De Europa a Ciudad Juárez: el virus que desató contagios en una maquiladora
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Fotografías difundidas por familiares y amigos

De Europa a Ciudad Juárez: el virus que desató contagios dentro de una maquiladora alemana

Para cuando la producción se frenó en Lear Río Bravo, ya eran varios los empleados enfermos con síntomas vinculados a COVID-19. Esta es una reconstrucción de la aparición repentina de la enfermedad dentro de una planta industrial que ha cobrado la vida de al menos 14 trabajadores y una cantidad indeterminada de contagios.
Fotografías difundidas por familiares y amigos
Por Gabriela Minjáres e Itzel Ramírez (La Verdad)
24 de abril, 2020
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Rigoberto Tafoya Maqueda, empleado de la maquiladora Lear Corporation Planta Río Bravo, salió de su casa por su propio pie el domingo 5 de abril para buscar atención médica de urgencia porque tenía dificultades para respirar. Pensaba que la alergia diagnosticada unos días antes en el consultorio de la empresa y por otros dos médicos particulares se había complicado.

Cinco días después, el viernes 10 de abril, murió en el Hospital General Regional 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con otro diagnóstico: coronavirus (COVID-19).

“Estuvo trabajando porque tenía inventario. (En la empresa) no le dijeron que estuviera enfermo, no lo incapacitaron, aparte ni les tenían cubrebocas ni guantes ni nada. No les dieron nada, ni gel ni nada, él nunca llegó aquí (a la casa) con cubrebocas ni nada”, afirma Susana García Tafoya, sobrina de Rigoberto.

Incrédula ante el diagnóstico que no le han comprobado ni oficializado en el IMSS aun cuando el jueves 16 de abril le entregaron las cenizas de su tío, Susana explica que son muchas las dudas sobre el padecimiento y el origen del contagio por el que también han muerto otros 13 trabajadores de la misma planta.

“Les exigí las pruebas en el Seguro y no me las dieron, nomás dijeron que es probable (que sea coronavirus), pero en ningún momento lo han confirmado. Tampoco tenemos la certeza de dónde contrajo la enfermedad”, dice quien vivía con Rigoberto en una casa localizada en el fraccionamiento Río Bravo, a dos kilómetros de la compañía.

Lo único que sabe es que otros compañeros de trabajo de Rigoberto murieron también vinculados a un brote de coronavirus que se desató en la planta. Empleados y familiares de empleados que adquirieron el virus coinciden en que los contagios se presentaron tras la visita de un grupo de europeos que se realizó en plena pandemia.

La sobrina de Rigoberto asegura que mientras su tío estuvo hospitalizado escuchó que familiares de otros empleados de Lear internados en el mismo hospital sospechan que el nuevo virus les llegó importado de Europa, específicamente de Alemania, donde hay varias plantas de la empresa que tiene presencia en 39 países.

Además, dice que a su mamá –hermana de Rigoberto–, le comentaron que justo antes del brote de coronavirus en las instalaciones de la empresa estuvo de visita un grupo de europeos, quienes presumiblemente no portaban cubrebocas ni algún otro dispositivo para prevenir la enfermedad.

La presencia de visitantes extranjeros en la empresa fue confirmada por tres obreros de la Planta Río Bravo, quienes pidieron reservar su identidad por temor a enfrentar consecuencias laborales.

“Casi todos los que fallecieron y salieron infectados son de esa área, donde estuvieron los visitantes extranjeros”, afirma uno de los trabajadores entrevistados.

Con el testimonio coinciden los otros dos obreros, quienes también aseguran que en la maquila solo dispusieron de gel antibacterial en las oficinas administrativas, pero no para las áreas de producción, mientras que después de mediados de marzo se implementó un operativo para medir la temperatura a trabajadores, pero solo a los directivos, supervisores y líderes de grupo.

El dato que vincula la visita de los extranjeros con el brote del virus también fue confirmado por un directivo de Lear que trabaja en otra planta con sede en la ciudad, quien también pidió no ser identificado por no estar autorizado para dar información.

“Después de esta situación (de la visita de los extranjeros) la gente se empezó a enfermar en la planta, traían como síntomas de gripe, pero les agarró mucha tos, era una tosedera”, dice el ingeniero de profesión que conoce y trata con directivos de Río Bravo.

