Con el aval de dos cercanos colaboradores del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) autorizó un proyecto para comprar ocho nuevos automóviles blindados para uso de los magistrados con un presupuesto de 22 millones de pesos; cada vehículo nuevo costaría 2 millones 750 mil pesos.
La adquisición no se ha efectuado, sino que forma parte de la Priorización de la Cartera de Proyectos para el Ejercicio Fiscal 2020, que fue avalada por la Comisión de Administración del tribunal en una sesión ordinaria celebrada de manera “virtual” el pasado 19 de marzo.
En esa fecha ya había muerto la primera persona infectada por el nuevo coronavirus en México y ya había 164 casos confirmados de contagio. Ese día, también, el Consejo de Salubridad General declaró al COVID-19 como enfermedad grave de atención prioritaria.
El proyecto prevé que la compra se concrete en septiembre mediante el uso de “ingresos excedentes” y que los vehículos blindados sean entregados en diciembre.
El TEPJF, a través de la Dirección de Comunicación Social, aseguró que en la próxima sesión ordinaria de de la Comisión de Administración, el 21 de mayo, el presidente de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera -quien también encabeza la comisión-, someterá a votación la cancelación de la compra de los autos blindados, en vista de la crisis sanitaria que atraviesa el país.
Hasta que eso ocurra, la Priorización de la Cartera de Proyectos ya aprobada por el tribunal continúa vigente.
La Comisión de Administración avaló hace un mes la adquisición de ocho vehículos blindados nuevos mediante una ampliación del presupuesto del TEPJF para el ejercicio 2020 con los “ingresos excedentes” derivados de rendimientos financieros obtenidos durante este año.
La Cámara de Diputados le autorizó un gasto de 2 mil 648.6 millones de pesos para 2020; el tribunal estima generar un excedente de 17.3 millones de pesos que serán integrados a su presupuesto para aplicarlos a la ejecución de programas y proyectos institucionales.
La Priorización de la Cartera de Proyectos fue aprobada por los magistrados Felipe Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdez, así como por el secretario administrativo del tribunal, Arturo Camacho Contreras, de acuerdo con el acta de la sesión, a la que tuvo acceso Animal Político.
También aprobaron el proyecto de compra los consejeros de la Judicatura Federal Bernardo Bátiz, Loretta Ortiz y Jorge Cruz Ramos, quienes igualmente forman parte de la comisión que autoriza y supervisa el uso de los recursos públicos del TEPJF.
Bátiz, ex Procurador de Justicia en la administración de López Obrador en la Ciudad de México, fue designado directamente por el ahora Mandatario federal como miembro del CJF en noviembre de 2019.
Casi al mismo tiempo, Loretta Ortiz, ex diputada federal y esposa del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, se unió al órgano vigilante del Poder Judicial con el aval de la mayoría morenista en el Senado.
Ambos consejeros de la Judicatura se unieron a la Comisión de Administración del TEPJF desde diciembre.
El documento avalado señala que es prioritario sustituir el parque vehicular de seguridad institucional porque “ha concluido su vida útil”, debido a la antigüedad y kilometraje de las unidades y al desgaste de sus materiales de protección (blindaje).
El proyecto, que fue elaborado por la Dirección General de Protección Institucional del tribunal, no especifica el kilometraje ni el modelo de las unidades que serán desechadas, pero asienta que ya “no brindan el mismo nivel de seguridad” para los traslados de los funcionarios que las utilicen.
Los vehículos blindados son para uso exclusivo de los magistrados electorales, aunque también pueden acceder a ellos el secretario general de acuerdos, el secretario administrativo y el coordinador general de asesores de la presidencia del TEPJF.
“Se tiene que los modelos de fabricación de las unidades que actualmente integran el parque vehicular de seguridad institucional sobrepasan los parámetros relativos a la garantía de los materiales de protección y estimación de vida útil del automotor; asimismo, están los resultados de la verificación (desperfecto, falla o problemática) del estado físico, operativo y e los materiales de protección de cada automotor, y los costos asociados a los servicios de mantenimiento preventivo correctivo, que en su conjunto son condiciones que permiten advertir que los vehículos no otorgan el nivel de seguridad para el que fueron diseñados. Por lo que resulta inconveniente continuar utilizándolos, puesto que representa un riesgo a la seguridad de los servidores públicos que dispongan de tales vehículos”, plantean los Anexos del proyecto aprobado.
Actualmente, el TEPJF cuenta con 69 camionetas –entre ellas Pick-Ups y Suburbans- y 160 automóviles tipo sedán, de acuerdo con el más reciente inventario de bienes muebles disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.
El valor de todo ese parque vehicular es de 45 millones 947 mil 675 pesos.
Además de la compra de los vehículos blindados, la Comisión de Administración autorizó la ejecución de otros tres proyectos: actualizar el sistema de registro contable y financiero del TEPJF; rehabilitar la infraestructura física de inmuebles y organizar seminarios de la Escuela Judicial Electoral.
La comisión estableció en el acta de la sesión que los cuatro proyectos podrían “replantearse” por “razones justificadas, como es el caso de la contingencia en materia de salud en relación al COVID-19”; las áreas involucradas deberán informar a la secretaría administrativa si deciden avanzar o cancelar los mismos.
