa, y los de Chihuahua en la capital y en Ciudad Juárez.

Amnistía Internacional hizo un llamado el 7 de abril, junto con Equis Justicia y la Red Nacional de Refugios para mujeres víctimas de violencia, para que el Estado mexicano garantice la protección de estos servicios y la necesidad de brindar opciones de alojamiento temporal a quienes tengan que salir de su casa por agresiones de su pareja.

Lee: Publican normas para Refugios de Mujeres; Red de albergues pide que recursos se asignen este mes

En entrevista con Animal Político, la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía, Edith Olivares Ferreto, comentó que de inmediato tuvieron respuesta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que supervisa los Centros de Justicia, asegurando que desde el 25 de marzo les ordenaron no suspender actividades, sino redoblar esfuerzos. Y aunque ninguno cerró, muchos solo implementaron servicios a distancia.

“Yo debo decir que no es lo mismo, digamos, para efectos de la atención que requieren las mujeres, no es lo mismo acudir al Centro que hacer una llamada, porque como sabemos, en muchas casas las mujeres están en riesgo de violencia, sobre todo ahora durante el confinamiento, pues están con el agresor también adentro de la casa”, señaló la experta.

Pero lo que consideró más grave, es que no se estén tomando acciones extras de parte del gobierno para brindar un espacio seguro a las mujeres que lo requieran, ya que por normativa de Conavim, los Centros deberían tener casas de emergencia para recibir a víctimas al menos tres días, pero esto no se ha cumplido.

“Algunos Centros de Justicia no tienen casas de emergencia habilitadas, una minoría. Sí es importante este señalamiento porque el comunicado que habíamos hecho y compartido con la Red Nacional de Refugios, parte de lo que nos comentaba es que en los estados donde los Centros de Justicia no tienen casa de emergencia, pues las mujeres van directo al refugio, y claro, eso también está saturando los refugios”, detalló Olivares.

“Le pedimos esa información a Conavim y lo que nos dicen es: en donde no había casa de emergencia, sigue sin haber. No nos dicen cuáles son, pero señalan que los que tienen no las han cerrado, pero los que no tenían no los han abierto. Lo cual sí nos parece un tema preocupante porque estamos en una situación de emergencia sanitaria que también nos pone en riesgo de otras emergencias y sería más bien  momento de redoblar los esfuerzos para prevenir otras emergencias”.

De acuerdo con la revisión del mapa publicado por Indesol, no tienen casa de emergencia los dos Centros de Chihuahua; los de Puebla capital y Tehuacán, en Puebla; el de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ni el de Irapuato, Guanajuato. En estos dos últimos estados, al menos hay refugios de la sociedad civil, y en Puebla hay un albergue para víctimas de trata de personas. Pero en Chihuahua no existen ninguna de las opciones de acogida temporal.

Otros Centros sin albergue son el de Azcapotzalco, Ciudad de México; el de Amecameca, Estado de México; y el de Tlapa, Guerrero, aunque en otro punto de la entidad sí tienen.

Por último, ni siquiera hay Centro de Justicia para las Mujeres en Baja California, Tabasco, Nuevo León y Tamaulipas. Tan solo en los dos primeros estados hay refugios de la sociedad civil y en Nuevo León existe un modelo de refugio adoptado por el gobierno llamado “Puerta Violeta”, pero en Tamaulipas no.

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5 interrogantes sobre Trump y el asalto al Capitolio de hace un año

Cuando se cumple un año de la toma del Capitolio, un comité del Congreso continúa recopilando información en una gran investigación para determinar qué pasó y cómo se llegó a ese momento.
6 de enero, 2022
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Ha pasado ya un año desde que una turba de seguidores de Donald Trump asaltara el Capitolio de EE.UU. en un intento por frenar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

El recuento más completo de los eventos que llevaron a ese día y de lo que ocurrió durante esa jornada todavía se está recopilando: es la misión de un comité especial de la Cámara de Representantes del país creado para ese fin.

El comité, compuesto por siete miembros del Partido Demócrata y dos del Partido Republicano, se estableció después de que fracasaran diferentes intentos para crear una investigación independiente.

El comité tiene una tarea titánica: hasta el momento ha acusado a 275 personas de intentar impedir que el Congreso llevara a cabo la certificación de la victoria electoral del actual presidente Joe Biden.

Además, ha acusado a más de 300 personas por crímenes menores, que incluyen invasión de una propiedad del gobierno federal y conducta desordenada.

