Palacio Nacional. Domingo 5 de abril, 17:10 horas.

Ante un patio totalmente vacío por la emergencia sanitaria que prohíbe eventos masivos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronuncia un informe en el que dice que la violencia se ha reducido. Lo presume con un dato: la caída del 0.3% de los homicidios en el primer trimestre del año en comparación con 2019. Esto, añade, como resultado de la nueva estrategia de seguridad apoyada no en la confrontación, sino en buscar la paz con el impulso de programas sociales y la Guardia Nacional. 

Fuera del discurso, los hechos también contradicen al presidente: los homicidios se encuentran en niveles record, impulsados por la actividad y disputas del crimen organizado al que se atribuyen 6 de cada 10 asesinatos.

El nivel de violencia homicida en el primer año del actual gobierno es el peor del que haya registro reciente: 34 mil 608 personas fueron víctimas de un homicidio doloso en México, la cifra mas alta al menos desde 1997, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pese a ello, el gobierno actual insiste en considerar un logro que los homicidios dolosos hayan aumentado significativamente menos en 2019 en comparación con años anteriores: de 2017 a 2018 por ejemplo, la tasa de homicidios subió 13.6%, mientras que en 2019 solo avanzó 1.5%.

Lo que no explican de este supuesto avance es que los datos también prueban que ese mínimo descenso en los homicidios comenzó desde agosto de 2018, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. De hecho, el mes con menos homicidios de los últimos dos años ha sido noviembre de 2018, justo antes del arranque de la gestión de López Obrador.

¿Abrazos no balazos?

Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo confirman: el 71% de los 34 mil 588 homicidios se cometieron con armas de fuego, proporción casi idéntica a la de 2018 y superior a la de años anteriores. Solo de enero a septiembre de 2019 se registraron 204 agresiones a las fuerzas federales, con un saldo de 11 fallecidos y 89 heridos por parte de autoridades, y de 123 fallecidos y 34 heridos entre los presuntos agresores, un promedio casi idéntico al del pasado. 

Y las cifras podrían ser mayores. Catalina Pérez Correa, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford e investigadora del CIDE, advirtió que los datos oficiales de enfrentamientos subregistran el fenómeno, pues en realidad se basan en casos reportados que se conocen públicamente, pero no todos los que en realidad ocurren.

Los homicidios a manos del crimen organizado tampoco pararon. Una estimación oficial del gabinete de seguridad arroja que el 60% de los homicidios en 2019 se relacionan directa o indirectamente con la presencia o actividades del crimen organizado, nivel casi idéntico al de un año antes. El cálculo lo realiza el denominado “Grupo Candado” que analiza las características de cada homicidio cometido en el país. 

Cinco estados — Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Colima y Jalisco— son los focos rojos en los cálculos del “Grupo Candado”, que estiman que los homicidios ligados al crimen organizado van del 70 al 80% en esas entidades.

Y peor, hay apenas 30 municipios del país, de los más de 2 mil 400, que concentran casi el 40% de todos los homicidios registrados el año pasado. 13 de esos 30 municipios están los cinco estados identificados como focos rojos del crimen organizado.

Más delitos, menos detenidos

En el primer año del gobierno de López Obrador, lo que también aumentó es la incidencia de los delitos relacionados con drogas.

Datos de la Fiscalía General de la República (FGR) arrojan que, en 2019, se dispararon en 306% los casos iniciados por tráfico de drogas, en un 708% los relacionados con suministro; y en un 56% los relacionados con producción de estupefacientes. Todo en comparación con 2018.

Incluso, la FGR reportó 265 carpetas iniciadas por delitos de delincuencia organizada en 2019, 33% más que un año antes, la mayor parte relacionados con narcotráfico.

Por el contrario, los decomisos de estupefacientes e insumos que el Ejército lleva a cabo como parte de su campaña permanente de combate al narcotráfico fueron a la baja.

Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) muestran, por ejemplo, un descenso del 35% en la marihuana decomisada en 2019 respecto a 2018; una caída del 84% en semillas de amapola; un descenso del 60.5% en kilos de heroína; y de 63.3% en pastillas de metanfetaminas. La excepción fueron los aseguramientos de cocaína que subieron 7.2%.

Y lo que también fue a la baja fue la cifra de detenidos federales por delitos “graves”. Mientras al cierre de 2018 había 14 mil 377 detenidos federales bajo proceso en algún penal del país, para el cierre de 2019 la cifra cayó a 11 mil 444.

En el caso de los detenidos procesados en un centro penitenciario federal, donde están los de mayor riesgo o perfil criminal, la cifra descendió de 7 mil 51 detenidos en 2018 a 5 mil 941 un año después.

Y en ese contexto, los mexicanos se sintieron más inseguros en el primero año de gobierno de López Obrador. La ENVIPE 2019 reportó que la proporción de personas que creen que la inseguridad es el mayor problema del país avanzó del 64.5% en 2018 al 67.2% en 2019. 

