FGR confirma concesión ilegal a OHL con EPN; alista acusación penal
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FGR confirma concesión ilegal a OHL con Peña Nieto; alista acusación penal

En 2008 el gobierno del Edomex entregó la concesión del Viaducto Bicentenario a OHL sin aval federal y en 2011 la SCT advirtió a Ruiz Esparza de la irregularidad, pero no pasó nada. Además, propuesta de OHL no era la mejor económicamente.
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17 de abril, 2020
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En 2008 el gobierno del Estado de México encabezado Enrique Peña Nieto entregó una millonaria concesión para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario a la empresa OHL – hoy Aleática – que era ilegal, pues se trataba de una carretera proyectada sobre una vía federal que el gobierno mexiquense no tenía derecho a concesionar.

Lo anterior ocurrió tras una licitación en donde además no se siguieron las reglas federales como correspondía, y en donde se terminó eligiendo a la constructora española pese a que su propuesta económica era 40 veces menos rentable que la de una competidora.

Te puede interesar: Hacienda denuncia a Ruíz Esparza y OHL por actos de corrupción en el sexenio de EPN

Esa es la conclusión de la Fiscalía General de la República (FGR) tras una investigación de varios meses en la que se reunieron pruebas que acreditan dicha irregularidad, y que además muestran que deliberadamente la administración estatal ignoró las advertencias del gobierno federal de que no existía sustento para esta concesión.

Entre esas evidencias se encuentra sendos oficios que en 2011 le envió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal (SCT) al secretario de Comunicaciones del gobierno mexiquense Gerardo Ruiz Esparza, con copia a Peña Nieto, en donde le advertía que no tenían derecho a entregar a privados la explotación de una vía federal de dominio público, y le pedía que justificara legalmente lo que hicieron.

Pero dicha justificación legal no fue entregada porque en realidad no existe. El reclamo federal cesó luego de que en 2012 el gobierno federal pasó a manos de Peña Nieto y de que el principal operador de la presunta irregularidad, Ruiz Esparza, se volvió secretario de Comunicaciones y Transportes.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-MEX/0000573/2019 a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, estos hechos representan delitos federales que hasta el día de hoy continúan cometiéndose, pues Aleática sigue ganando por las cuotas que los automovilistas tienen que pagar por atravesar la carretera que ilegalmente se le concesionó. 

Tan solo en los últimos dos años los ingresos que ha recibido la empresa privada por el cobro de peajes ascienden a más de 2 mil millones de pesos.

Autoridades federales indicaron a Animal Político que la FGR alista la presentación de la carpeta de investigación ante un juez federal para que se proceda en contra de los probables responsables. De momento, la responsabilidad penal recaería directamente en los exfuncionarios de la secretaría de Comunicaciones mexiquense que adjudicó la obra.

Entre ellos se encontraba el propio Ruiz Esparza quien falleció la semana pasada. No obstante, ese hecho no frena la investigación no solo por el hecho de haber otros involucrados, sino porque de prosperar la acusación significaría que la concesión del Viaducto Bicentenario pasaría a manos del Estado, sin que Aleática tenga derecho a indemnización.

Ilegal, costosa… pero “estética”

El 27 de octubre de 2007 el gobierno del estado de México anunció la licitación pública SCEM-CCA-01-07 para construir el denominado “Viaducto Elevado”, que en síntesis es un segundo piso de cuota que se construiría desde la zona del Toreo hasta Tepoztlán, es decir sobre el Periférico Norte/Autopista México-Querétaro.

En la carpeta de investigación de la Fiscalía quedó asentado que al tratarse de un segundo piso sobre una vía federal (tal como si fuera una vía paralela) el gobierno del estado de México debió cumplir, primero, con obtener una concesión de la SCT para licitar dicho tramo, y después convocar a la licitación siguiendo las reglas federales en la materia.

Nada de eso ocurrió. La administración de Peña Nieto emitió la mencionada licitación como si la vía fuera suya y siguiendo las reglas de los códigos administrativos estatales, no el federal.