Según miembros del comité, la mayoría de aquellos que han sido contactados han accedido a cooperar.

Sin embargo, unos cuantos de los más cercanos a Donald Trump se han resistido. Han argumentado que poseen privilegios ejecutivos, un principio legal que protege las comunicaciones informales entre los presidentes y sus asesores.

Hasta el momento dos de ellos, el hombre de confianza de Trump Steve Bannon y el exjefe de gabinete Mark Meadows, han sido citados por la Cámara de Representantes acusados de desacato al Congreso.

Bannon enfrentará un juicio penal este año. Otros, como el exasesor de Trump Roger Stone y el exaliado de Trump Alex Jones han invocado la quinta enmienda de la Constitución (la cual defiende el derecho a permanecer en silencio para no autoincriminarse) para no responder preguntas sobre su papel en el levantamiento.

Hay una serie de vacíos y preguntas clave que el comité está buscando responder. Aquí hay algunas de las más urgentes.

1. ¿Qué tan involucrada estuvo la Casa Blanca en la organización de las manifestaciones del 6 de enero?

Bennie Thompson, el presidente de la investigación del Congreso, recientemente mencionó algunos de los elementos que su comité está tratando de entender sobre las marchas que ocurrieron en Washington DC y que precedieron al ataque al Capitolio.

Necesitamos saber quién organizó, planeó, pagó y recibió fondos relacionados con estos eventos, al igual que el tipo de comunicaciones que tuvieron organizadores con funcionarios de la Casa Blanca y del Congreso”, dijo.

Uno de esos organizadores, el activista conservador de ultraderecha Ali Alexánder, ya testificó ante el comité, y contó que estuvo en contacto con la Casa Blanca y miembros republicanos del Congreso con antelación.

La naturaleza exacta de esos contactos todavía no se ha revelado públicamente.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante un discurso el 6 de enero de 2021

Getty Images
Trump les dijo a sus seguidores que marcharan hacia el Capitolio durante una manifestación el 6 de enero de 2021.

El testimonio público inicial de Alexánder ante el comité puso algo de la culpa de lo que pasó ese día sobre los líderes de Women for America First (“Mujeres por América Primero”), quienes organizaron el evento cerca de la Casa Blanca, donde Trump les dijo a sus seguidores que marcharan hasta el Capitolio.

Además, agregó que hicieron poco por tratar de controlar la violencia y que pudieron haber estado en un hotel, a una cuadra de la Casa Blanca, “bebiendo champaña” mientras ocurría el ataque al Capitolio.

Las actividades en ese hotel, el Willard Intercontinental, han sido de particular interés para el comité del Congreso. Steve Bannon, el exalcalde de Nueva York Rudy Giulianni, el exasesor de seguridad nacional de Trump Michael Flynn, el locutor conservador Alex Jones y el confidente de Trump Roger Stone, son algunos de los nombres reconocidos que se vinculan con las reuniones en el hotel.

El comité indicó en su resolución de desacato al Congreso que cree que Bannon tuvo contacto directo con Trump sobre las manifestaciones del 6 de enero en al menos una ocasión. Y Jones dijo que la Casa Blanca le pidió liderar la marcha hacia el Capitolio.

El presentador de radio de ultraderecha Alex Jones hablándoles a los manifestantes mediante un megáfono

Getty Images
El presentador de radio de ultraderecha Alex Jones le habló a los manifestantes antes de la toma

2. ¿Tuvo alguien en el gobierno o en los círculos cercanos a Trump alguna razón para creer que el día se iba a tornar violento?

Luego de semanas de llamadas, mensajes en Twitter y batallas legales infructuosas, Trump enfocó su atención en el 6 de enero como el día clave que definiría si podría anular los resultados de la elección.

“Gran protesta en DC el 6 de enero”, escribió en Twitter el 19 de diciembre. “Vayan, ¡será salvaje!”.

Continuó esa línea 11 días después con otro mensaje en Twitter: “SEIS DE ENERO, ¡LOS VEO EN DC!”.

Según un reporte del diario The Washington Post, hubo amplia evidencia de que grupos militantes de ultraderecha estaban preparándose para viajar al Capitolio el 6 de enero, y que estaban siguiendo las declaraciones públicas del presidente como guía.

Las agencias federales de seguridad y el ejército, sin embargo, fueron reacios a tomar medidas más extensas para prepararse, por miedo a llamar la atención y la ira del presidente.

