Hospital La Perla, en Neza, amaga con sancionar a quien se niegue a trabajar
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Hospital La Perla, en Neza, amaga con sancionar al personal que se niegue a trabajar

A través de un memorándum el director les informó al personal sanitario que se habría sanciones laborales y penales si se negaban a trabajar.
Cuartoscuro
26 de abril, 2020
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El 20 de abril, médicos del Hospital General La Perla de Nezahualcóyotl, Estado de México, recibieron un memorándum en el que se le informó que todo personal sanitario “tiene la obligación y el deber profesional, legal y social” de seguir trabajando, y se les advierte que en caso de negarse podrían tener hasta sanciones penales. 

El aviso llegó 11 días después de que personal de la guardia especial hizo un paro de labores durante más de tres horas y de dos semanas de manifestaciones por la falta de equipo de protección para atender casos de COVID-19 en el hospital. 

El memorándum, firmado por el director, Martín Rosales Bahena, explica que si el personal se niega a trabajar tendía como “consecuencia el inicio de procedimientos legales y sanciones administrativas, civiles, laborales y penales”. 

Lee: Detectan brote de COVID-19 en hospital de Atizapán, Edomex; hay 35 casos y dos muertes

En entrevista con Animal Político, Rosales Bahena explicó que el país está ante una emergencia sanitaria que demanda el “compromiso histórico de responsabilidad y de ética profesional” para asegurar la atención de los pacientes que lo requieran. 

Se trata dijo, de apelar a la solidaridad del personal médico pero “en el caso que hubiera renuencia de trabajadores de participar” –y para garantizar los recursos humanos– es que el emitieron ese documento de advertencia. 

El sustento jurídico, dice el documento, es el artículo 468 de la Ley General de Salud el cual advierte que “el profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, que sin causa legítima se rehúse a desempeñar las funciones o servicios que solicite la autoridad sanitaria en ejercicio de la acción extraordinaria en materia de salubridad general, se le aplicará de seis meses a tres años de prisión y multa por el equivalente de cinco a cincuenta días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”.

También tiene como sustento la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo y el Código Penal de la Ciudad de México, aunque el hospital se encuentra en el Estado de México. 

Entérate: Edomex alista hospitales COVID para la etapa más crítica de la pandemia

Rosales Bahena aseguró que por el momento no existe ninguna sanción pues todo el personal está participando, pero de requerirlo, “habrá una instancia quien defina y articule este tipo de acciones”. 

Aunque aseguró que ese memorándum deriva de los lineamientos del Consejo de Salubridad, el organismo integrado por autoridades sanitarias federales y encabezado por el Presidente, éste no contempla la imposición de sanciones penales, laborales o administrativas al personal de salud que decidiera no laborar. 

Personal sanitario de La Perla realizó protestó con pancartas en la explanada del hospital el pasado 26 de marzo para demandar el equipo de protección necesario para atender a los pacientes con coronavirus y evitar un brote de contagio como ha ocurrido en otros nosocomios. 

El temor de los empleados aumentó tras el fallecimiento del jefe de Urgencias del hospital el 9 de abril a causa de coronavirus que se complicó por la diabetes que padecía. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de México, el doctor contrajo coronavirus en un viaje que hizo a Cuba en la primera semana de marzo. 

Sin embargo, un doctor del hospital que pidió anonimato, aseguró que el jefe el urgencias llegó bien de su viaje y comenzó a presentar síntomas hasta abril, por lo que los empleados sospechan que se infectó en el hospital pues desde marzo comenzaron a recibir pacientes sospechosos sin que el personal tuviera el equipo de protección necesario. 

Lee: En esta herramienta puedes consultar qué hospitales tienen camas disponibles para atender casos de Coronavirus COVID-19

Otro integrante del personal aseguró que las protestas funcionaron porque ya les entregaron equipo, y esperan que sea permanente, toda vez que las batas y cubrebocas son desechables. Y ahora además de temor al contagio, ahora tienen miedo de represalias con esta amenaza.  

El director del hospital aseguró que ha entregado a las autoridades “evidencia documental de que los insumos se contaban y se cuentan para la atención de pacientes”.

En tanto, la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Mónica Bautista Rodríguez, pidió al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y al Secretario de Salud de la entidad, Gabriel J. O´Shea Cuevas, a “respetar, respaldar  y proteger a médicos, además de garantizar sus derechos humanos y laborales; dejar de hostigarlos, amedrentarlos y amenazarlos”. 

“Los médicos sí están obligados a prestar sus servicios pero no por encima de su seguridad personal, si no cuentan con las condiciones de higiene y equipo de protección no se puede obligar a cumplir estos lineamientos, ahora el personal de la salud además de recibir agresiones de algunas personas también son agredidos por sus propios directivos”, dijo en un comunicado de prensa.