Además de la referida ilegalidad, la denuncia presentada ante la FGR señala que tampoco resulta lógico el fallo de la licitación, pues al final se adjudicó la obra a OHL (hoy Aleática) pese a que su propuesta claramente generaba un menor beneficio económico para el estado y a que su proyecto en general era inferior al de otra competidora en todos los puntos menos uno: “arquitectura del paisaje”.

El dictamen de dicha licitación, del que este medio tiene copia, señala que una de las postulantes de nombre Promotora del Desarrollo de América Latina SA de CV ofrecía una contraprestación inicial de 1 mil 500 millones de pesos para el estado de México, el doble de lo que ofrecía OHL, y una contraprestación periódica equivalente al 20% de los ingresos por peaje, 40 veces más que OHL que apenas ofreció 0.5%.

¿Por qué entonces se adjudicó el Viaducto a OHL? Porque dicha empresa presentó una “propuesta alterna” que al igual que la original era inferior en casi todo menos en el apartado “Arquitectura del Paisaje”. Según la secretaria de Comunicaciones mexiquense, OHL proponía un diseño “contemporáneo”, mientras que el de su principal competidora era “anitiestético” considerando el entorno “arquitectónico urbano” del estado de México.

Solo por ese hecho se asignó el valor máximo de 15 puntos en este apartado a OHL mientras que a Promotora del Desarrollo de América Latina se le dieron CERO. Gracias a esa disparidad de calificación en un tema estético, OHL pudo superar en la cuenta final a su competidora apenas por dos puntos. La calificación fue de 70.50 contra 68.60.

Oídos sordos

En 2011, el gobierno federal advirtió oficialmente al Gobierno del Estado de México sobre la irregularidad en la que estaban incurriendo al explotar una vía federal y pidió explicaciones que nunca llegaron. Esto fue a través de dos oficios firmados por el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Fausto Barajas, dirigidos al secretario de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza, con copia a Enrique Peña Nieto.

En el primer oficio, fechado el 1 de agosto, Barajas recuerda a Esparza que de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Caminos y Puentes Federales se requiere de una concesión para construir y explotar vías federales, y que de acuerdo con el artículo 30 de la misma ley la SCT podrá otorgar dichas concesiones a estados y municipios siguiendo el procedimiento legal para ello.

Añade que si bien es cierto que en 1973 y en 1983 se otorgaron al estado de México tramos de la México – Querétaro, ello fue solo para trabajos de conservación mas no de explotación, y no constituyen de ninguna forma una cesión de los derechos de la vía.

En ese contexto el funcionario federal advierte que se tiene conocimiento de la construcción del Viaducto Bicentenario sobre la vía federal y el cobro de peaje en el mismo.

“Sobre ese particular y conforme a los antecedentes que obran en los archivos de esta Secretaría, no se tiene constancia alguna de que el Gobierno del Estado de México cuente con concesión para explotar el derecho en la vía federal (…) en términos de lo expuesto agradezco que se giren las instrucciones a efecto de que se acredite el título jurídico con el cual se autorizó la explotación de la vía federal…” señala el oficio.

El 19 de agosto Ruiz Esparza respondió al subsecretario federal en una sola cuartilla que “era un hecho público, notorio y verificable” que la vialidad a la que se refería en su oficio (carretera México Querétaro) no se encontraba sujeta explotación alguna ni pago de peaje.

El 29 de agosto de 2011 Barajas dirigió el segundo oficio a Esparza en el que le reitera lo que dice la ley, pero añade además que, de acuerdo con un criterio de la Suprema Corte, cualquier vía lateral a una carretera federal forma parte de esta y por lo tanto también es una vía federal. Para efectos prácticos, un segundo piso, como lo era el Viaducto, equivale a una vía lateral.

En consideración a lo anterior, añade el funcionario, se reitera la petición para que se acredite el título jurídico con el cual se autorizó la explotación de la vía federal señalada.

Luego de este oficio ya no hubo respuesta, pero al año siguiente, las autoridades estatales cuestionadas por este caso se convirtieron en autoridades federales con Peña Nieto como presidente y Ruiz Esparza como titular de la SCT. Con ello terminaron los cuestionamientos sobre las irregularidades de origen en el Viaducto Bicentenario.