Una sugerencia del jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley de asegurar la capital fue descartada por ser muy provocadora. Milley, según el Post, también estaba preocupado por que las fuerzas militares desplegadas en Washington pudieran recibir órdenes contradictorias del presidente.

El 5 de enero, Bannon dijo en su podcast que llegaba una “revolución”.

El infierno se desencadenará mañana”, añadió.

Esa misma tarde, Trump escribió en Twitter: “Washington se está inundando con la gente que no quiere ver una victoria electoral robada por demócratas radicales de izquierda. Nuestro país ha tenido suficiente, ¡no lo van a aceptar más!”.

Varios de los organizadores de las manifestaciones, según un reporte del sitio web de periodismo investigativo ProPublica, estaban preocupados de que el 6 de enero se tornara violento.

Y la marcha de la Casa Blanca al Capitolio generaba una preocupación particular.

Manifestantes a favor de Trump marchan de la Casa Blanca al Capitolio

Getty Images
Manifestantes a favor de Trump marchan de la Casa Blanca al Capitolio

“Una marcha de último minuto, sin permisos, sin la policía metropolitana que normalmente estaría allí para fortalecer el perímetro, se sentía insegura”, le dijo a ProPublica Dustin Stockton, uno de los organizadores de la manifestación de la Casa Blanca que fue citado por el comité.

Stockton quería que esas preocupaciones se le extendieran a la Casa Blanca, algo que, según cuenta, le aseguraron que sucedería.

Durante su discurso en la Casa Blanca, Trump específicamente incentivó a sus seguidores a marchar al Capitolio. Dijo que debían hacerlo “pacífica y patrióticamente”, pero en otro punto los animó a “pelear como nunca”.

Policías protegen la Cámara de Representantes durante la toma del Capitolio del 6 de enero

Getty Images
La policía le disparó a una manifestante mientras intentaba entrar a la Cámara de Representantes

3. ¿Cómo respondió el presidente cuando el Capitolio estaba bajo ataque?

Desde la época de Richard Nixon, los escándalos presidenciales se han definido por dos preguntas: ¿qué sabía el presidente y cuándo lo supo? Estas son aún relevantes en la investigación del ataque al Capitolio, pero además hay una tercera: ¿qué hizo el presidente una vez se enteró?

Gran parte de la investigación del comité se ha enfocado en tratar de entender las actividades del presidente el 6 de enero: antes, durante y después del ataque.

Es por lo que el comité ha estado enfrascado en una larga batalla legal para obtener documentos, incluyendo registros de llamadas y reuniones, notas y discursos, de los Archivos Nacionales referentes a ese día.

Ya hay algunos detalles sobre la presión que recibió el presidente para que respondiera con más fuerza cuando el Capitolio estaba bajo ataque.

La congresista republicana Jaime Herrera Beutler contó cómo el líder de la minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, llamó al presidente y le urgió a que hiciera que los atacantes se fueran. Cuando el presidente objetó, la conversación se transformó en un concurso de gritos envueltos en obscenidades.

El senador republicano por el estado de Alabama Tommy Tuberville también habló con el presidente y le dijo que las cosas no estaban yendo “muy bien”, agregando que él y el vicepresidente Mike Pence estaban siendo evacuados del Capitolio.

“Sé que tenemos problemas”, respondió Trump.

El entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows presentó al comité investigador mensajes de texto y correos electrónicos de personalidades conservadoras de TV y miembros de la propia familia de Trump, presionándolo para que el presidente hiciera una declaración televisiva y que tomara mayores acciones para frenar la violencia.

“Tiene que liderar ahora”, le escribió Donald Trump Jr. “Ha llegado demasiado lejos y esto se fue de las manos”.

“Estoy presionando fuerte”, respondió Meadows.

Agentes de policía se enfrentan con manifestantes durante los disturbios del 6 de enero

Getty Images
La batalla para retomar el Capitolio duró varias horas

Las acciones del presidente, sin embargo, son el gran agujero negro en medio de la investigación.

Si Meadows presionó, ¿cómo reaccionó el presidente? Hay reportes que indican que Trump pasó la mayor parte de esa tarde viendo televisión en su comedor privado en la Casa Blanca.

El comité ha citado a funcionarios de la Casa Blanca que pudieron estar cerca del presidente ese día y está en una batalla legal para adquirir documentos gubernamentales que le puedan ayudar a llenar ese agujero negro.

4. ¿Por qué se demoró la respuesta militar y de seguridad al ataque?