INEGI calificó como relevante el ascenso del 30.1 al 33.5% de las personas que dicen haber escuchado “disparos cerca de su casa”, así como el alza del 24.4 al 27.1% de las personas que supieron de homicidios cerca de su casa; y del 33.8 al 35.2% de los que presenciaron venta de drogas.

Más grave aun es que, de acuerdo con la Encuesta de Seguridad Pública Urbana 2019, al cierre del año pasado el 62.5% de las personas encuestadas consideraban que la inseguridad seguirá igual de mal o que empeorará en México, muy por encima del 48.4% que pensaba lo mismo al cierre de 2018.

Más inercias que cambio: expertos

Especialistas consultados por Animal Político consideraron que los resultados reportados muestran que al menos en este primer año del sexenio, los cambios prometidos por el gobierno de López Obrador ocurrieron en el discurso, pero no en los hechos.

“Me parece que seguimos actuando inercialmente con la misma mirada y estrategia con la que han venido actuando gobiernos federales anteriores (…) no hay una estrategia real de seguridad que pueda impactar en el ámbito municipal, estatal y federal”, dijo en entrevista Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

La forma en que fueron ejercidos los recursos destinados a la seguridad en 2019 confirma lo anterior.

Por ejemplo, de los 9 mil 371 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en 2019, la mayor parte (40%) se destinó a comprar equipos e infraestructura, mientras que solo un 6% se destinó al desarrollo de ciencias forenses, un 4% al sistema de justicia y un 0.5% a fortalecer capacidades de búsqueda de personas.

Esas proporciones son casi idénticas a las de 2018 cuando el 39% del mismo fondo se destinó a equipos, y solo 6% a ciencias forenses, 4% a sistema penal y 0.3% a búsqueda de personas.

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Otra muestra, señalan los especialistas, es la estrategia de militarismo en seguridad pública impulsada en años anteriores, que en 2019 se consolidó con la puesta en marcha de la Guardia Nacional y con la reforma constitucional que dio luz verde a la participación de las fuerzas armadas en seguridad ciudadana durante los próximos cinco años.

“La estrategia de militarismo en seguridad pública se terminó de consolidar en 2019 con la creación de la Guardia Nacional. El gobierno federal perdió la oportunidad que tenía de finalmente revertir la tendencia del militarismo y de optar por soluciones innovadores”, explicó Catalina Pérez Correa, maestra de la Universidad de Stanford.

En el tema específico de la política de combate a las drogas, Pérez Correa advirtió que las campañas anunciadas para luchar contra las adicciones siguen estigmatizando a consumidores al igual que otras en el pasado. Donde se advierte una diferencia es en materia de decomisos.

“Sí parece que hay una instrucción cuando menos en el tema de erradicación de consumos ilícitos y decomisos, pues estos se han reducido este último año. ¿Qué efectos tiene eso? Es una pregunta distinta para la cual no tenemos la respuesta todavía”.

Alejandro Hope dijo que hubo algunos cambios de forma y estilo importantes como, por ejemplo, la reestructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal desaparecida por el gobierno de Peña Nieto. No obstante, coincidió que de fondo “hay líneas de continuidad muy marcadas” con lo hecho antes.

La desaceleración en el incremento de los homicidios en 2019 que, como ya se dijo, es presumida por el gobierno actual como un logro, tiene poco que ver con un nuevo plan que esté funcionado, señaló Hope. Prueba de ello, dijo, es que la reducción mensual de asesinatos inició a mitad de 2018 y lo que se heredó fue una inercia.

“Es una buena noticia que ya no esté creciendo, pero la mala es que nos quedamos en niveles muy altos de crímenes (…) De fondo no estamos resolviendo el problema y es que no investigamos homicidios y lo trágico es que a 15 años de este fenómeno seguimos sin entenderlo”, indicó.

Sobre los homicidios, Bernardo León Olea, excomisionado de la policía de Morelia y especialista en reforma policial, justicia penal y cívica, confirmó que en efecto y como lo señalan las estimaciones oficiales, una buena proporción de los homicidios en el país están relacionados con actividades que se desprenden de la delincuencia organizada, sin embargo, señaló que la mayoría no son de grandes capos sino de personas de bajo perfil.

“Pero tiene que quedar claro que no es lo que muchas veces se piensa, sino que estos homicidios del crimen organizado son de la tropa, básicamente narcomenudistas y cosas que se pueden combatir de manera muy local. Lamentablemente no se han desarrollado las capacidades locales para investigarlos, y la impunidad sigue creciendo”, dijo.

En cuanto a la política de programas sociales que el presidente ha referido como parte de la estrategia para disminuir la criminalidad, León Olea dijo que no hay evidencia que sustente dicha premisa que, además, criminaliza a los pobres.

“Esta idea de que la delincuencia existe por pobreza y marginación, pero yo pienso que no. No hay pruebas que así lo demuestren o las que hay son interpretadas de forma incorrecta”, concluyó.