Acusación en puerta

El 25 de septiembre de 2019 la FGR recibió una denuncia del abogado Paulo Diez Gargari por la presunta concesión ilegal del Viaducto Bicentenario en favor de la empresa Aleática, antes OHL. El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la dependencia para su investigación.

Tras seis meses de indagatoria, la referida Fiscalía ya cuenta con evidencia suficiente para presentar en los próximos días el caso ante un juez.

Entre las pruebas reunidas hay declaraciones y documentos (algunos de los ya referidos arriba) además de un elemento clave: un oficio de la Subsecretaría de Infraestructura de la actual SCT, fechado el pasado 15 de octubre de 2019, en donde se reitera que no existe “convenio, contrato, permiso, autorización, etc.” que le de derecho al gobierno del estado de México a concesionar vía alguna en la carretera México – Querétaro.

De acuerdo con las autoridades consultadas, los hechos cometidos por los funcionarios mexiquenses derivan en la comisión de por lo menos tres ilícitos federales:

El primero se encuentra contemplado en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales el cual señala como delito el uso o aprovechamiento de un bien que pertenece a la nación sin la concesión correspondiente. Se trata de un ilícito con una pena de dos a doce años de prisión.

A ese se sumaría el ilícito contemplado en el artículo 214 Fracción V del Código Penal Federal que considera que se comete ejercicio ilegal del servicio público cuando se rinden informes falsos o que ocultan la verdad. La pena es de dos a siete años de prisión.

Y finalmente el delito contemplado en el artículo 217 Fracción I Inciso A que castiga con una pena de seis meses a doce años de prisión a quien ilegalmente otorgue una concesión de un bien público de la Federación, hecho considerado como uso ilícito de atribuciones.

Desde el punto de vista de los investigadores dichos delitos continúan cometiéndose hasta la fecha ya que la acción de estos funcionarios ha permitido a la empresa Aleática obtener un beneficio que se continúa materializando cada vez que un automovilista paga una cuota por cruzar el Viaducto Bicentenario.

Se prevé que la acusación penal por este caso se dirija contra una decena de exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones del estado de México involucrados en la referida concesión. La mayor responsabilidad recaería en Ruiz Esparza quien falleció la semana pasada y por lo tanto ya no podrá ser procesado.

¿Qué pasaría con el Viaducto?

Mas allá de las probables responsabilidades que se puedan acreditar a los funcionarios implicados, la investigación de la FGR es clave para determinar que pasaría con esta vialidad, una de las mas importantes de la zona conurbada del Valle de México.

De prosperar la acusación ante el juez el caso podría derivar en la pérdida de la concesión de la que se continúa beneficiando Aleática. Ello ya que el artículo 151 de la Ley General de Bienes Nacionales establece que las obras que se realicen sin la concesión legal correspondiente en inmuebles federales se perderán a favor de la Federación, y sin derecho a indemnización alguna.

De hecho, en noviembre pasado los integrantes de la LX Legislatura en el Congreso del estado de México aprobaron de forma unánime un punto de acuerdo presentado por el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Max Correa Hernández, en el que se exhorta a la actual SCT encabezada por Javier Jiménez Espriú para que inicien los procedimientos tendientes al aseguramiento y recuperación del Viaducto Bicentenario en favor del gobierno federal.

La perdida de dicha vía representaría un golpe fuerte a las finanzas de la referida empresa. Estimaciones indican que tan solo en 2018 Aleática obtuvo una ganancia de 990.7 millones de pesos como resultado de casi 12.2 millones de viajes pagados; mientras que en 2019 ganó 1 mil 37 millones de pesos tras 12.5 millones de viajes completados.

En ese contexto, fuentes consultadas con conocimiento de este caso no descartan que la empresa pudiera recurrir a tribunales internacionales para pelear el derecho que tiene sobre dicha vía.

