Sin agua ni empleo: comunidades indígenas de Guerrero ante COVID-19
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Sin agua y sin empleo: las comunidades indígenas de Guerrero ante COVID-19

La crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 golpea a las comunidades indígenas de Guerrero; reclaman un programa de ayuda.

Abel Campos Ortega, de 46 años, ganaba 200 pesos semanales como albañil en una comunidad de Alcozauca, Guerrero. Con esa cantidad se alimentaban su esposa y sus seis hijos. Ella se encargaba de la casa y él salía a trabajar en la construcción o en el campo. Debido a la emergencia causada por la COVID-19, el hombre perdió su empleo el 25 de marzo.

“Nos dijeron que no regresáramos hasta nuevo aviso”, dice. Desde entonces no ha ingresado nada. Ni un solo peso. “Estamos sufriendo. No tenemos con qué mantener la familia. Maicito que tenemos está pasando con sal”, lamenta, en conversación telefónica.

Entérate: AMLO apuesta a programas sociales y megaobras ya iniciadas contra crisis por COVID-19

Campos Ortega es presidente del comité municipal del concejo de comunidades indígenas de Alcozauca, Guerrero. Explica que la lógica impuesta por el confinamiento ha tenido graves consecuencias para las comunidades. “No podemos salir. Hay comunidades donde todavía están saliendo a por alimentos, pero está escaseando. Además, tampoco hay empleo. Nadie está trabajando. Nos quedamos sin trabajar, sin empleo, sin nada”, dice.

Con poco acceso al agua y sin empleo, la pandemia por coronavirus ha venido a golpear con dureza a uno de los territorios más pobres de México. Según la secretaría de Salud Pública se registraron 177 casos y 31 defunciones a causa de la COVID-19.

Un total de 197 comunidades de las aproximadamente 5 mil con las que cuenta el Estado han decidido cerrarse para impedir el paso del virus. Están concentradas en 65 municipios, con mayoría de la población indígena y que se rige por usos y costumbres, según datos del gobierno del Estado.

Entérate: Toques de queda, ley seca y cierres de frontera, las medidas impuestas por estados contra el COVID-19

Las cifras que más golpean a Guerrero no son las del SARS-CoV-2, sino las de la escasez. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), estimó en 2018 que el 65% de la población de Guerrero está en situación de pobreza y, este porcentaje, el 26.8% sufría pobreza extrema. Las cifras pueden agravarse en los próximos meses con la crisis generalizada que llegue después de la pandemia.

“Ahora, la verdad, estamos en esta situación gravísima. Hay familias que ya no cuentan con alimento. Los productores, los campesinos, no cuentan con apoyo del gobierno federal y siembran muy poquito. Cuando no había la enfermedad, la gente vivía al día. Ahora, aún hay menos recursos”, dice Campos Ortega.

La situación en la Montaña, la región en la que se ubica Alcozauca, es de parálisis, por lo que las posibilidades de alimentación se han reducido drásticamente. Explica Campos Ortega que al no trabajar no reciben salario.

Así que subsisten con los productos del campo, que tampoco pueden vender.

Las comunidades se han blindado y no permiten que nadie extraño llegue, por lo que no llegan insumos a los pequeños comercios, que se han visto obligados a cerrar.

Por si esto fuera poco se ha cerrado el grifo de las remesas. Existe una fuerte dependencia del dinero que llega de los paisanos que emigraron a Estados Unidos. Ahí el número de contagios se acerca al millón, con más de 54 mil víctimas mortales, lo que ha obligado a un confinamiento generalizado.

El parón en la economía del norte ha enviado al desempleo a más de 25 millones de personas. Son cifras similares a las de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Un mazazo para todas las familias guerrerenses que superan la quincena con los dólares que llegan de la migración.

Petición de ayuda como ocurrió con las tormentas de 2013

Ante este sombrío panorama, representantes de las comunidades, junto a presidentes municipales y activistas dirigieron recientemente un escrito a distintas autoridades, entre las que están el presidente Andrés Manuel López Obrador, al canciller Marcelo Ebrard, al director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y a otras autoridades, para reclamar “un plan nacional emergente para cuidar la vida de millones de hermanos indígenas y afros que se encuentran a lo largo y ancho del país”.