 

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Los desconocidos casos de bebés y niños secuestrados durante el régimen militar de Brasil

A diferencia de países vecinos como Argentina, donde las causas judiciales por apropiación de niños durante los gobiernos militares llevan años, Brasil aún no parece haber explorado esta parte de su pasado.
4 de mayo, 2022
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Desde hace al menos una década, Rosângela Serra Paraná busca a sus padres biológicos.

Es víctima de un crimen de Estado poco conocido: el secuestro de bebés y niños de activistas que se opusieron al régimen militar en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Brasil.

Rosângela fue apropiada ilegalmente por una familia militar en la década de 1960 y solo descubrió su condición mucho después, durante una discusión con miembros de la familia.

Once de los 19 casos conocidos de secuestros de niños durante el régimen militar están vinculados a miembros de Araguaia, un movimiento guerrillero de oposición que se desarrolló entre fines de la década de 1960 y 1974 en la región amazónica, en la confluencia de los estados de Pará y el actual Tocantins.

Estas 11 víctimas son hijos de guerrilleros y campesinos que dieron cobijo al movimiento.

Los secuestros de niños ocurrieron en la primera mitad de la década de 1970, durante los gobiernos de los generales-presidentes Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel.

Los 19 casos están enumerados en el libro de reportajes Cativeiro sem fim (“Cautiverio sin fin”), escrito por mí.

Contactados en el momento de la escritura del libro, el Ministerio de Defensa y los comandos del Ejército y Fuerza Aérea no respondieron a la solicitud de información.

En una entrevista en un libro publicado el año pasado, el general Eduardo Villas Bôas dijo que los informes sobre los secuestros de bebés durante el régimen militar “carecen de verosimilitud“.

En busca de padres biológicos

“Vivo en una pesadilla todos los días, pensando que mi madre podría estar viva, necesitándome”, dice Rosângela Serra Paraná.

“Hoy vivo con la angustia de no saber quién soy, cuántos años tengo y ni siquiera saber quiénes fueron mis padres”, agrega.

La mujer fue apropiada por Odyr de Paiva Paraná, miembro de una familia militar en Río de Janeiro.

La familia dice que la bebé fue adoptada en 1963.

Un acta de nacimiento da como fecha de nacimiento el 1 de octubre de 1963. Pero la inscripción se hizo en el registro civil el 22 de septiembre de 1967.

En el documento elaborado en el Registro Civil de Catete, Rio de Janeiro, consta que Rosângela es hija ilegítima de Odyr y Nilza.

El documento no proporciona el nombre de los padres biológicos. Nilza, según su familia, no podía tener hijos.

Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Archivo personal
Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Odyr es conductor de profesión.

Según Rosângela, su padre adoptivo trabajaba como chofer del general Ernesto Geisel.

“Tenía un gran auto negro que siempre estaba limpiando”, recuerda.

El acta de nacimiento de Rosângela da como lugar de nacimiento una propiedad en Rua Marquês de Abrantes, 160, Flamengo, Rio de Janeiro.

La propiedad pertenece a Rio Previdência, una entidad de empleados estatales, que la compró en 1958, según consta en el certificado de propiedad.

La misma partida de nacimiento tiene dos testigos. Uno de ellos es Alcindo Quintino Ribeiro, propietario de un inmueble donde vivía la familia Serra Paraná.

El otro es Paulo Cardoso de Oliveira, chofer de profesión, como Odyr. La dirección de residencia del testigo, sin embargo, no existe.

El padre de Odyr, Arcy Paraná, estaba en el ejército. Según el Boletín Oficial, alcanzó el grado de sargento. En la década del 50 fue ascendido y comenzó a trabajar en el sector administrativo de las fuerzas militares.

Los casos de Juracy y Miracy

En la región guerrillera de Araguaia, a principios de la década de 1970, los militares secuestraron a dos niños de una misma familia.

El primero, Juracy Bezerra de Oliveira, fue un error de las fuerzas militares.

El objetivo era Giovani, hijo de uno de los líderes guerrilleros, Osvaldo Orlando da Costa, alias Osvaldão, con una mujer llamada María.

En 1972 o 1973, Juracy tenía unos 7 años. Los militares pensaron que era el verdadero hijo del guerrillero Osvaldão con Maria Viana da Conceição. Pero la madre de Juracy era Maria Bezerra de Oliveira y su padre, Raimundo Mourão de Lira.

La confusión en el secuestro se habría dado porque los militares buscaban a un niño moreno, de entre 6 y 8 años, hijo de una mujer blanca, de cuerpo grande y ojos claros, de nombre María.

José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Eduardo Reina/BBC
José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Encontraron a la madre de Juracy con las mismas características y se llevaron al niño.