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Qué es Roe vs. Wade y por qué está en el centro de la batalla política por el aborto en EU

La filtración de un borrador de la Corte Suprema de EU indica que el alto tribunal se acerca a la anulación del fallo que garantiza el derecho constitucional al aborto en ese país. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
4 de mayo, 2022
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Es el precedente legal más discutido en la historia moderna de Estados Unidos y su eliminación cambiaría el estado de derecho para millones de mujeres.

Un borrador de la Corte Suprema de ese país que se filtró el lunes indica que una mayoría de jueces del más alto tribunal estadounidense es favorable a revocar Roe vs. Wade, un fallo legal que protege el aborto como un derecho constitucional.

El documento fue difundido por el medio Politico y el martes la Corte Suprema confirmó su autenticidad, aunque aclaró que no es una decisión definitiva ni refleja la postura final de ninguno de los magistrados.

Según analistas, es la primera vez en la historia de la nación que este tipo de documento se filtra a la prensa antes de ser final y firme.

Su publicación ha consternado a quienes apoyan el derecho al aborto, mientras que los detractores celebran la posibilidad de que se confirme un fallo en esa línea el próximo julio.

Representantes de los dos partidos políticos principales de Estados Unidos reaccionaron en uno u otro sentido. También lo hizo el presidente Joe Biden, quien dijo que “recaerá sobre nuestros cargos electos en todos los niveles de gobierno proteger el derecho de una mujer a decidir”.

El juez presidente de la Corte, John Roberts, calificó la filtración como una “atroz ruptura de la confianza” y ordenó que se abra una investigación.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Getty Images

Pero… ¿Qué es Roe vs. Wade y qué implicaciones tendría su revocación?

¿Por qué el caso se llama Roe vs. Wade y cuándo se decidió?

En 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de “Jane Roe”, desafió las leyes de Texas sobre el aborto.

El estado prohibía el aborto por no estar contenido en la Constitución, excepto en los casos en los que la vida de la madre estuviera en peligro.

Como defensor de la ley contra el aborto estaba Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas. Es por esto que la batalla legal se conoce como Roe vs. Wade.

McCorvey estaba embarazada de su tercer hijo cuando afirmó que había sido violada y presentó su caso en tribunales. No obstante, su alegato fue rechazado y la obligaron a dar a luz.

En 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema de EU, donde su caso se escuchó junto con el de una mujer de Georgia de 20 años, Sandra Bensing.

Imagen de una protesta frente a la corte suprema de estados unidos

Getty Images

Ambas argumentaron que las leyes de aborto en Texas y Georgia iban en contra de la Constitución porque infringían el derecho de la mujer a la privacidad.

Por una votación de 7-2, los jueces de la Corte dictaminaron que los gobiernos carecían del poder para prohibir los abortos.

Los letrados decidieron que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución.

¿Cómo cambió aquel caso los derechos de las mujeres?

La determinación legal creó el sistema de “trimestre” que:

  • Otorga a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros tres meses del embarazo.
  • Permite regulaciones gubernamentales en el segundo trimestre del embarazo.
  • Declara que los estados pueden restringir o prohibir los abortos en el último trimestre a medida que el feto se acerca al punto en el que podría vivir fuera del útero.
  • Roe vs. Wade también estableció que en el último trimestre una mujer puede someterse a un aborto a pesar de cualquier prohibición legal solo si los médicos certifican que es necesario para salvar su vida o su salud.

¿Por qué se desafía el caso en la actualidad?

La Corte Suprema está considerando un nuevo caso legal que desafía la prohibición del aborto después de 15 semanas en Misisipi.

Fachada del Tribunal Supremo de Estados Unidos

Getty Images
De acuerdo con varios analistas, es la primera vez en la historia de EE.UU. que se filtra el borrador de una decisión de la Corte Suprema.

Si la Corte falla a favor de Misisipi, terminará efectivamente con el derecho constitucional al aborto a nivel nacional.

Hay nueve jueces en el alto tribunal, seis de los cuales fueron designados por presidentes republicanos y cuyas decisiones suelen ser conservadoras.