Entre las peticiones: “un programa alimentario, fortalecer su economía y cuidar y proteger los recursos de la madre naturaleza”.

Abel Barrera, director de la organización de Derechos Humanos Tlachinollan y uno de los firmantes de la carta, explica que han tomado como modelo los programas aplicados tras el paso de las tormentas Ingrid y Manuel.

“Dejó devastada la montaña, hubo varios muertos y derrumbes. Para garantizar la dotación de alimentos se puso en marcha un paquete alimentario a las comunidades por el que se entregaba maíz, frijol, arroz, sal y aceite y que se prolongó durante dos años”, dice Barrera.

“Esta región vive de la siembra temporal de maíz. Se cosechan 300, 400 kilos al año. Pero es insuficiente para solventar necesidades básicas. No hay trabajo remunerado, no hay condiciones para que se garantice un ingreso fijo y los programas sociales son insuficientes”, denuncia.

Animal Político consultó al Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas y al gobierno del estado de Guerrero sobre los planes previstos para apoyar a estas comunidades. Al cierre de la nota no había recibido respuesta.

La ausencia de agua es otro de los problemas que afecta a diversas zonas de Guerrero. Lavarse las manos frecuentemente es una de las recomendaciones básicas para evitar el contagio. Sin embargo, este sencillo mandato resulta imposible de cumplir cuando el agua corriente no llega al domicilio.

Es lo que le ocurre a Ángel García, coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. “Traemos con una manguera del cerro, pero no hay un sistema que bombee a toda la comunidad”, explica.

García es integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Ellos han sido los encargados, en varias comunidades, de establecer los retenes para impedir el tránsito.

Explica que a finales de marzo celebraron diversas asambleas para determinar qué hacer ante el avance de la pandemia. Y determinaron que el cierre era la mejor solución para tratar de que el virus no se acercase a comunidades que, si tienen que ir al hospital, tienen por delante trayectos de más de tres horas. Como las comunidades se manejan por usos y costumbres, encargaron a la policía comunitaria hacerse cargo de los retenes.

“Establecimos filtros de seguridad en varios puntos del territorio comunitario, para que las personas que vengan de fuera no infecten. Estamos bloqueando a las personas que vienen a vender a y las visitas. Además, estamos evitando la entrada de empresas como Cocacola, Sabritas, o de cervezas”, explica.

En el camino inverso, cuando son los comunitarios los que tienen que salir hacia la ciudad, se pide que solo salga una persona, evitando llevar a los niños y aplicándole gel antibacterial.

Nuevamente, la dinámica para protegerse del coronavirus tiene un fuerte impacto en personas acostumbradas a vivir al día. Si no salen de su comunidad no pueden vender en la ciudad. Y si no venden, tampoco tienen dinero para comprar alimento.

A la escasez propia del lugar se le suma la llegada de personas que trabajaban en otros lugares, como Acapulco o Chilpancingo, pero que ante la falta de empleo por la contingencia han regresado a sus lugares de origen. “Esto nos complica algún gasto porque no hay de dónde, no hay con qué, no hay qué comprar ni vender. La mayoría de las personas están sacando a la venta lo poco que tienen”, dice García.

El abandono por parte de las autoridades es la principal queja del policía comunitario. “Ni el estado ni el gobierno federal nos ha dado nada. Estamos tratando de ver la manera de exigirle que nos apoye. Que nuestra gente le está escaseando los alimentos”, dice.

Cerradas sobre sí mismas, las comunidades tratan de hacer frente a los contagios. La organización ha suplido la falta de estado en cuestiones tan básicas como la información. Por ejemplo, Tlachinollan distribuyó audios en lengua me’phaa, tu´u savi y naua con consejos sobre higiene y protección para evitar el coronavirus.

Pero sin agua disponible en sus domicilios, los habitantes de una de las zonas más pobres de México carecen de las principales medidas de protección contra la pandemia. Cuando el virus remita seguirá la amenaza del hambre: una enfermedad que nunca ha dejado de castigar estas comunidades.

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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