Sobre la visita de un grupo de europeos a la planta Río Bravo y el origen del contagio de los trabajadores, La Verdad cuestionó por escrito a Lear para contrastar los testimonios obtenidos; sin embargo, el corporativo respondió con un comunicado donde solo asegura que resulta “imposible rastrear los orígenes de esta pandemia en Ciudad Juárez”. No confirmó ni negó la visita de extranjeros en la planta días antes del brote.

Tampoco directivos del IMSS, estatal y nacional, ni las autoridades de Salud en Chihuahua respondieron preguntas sobre el origen o detalles de este brote en la maquiladora.

En el documento firmado por Lear Corporación Operaciones Mexicanas, explicaron que partir del 4 de febrero se instauraron restricciones de viajes y escaneos a visitantes. “Los visitantes a la planta siguieron protocolos de seguridad y fueron sujetos a cuestionarios junto con escaneos previos a su entrada”, se informó.

En contraste con los testimonios de la sobrina de Rigoberto y de los trabajadores, quienes aseguraron que no se implementaron medidas preventivas de salud e higiene en las áreas de uso común, la compañía informó que las muertes de los trabajadores ocurrieron a pesar de haber instaurado protocolos para prevenir el coronavirus.

Lear afirma que el 1 de marzo se desinfectó toda la planta y se iniciaron protocolos mejorados de limpieza hasta que la producción fue detenida el 27 de marzo. Todas las actividades laborales fueron concluidas el 1 de abril, agrega la empresa.

Para cuando la producción se frenó en la Planta Río Bravo, testigos de los dos turnos aseguran que ya eran varios los empleados enfermos con temperatura, tos, dolor muscular y de cabeza, síntomas vinculados a COVID-19.

Varios de ellos, sostienen los trabajadores, acudieron al consultorio de la empresa a revisión médica, donde les dijeron que era gripe o alergia, les ofrecieron analgésicos y les pidieron regresar a su módulo para que siguieran trabajando.

Uno de esos casos fue el de Adela García, una de las trabajadoras que murió por coronavirus y quien, de acuerdo con el testimonio de una de sus amigas, durante la semana del 23 al 27 de marzo, la última que trabajó, fue al consultorio de la planta al menos en tres ocasiones, pero en todas le dijeron que no tenía nada y que regresara a su área de trabajo.

La compañera de Adela cuenta que el enfermero le pidió que “no estuviera yendo todos los días” a la enfermería porque ya la habían dicho que estaba bien, aunque la obrera apenas podía caminar y respirar.

Un día después de que terminó su jornada laboral, el sábado 28 de marzo, Adela acudió a un médico particular a revisión y el domingo 29 empeoró, por lo que la internaron en estado grave en el Hospital 66 del IMSS, donde murió el 7 de abril.

La “zona cero” del contagio 

Diseminado en 114 países y con más 118 mil casos registrados en el mundo, el coronavirus fue considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) una pandemia el 11 de marzo, justo a la mitad de la semana en la que presuntamente se dio la visita de europeos en la Planta Río Bravo de Lear y a la que trabajadores atribuyen como la causa del contagio masivo.

Con el testimonio de media docena de trabajadores y sus familiares se busca reconstruir lo ocurrido en la empresa fabricante de vestiduras para asientos de automóviles, donde hasta la fecha han muerto 13 personas, de acuerdo con datos oficiales de las autoridades sanitarias en Chihuahua, así como una cantidad hasta ahora no determinada de personas que resultaron contagiadas por COVID-19.

Un trabajador más murió esta semana en El Paso, Texas, a donde fue trasladado para recibir atención médica, sin que aún sea contabilizado en las cifras estatales de la enfermedad.

Aquí la historia.

Hacia inicios de marzo, Lear ofreció a sus trabajadores dobles turnos para una labor específica: limpieza e inventario de BR, área donde se producen asientos para carros de la marca Mercedes-Benz, empresa alemana fabricante de vehículos de lujo.

Sara –a quien se le ha cambiado el nombre en este texto–, junto a varios de sus compañeros, aceptó el tiempo extra. El objetivo era dejar el área limpia y lista para los visitantes.

En la semana que fue del lunes 9 al viernes 13 de marzo, la empresa en la que laboran unos dos mil 800 trabajadores distribuidos en dos turnos recibió la visita de un grupo de los extranjeros en el área de producción.