Terminó siendo apropiado por el teniente del Ejército Antônio Essílio Azevedo Costa, quien lo inscribió en una notaría como si fuera su hijo legítimo y vivió con la familia del militar durante muchos años.

“Un día llegaron y me llevaron. Mi madre ni me acuerdo qué hizo. Yo era un niño cuando me llevó el Ejército. Estuve 15 días en el bosque”, contó.

El secuestrado quedó con una mano deformada debido a las quemaduras que sufrió. Dice que los soldados decidieron castigarlo por pensar que su padre había matado a un militar.

Más tarde, en la ciudad de Fortaleza, Juracy fue criado por la madre del teniente Antônio Essílio.

A principios de la década de 2000, decidió regresar a la región de Araguaia, todavía pensando que era el hijo de Osvaldão.

Al llegar, conoció a Antônio Viana da Conceição y descubrió su verdadera historia.

Se reencontró con su madre biológica, Maria Bezerra de Oliveira, cuando descubrió que su hermano, Miracy, también había sido secuestrado por militares.

Hoy vive en una isla en medio del río Araguaia.

Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

Archivo personal
Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

El hermano de Juracy, Miracy, tenía piel clara y ojos claros, a diferencia de su hermano.

Fue llevado por el sargento João Lima Filho a la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, también en 1972 o 1973.

Años después, Juracy y su madre, Maria Bezerra de Oliveira, fueron a buscar a Miracy. Pero no encontraron rastro del sargento que se lo llevó; tampoco obtuvieron información en el cuartel del ejército en Natal sobre el paradero del militar.

Otros secuestros

Después del secuestro por error de Juracy, los militares encontraron a Giovani, hijo de Osvaldão y Maria Viana da Conceição.

El niño tenía entre 4 y 5 años cuando fue secuestrado, según otro de los hijos de Maria, Antônio Viana da Conceição.

El secuestro ocurrió en 1973, en la ciudad de Araguaína, actual Tocantins.

La existencia de este hijo de guerrillero en Araguaia también es revelada por Sebastião Rodrigues de Moura, Mayor Curió, ahora militar retirado y responsable de la cacería de guerrilleros a partir de 1973 en Araguaia.

Se desconoce el paradero de Giovani.

También en Araguaia fue secuestrada Lia Cecília da Silva Martins, hija del guerrillero Antônio Teodoro de Castro, conocido como Raúl.

Lia fue llevada a un orfanato que pertenecía a un teniente de la Fuerza Aérea en Belém do Pará. Fue adoptada por una pareja que trabajaba en la entidad.

Seis niños campesinos también fueron separados de sus familias biológicas y llevados a cuarteles del ejército, de donde luego fueron liberados: José Vieira; Antônio José da Silva, Antoninho; José Wilson de Brito Feitosa, Zé Wilson; José de Ribamar, Zé Ribamar; Osniel Ferreira da Cruz, Osnil; y Sebastião de Santana, Sebastiãozinho.

Solo se localizó a José Vieira. Es hijo de Luiz Vieira, agricultor de subsistencia y residente de la región de São Domingos do Araguaia. Luiz fue asesinado por las fuerzas militares.

Gente caminando en São Paulo

Getty Images
Se desconoce el número de bebés que fue secuestrado.

También hubo casos de secuestro de bebés y niños en Paraná, Pernambuco y Mato Grosso.

Las respuestas de los militares

Cuando investigaba en 2018 para mi libro, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea no respondieron a las preguntas enviadas.

El Ministerio de Defensa sugirió que se enviaran nuevas solicitudes a dichas instituciones, alegando que la información solicitada debía estar custodiada bajo el mando de estos cuerpos militares.

El Ejército respondió: “La Institución aclara que no tiene nada que informar al respecto”.

La Fuerza Aérea afirmó que “el 16 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de Justicia Militar manifestó interés en analizar los documentos producidos y acumulados por el Comando de la Fuerza Aérea, desde 1964 hasta 1985”.

“En ese sentido, el 3 de febrero de 2010, la colección, que contiene 212 cajas con 49.867 documentos, fue recolectada de la Coordinación Regional del Archivo Nacional del Distrito Federal (COREG), donde se encuentran en dominio público”, agregó.

El año pasado, en una entrevista publicada en el libro “General Villas Bôas-Conversación con el Comandante”, de Celso Castro, de la Fundação Getúlio Vargas, el militar cuestionó que realmente ocurrieran secuestros de niños durante la dictadura.

“Recientemente alguien vinculado a los derechos humanos trajo un tema que yo nunca había escuchado, que un centenar de niños habían sido secuestrados y arrebatados a sus padres”, afirmó Villas Bôas.

“Esta y otras narrativas, como una supuesta masacre de indígenas, en la apertura de la carretera que une Manaus con Boa Vista, carecen de verosimilitud y contribuyen a la falta de exención en la conclusión de las investigaciones”, agregó.


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