El borrador que se filtró contiene la opinión del juez Samuel Alito, que afirma que Roe vs. Wade fue un “error flagrante”.

“Roe (vs. Wade) fue un error flagrante desde el inicio”, se lee en el documento. “Consideramos que debe ser anulado”, agrega.

“Ha llegado el momento de acatar la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, añade.

¿Qué pasará si se anula Roe vs. Wade?

El aborto no se volverá ilegal de inmediato en todo el país. En cambio, recaerá en las legislaturas estatales decidir sobre este tema.

Pero se estima que alrededor de la mitad de los 50 estados del país se moverán para prohibir los abortos de inmediato. En algunos se han discutido decenas de leyes sobre el tema en los pasados años.

Protestan a favor de prohibir el aborto frente a la Corte Suprema de EE.UU.

Getty Images
Frente a la Corte Suprema también se congregaron personas que apoyan la prohibición al aborto.

Hay 13 estados que tienen las llamadas leyes de activación, lo que conduciría a una prohibición inmediata si la Corte Suprema decide anular el precedente.

Estos son: Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Texas, Oklahoma y Wyoming.

Otros estados continuarían brindando acceso, no solo para las mujeres en su jurisdicción, sino también para aquellas que vivan en estados donde esté prohibido.

De acuerdo con el Instituto Guttmacher, estos estados que protegerían el aborto suman 16 e incluyen al Distrito de Columbia, capital del país.

¿Qué grupos se verán más afectados?

El Instituto Guttmacher calcula que unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían en estados sin acceso al aborto.

La revocación afectaría mayormente a mujeres pobres, en estados sureños y del oeste, que tendrían que movilizarse a las jurisdicciones progresistas para realizarse un aborto.

En concreto a mujeres jóvenes y afroestadounidenses, ya que estos grupos tienen más probabilidades de buscar un aborto, según datos oficiales.

Una joven llora frente a la Corte Suprema en medio de una protesta luego de la filtración del borrador

Getty Images
Datos indican que las mujeres jóvenes son quienes se realizan abortos de forma más frecuente, así que cualquier restricción afectaría a este grupo directamente.

Cerca del 57% de los abortos reportados en 2019 se realizaron en mujeres de entre 20 y 29 años.

¿Qué implica para otros derechos civiles?

Algunos expertos afirman que el razonamiento esbozado para eliminar Roe vs. Wade, que no ha sido oficialmente presentado, podría sentar un precedente para que la Corte Suprema revoque otros derechos civiles, como el matrimonio igualitario.

Un abogado radicado en Denver, David Lane, le dijo al medio USA Today que la eliminación de la disposición crearía una “vía subterránea” en la que los ciudadanos tendrían que moverse de estado a estado para alcanzar los derechos que tenían a nivel nacional.

“Hay innumerables eventos trascendentales que podrían derivarse de esto”, dijo el experto en derechos civiles.

La decisión que consagra el derecho nacional al matrimonio igualitario no es tan antigua ni está tan establecida como Roe vs. Wade. Este fallo data de 2016.

Cartel de personas LGBTT en apoyo al aborto

Getty Images

En el borrador que se filtró, el juez Samuel Alito hizo una distinción entre los derechos enunciados en la Constitución, como el derecho que otorga la Segunda Enmienda a portar armas, y el tipo de “derechos no enumerados” que el tribunal en Roe vs. Wade dijo que garantizaban el acceso al aborto.

Aunque Alito no lo mencionó, esto también protege el matrimonio homosexual y los métodos anticonceptivos, opinó el corresponsal de la BBC en Estados Unidos, Anthony Zurcher.

Para el periodista, la Corte entiende que los primeros son mucho más seguros que los segundos, que deben estar fuertemente arraigados en la historia y “tradición” de Estados Unidos.

“Puede que no pase mucho tiempo antes de que los opositores al matrimonio homosexual, la fertilización in vitro o ciertas formas de anticoncepción citen las palabras de Alito para argumentar que tampoco hay nada en la Constitución que prohíba vetar esas prácticas”, detalló Zurcher.


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