El personal identificó que se trataba de visitantes procedentes de Alemania quienes estuvieron exclusivamente en BR, área que atraviesan los obreros de otros módulos, como los del 625, para poder ir a la cafetería.

La presencia del grupo conformado por más de cuatro personas llamó la atención de los trabajadores de las otras áreas. Cuentan que la visita se desarrolló durante varios días, principalmente durante el primer turno y al inicio del segundo turno.

A la siguiente semana de la visita, los trabajadores aseguran que el personal comenzó a presentar síntomas del coronavirus, sobre todo recuerdan que había muchas personas con tos.

“Todos nos dábamos cuenta que empezábamos a enfermar, porque en el área donde estoy habíamos muchos enfermos, con dolor de cuerpo y tos, lo tomábamos a relajo, decíamos que ya traíamos el coronavirus, pero nunca pensamos que realmente sí estaba el virus ahí”, cuenta una de las obreras que también asegura haber estado enferma.

El 18 de marzo, a la entrada de la planta se apostó personal de la empresa para tomar la temperatura corporal de los empleados, agrega Sara.

En las mediciones no se respetaba la sana distancia establecida por el Gobierno Federal para evitar aglomeraciones y contagios, como queda evidenciado en un video compartido con La Verdad. La disposición, destinada a prevenir contagios, solo se hacía con los primeros trabajadores del grupo.

“Porque ellos (Lear) lo que hicieron era que tomaban la foto, ¿para qué?, para decir que sí checaban (la temperatura). La realidad es que nomás checaban a los primeros. Nomás fueron, sin mentir, fueron los últimos días de la última semana y los tres de la anterior. Como cinco días en total que les checaban la temperatura nada más a los primeros”, asegura.

La idea de que había un brote de infección por Covid-19 en la planta no se había propagado entre los obreros.

Para el 20 de marzo, cuando les anunciaron el paro de labores escalonado hasta el 3 de abril y el regreso para el 4 de mayo –cuando está planeado que se reanude la actividad de la planta–, la principal preocupación de varios de ellos era la reducción en su salario. La empresa les ofreció entre el 60 y el 75 por ciento de su pago semanal.

Cuando los trabajadores firmaron el convenio con Lear para acordar la baja en su paga, no se les informó que había sospecha de trabajadores contagiados.

“A nosotros nomás nos dijeron que nos íbamos a ir en convenio porque no había material y por la pandemia, para guardarnos una semana en la casa. Nunca nos dijeron que había casos sospechosos”, dice una de las trabajadoras del área 625.

Para el 25 de marzo que se detuvo la mayoría de la actividad en la planta, ya había varias personas con fiebre y tos.

Por ejemplo, una de las trabajadoras entrevistada cuenta que Adela García, quien era su amiga, empezó con síntomas el martes 24 de marzo.

Cuenta que Adela, quien trabajaba en diseños de piel en el área BR, era muy popular porque vendía comida en la planta, razón por la que recorría la mayoría de los módulos y convivía con muchos trabajadores que la buscaban para comprar y pagar lo que les fiaba durante la semana.

“La mayoría de los que han fallecido son de esa área, de BR, sí han fallecido de otros lugares, del 625 son como unos tres, pero casi todos los de BR se enfermaron, por eso en la planta decimos que el virus lo dejaron ahí las personas que estuvieron de visita”, dice.

Además, la obrera narra que ella misma estuvo enferma y el último día de trabajo, el miércoles 25 de marzo, acudió a la enfermería para que la revisaran porque sentía que tenía temperatura, le dolía la cabeza y el cuerpo, pero le dijeron que no tenía nada y que regresara a su área, lo mismo que le dijeron a Adela las tres veces que fue a pedir ayuda médica.

Una situación similar se presentó con Rigoberto Tafoya, quien de acuerdo con su sobrina también fue a la enfermería de la empresa y le dijeron que tenía alergia. Aunque el último día que trabajó, el viernes 3 de abril, volvió al consultorio porque tenía dificultades para respirar, por lo que en esa ocasión le pidieron que se fuera al hospital.

Susana García, sobrina de Rigo, como le decía su familia y compañeros de trabajo, comenta que lo llevaron con un médico particular que también le diagnosticó alergia, pero el domingo 5 de abril el trabajador de 42 años, de los cuales 20 trabajó en Lear, prefirió ir al Hospital 66 del IMSS, donde murió cinco días después.