En la mañana del 6 de enero, la policía de parques de EE.UU. ya estaba enfrentándose con seguidores de Trump en el Monumento a Washington y en el Monumento a Lincoln.

A los agentes se les indicó que se mantuvieran al margen y que “solo monitorearan” la situación.

Luego de la marcha Stop the Steal (“Frenen el robo”) y del discurso de Trump, la violencia escaló.

Seguidores revoltosos de Trump atacaron a la policía alrededor del Capitolio y forzaron su entrada al edificio, donde ocuparon la cámara del Senado y saquearon las oficinas de líderes del Congreso.

Poco antes de que los manifestantes entraran en el Capitolio, el mayor General William Walker, comandante de la Guardia Nacional de DC, hizo una solicitud al secretario de Defensa interino Christopher Miller para poder desplegar sus fuerzas y manejar la crisis.

La autorización demoró más de dos horas y soldados de la Guardia Nacional no llegarían masivamente al Capitolio hasta una hora después.

Un 'marine' de los EE.UU. protegiendo la Casa Blanca el 6 de enero

Getty Images
Un ‘marine’ de los EE.UU. protegiendo la Casa Blanca el 6 de enero

El comité está buscando más pruebas de comunicaciones entre el Capitolio y el Pentágono y contactos, si es que los hubo, entre el Pentágono y funcionarios de la Casa Blanca, incluido el presidente.

El ataque al Capitolio representó un increíble vacío en la seguridad de uno de los asientos del poder gubernamental de EE.UU., y todavía no hay una idea clara de quién carga la mayor responsabilidad.

5. ¿Qué tan seriamente consideraron el presidente y la Casa Blanca tomar medidas extraordinarias para invalidar la elección?

Una de las revelaciones más llamativas en los aproximadamente 9.000 documentos que el jefe de gabinete de Trump entregó al comité del Congreso antes de dejar de cooperar fueron correos electrónicos sobre una presentación de PowerPoint de 36 páginas que circuló en la Casa Blanca y entre republicanos en el Congreso.

El autor exacto del documento aún no ha sido determinado, pero contiene varios alegatos conocidos y ya invalidados sobre fraude electoral. Lo que es extraordinario, sin embargo, es la amplitud de sus recomendaciones.

Sugería, por ejemplo, que el presidente declarara un estado nacional de emergencia, desechara todos los tarjetones tabulados electrónicamente y pusiera fuerzas federales de la Guardia Nacional a cargo de la supervisión de un recuento manual de votos físicos en estados clave.

Tales pasos no hubieran tenido precedentes en la historia de EE.UU.

El comité también está mirando reportes según los cuales el presidente estaba presionando a su propio Departamento de Justicia para declarar la elección como corrupta, diciéndoles a funcionarios de alto rango, según las notas de uno de los participantes, lo siguiente: “simplemente hay que decir que la elección fue corrupta y dejarme el resto a mí y al congresista republicano”.

El 3 de enero, el presidente habría contemplado forzar la renuncia del fiscal general en ejercicio Jeffrey Rosen y reemplazarlo por Jeffrey Clark, un asistente del fiscal general que había redactado una carta dirigida a autoridades electorales en Georgia en la que argumentaba que la victoria de Biden fue fraudulenta y los instaba a declarar a Trump como el ganador oficial.

El presidente se arrepintió cuando Rosen y funcionarios del Departamento de Justicia amenazaran con renunciar masivamente.

Clark, hasta el momento, se ha negado a cooperar con la investigación del 6 de enero y podría ser el próximo individuo al que citen por desacato al Congreso.

El vicepresidente Mike Pence era el objetivo final de la presión de Trump, y miembros clave de su equipo están cooperando con la investigación del Congreso.

El comité quiere saber más sobre una reunión que ambos tuvieron en la Casa Blanca el 4 de enero con John Eastman, un profesor de leyes de la Universidad Chapman que creía que Pence podía descartar los resultados estatales de las elecciones y declarar a Trump presidente.

O, al menos, demorar la certificación de los resultados hasta que las legislaturas estatales controladas por los republicanos pudieran tomar acciones para apoyar a Trump.

Según reportes de noticias, la presión para descartar los resultados de las elecciones continuó durante la noche del 6 de enero, cuando Eastman le informó al asesor legal de Pence que todavía tenía tiempo para negarse a certificar la victoria de Biden, incluso mientras en el Capitolio persistía el olor a gas lacrimógeno y aún había vidrios rotos tras la insólita jornada de violencia.


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