No nos cuidaron: trabajadores 

Pese al antecedente de visitas provenientes del extranjero en medio de la pandemia, en la planta Río Bravo no se tomaron medidas de protección para los trabajadores, no los cuidaron para evitar el contagio, de acuerdo con los testimonios recabados.

Sara recuerda cómo ella y otros operadores pidieron al sindicato que hubiera gel en las áreas comunes de la planta y no solamente en la enfermería. La respuesta fue, asegura, que no se tenía permitido el uso de gel antibacterial, los empleados debían lavarse las manos, para lo que tendrían que abandonar su puesto de trabajo.

El gel, en cambio, sí se dispuso para las áreas administrativas y de oficina.

“Haya virus o no haya virus, siempre debe haber gel antibacterial. En las oficinas sí tenían su gelecito y eso sí le dijimos a lo del sindicato”, anota Sara.

Julián, un ingeniero de la planta, coincide en que no se distribuyeron cubrebocas ni gel antibacterial en las líneas de producción.

Otros trabajadores cuentan que el delegado sindical del turno vespertino, Guillermo Chávez, siempre cargaba con su gel antibacterial y en su oficina también tenía; pese a ello también se cuenta entre las víctimas mortales del virus.

Así lo confirma Jesús José Díaz Monárrez, secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), central a la que pertenece el sindicato de trabajadores de las plantas de costura de Lear en la ciudad.

El dirigente asegura que hasta el lunes tenía un registro de 15 empleados de Lear que han fallecido a consecuencia de COVID-19, 13 de ellos en la planta Río Bravo y otros dos en la ubicada en San Lorenzo. Sobre este último dato las autoridades no han informado.

–La Verdad: Las autoridades sanitarias han dicho que son 13 los trabajadores de Lear que han fallecido por coronavirus, ¿cómo saben ustedes que son 15?

–Díaz Monárrez: A través de la empresa. Porque nosotros hemos estado insistiendo mucho en que queremos estar al pendiente de todo lo que suceda y entendemos que no es una situación de la empresa, que es una situación casuística que se dio ahí.

De confirmarse oficialmente el dato, para esta semana se acumulan 16 empleados de Lear fallecidos a consecuencia del COVID-19 con la muerte de Raúl Rosales en la ciudad de El Paso, Texas, a donde fue trasladado por su familia en un intento por salvarle la vida, como lo ha publicado su hija en Facebook.

Díaz Mónárrez, líder obrero de la organización que aglutina a unos 50 mil trabajadores en la ciudad y actualmente se ocupa como regidor en el Ayuntamiento de Juárez, asegura que desconoce el origen del brote, porque de la empresa le han informado que los trabajadores empezaron a enfermar cuando ya estaban de descanso por el convenio que firmaron.

Afirma que durante estas semanas se ha mantenido en contacto con personal de Recursos Humanos de la planta, donde le proporcionaron una lista con los nombres de los primeros cinco que fallecieron y de los que se encontraban hospitalizados.

“Primero fallecieron tres, luego otros dos, fue cuando pedí saber qué está pasando. ¿Pues qué está muy grave el contagio? Sí, está muy grave, creo que tenían como ocho o nueve internados… me mandaron la lista”, dice.

Sin embargo, en el comunicado enviado por Lear se informa que ha sido un reto obtener información precisa y oportuna sobre la salud de sus colaboradores por distintas razones, entre ellas porque no están laborando y por la carga de trabajo que hay en los hospitales.

“Lear fue notificado de nuestro primer empleado hospitalizado el 3 de abril y posteriormente se han registrado otras hospitalizaciones y sensibles decesos desde entonces. Como recibimos las notificaciones del estado de salud directamente de las familias de nuestros empleados, por privacidad hacia ellos, no podemos confirmar ninguna cifra en este momento”, mencionaron.

Aseguraron que proveerán a los empleados los recursos que requieran para mantenerse seguros y continuarán con el financiamiento de los cuidados médicos de los que están bajo tratamiento.

Además, dieron a conocer que en la ciudad, donde Lear cuenta con 24 mil empleados en 10 plantas, estas permanecerán cerradas hasta tener un plan que permita que los trabajadores se sientan seguros para regresar sus actividades.

Mientras, para el personal de Lear el panorama es incierto: les aterra regresar y contagiarse de coronavirus, pero también les preocupa su situación económica y hasta cuándo podrán sobrevivir con el recorte salarial.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

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Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

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Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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